JU-25236-2014-TFN

 

 Corbo, María Teresa c/ Dirección General de Aduanas s/ recurso de apelación.

 

 Infracciones aduaneras. Competencia de la Administración para imponer multas.

 

 En Buenos Aires, a los 31 días del mes de marzo de 2014, reunidos los Sres. Vocales de la Sala “F”, Pablo A. Garbarino, Christian M. González Palazzo y Ricardo Xavier Basaldúa, a efectos de resolver el expediente N° 25.236-A caratulado “CORBO, MARÍA TERESA c/D.G.A. s/recurso de apelación”

 

El Dr. Garbarino dijo:

 

I.- Que, a fs. 13/14 vta., la importadora María Teresa Corbo se presenta, por derecho propio, e interpone recurso de apelación contra la resolución 104/08, dictada con fecha 15/07/08 por el Administrador de la Aduana de La Plata en las actuaciones SC 33-50-113, por cuanto la condena al pago de multa y tributos por presunta comisión de la infracción prevista en el art. 954 inc. b) del C.A. Relata que en el mes de abril de 2005, mediante la destinación 05 033 ZFE1 3213 V, importó partes de aparatos eléctricos de alumbrado o señalización, los cuales fueron despachados a plaza en el mes de mayo. Manifiesta que la ley de marcas dispone en su art. 42 que la autoridad de aplicación, tanto en lo que refiere a concesiones como a sanciones, entre otras cosas, es la Secretaría de Estado de Desarrollo Industrial del Ministerio de Economía, por lo que considera que, si la D.G.A. tipifica una acción relacionada a una concesión de marca, se estaría frente a una eventual doble condena. Concluye que la multa impuesta es arbitraria.

Agrega que, con fecha 24/11/05, el Sector de Inspecciones del Departamento de Lealtad Comercial se constituyó en su domicilio y, luego de la correspondiente inspección, dispuso el archivo de las actuaciones en las que se investigó el despacho afectado al presente. Expresa que el – según sus dichos – supuesto mandatario Richelet, Ricardo no se encuentra facultado para el ejercicio de acciones judiciales ni administrativas, sino sólo para la obtención de marcas y patentes, por lo que arguye falta de legitimidad para obrar. Refiere que la ley 25.986, en su art. 46, establece que la autoridad administrativa suspenderá el libramiento de la mercadería por un plazo de siete días hábiles, para que el titular de los derechos inicie las acciones que pudieren corresponder ante el juez competente, por lo que sostiene que la desetimación de la acción judicial por parte del dicho titular, torna a la formación del expediente innecesaria. Señala que la entrega de muestras al representante del titular fue realizada sin intervención del importador, como así tampoco del envase autorizado por la AFIP, en violación a las normas sobre extracción, resguardo y remisión de muestras previstas en la resolución 1582/03. Afirma que no se indica, en el presente, el régimen legítimo aduanero y los resguardos utilizados para el envío al exterior y retorno al país de la mercadería, y considera que podrían nos ser las mismas las importadas y las exportadas. Estima que no existe en autos prueba alguna de a supuesta falsificación de la mercadería. Impugna la liquidación practicada.

Ofrece prueba. Hace reserva del caso federal. Solicita se revoque la resolución apelada, con costas.

 

II.- Que, a fs. 25/29, la representación fiscal contesta el traslado oportunamente conferido. Por imperativo procesal, niega los hechos y el derecho invocados por la actora, que no sean objeto de su expreso reconocimiento o surjan de las actuaciones administrativas. Relata los hechos. Señala que, en el caso, la firma “Valeo Cibie Argentina S.A.” efectuó una presentación denunciando que la importadora Corbo, María Teresa habría documentado una destinación de importación por zona franca La Plata, y que la misma no sería un distribuidor autorizado de la marca; agrega asimismo que se trata de mercadería falsa. Cita el art. 48 de la ley 25.986 y el art. 954 inc. b) del C.A. Señala que, en instancia administrativa, se identificó tal circunstancia y afirma que ello, de haber pasado inadvertido por el servicio aduanero, habría ocasionado la introducción al territorio aduanero de mercadería prohibida, en el caso, una prohibición absoluta. Hace referencia al art. 609 incs. f) y g) del C.A. Aclara que la inexactitud se refiere al contenido de la declaración e implica una diferencia entre lo manifestado y lo verificado. Cita jurisprudencia. Ofrece como prueba las actuaciones administrativas que por el mismo acto acompaña. Hace reserva del caso federal. Solicita se confirme la resolución apelada, con costas.

 

III.- Que, a fs. 32, se tienen por acompañadas las actuaciones administrativas vinculadas a la causa y, no habiendo sido ofrecidas otras medidas probatorias, a fs. 36, se elevan los autos a la Sala “F”, quedando en estado de dictar sentencia.

 

IV.- Que las actuaciones 12560-142-2005 se inician, a fs. 1/12, con la presentación efectuada por la firma “Valeo”, con la cual se acompañaron las listas de los importadores autorizados a distribuir los productos de dicha firma. A fs. 15, se agrega en original la destinación 05 033 ZFE1 3213 V. A fs. 30/32, obra el dictamen 66/05, en el cual se sugiere la investigación del caso a los efectos de determinar si se cometió o no la infracción prevista en el art. 954 del C.A. A fs. 33, se instruye sumario. A fs, 34, se afora la mercadería en presunta infracción. A fs, 35, se corre vista de lo actuado. A fs. 39/41 vta., la aquí actora presenta su descargo. A fs. 108/112, concluido el período probatorio, obra el dictamen 143/08. A fs. 113/115, se dicta la resolución 104/07. A fs. 126, se acredita la interposición del presente

 

V.- Que, en primer término, corresponde expedirse sobre el vicio de arbitrariedad argumentado por la actora. Contrario a lo manifestado por dicha parte en su escrito de interposición del recurso, ni la D.G.A. ni este Tribunal pretenden expedirse respecto de la concesión o uso de una marca, así como tampoco acerca de los actos punibles que podrían eventualmente cometerse en relación a dicho uso, lo cual es sin duda alguna competencia de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, conforme surge del art. 42 de la ley 22.362. La infracción que se imputa a la importadora – que es sobre lo cual decidirá a este Tribunal – consiste meramente en efectuar ante el servicio aduanero una declaración que difiera de lo que resulte de la comprobación que, en caso de pasar inadvertida, implique una transgresión a una prohibición a la importación, en el caso, la de importar mercadería con marca falsificada.

