Resolución
250-2003-SADS
Apruébase
el Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación y Mitigación de los efectos de la Sequía y su Documento Base. Objetivos. Metodología. Diagnóstico de la desertificación. Aspectos institucionales, jurídicos
y económicos. Areas del Programa de Acción.
Bs. As., 6/3/2003
VISTO
el Expediente Nº 70- 1930/2002 del registro de esta SECRETARIA DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SUSTENTABLE del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, y lo dispuesto por la Ley 24.701 y la Ley 25.675, los Decretos Nº 357/02, Nº 1300/02 y Nº 2413/02, la Resolución Nº 904/02 del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, y
CONSIDERANDO:
Que
la Ley 24.701 ratificó la "CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS DE LUCHA
CONTRA LA DESERTIFICACION EN LOS PAISES AFECTADOS POR SEQUIA GRAVE O
DESERTIFICACION, EN PARTICULAR EN AFRICA", aprobada el 26 de septiembre de
1996, en el marco del Programa 21 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, realizada en RIO DE JANEIRO, REPUBLICA
FEDERATIVA DEL BRASIL, en junio de 1992.
Que,
desde el año 1996 esta Secretaría ha trabajado coordinadamente junto a
entidades y organismos públicos y privados, nacionales y provinciales,
involucrados en la temática de la lucha contra la desertificación, implementando
una metodología de acción ampliamente participativa que posibilitó la
concreción del "Documento Base del Programa de Acción Nacional de Lucha
contra la Desertificación y Mitigación de los efectos de la Sequía".
Que
se entiende prioritario conformar con celeridad, un proceso de
institucionalización del "Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación y Mitigación de los efectos de la Sequía (PAN)".
Que
en este sentido, es necesaria la creación en el ámbito de esta Secretaría, de la COMISION ASESORA DEL PROGRAMA DE ACCION NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA DESERTIFICACION Y MITIGACION DE LOS EFECTOS DE LA SEQUIA, a los efectos de posibilitar la
ejecución del Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación y Mitigación de los efectos de la Sequía; sugerir las medidas y cursos de acción que estime procedentes para incrementar la eficiencia de las políticas de
prevención y lucha contra la desertificación y mitigación de los efectos de la
sequía, en forma consensuada y representativa.
Que
la presente contempla lo preseptuado por la Ley 25.675 de Política Ambiental Nacional, sancionada el 6 de noviembre de 2002, que establece los presupuestos
mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la
preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del
desarrollo sustentable; como lo dispuesto por el Decreto 2413, sancionado el 27
de noviembre de 2002.
Que
la creación del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), es entre otros
aspectos, la de un organismo permanente para la concertación y elaboración de
una política ambiental coordinada.
Que
en función de ello debe convocarse a integrar la COMISION ASESORA DEL PROGRAMA DE ACCION NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA DESERTIFICACION Y MITIGACION DE LOS EFECTOS DE LA SEQUIA, al Consejo Federal de Medio
Ambiente (COFEMA); además de representantes de los distintos organismos
públicos y privados, nacionales y provinciales, que poseyendo una relevante
injerencia en la problemática de la desertificación y la sequía, sean
especialmente convocados a tal fin.
Que
ha tomado intervención el Servicio Jurídico competente.
Que
el suscripto es competente para dictar la presente medida en uso de las
facultades conferidas por la Ley de Ministerios Nº 22.520 (T.O. Decreto 438/92)
y sus modificatorios, los Decretos Nº 2662 del 29 de diciembre de 1992 y sus
modificatorios, Nº 355 y Nº 357 ambos de fecha 21 de febrero de 2002 y Nº 537
del 25 de marzo de 2002, y los Decretos Nº 1300 y Nº 2413, como lo dispuesto
por las Leyes 24.701 y 25.675.
Por
ello,
EL
SECRETARIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE
RESUELVE:
Artículo
1º — Apruébase el
Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación y Mitigación de los efectos de la Sequía (PAN), y su Documento Base, el que como Anexo I integra la presente.
Art.
2º — Créase en el
ámbito de la SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE del MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL, la COMISION ASESORA DEL PROGRAMA DE ACCION NACIONAL DE LUCHA
CONTRA LA DESERTIFICACION Y MITIGACION DE LOS EFECTOS DE LA SEQUIA, la que funcionará en el ámbito de esta SECRETARIA.
