EMERGENCIA
PUBLICA Y REFORMA DEL REGIMEN CAMBIARIO
Ley 25.561
Declárase la
emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y
cambiaria. Régimen cambiario. Modificaciones a la Ley de Convertibilidad. Reestructuración de las obligaciones afectadas por el régimen de la
presente ley. Obligaciones vinculadas al sistema financiero. Obligaciones
originadas en los contratos de la administración regidos por normas de derecho
público. Obligaciones originadas en los contratos entre particulares, no
vinculadas al sistema financiero. Canje de títulos. Protección de usuarios y
consumidores. Disposiciones complementarias y transitorias.
Sancionada: Enero
6 de 2002.
Promulgada
Parcialmente: Enero 6 de 2002.
El Senado y Cámara
de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con
fuerza de Ley:
LEY DE EMERGENCIA
PUBLICA Y DE REFORMA DEL REGIMEN CAMBIARIO
TITULO I
Declaración de
emergencia pública
ARTICULO 1° — Declárase, con arreglo a lo dispuesto en el artículo
76 de la Constitución Nacional, la emergencia pública en materia social,
económica, administrativa, financiera y cambiaria, delegando al Poder Ejecutivo
nacional las facultades comprendidas en la presente ley, hasta el 10 de diciembre
de 2003, con arreglo a las bases que se especifican seguidamente:
1. Proceder al
reordenamiento del sistema financiero, bancario y del mercado de cambios.
2. Reactivar el
funcionamiento de la economía y mejorar el nivel de empleo y de distribución de
ingresos, con acento en un programa de desarrollo de las economías regionales.
3. Crear
condiciones para el crecimiento económico sustentable y compatible con la
reestructuración de la deuda pública.
4. Reglar la
reestructuración de las obligaciones, en curso de ejecución, afectadas por el
nuevo régimen cambiario instituido en el artículo 2°.
TITULO II
Del régimen
cambiario
ARTICULO 2° — El Poder Ejecutivo nacional queda facultado, por las
razones de emergencia pública definidas en el artículo 1°, para establecer el
sistema que determinará la relación de cambio entre el peso y las divisas
extranjeras, y dictar regulaciones cambiarias.
TITULO III
De las
modificaciones a la Ley de Convertibilidad
ARTICULO 3° — Deróganse los artículos 1°, 2°, 8°, 9°, 12 y 13 de la Ley N° 23.928 con las modificaciones incorporadas por la Ley N° 25.445.
ARTICULO 4° — Modifícase el texto de los artículos 3°, 4°, 5°, 6°,
7° y 10 de la Ley N° 23.928 y su modificatorio, que quedarán redactados del
siguiente modo:
"Artículo 3°
— El BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA podrá comprar divisas con sus
propios recursos o emitiendo los pesos necesarios para tal fin, y venderlas, al
precio establecido conforme al sistema definido por el Poder Ejecutivo
nacional, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley de Emergencia Pública y de Reforma del Régimen Cambiario.
"Artículo 4°
— En todo momento, las reservas del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA en oro y divisas extranjeras serán afectadas al respaldo de la base
monetaria. Cuando las reservas se inviertan en los depósitos, otras operaciones
a interés, o a títulos públicos nacionales o extranjeros pagaderos en oro,
metales preciosos, dólares estadounidenses u otras divisas de similar
solvencia, su cómputo a los fines de esta ley se efectuará a valores de
mercado.
"Artículo 5°
— El BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA deberá reflejar en su balance y
estados contables el monto, composición e inversión de las reservas, por un
lado, y el monto y composición de la base monetaria, por otro lado.
"Artículo 6°
— Los bienes que integran las reservas mencionadas en el artículo anterior
constituyen prenda común de la base monetaria, son inembargables, y pueden
aplicarse exclusivamente a los fines previstos en la presente ley. La base monetaria
en pesos está constituida por la circulación monetaria más los depósitos a la
vista de las entidades financieras en el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA, en cuenta corriente o cuentas especiales.
"Artículo 7°
— El deudor de una obligación de dar una suma determinada de pesos cumple su
obligación dando el día de su vencimiento la cantidad nominalmente expresada.
En ningún caso se admitirá actualización monetaria, indexación por precios,
variación de costos o repotenciación de deudas, cualquiera fuere su causa, haya
o no mora del deudor, con las salvedades previstas en la presente ley.