 

VI.- Que aclarado ello, también como consideración preliminar, corresponde señalar que en la tarea de esclarecer la inteligencia que corresponde otorgar a las normas en debate, este Tribunal no se encuentra limitado por las posiciones que asumieron los funcionarios aduaneros actuantes, ni por los planteos de la recurrente, sino que le incumbe realizar una declaratoria sobre los puntos disputados, según la interpretación que rectamente debe serle otorgada (doctrina de Fallos: 307:1457; 319:1716; 322: 2750, entre otros).

Que, en virtud de ello, en primer término corresponde analizar la competencia del funcionario administrativo interviniente para imponer la sanción -multarecurrida en autos, atento su indudable naturaleza penal (conf. Fallos: 332:1492, entre otros) y la posible afectación del derecho de defensa en juicio de la parte actora, de neto raigambre constitucional.

Que, en efecto, al revestir dicho análisis una cuestión de orden público, a criterio del suscripto corresponde tratarla de oficio, cuando ésta resulta absoluta y manifiesta.

Que, según Lohmann, el Juez debe considerar de oficio la existencia de algún tipo de invalidez y aplicar la sanción de nulidad absoluta, porque “aunque no le haya sido rogado por las partes como conflicto de intereses o como incertidumbre jurídica, no debe permitir la subsistencia del referido acto que notoriamente agravia las bases elementales del sistema jurídico a las que el juez no puede sustraerse, ni podrá expedir sentencia ordenando la ejecución o cumplimiento de un acto jurídico que considere nulo” (LOHMANN LUCA DE TENA La nulidad manifiesta. Su declaración judicial de oficio. En Ius Et Veritas, N° 24, año 1992, p. 59).

Que toda vez que se ha enfatizado – en la faz determinativa – que el juez del proceso tiene la exigencia de decidir de acuerdo con la verdad objetiva de los hechos sometidos a su consideración y no según el alcance y significación que le atribuyen las partes, ya que en el proceso contencioso tributario -tanto aduanero como fiscal- debe prevalecer la voluntad de la ley; pues lo que está en juego es el principio de la legalidad tributaria y la recta interpretación de las normas, lo que significa que su aplicación no puede quedar diferida al criterio erróneo o insuficiente de los contendientes, máxime cuando se observa que, en rigor, la pretensión de la actora persigue la revocación del acto determinativo (en el mismo sentido, T.F.N. Sala “A”, in re “Tibsa Inversora S.A.”, del 7/11/01); con mayor énfasis, por tratarse del análisis de sanciones de naturaleza penal, debe extenderse dicho criterio al campo infraccional.

Que, por lo demás, se ha dicho, y con razón, que en el derecho administrativo la nulidad absoluta es una cuestión que reviste trascendencia general y afecta el orden público, de modo tal que esa posibilidad de declarar de oficio la nulidad del acto irregular tiene en cuenta el principio de juricidad que tiene que regir el accionar de la administración. En última instancia es el juez el que debe controlar, en la medida que ha sido llamado a intervenir en una situación litigiosa, el accionar legítimo de aquélla (conf. Tomás Hutchinson: “Ley nacional de procedimientos administrativos” – pág. 305 y ss., quien, incluso, propugna dicha atribución respecto de los jueces integrantes del Poder Judicial).

 

VII.- Que, bajo tales premisas, no debe perderse de vista que la nueva redacción del inc. 22 perteneciente al art. 75 (C.N.) ha modificado radicalmente el sistema de fuentes del orden jurídico argentino. El reconocimiento de la jerarquía constitucional de manera directa a once instrumentos internacionales sobre derechos a otros "tratados y convenciones" sobre la misma materia consagran una clara apertura hacia el derecho internacional de los derechos humanos (confr. Pizzolo, Calógero: “La validez jurídica en el ordenamiento argentino. El bloque de constitucionalidad federal”, La ley, tomo 2006 – D, pág. 1023 y ss).

Que, de tal manera, el actual ordenamiento jurídico argentino se encuentra presidido por un bloque (plural) de constitucionalidad federal, integrado por la Constitución nacional, los referidos instrumentos internacionales y los pronunciamientos de los organismos internacionales de control, vinculantes para los distintos niveles de gobierno, poderes y órganos del Estado argentino, en cuanto los mismos definen las condiciones de vigencia de dichos instrumentos internacionales.

Que, en este camino, dicho Bloque de Constitucionalidad Federal ha promovido un cambio estructural en las instancias procesales internas introduciendo la antedicha instancia internacional de revisión que persigue, como fin en sí mismo, verificar el cumplimiento efectivo de obligaciones internacionales que garantizan, por ejemplo, el derecho a ser juzgado por un tribunal imparcial (conf. arts. 1, C.A.D.H., 14.1 P.I.D.C.P. y 10 D.U.D.H.), que por imperio de la jurisprudencia infra citada, cabe aplicar, sin hesitación, tanto a los delitos como a las infracciones (en el caso, aduaneras), como una condición de vigencia de la garantía del debido proceso (Fallos: 321:3504, disidencia del juez Fayt).

Que, ello así, la pertinencia de la cuestión relativa a la competencia de los funcionarios del Poder Ejecutivo para imponer multas, debe ser analizada, en esta etapa jurisdiccional, a la luz , tanto de dicha normativa – incorporada a la C.N. por el art. 75, inc. 22 –, como así también de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de las directivas de la Comisión Interamericana, en virtud de que indudablemente las mismas deben servir de guía para la interpretación de los preceptos convencionales (conf. C.S.J.N., caso "Marchal, sentencia de 10 de abril de 2007, votos de los Dres. Fayt y Zaffaroni), constituyendo una imprescindible pauta de interpretación de los deberes y obligaciones derivados de la Convención Americana sobre Derechos Humanos" (conf. C.S.J.N., caso “Simón”, sentencia del 17/06/05, considerando 17).

Que, en efecto, la C.S.J.N. de Argentina ha reiteradamente referido que las decisiones de la Corte Interamericana “resultan de cumplimiento obligatorio para el Estado Argentino (art. 68.1, C.A.D.H.)”, estableciendo el Alto Tribunal que “en principio, debe subordinar el contenido de sus decisiones a las de dicho tribunal internacional” (sentencia emitida el 23/12/04 en el expte. 224. XXXIX, “Espósito, Miguel Angel s/ incidente de prescripción de la acción penal promovido por su defensa”, Considerando 6). Con posterioridad, el Tribunal Cimero puso nuevamente de manifiesto que “la interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos debe guiarse por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos” ya que se “trata de una insoslayable pauta de interpretación para los poderes constituidos argentinos en el ámbito de su competencia y, en consecuencia, también para la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a los efectos de resguardar las obligaciones asumidas por el Estado argentino en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos” (conf. “Mazzeo, Julio Lilo y otros, recurso de casación e inconstitucionalidad”, M. 2333. XLII. y otros, del 13/07/07, párr. 20)

 

Que, por eso, cuando un responsable de las decisiones internas se encuentre ante la alternativa de una interpretación de la legislación interna que pondría al Estado en conflicto con el Pacto y otra que permitiría a ese Estado dar cumplimiento al mismo, el derecho internacional exige que se opte por esta última (conf. Comité de Derechos Económicos, Sociales, y Culturales, Observación General N° 9, “La aplicación interna del Pacto” (1988), adoptada en el 19° período de sesiones, párr. 14 – 15).