Art.
3º — Establécese que
la Dirección de Conservación del Suelo y Lucha contra la Desertificación, actuará en carácter de secretaría de la COMISION ASESORA creada en el artículo 2º.
Art.
4º — Dicha COMISION
ASESORA estará presidida por el SEÑOR SECRETARIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SUSTENTABLE y se integrará con UN (1) representante, como mínimo, de los
distintos organismos públicos y privados, nacionales y provinciales, que
poseyendo una relevante injerencia en la problemática de la desertificación y
la sequía, sean especialmente convocados a tal fin. Asimismo, convócase al
Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) para la integración de la mencionada
COMISION. Tales representantes ejercerán su cargo con carácter ad honorem.
Art.
5º — Serán funciones
de la COMISION ASESORA creada en el artículo 2º, la de:
a)
asesorar a la Autoridad de Aplicación en lo concerniente a la formulación y
ejecución del Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación y Mitigación de los efectos de la Sequía;
b)
sugerir las medidas y cursos de acción que estime procedentes para incrementar
la eficiencia de las políticas de prevención y lucha contra la desertificación
y mitigación de los efectos de la sequía;
c)
dictar su propio reglamento interno en la primera reunión de la COMISION ASESORA, que será convocada dentro de los ciento ochenta (180) días.
Art.
6º — Regístrese,
comuníquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su publicación,
remítase copia autenticada al Departamento Publicaciones y Biblioteca y
archívese. — Carlos Merenson.
ANEXO
I
PROGRAMA
DE ACCION NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA DESERTIFICACION
DOCUMENTO BASE
Ministerio de Desarrollo Social
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Dirección Nacional de Recursos Naturales y Conservación de la Biodiversidad
Dirección de Conservación del Suelo y Lucha contra la Desertificación
PROLOGO
El
objeto central del presente documento es generar un amplio debate que conduzca
a la elaboración del Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación.
En
esta inteligencia, descontamos que los aportes de los diversos sectores que
trabajan en esta problemática ampliarán y mejorarán el material que aquí se
presenta.
El
contenido de este Documento de Base intenta reflejar y respetar lo producido en
los más de 40 Talleres y Jornadas Regionales y Nacionales, en las cuales
participaron cerca de 2000 personas; representantes de organismos públicos y
privados, nacionales y provinciales.
En
esos encuentros, funcionarios públicos, técnicos, científicos, productores,
docentes, legisladores, comunicadores sociales, miembros de ONG y de
asociaciones intermedias, junto a la población directamente afectada,
expresaron sus particulares puntos de vista sobre las causas generadoras de la
desertificación y la sequía, y sugirieron diversos cursos de acción para
prevenir y revertir esos procesos.
Es
un acto de estricta justicia destacar esta activa participación; mereciendo
hacerse una mención especial a los facilitadores regionales Ing. Raúl Morales,
Lic. Elena Abraham, Ing. Virgilio Roig e Ing. Ola Karlin, a sus equipos de
trabajo y a los distintos subfacilitadores locales. Todos ellos han hecho
posible esta formidable movilización social gestada en torno a la
desertificación.
Del
mismo modo, debe resaltarse la colaboración de las distintas áreas de esta Secretaría,
que, coordinadas por la Dirección de Conservación del Suelo impulsaron este
proceso.
En
el mismo sentido, deseamos agradecer el aporte de organismos internacionales
como FAO, PNUMA, PNUD, UNSO y la Secretaría Ejecutiva de la Convención, entre otras entidades, que posibilitaron llevar
adelante este amplio conjunto de acciones.
Asimismo,
documentación técnica de esos organismos ha sido especialmente tenida en cuenta
para elaborar la estructura del Programa. Igualmente, fue de especial utilidad
el esquema acordado en el Programa de Acción Regional de Lucha contra la Desertificación.
La
metodología del mismo, más allá de las consideraciones generales, los
objetivos, y el diagnóstico, prevé diversas Areas de Programa, que pretenden
convertirse en el marco referencial para implementar las distintas acciones
concretas que pondrán en práctica el Programa de Acción Nacional.
Estamos
convencidos que este fuerte protagonismo ciudadano legitima lo actuado y
permite albergar las mayores esperanzas para enfrentar la dura tarea que nos
aguarda.