Quedan derogadas
las disposiciones legales y reglamentarias y serán inaplicables las
disposiciones contractuales o convencionales que contravinieren lo aquí
dispuesto.
"Artículo 10.
— Mantiénense derogadas, con efecto a partir del 1° de abril de 1991, todas las
normas legales o reglamentarias que establecen o autorizan la indexación por
precios, actualización monetaria, variación de costos o cualquier otra forma de
repotenciación de las deudas, impuestos, precios o tarifas de los bienes, obras
o servicios. Esta derogación se aplicará aun a los efectos de las relaciones y
situaciones jurídicas existentes, no pudiendo aplicarse ni esgrimirse ninguna
cláusula legal, reglamentaria, contractual o convencional —inclusive convenios
colectivos de trabajo— de fecha anterior, como causa de ajuste en las sumas de
pesos que corresponda pagar."
ARTICULO 5° — Mantiénese, con las excepciones y alcances
establecidos en la presente ley, la redacción dispuesta en el artículo 11 de la Ley N° 23.928, para los artículos 617, 619 y 623 del Código Civil.
TITULO IV
De la
reestructuración de las obligaciones afectadas por el régimen de esta ley
Capítulo I
De las obligaciones
vinculadas al sistema financiero
ARTICULO 6° — El Poder Ejecutivo nacional dispondrá medidas
tendientes a disminuir el impacto producido por la modificación de la relación
de cambio dispuesta en el artículo 2° de la presente ley, en las personas de
existencia visible o ideal que mantuviesen con el sistema financiero deudas
nominadas en dólares estadounidenses u otras divisas extranjeras. Al efecto
dispondrá normas necesarias para su adecuación.
El Poder Ejecutivo
nacional reestructurará las deudas con el sector financiero, estableciendo la
relación de cambio UN PESO ($ 1) = UN DÓLAR (U$S 1), sólo en deudas con el
sistema financiero cuyo importe en origen no fuese superior a DOLARES CIEN MIL
(U$S 100.000) con relación a: a) Créditos hipotecarios destinados a la
adquisición de vivienda; b) A la construcción, refacción y/o ampliación de
vivienda; c) Créditos personales; d) Créditos prendarios para la adquisición de
automotores; y e) A los de créditos de personas físicas o jurídicas que cumplan
con los requisitos de micro, pequeña y mediana empresa (MIPyME). O hasta a
esa suma cuando fuere mayor en los casos del inciso a) si el crédito fue
aplicado a la adquisición de la vivienda única y familiar y en el caso del
inciso e).
El Poder Ejecutivo
nacional podrá establecer medidas compensatorias que eviten desequilibrios en
las entidades financieras comprendidas y emergentes del impacto producido por
las medidas autorizadas en el párrafo precedente, las que podrán incluir la
emisión de títulos del Gobierno nacional en moneda extranjera garantizados. A
fin de constituir esa garantía créase un derecho a la exportación de
hidrocarburos por el término de CINCO (5) años facultándose al Poder Ejecutivo
nacional a establecer la alícuota correspondiente. A ese mismo fin, podrán
afectarse otros recursos incluidos préstamos internacionales.
En ningún caso el
derecho a la exportación de hidrocarburos podrá disminuir el valor boca de
pozo, para el cálculo y pago de regalías a las provincias productoras.
El Poder Ejecutivo
nacional dispondrá las medidas tendientes a preservar el capital perteneciente
a los ahorristas que hubieren realizado depósitos en entidades financieras a la
fecha de entrada en vigencia del decreto 1570/2001, reestructurando las
obligaciones originarias de modo compatible con la evolución de la solvencia
del sistema financiero. Esa protección comprenderá a los depósitos efectuados
en divisas extranjeras.
ARTICULO 7° — Las deudas o saldos de las deudas originalmente
convenidas con las entidades del sistema financiero en pesos vigentes al 30 de
noviembre de 2001, y transformadas a dólares por el Decreto N° 1570/2001, se
mantendrán en la moneda original pactada, tanto el capital como sus accesorios.
Derógase el artículo 1° del decreto 1570/2001.