 

Que, en efecto, la convivencia de dos subsistemas con igual condición jerárquica impone la integración incluyente como criterio de interpretación, por lo que la necesaria consecuencia de su aplicación permite concluir que toda norma interna que lesione las garantías del Pacto debe quedar inoperante.

 

Que, bajo tales postulados, resulta imprescindible señalar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dejado establecido que “a pesar de que el citado artículo no especifica garantías mínimas en materias que conciernen a la determinación de los derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, el elenco de garantías mínimas establecido en el numeral 2 del mismo precepto se aplica también a esos órdenes y, por ende, en ese tipo de materias el individuo tiene también el derecho, en general, al debido proceso que se aplica en materia penal” (caso “Tribunal Constitucional vs. Perú”, sentencia del 31/01/01, párr. 70).

 

Que, al respecto, también ha destacado dicho Tribunal internacional en el caso supra citado que “cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal en los términos del art. 8 de La Convención Americana” (párr. 71).

 

Que, en un fallo posterior esta doctrina fue ampliada por ese mismo Tribunal que consignó que si bien el art. 8 de La Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos. Es decir, en palabras de la mencionada Corte, que “cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo sancionatorio o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal”, pues “es un derecho humano el obtener todas las garantías que permitan alcanzar soluciones justas, no estando la administración excluida de cumplir con ese deber. Las garantías mínimas deben respetarse en el procedimiento administrativo y en cualquier procedimiento cuya decisión pueda afectar los derechos de las personas” (caso “Baena Ricardo y otros vs. Panamá”, sentencia del 02/02/01, párr. 124 y 127).

 

VIII.- Que, a tal fin, en el sub lite corresponde definir, bajo las parámetros expuestos, el alcance de la garantía del debido proceso prevista en el art. 18 de la C.N., el art. 33 del mismo cuerpo normativo y diversos tratados internacionales de derechos humanos, de rango constitucional conforme lo establece el art. 75, inc. 22, segundo párrafo de la Constitución Nacional, que establecen el derecho de toda persona a ser oída por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial (art. 26 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948; art. 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966; art. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos – Pacto de San José de Costa Rica de 1969 –; art. 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos).

 

Que, en tal orden de ideas, la garantía del juez imparcial, en sintonía con los principios de juez natural e independencia judicial, debe ser interpretada como una garantía del justiciable que le asegure plena igualdad frente al acusador y le permita expresarse libremente y con justicia frente a cualquier acusación que se formule contra aquél (conf. Fallos: 328:1491), pues la observancia de las formas sustanciales del juicio relativas a la acusación, defensa, prueba y sentencia, y el derecho del imputado a un tribunal imparcial y apto ante el cual defenderse, integran la garantía constitucional del debido proceso – art. 18 Constitución Nacional – (Fallos: 125:10; 240:160, entre muchos otros).

 

IX.- Que, por su parte, tampoco debe perderse de vista que la C.S.J.N. ha sostenido pacíficamente, en sucesivos pronunciamientos, que el juzgamiento de las infracciones debe seguir los lineamientos que corresponde dar al juzgamiento de los delitos, lo que implica la plena aplicación de los principios del Derecho Penal en el ámbito infraccional aduanero (entre otros, Fallos: 311:2779; 303:1548; 297:215). Así las cosas, no sólo resultarían de aplicación las disposiciones generales del Código Penal, sino también aquellas emergentes de los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, en particular, de aquellos que integran el denominado bloque federal de constitucionalidad (conf. voto del suscripto in re “La Mercantil Andina c/ D.G.A.”, del 31/7/12 de la Vocalía Nº 13, expte. Nº 23.469-A).

 

Que, en efecto, dicha jurisprudencia ha admitido expresamente la naturaleza penal de las infracciones aduaneras y la aplicación a su respecto de las disposiciones generales del Código Penal (sentencias del 18/10/73 in re “Guillermo Mirás S.A.C.I.F. y del 12/11/74 en autos “Linch, Mauricio s/ recurso de queja”), señalándose que “el carácter de infracción, no delito, que en principio revisten los ilícitos penales aduaneros, no empece la aplicación a su respecto de las disposiciones generales del Código Penal [...] en tanto la ley penal especial no disponga derogación expresa o tácita” (Fallos 293:670, disidencia de los Dres. Miguel Angel Bercaitz y Agustín Díaz Bialet).

 

Que, en tal orden de ideas, cabe concluir que los principios de la ley penal operan, como regla, sobre las disposiciones represivas aduaneras (Fallos: 293:670), pues admitir lo contrario significaría vulnerar los principios generales del derecho penal que resultan aplicables en virtud de la naturaleza de la sanción apelada (Fallos 310:1822).

 

Que, por lo tanto, corresponde a este Tribunal analizar si los sumarios administrativos que culminan con una resolución condenatoria, como sucede en la especie – donde el mismo organismo (D.G.A.) que lo instruye es el que termina condenando mediante la decisión de un funcionario del P.E.N. que impone una pena de multa – se adecuan al bloque normativo supra referenciado.

 

X.- Que la garantía de imparcialidad del juez es uno de los pilares en que se apoya nuestro sistema de enjuiciamiento, ya que es una manifestación directa del principio acusatorio y de las garantías de defensa en juicio y debido proceso, en su vinculación con las pautas de organización judicial del Estado.

 

Que, bajo tales premisas, la operatividad de dicha garantía en cualquier ámbito infraccional resulta incuestionable pues, conforme se ha supra señalado, en definitiva siempre se deben aplicar todas las garantías propias del sistema penal general.

 

Que, por lo tanto, bajo ninguna circunstancia resulta admisible interpretar que, como se lo ha hecho inveteradamente en la faz jurisprudencial, por un lado resultan aplicables a este tipo de procesos infraccionales todas las garantías previstas en el ordenamiento penal,  mientras que por el otro no corresponde aplicar aquella que contempla la imparcialidad del juzgador, atento constituir uno de los principios cardinales de cualquier proceso represivo.