INDICE
TITULO
CAPITULO 1
CONSIDERACIONES
GENERALES
-
¿Que es la Desertificación?
-
Las Acciones Nacionales
-
Las Acciones Internacionales
-
La Convención Internacional de Lucha contra la Desertificación
-
El Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación
CONSIDERACIONES
GENERALES
¿Que
es la desertificación?
La Convención Internacional de Lucha contra la Desertificación define a este flagelo como la degradación de las tierras áridas, semiáridas y
subhúmedas secas resultantes de diversos factores, tales como las variaciones
climáticas y las actividades humanas.
Por
otra parte, considera a la sequía como el fenómeno que se produce naturalmente
cuando las lluvias han sido considerablemente inferiores a los niveles normales
registrados, causando un agudo desequilibrio hídrico que perjudica los sistemas
de producción de recursos de tierras.
La
definición adoptada por la Convención se fundamenta en una concepción de la
desertificación como un fenómeno integral que tiene su origen en complejas
interacciones de factores físicos, biológicos, políticos, sociales, culturales
y económicos.
Los
países signatarios de esta Convención, entre los que se cuenta la Argentina, han tomado conciencia que la desertificación y la sequía constituyen problemas de
dimensiones mundiales, que afectan el desarrollo sostenible de los distintos
países, por la relación que guardan con problemas tales como la pobreza, la
salud, la desnutrición, la falta de seguridad alimentaria y los problemas
derivados de la migración, el desplazamiento de personas y la dinámica
geográfica.
Conscientes
que aún no se han alcanzado los resultados esperados en la lucha contra la
desertificación, los países firmantes han diseñado un nuevo enfoque
institucional más efectivo, dentro del marco del desarrollo sostenible.
La República Argentina ha suscripto en 1994 y ratificado en
1996 la Convención Internacional de Lucha contra la Desertificación, confiando en que esta nueva herramienta normativa se convierta en un
instrumento válido para prevenir, combatir y revertir los graves procesos de
desertificación que sufre nuestro país.
En
efecto, las zonas de deterioro y degradación del ecosistema comprenden el 75%
del territorio nacional.
Estos
hábitats frágiles afectados por la ganadería, prácticas agrícolas inapropiadas,
el manejo inadecuado de los recursos naturales, la pérdida de la biodiversidad
de los bosques y del suelo, la caída de la productividad con el consiguiente
empobrecimiento de la condiciones de vida llevaron al deterioro y la
desertificación.
La
población afectada por estos procesos es aproximadamente el 30% del total
nacional, comprendiendo unos 9 millones de habitantes.
Entre
las causas de la desertificación, la degradación a través de los procesos
erosivos (erosión hídrica y eólica) es una de las principales.
En
la actualidad, más de 60.000.000 de hectáreas están sujetas a procesos erosivos
de moderados a graves, y cada año se agregan 650.000 hectáreas con distintos grados de erosión.
Las
formaciones boscosas de la Argentina han sufrido una dramática disminución. En
los últimos 75 años la reducción de la superficie forestal natural alcanza el
66%, debido a la producción de leña y carbón vegetal, al desmonte para la
extensión de la frontera agropecuaria y otras actividades industriales. Esto es
particularmente grave para las regiones áridas, semiáridas y subhúmedas.
La
forma de tenencia de la tierra es un factor que contribuye a agravar los
procesos de deterioro.
Mientras
que en la Patagonia el sobrepastoreo es la norma, tanto para el minifundio como
el latifundio dedicados a la producción ovina, en la región árida del centro
norte el problema del minifundio, la ocupación de tierras fiscales y los
problemas de títulos —tierras comuneras— llevan a una degradación del suelo y
del bosque, disminuyendo y aún anulando la productividad, sumiendo a los
pobladores en la pobreza u obligándolos a emigrar.
Las
acciones nacionales
La
actividad de los centros de investigación y desarrollo del sistema
científico-tecnológico, tanto nacionales como provinciales, ha permitido
alcanzar un alto grado de conocimiento del medio regional y su problemática, y
desarrollar herramientas técnicas adecuadas para combatir la desertificación,
como la actividad desarrollada por el Instituto Argentino de Investigaciones de
las Zonas Aridas (IADIZA), desde su creación en 1970.