Los saldos deudores
de titulares de tarjetas de crédito y los débitos correspondientes a consumos
realizados en el país, serán consignados en pesos y pagaderos en pesos. Sólo
podrán consignarse en dólares u otras divisas, los consumos realizados fuera
del país. Los saldos deudores pendientes de pago a la fecha de promulgación de
la presente ley, serán cancelados en pesos a la relación de cambio UN PESO ($
1) = UN DÓLAR ESTADOUNIDENSE (U$S 1).
Capítulo II
De las
obligaciones originadas en los contratos de la administración regidos por
normas de derecho público
ARTICULO 8° — Dispónese que a partir de la sanción de la presente
ley, en los contratos celebrados por la Administración Pública bajo normas de derecho público, comprendidos entre ellos los de obras
y servicios públicos, quedan sin efecto las cláusulas de ajuste en dólar o en
otras divisas extranjeras y las cláusulas indexatorias basadas en índices de
precios de otros países y cualquier otro mecanismo indexatorio. Los precios y
tarifas resultantes de dichas cláusulas, quedan establecidos en pesos a la
relación de cambio UN PESO ($ 1) = UN DOLAR ESTADOUNIDENSE (U$S 1).
ARTICULO 9° — Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a renegociar
los contratos comprendidos en lo dispuesto en el Artículo 8° de la presente
ley. En el caso de los contratos que tengan por objeto la prestación de
servicios públicos, deberán tomarse en consideración los siguientes criterios:
1) el impacto de las tarifas en la competitividad de la economía y en la
distribución de los ingresos; 2) la calidad de los servicios y los planes de
inversión, cuando ellos estuviesen previstos contractualmente; 3) el interés de
los usuarios y la accesibilidad de los servicios; 4) la seguridad de los
sistemas comprendidos; y 5) la rentabilidad de las empresas.
ARTICULO 10. — Las disposiciones previstas en los artículos 8° y 9°
de la presente ley, en ningún caso autorizarán a las empresas contratistas o
prestadoras de servicios públicos, a suspender o alterar el cumplimiento de sus
obligaciones.
Capítulo III
De las obligaciones
originadas en los contratos entre particulares, no vinculadas al sistema
financiero
ARTICULO 11. — Las prestaciones dinerarias exigibles desde la fecha
de promulgación de la presente ley, originadas en contratos celebrados entre
particulares, sometidos a normas de derecho privado, pactados en dólares u otra
moneda extranjera o en los que se hubiesen establecido cláusulas de ajuste en
dólares u otra moneda extranjera, quedan sometidas a la siguiente regulación:
1) las prestaciones serán canceladas en pesos a la relación de cambio UN PESO
($ 1) = UN DOLAR ESTADOUNIDENSE (U$S 1), en concepto de pago a cuenta de la
suma que, en definitiva, resulte de los procedimientos que se establecen
seguidamente; 2) las partes negociarán la reestructuración de sus obligaciones
recíprocas, procurando compartir de modo equitativo los efectos de la
modificación de la relación de cambio que resulte de la aplicación de lo
dispuesto en el artículo 2° de la presente ley, durante un plazo no mayor a
CIENTO OCHENTA (180) días. Acordadas las nuevas condiciones, se compensarán las
diferencias que, eventualmente, existan entre los pagos dados a cuenta y los
valores definitivamente acordados; 3) de no mediar acuerdo entre las partes,
las mismas quedan facultadas para seguir los procedimientos de mediación
vigentes en las respectivas jurisdicciones y ocurrir ante los tribunales
competentes para dirimir sus diferencias. En este caso, la parte deudora no
podrá suspender los pagos a cuenta ni la acreedora negarse a recibirlos. El Poder
Ejecutivo nacional queda facultado a dictar disposiciones aclaratorias y
reglamentarias sobre situaciones específicas, sustentadas en la doctrina del
artículo 1198 del Código Civil y el principio del esfuerzo compartido.
TITULO V
Del canje de
títulos
ARTICULO 12. — Dentro del plazo y en la forma que oportunamente
establezca la reglamentación, el Poder Ejecutivo nacional dispondrá los
recaudos necesarios para proceder al canje de los títulos nacionales y
provinciales que hubiesen sido emitidos como sustitutos de la moneda nacional
de curso legal en todo el territorio del país, previo acuerdo con todas las
jurisdicciones provinciales.
TITULO VI
De la protección
de usuarios y consumidores
ARTICULO 13. — Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a regular,
transitoriamente, los precios de insumos, bienes y servicios críticos, a fin de
proteger los derechos de los usuarios y consumidores, de la eventual distorsión
de los mercados o de acciones de naturaleza monopólica u oligopólica.