 

Que el grado de irrazonabilidad de esa construcción jurídica es manifiesta y no puede ser cubierta con ningún argumento formal, porque el principio republicano (art. 1 de la C.N.) prohíbe la irracionalidad de los actos estatales.

 

Que, por su parte, su aplicación en este tipo de procedimiento no implica alterar la tarea de los tribunales de justicia, porque el contenido de la revisión que deberán hacer con posterioridad no difiere en demasía del que deben efectuar habitualmente en ejercicio de las competencias ordinarias que las leyes les asignan.

 

XI.- Que, tal como se deprende de la regla general establecida por nuestra Corte Suprema a partir del precedente “Llerena”, del 17/05/05, donde para interpretar el alcance de dicha garantía – consagrada de igual forma en la Convención Europea de Derechos Humanos (art. 6) – ha recurrido a la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos, la que constituye una pauta valiosa de hermenéutica de los tratados internacionales de la materia en examen (conf. doctrina de Fallos: 318:2348, disidencia parcial de los jueces Fayt y Petracchi; Fallos: 319:255 y Fallos: 322:1941, disidencia de los jueces Boggiano y Fayt), un sistema en que la sentencia es dictada con la intervención del mismo juez que tuvo a su cargo la investigación preliminar y la decisión acerca del mérito de dicha investigación, en principio, no satisface el estándar mínimo de imparcialidad del tribunal, exigido por los respectivos tratados internacionales, criterio que cabe aplicar a los Sumarios administrativos, en virtud de las razones y argumentos supra expuestas, en todo su esplendor, pues tanto el proceso penal como el infraccional se debe resolver ante un tribunal independiente y no ante la administración activa, en el doble carácter de juez y parte, por constituir tribunales administrativos incompetentes para aplicar penas.

 

Que, por lo demás, si el Presidente de la República no tiene jurisdicción penal, pues carece expresamente de ella (arts. 23, 29 y 109 de la C.N.) mal pueden ejercerla sus subordinados (conf. doctrina de Fallos: 330:399).

Que, por lo tanto, el ejercicio de facultades jurisdiccionales en materia penal por parte de la Administración debe quedar limitado a una labor de investigación sumarial, lo que necesariamente lleva a considerar que el juzgamiento de la infracción corresponde exclusivamente al Poder Judicial y/o a este Tribunal Fiscal de la Nación, según el caso (conf. Spisso, Rodolfo: “El juzgamiento de delitos militares y su proyeccion en materia penal tributaria”, La Ley 2008 – C, pág. 220).

Que, en función del ello, cabe concluir que la Administración carece de facultades para aplicar sanciones de naturaleza penal, aunque se trate de infracciones y no de delitos, por lo cual el organismo fiscal debe elevar al tribunal competente los antecedentes y conclusiones de la labor instructora para que emita la correspondiente sentencia, como sucede, por ejemplo, con el procedimiento contemplado por el Régimen Penal Cambiario (ley 19.359 y modif.), donde el Banco Central de la República Argentina solo ejerce una tarea instructiva, y no decisoria.

 

XII.- Que los integrantes del organismo aduanero, además, son designados y removidos por el Poder Ejecutivo Nacional, no ostentando, así, las garantías de inamovilidad que aseguren su independencia, ni, por ende, el carácter de jueces naturales en el sentido constitucional. Carecen, por lo tanto, de esa “independencia de los jueces […] requerida para defender la Constitución y todos los derechos individuales (HAMILTON, The Federalist, N° 78). Tampoco el ordenamiento tributario aduanero requiere que posean título habilitante en derecho para ejercer una función jurídica como la que les asigna el plexo normativo analizado en autos (en igual sentido, Fallos: 247:646, voto en disidencia de fundamentos de los Dres. Boffi Boggero y Aberastury, consid. 11).

 

XIII.- Que sentado ello, y sin perderse de vista que la declaración de nulidad en sede administrativa y judicial resulta ser siempre una decisión in extremis, es decir, que si existe la posibilidad de “salvar” el acto procesal viciado se deberá preferir la conservación del mismo – siempre y cuando se trate de un vicio subsanable –, no puede dejar de advertirse que en la especie lo que se encuentra viciado de nulidad es el procedimiento que derivó en la resolución condenatoria, por afectación de la garantía de la imparcialidad del funcionario que impuso la sanción apelada, lesionando el derecho constitucional de defensa en juicio de la actora.

Que no se trata aquí de una hipótesis de vis sanatrix, sino de un defecto tan gravemente afectante a la esencia del procedimiento de marras, que imposibilita la producción de efectos jurídicos, tornando nulo de nulidad absoluta el acto dictado en su consecuencia.

 

XIV.- Que, por lo demás, es función del legislador diseñar el proceso aduanero de tal manera que estén cabalmente aseguradas las garantías individuales, y que la más mínima duda de menoscabo a las garantías sea disipada con la solución más favorable a la protección del derecho respectivo.

 

Que, asimismo, el Estado argentino, al asumir la obligación de garantizar a toda persona el derecho a ser oída por un tribunal imparcial en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella (art. 8.1, C.A.D.H.), se ha comprometido a configurar sus tribunales de tal forma que dicha garantía quede suficientemente satisfecha. Pero dicho recaudo, tanto convencional como constitucional, no se encuentra debidamente cumplimentado, toda vez que el procedimiento infraccional previsto por el Código Aduanero, al admitir que la mismo autoridad – en el caso la D.G.A. – que investiga sea la que juzga, no resulta compatible con la garantía de la imparcialidad del tribunal, asegurada por las normas constitucionales y convencionales supra citadas.

 

Que, por ello, el principio de supremacía constitucional contemplado en el art. 31 de nuestra Carta Magna le plantea a este Tribunal el desafío imperativo de desplazar la facultad de condenar, otorgada a la D.G.A. en el art. 1112, inc. a, primera parte, del Código Aduanero, por ser contrario a nuestra Ley Fundamental, toda vez que dicha norma -y aquellas reglamentaciones dictadas en consecuencia – deben necesariamente entenderse como derogadas, cuanto menos (aunque su derogación vino producida con la entrada en vigencia de la Convención Americana, con jerarquía supra legal) por la reforma constitucional de 1994 – que asignó jerarquía constitucional a los tratados internacionales en materia de derechos humanos en las condiciones de su vigencia, es decir, en las condiciones fijadas por la jurisprudencia de la Corte y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (conf. Corti, Arístides, “Acerca de la competencia del Tribunal Fiscal de la Nación para declarar la inconstitucionalidad de las leyes”, en “Tribunal Fiscal de la Nación, a los 50 años de su creación”, EDICON, Mayo de 2010, volumen II, pág. 138).

 

Que, siendo que una interpretación en sentido contrario sólo puede fundarse en una exégesis irrazonable de la norma, que no armoniza con los principios enumerados, toda vez que se le estaría otorgando una indebida preeminencia a lo dispuesto en los textos aduaneros por sobre los postulados de la Convención Americana de Derechos Humanos, dejándola parcialmente inoperante, lo que resulta contradictorio con el orden jurídico, tanto convencional como constitucional.

 

XV.- Que una de las normas dictadas en consecuencia, y cuyos efectos operan a partir de la ejecución del acto administrativo que impone multa, es el Decreto 258/99 (B.O. 26/3/99), que fuera expresamente aplicado por la Administración en el acápite 5° de la resolución impugnada, por lo que merece un análisis particular, atento su manifiesta inobservancia de los postulados supra referidos.

 

En efecto, en el artículo 1° de dicha norma, al sustituir al artículo 15 de la ley 22.091, sustituido por el artículo 2° de la Ley N° 23.993, textualmente se dispone que: “El producido de lo que se obtuviere por la venta de mercaderías objeto de comiso y por la aplicación de todo tipo de multas, excepto las automáticas, con arreglo a lo dispuesto en la legislación aduanera se distribuirá, previa deducción de los importes correspondientes a los honorarios de los profesionales fiscales judicialmente regulados, del siguiente modo:

 

a) El VEINTICINCO POR CIENTO (25%) se destinará a rentas generales.

b) El CINCUENTA POR CIENTO (50%) se destinará a una cuenta que se denominará "Productividad, Eficiencia y Fiscalización" y se distribuirá entre todo el personal del servicio aduanero de acuerdo al régimen que determine la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

c) El VEINTICINCO POR CIENTO (25%) se destinará a la fuerza de seguridad actuante en el procedimiento, con asignación a la cuenta que exista en cada una de ellas para usos de carácter institucional. Si hubiese intervenido más de una fuerza de seguridad, este porcentaje se repartirá por partes iguales entre las fuerzas intervinientes. Si por el contrario no hubiese intervenido alguna fuerza de seguridad, este porcentaje se destinará a rentas generales".

 

Ello así, de su articulado se desprende, sin hesitación, que los propios agentes del organismo que impone la sanción se ven directamente beneficiados -en su faz patrimonial- con la mitad del producido de la misma, extremo que resulta por demás indicativo que en la especie no se verifica imparcialidad alguna, sino que existe un temor objetivo de parcialidad bien claro y manifiesto.

 

En todo caso, puesto que la sanción -multa- analizada en autos constituye una expresión del poder punitivo del Estado, y dado que en una sociedad democrática el poder punitivo sólo se ejerce en la medida estrictamente necesaria para proteger los bienes jurídicos fundamentales de los ataques más graves que los dañen o pongan en peligro (Cfr. CIDH, Caso Kimel vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas.

 

Sentencia de 2 de mayo de 2008 Serie C No. 177, párr. 76, y Caso Tristán Donoso Vs. Panamá. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de enero de 2009 Serie C No. 193, párr. 119), siempre corresponde hacer aplicación del principio de máxima taxatividad legal e interpretativa que surge como manifestación de la garantía de legalidad en materia penal (art. 18 de la Constitución Nacional) y que impone una exégesis en favor del sentido más restrictivo del ámbito de lo prohibido, como así también resolver las dudas interpretativas en la forma más limitativa de la criminalización (cfr. CSJN, “Valerga, Alfredo Oscar y otros s/ infracción ley 23.771”, del 28/8/2007, voto de la minoría), por lo que la imposición de la multa objeto de autos jamás debe hacerse para satisfacer fines recaudatorios o de otro tipo, ni para constituir una fuente de recursos para el Estado, y menos para sus dependientes.

 

Todo ello sin perjuicio de los derechos adquiridos que, de acuerdo al modo en que habitualmente se liquida la referida cuenta "Productividad, Eficiencia y Fiscalización" , pudieran asistir a los beneficiarios de la norma supra analizada, los que, de corresponder,

deberán ser satisfechos a través de los principios remuneratorios aplicables en el ámbito laboral, y no a través de la utilización del poder punitivo del Estado, al que cabe acudir sólo en última instancia, por resultar taxativo, fragmentario y proporcional.

 

XVI.- Que, no obstante la conclusión alcanzada, otra dimensión de la cuestión a resolver obliga a considerar que la presente decisión no puede dictarse desatendiendo las graves consecuencias que, de modo inmediato, podrían derivar de ella pues, si por la estricta aplicación de dicha garantía se declarara la nulidad de todo lo actuado, ello importaría, sin más, consagrar la impunidad de los hechos presuntamente ilícitos verificados por la autoridad aduanera, extremo que este organismo jurisdiccionaljudicial no puede cohonestar, cuanto menos en este caso particular.

 

Que, en efecto, consciente de la autoridad institucional que este fallo tributario-aduanero, al fijar una posición novedosa, entraña para el afianzamiento del sistema republicano de gobierno, cabe colegir que ninguna solución es defendible si, en lugar de asegurar el orden público, genera el riesgo de un absoluto desorden (conf. doctrina de Fallos: 330:2361).

 

Que ello es así, toda vez que la aplicación en el tiempo de los nuevos criterios ha de ser presidida por una especial prudencia con el objeto de que los avances propuestos no se vean malogrados en ese trance (conf. doctrina de Fallos: 330:2361, y sus citas).

Que, por lo expuesto, las normas específicas que rigen la cuestión deben ser interpretadas considerando armónicamente la totalidad del ordenamiento jurídico y los principios y garantías de raigambre constitucional, para obtener un resultado adecuado, atento a las particularidades de esta causa, pues la admisión de soluciones notoriamente disvaliosas no resulta compatible con el fin común tanto de la tarea legislativa como de la judicial (Fallos: 255:360; 258:75; 281:146; 302:813).

 

Que, por lo demás, la misión más delicada de la Justicia -si bien este Tribunal no es parte integrante de la misma (en su acepción como institución), no por ello dejan de comprenderle los mismos principios atinentes al modo en que se la debe impartir (como valor) – es la de saberse mantener dentro del ámbito de su jurisdicción, sin menoscabar las funciones que incumben a los otros poderes ni suplir las decisiones que deben adoptar para dar acabado cumplimiento a las disposiciones de la Constitución Nacional. Todo ello sin perjuicio del ejercicio a posteriori del control destinado a asegurar la razonabilidad de esos actos y a impedir que se frustren derechos cuya salvaguarda es deber indeclinable tanto de los jueces (Fallos: 308:1848), como de este Tribunal Fiscal, el que indudablemente debiera revistar, para cumplir mejor con su cometido, en la órbita que funcionalmente le corresponde de acuerdo a la tarea que desempeña, esto es, la del Poder Judicial de la Nación.