TITULO VII
De las
disposiciones complementarias y transitorias
ARTICULO 14. — Invítase a las Provincias, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y Municipios a adherir a las disposiciones de los artículos 8°, 9° y 10
de la presente ley.
ARTICULO 15. — Suspéndese la aplicación de la Ley N° 25.466, por el plazo máximo previsto en el artículo 1°, o hasta la oportunidad en que
el Poder Ejecutivo nacional considere superada la emergencia del sistema
financiero, con relación a los depósitos afectados por el Decreto N° 1570/2001.
ARTICULO 16. — Suspéndese la aplicación de la Ley N° 25.557, por el término de hasta NOVENTA (90) días. Por el plazo de CIENTO OCHENTA
(180) días quedan suspendidos los despidos sin causa justificada. En caso de
producirse despidos en contravención a lo aquí dispuesto, los empleadores
deberán abonar a los trabajadores perjudicados el doble de la indemnización que
les correspondiese, de conformidad a la legislación laboral vigente.
ARTICULO 17. — Los resultados netos negativos que tengan su origen en
la aplicación del tipo de cambio a que se refiere el artículo 2° de la presente
ley sobre activos y pasivos en moneda extranjera existentes a la fecha de su
sanción, sólo serán deducibles en el Impuesto a las Ganancias en la proporción
de un VEINTE POR CIENTO (20%) anual en cada uno de los primeros cinco
ejercicios que cierren con posterioridad a la vigencia de la ley. Lo dispuesto
precedentemente sólo será de aplicación para los sujetos cuyos ingresos anuales
o patrimonio superen los límites establecidos en el artículo 127, Capítulo
XIII, del Título I, de la Ley N° 11.683, t.o. en 1998 y sus modificaciones.
ARTICULO 18. — Modifícase el artículo 195 bis del Código Procesal
Civil y Comercial de la Nación, el que quedará redactado del siguiente modo:
"Cuando se
dicten medidas cautelares que en forma directa o indirecta afecten,
obstaculicen, comprometan o perturben el desenvolvimiento de actividades
esenciales del Estado Nacional, las Provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Municipalidades, de sus reparticiones centralizadas o
descentralizadas, o de entidades afectadas a alguna actividad de interés
estatal, podrá interponerse recurso de apelación directamente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La presentación del recurso tendrá por sí sola efecto
suspensivo de la resolución dictada. La Corte Suprema de Justicia de la Nación requerirá la remisión del expediente. Recibido éste,
conferirá traslado con calidad de autos a la parte que peticionó la medida por
el plazo de CINCO (5) días. Contestado el traslado o vencido el plazo para
hacerlo, previa vista al Procurador General de la Nación dictará sentencia confirmando o revocando la medida."
ARTICULO 19. — La presente ley es de orden público. Ninguna persona
puede alegar en su contra derechos irrevocablemente adquiridos. Derógase toda
otra disposición que se oponga a lo en ella dispuesto.
ARTICULO 20. — Créase a todos los efectos de esta ley la Comisión Bicameral de Seguimiento la cual deberá controlar, verificar y dictaminar sobre lo
actuado por el Poder Ejecutivo. Los dictámenes en todos los casos serán puestos
en consideración de ambas Cámaras. La Comisión Bicameral será integrada por seis senadores y seis diputados elegidos por las
Honorables Cámaras de Senadores y Diputados de la Nación, respetando la pluralidad de la representación política de las Cámaras. El Presidente
de la Comisión será designado a propuesta del bloque político de oposición con
mayor número de legisladores en el Congreso.
ARTICULO 21. — El Poder Ejecutivo nacional dará cuenta del
ejercicio que hiciere de las facultades que se le delegan al finalizar su
vigencia y mensualmente, por medio del Jefe de Gabinete de Ministros en
oportunidad de la concurrencia a cada una de las Cámaras del Congreso, conforme
a lo previsto en el artículo 101 de la Constitución Nacional.
ARTICULO 22. — Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS SEIS DIAS DEL MES DE ENERO
DEL AÑO DOS MIL DOS.
—REGISTRADA BAJO
EL N° 25.561—
EDUARDO O. CAMAÑO.
— JUAN C. MAQUEDA. — Eduardo D. Rollano. — Juan C. Oyarzún.