 

Que, en las condiciones reseñadas, no sólo es facultad sino también deber del legislador fijar el contenido concreto de la garantía constitucional en juego. Por lo tanto, y habida cuenta las relaciones que deben existir entre los departamentos de Estado, este Tribunal considera que contribuiría a dar mayor seguridad jurídica el dictado de una ley que estableciera pautas de aplicación permanentes que aseguren el objetivo constitucional analizado en autos, por lo que corresponde poner este pronunciamiento en conocimiento del Poder Legislativo, como así también formular una exhortación a fin de que examine esta problemática.

 

XVII.- Que, en función de lo expresado y con el fin de descartar de plano cualquier solución que someta a los litigantes a una suerte de retrogradación del proceso, u obstruya o paralice los procedimientos aduaneros, corresponde resolver que por el término de un año, contado a partir de la comunicación de este pronunciamiento al Honorable Congreso de la Nación, lapso durante el cual, en ejercicio de sus atribuciones,

razonablemente puede proceder a establecer un sistema definitivo sobre la materia en debate con estricta observancia de los parámetros constitucionales y convencionales ya examinados, este Tribunal Fiscal deberá abocarse a actuar como tribunal de condena, en virtud de su indudable posición de neutralidad legal, técnica y fáctica frente al caso, toda vez que la D.G.A. ejerció funciones instructoras que pudieron haber afectado objetivamente su ajeneidad con el mismo, al momento de imponer la sanción apelada.

 

Que, en efecto, la pertinencia de la actuación de este Tribunal Fiscal de la Nación reside en que ejerce funciones jurisdiccionales, y al igual que el fuero contencioso administrativo federal, las mismas resultan sustantiva o materialmente judiciales, en tanto es un órgano de justicia (en el caso aduanera), imparcial e independiente de la administración activa; y resulta el único tribunal del país especializado en la materia aduanera, por lo que debe gozar de al menos idénticas facultades que las que ostentan por definición los tribunales de justicia en todo tipo de proceso que implique determinación de derechos, en tanto ambos tienen el deber de adoptar decisiones justas basadas en el cabal respeto a las garantías del debido proceso adjetivo y de la doble instancia plena establecidas en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos y participan de igual modo en la sublime misión de impartir justicia (confr. “Shimisa de Comercio Exterior S.A. s/ media cautelar”, expte. Nº 30.400-A-, del 10/02/12, voto del suscripto).

 

Que, a tal fin, cabe recordar que el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos equipara las nociones de “juez” y “tribunal competente”, siendo que de acuerdo a lo sostenido por señera jurisprudencia en la materia “la previsión contenida en la invocada cláusula del Pacto de San José de Costa Rica relativa a la necesaria intervención de un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, se exhibe plenamente satisfecha, desde que, en la especie, la intervención del T.F.N. responde a tales exigencias” (conf. Sala I C.N.A.C.A.F., in re “Colfax S.A. – T.F.N. 11.715-I c/ Fisco Nacional (A.F.I.P.-D.G.I.) s/ medida cautelar autónoma”, del 12/5/00).

 

Que, por lo tanto, a efectos de cumplir con los lineamientos jurisprudenciales supra referidos, en especial aquellos vinculados a la imparcialidad del juzgador a los fines de la imposición de sanciones, la intervención por parte de este T.F.N. en el proceso debe ser imparcial, plena, amplia y efectiva, sin limitación legal alguna, que permita un adecuado juzgamiento de la conducta infraccional reprochada por la Administración, en toda su extensión; pues las garantías de imparcialidad e independencia que indudablemente ostentan sus Vocales no han sido instituídas en beneficio sólo de ellos sino, fundamentalmente, de los justiciables.

Que admitir lo contrario implicaría, en definitiva, conculcar la vigencia y progresividad del principio de la tutela jurisdiccional efectiva en materia tributaria (aduanera), que se encuentra contemplado tanto en diversos tratados internacionales que ostentan, conforme fuera señalado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en Fallos 315:1492, jerarquía supralegal (art. 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; arts. 8 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; arts. 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; art. 2, numeral 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; art. 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; entre otros), como por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, (“Caso de la Panel Blanca” – Paniagua Morales vs. Guatemala –, consid. 149 y ss., del 08/03/98; “Caso del Tribunal Constitucional del Perú” – Aguirre Roca, Rey Ferry y Revoredo Marsano vs. Perú –, consid. 66 y ss., del 31/01/01; “Baena Ricardo y otros c/ Panamá”, consid. 129 y ss., del 02/02/01; “Ivcher Bronstein c/ Perú”, consid. 100 y ss., del 06/02/01; “Gelman c/ Uruguay”, consid. 193, del 24/02/11), que deviene vinculante – conf. art. 68 de la C.A.D.H. – para los distintos poderes del Estado Nacional.

 

XVIII.- Que, sentado lo que antecede, corresponde expedirse sobre el fondo de la cuestión.

Al respecto cabe recordar que en materia infraccional aduanera, siguiendo el principio de culpabilidad, de raigambre constitucional, el Código Aduanero argentino adoptó el factor de atribución de responsabilidad subjetivo. Ello implicó sin duda un cambio normativo cualitativo respecto de la regulación contenida en la Ley de Aduana, que conforme las modificaciones introducidas por la ley 21.898, recogía expresamente el criterio de responsabilidad objetiva.

En la Exposición de Motivos del Código Aduanero argentino se expresa que el sistema de responsabilidad en materia infraccional en esa norma gira en torno del cumplimiento de los deberes impuestos por el ordenamiento aduanero. En ese sentido, el art. 902 del CA establece que no podrá imponerse sanción a quien hubiere cumplido con todos los deberes inherentes al régimen, operación, destinación, o cualquier otro acto o situación [...].

Ese sistema de responsabilidad conlleva que para aplicar una sanción lo que se exija es un mínimo de culpa y no necesariamente dolo. Lo que no resulta admisible es la imputación objetiva, ya que no respetaría la plena vigencia de las garantías enunciadas en el art. 8° de la CADdHh, que conforme la doctrina de la Corte Suprema debe ser respetada por todo órgano o autoridad pública al que le hubieran sido asignadas funciones materialmente jurisdiccionales (conf. “Losicer”, Fallos: 335:1126).

En tal sentido, el art. 4 del Código Penal establece que las disposiciones generales de ese código resultan de aplicación a todos los delitos previstos por leyes especiales. Por ende, cabe colegir que entre la contravención y el delito no existe otra diferencia más que la cuantitativa (confr. Fallos 293:50, Consid. 5°, entre otros), por lo que aquellas disposiciones generales resultan también de aplicación al juzgamiento de las contravenciones aduaneras.

 

XIX.- Que, bajo tales premisas, a los fines de la imposición de una sanción de palmaria naturaleza penal, la resolución debe, al menos, contener una clara exposición de elementos esenciales, a efectos de no vulnerar el debido proceso adjetivo.

Se trata, asimismo, de preservar la integridad del derecho de defensa en juicio previsto en

los artículos 8 del Pacto de San José de Costa Rica y 18 de la Constitución Nacional.

 

Dichos elementos son:

 

a) los hechos que la sustentan,

b) los elementos de juicio que constan en el expediente y que acreditan la existencia de la

contravención,

c) las razones que ameritan tener por configurado el hecho punible, tanto en su faz objetiva como subjetiva (culpa o dolo, según correspondiere), y

d) los fundamentos de la graduación de la sanción aplicada en el caso particular.

 

A tal fin, la DGA tiene que describir la conducta punible en forma precisa, sin recurrir a fórmulas genéricas, como así también debe hallarse probada en forma clara y suficiente la maniobra denunciada, debiendo ponerse de manifiesto todos los elementos considerados por la Administración que demuestren que la decisión adoptada es fruto de la valoración de la conducta del agente.

En efecto, tratándose de materia infraccional aduanera, y por estricta e ineludible aplicación de los postulados penales supra referidos, nunca se debe presumir la culpa o el

dolo del agente, sino su inocencia, por lo que, a consecuencia de ello, la DGA, como órgano acusante, debe probar la culpabilidad del importador -lo que en la especie se encuentre suficientemente acreditado-, y no exigirle a éste la difícil prueba de su inocencia, en virtud de que no se debieran, a tal fin, utilizar unicamente los mismos elementos que fueran contemplados para cuantificar el perjuicio fiscal, para presumir y tener por probada la existencia de la conducta infraccional.

 

XX.- Que, mediante la destinación 05 033 ZFE1 3213 V, oficializada con fecha 28/04/05, María Teresa Corbo documentó, en el item 2 que es el que nos ocupa, la importación de aparatos eléctricos de alumbrado o señalización, de origen China. Al procederse a verificar la mercadería, siendo que le fue asignado canal de selectividad rojo, se advirtió que la misma llevaba la marca “Valeo” – lo cual no habría sido declarado en el despacho involucrado – circunstancia ésta que podría, en principio, ocasionar una infracción a lo previsto en el art. 46 de la ley 25.986. En razón de ello, se procedió a interdictar la mercadería y se inició la correspondiente averiguación con el titular de la marca, quien solicitó no se libre a plaza hasta tanto se compruebe su autenticidad.

 

Que el art. 46 de la ley 25.986 establece, en su parte pertinente, que se encuentra prohibida la “... importación o la exportación de mercaderías bajo cualquier destinación aduanera suspensiva o definitiva, cuando de la simple verificación de la misma resultare que se trate de mercaderías con marca de fábrica o de comercio falsificada o de copia pirata. En los casos en que la situación contemplada en el párrafo anterior no fuere evidente el Servicio Aduanero podrá suspender el libramiento por un plazo máximo de siete (7) días hábiles a fin de consultar al titular del derecho y que este último tenga la oportunidad de requerir al juez competente las medidas cautelares que entienda corresponderle.”

Que, por su parte, dispone el art. 954 inc. b) del C.A. que “el que, para cumplir cualquiera de las operaciones o destinaciones de importación o de exportación, efectuare ante el servicio aduanero una declaración que difiere con lo que resultare de la comprobación y que, en caso de pasar inadvertida, produjere o hubiere podido producir (...) una transgresión a una prohibición a la importación o a la exportación, será sancionado con una multa de 1 a 5 veces el valor en aduana de la mercadería en infracción...”.

 

Que, por ello, en caso de comprobarse que la mercadería documentada en el item 2 del despacho que nos ocupa consiste en mercadería falsificada, es decir, alcanzada por una prohibición, en el caso, de carácter económico – ello según lo previsto en el art. 609 inc. f) del C.A. según el cual serán económicas aquellas prohibiciones tendientes a “proteger los derechos de la propiedad intelectual, industrial o comercial” – se encontraría configurada la infracción prevista en el mencionado art. 954 inc. b) del C.A.

 

XXI.- Que de la presentación efectuada en instancia administrativa por parte del representante legal de la firma “Valeo Cibie Argentina S.A.”, en respuesta a la notificación cursada por la Dirección Regional de la Aduana de La Plata respecto de la posible violación a sus derechos marcarios que se estaría cometiendo al pretender importarse y liberarse en el mercado local productos identificados con la citada marca, así como de las demás constancias, surge, por un lado, que los productos importados por la aquí actora serían falsificados y, por otro, que la misma no se encuentra incluida dentro de la lista de proveedores autorizados para la distribución de los productos que comercializa la firma.

Que, en virtud de lo expuesto, se concluye que la aquí recurrente, con la finalidad de introducir mercadería cuya importación se encuentra prohibida, conforme lo previsto en el art. 46 de la ley 25.986, efectuó ante el servicio aduanero una declaración que difirió de lo que se comprobó efectivamente, y siendo que dicha conducta se encuentra tipificada en el art. 954 incb b) del C.A., no corresponde sino declarar que sanción impuesta resulta ajustada a derecho.

 

XXII.- Que por lo demás, y toda vez que, en definitiva, la condena es impuesta por el Tribunal Fiscal de la Nación y no por la Administración, entiendo que la forma en que propicio que se resuelva es la más adecuada en aras de la seguridad jurídica y la legalidad, al resultar sus efectos compatibles con los demás derechos fundamentales.

Que, asimismo, se trata de preservar, conforme se ha expuesto, la integridad del derecho de defensa en juicio previsto en los artículos 8 del Pacto de San José de Costa Rica y 18 de la Constitución Nacional, por lo que a su respecto siempre deben aplicarse en debida forma, huelga reiterar, todos los principios y garantías que rigen en nuestra Constitución Nacional y en los Tratados de Derechos Humanos con jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22 C.N.).

Que si bien la Corte Suprema no ha recogido aún esta conclusión de modo expreso, además de haber reconocido – en otro momento histórico (año 1960) – la legitimidad del ejercicio, por parte de la autoridad administrativa, de funciones jurisdiccionales, con la condición que se preserve la revisión judicial de las decisiones adoptadas en el ámbito del Poder administrador (vide principalmente Fallos: 247:646, “Fernández Arias”; entre muchos otros), lo cierto es que tampoco ha analizado el supuesto de autos del modo en que se lo hace en el presente voto, con extensa aplicación del nuevo paradigma jurídico instaurado en el ordenamiento nacional a partir de la incorporación del plexo convencional supra referido, resultando obvio que la inexistencia de un antecedente exacto en la jurisprudencia nacional no constituye ningún obstáculo para que este Tribunal Fiscal interprete la garantía de la imparcialidad del juzgador según su propio parecer; ni constituye una limitación al modo en que sus integrantes desempeñan su tarea, y a su independencia (de criterio) misma.

Que, de lo contrario, aplicar la ley se convertiría en una tarea mecánica incompatible con la naturaleza misma del derecho y con la función específica de los magistrados que les exige siempre conjugar los principios contenidos en la ley con los elementos fácticos del caso, pues el consciente desconocimiento de unos u otros no se compadece con la misión de administrar justicia (doctrina de Fallos:302:1284; 234:482 y sus citas).

Que, por ende, la inexistencia de un caso concreto donde el Alto

Tribunal fijara posición sobre el particular no opera, a tal fin, como un factor condicionante que impida impartir justicia en nuestro estado constitucional de derecho.

 

Que, por último, y en plena consonancia con una de las tantas enseñanzas que nos legara quien, considerando todas las personas nacidas en esta patria – con la excepción de algunos deportistas muy reconocidos –, más ha trascendido en el mundo a lo largo de toda su historia, no siempre se deben esperar que se den todas las condiciones para comenzar un nuevo proyecto – cada sentencia lo es en la medida que materializa el mandato constitucional de afianzar la justicia –, sino que, a falta de ellas, los propios individuos pueden crearlas.

 

Que, por lo expuesto, VOTO por:

 

1) Declarar la nulidad del art. 1 de la Resolución N° 104/08 de la Aduana de La Plata, recaída en el Expediente SIGEA Nº 12560-142-2005, en cuanto a ha sido materia de agravio.

2) Declarar la nulidad del art. 4° de la Resolución Nº 104/08 de la Aduana de La Plata, recaída en el Expediente SIGEA Nº 12560-142-2005, de acuerdo a lo señalado en el Considerando XV del presente voto.

3) Condenar a la importadora María Teresa Corbo al pago de una multa de VEINTICUATRO MIL CIENTO DOS PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($ 24.102,82), por la comisión de la infracción prevista y penada por el art. 954 inc. b) del C.A.

4)Confirmar el art. 2 de la Resolución N° 104/08 de la Aduana de La Plata, recaída en el Expediente SIGEA Nº 12560-142-2005.

5) Imponer las costas del pleito a la parte actora (conf. art. 1163 del CA).

6) Regular los honorarios profesionales de la representación fiscal, por su actuación en el doble carácter de letrado apoderado de la parte demandada en la suma de DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS ($2.800.-), conforme surge de la aplicación del art. 1163 del CA y los arts. 6, 7, 9, 37 y 38 de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432.

7) Comunicar al Honorable Congreso de la Nación el contenido de esta sentencia a fin de que, en un plazo razonable, adopte las medidas a las que se alude en el Considerando XVI del presente decisorio.

 

El Dr. González Palazzo dijo:

 

Que comparto sustancialmente lo propuesto por el Dr. Garbarino -particularmente en cuanto al análisis que efectúa de los hechos que conforman la litis, el derecho esgrimido por la partes y la prueba incorporada al debate-, excepto en lo que concierne a su postura respecto de la incompetencia de la Administración para la imposición de multas en el marco de las facultades conferidas por el ordenamiento de fondo vigente en la materia y la consecuente conclusión a la que arriba al determinar que las mismas son de exclusivo resorte de este Tribunal Fiscal de la Nación (ver Considerando VI y sgtes.).

Que tal como lo he propuesto al sentenciar el Expte. Nro. 24.136-A (entre otros), estimo que “sin perjuicio de reconocer la valiosa discusión que incorpora mi colega de grado -aunque extra petitio, por cierto-, habré de destacar que, no obstante considerar que este Tribunal posee amplias funciones jurisdiccionales, el planteo de inconstitucionalidad que se sugiere al cuestionar...el sistema sancionatorio del ordenamiento de fondo en la materia, excede el marco de las facultades que posee este organismo, tal como expresamente lo precepta -para esta competencia, claro está- el art. 1164 del Código Aduanero, plexo normativo que -en lo relativo a los planteos que introduce el Dr. Garbarino- a la fecha no ha sido derogado por norma posterior ni tachado de inconstitucional por nuestro máximo Tribunal de justicia” por lo que en definitiva, encontrándose plenamente vigente el marco normativo de referencia y no advirtiendo en esta etapa vicio nulificante alguno que afectase la sustanciación de la cuestión traída a estudio, VOTO por:

 

1.- Confirmar la Resolución Nº 104/08 de la Aduana de la Plata, recaída en el Expediente SIGEA nº 12560-142-2005, en cuanto ha sido materia de agravio, con costas a la actora vencida (conf. art. 1163 del CA).

2.- Regular los honorarios profesionales de la representación fiscal, por su actuación en el doble carácter de letrada apoderada de la parte demandada en la suma de DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS ($2.800.-), conforme surge de la aplicación del art. 1163 del CA y los arts. 6, 7, 9, 37 y 38 de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432.

 

El Dr. Basaldúa dijo:

 

Que adhiere a lo sustancial al voto del Dr. Gonzalez Palazzo.

 

En virtud del acuerdo que antecede, por mayoría, SE RESUELVE:

 

1.- Confirmar la Resolución Nº 104/08 de la Aduana de La Plata, recaída en el Expediente SIGEA Nº 12560-142-2005, en cuanto ha sido materia de agravio, con costas a la actora vencida (conf. art. 1163 del CA).

2.- Regular los honorarios profesionales de la representación fiscal, por su actuación en el doble carácter de letrada apoderada de la parte demandada en la suma de DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS ($ 2.800), conforme surge de la aplicación del art. 1163 del CA y los arts. 6, 7, 9, 37 y 38 de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432.

 

Regístrese y notifíquese. Firme que quede la presente, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse las actuaciones administrativas y, oportunamente, archívese.