La
acción propia de las universidades y centros de investigación, se potencia con
las prioridades establecidas en los Programas Nacionales de Medio Ambiente y
Recursos Naturales de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Nación.
La
sanción histórica de la Ley 22.428 de Fomento a la Conservación de los Suelos en 1982, y su aplicación por la Secretaría de Agricultura y Ganadería de la Nación en el período 1983/1989, permitió
incorporar 2.800.000 de has. bajo manejo conservacionista y otras 2.500.000 de
has. como áreas protegidas, de cuyo total el 95 % corresponden a la región
árida y semiárida.
La
actividad permanente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)
en materia de conservación de recursos naturales para la agricultura, se
tradujo en acciones concretas como el Proyecto de Prevención y Control de la Desertificación en la Patagonia, una propuesta integral de investigación, desarrollo y
extensión para una región con severísimos problemas de desertificación.
A
la actividad gubernamental de combate de la desertificación debe sumarse las
acciones desarrolladas por varias Organizaciones No Gubernamentales, y los
proyectos y programas de la cooperación internacional, destacándose como
ejemplo la acción de GTZ en distintas áreas secas del país. La Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable desde su creación en 1991 ha incorporado las estrategias de lucha contra la desertificación. En el contexto de la política
ambiental nacional se desarrolla en la actualidad el Programa de Acción
Nacional de Lucha contra la Desertificación.
Las
acciones internacionales
La
degradación de los suelos es tan antigua como la propia humanidad, y este
problema ha acompañado al hombre desde sus orígenes. No obstante, hubo de pasar
mucho tiempo para que la comunidad internacional tomara efectiva conciencia
acerca de la imperiosa necesidad de preservar este recurso.
Puede
decirse que en 1972, en Estocolmo, Suecia, se produce la primera manifestación
del derecho ambiental como categoría autónoma e integradora, cuando la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente establece que "El hombre
tiene el derecho fundamental a la libertad y a la igualdad, dentro de
condiciones de vida satisfactorias, en un ambiente cuya calidad le permita
vivir en igualdad y bienestar. Asimismo, tiene el deber fundamental de proteger
y mejorar el ambiente para las generaciones presentes y futuras".
Luego
de la sequía y el hambre que afectó el Sahel, entre 1968 y 1974, que llevaron a
la muerte a más de 200.000 personas, comienzan a implementarse acciones
continuadas dentro de las Naciones Unidas para paliar esta situación.
En
1977, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desertificación, llevada a
cabo en Nairobi, Kenia, se decide incluir tal cuestión en la agenda
internacional, como problema económico, social y ambiental de alcance mundial.
De esta conferencia surge el Plan de Acción de las Naciones Unidas de Lucha
contra la Desertificación. No obstante, a comienzos de los años 90, sólo una
veintena de países habían elaborado planes de acción nacionales. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, que se celebró en
Río de Janeiro, Brasil, en 1992, mostró la preocupación internacional sobre el
futuro del planeta y de la propia humanidad. En la Declaración de Río de Janeiro, en el Principio 1 se expresa que "Los seres humanos
constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo
sostenible. Tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la
naturaleza".
La
problemática de la desertificación fue expresamente contemplada en el Capítulo
12.
En
este contexto, los dirigentes del mundo acordaron solicitar a la Asamblea General de las Naciones Unidas que conformara un Comité Intergubernamental de
Negociación para la elaboración de un instrumento específico de lucha contra la
desertificación.
La Convención Internacional de Lucha contra la Desertificación
La República Argentina, desde 1993, por intermedio de la Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable y el Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto, ha trabajado activamente, en el
seno de ese Comité, en la elaboración de la "Convención Internacional de
Lucha contra la Desertificación en los Países Afectados por Sequía Grave y/o
Desertificación, en particular Africa".
Luego
de intensas sesiones, llevadas a cabo en Nairobi, Ginebra, Nueva York y París, la Convención fue finalmente aprobada. Eso sucedió el 17 de junio de 1994.
En
octubre de ese año, en París, la Convención se abrió a la firma de los países. La Argentina fue uno de ellos.
La
concreción de tal instrumento constituye uno de los hechos de mayor
trascendencia luego de la denominada Cumbre de la Tierra, pues se plasman con singular énfasis los principios y postulados de Río.
El
proceso de ratificación de la Convención en la Argentina concluyó en 1996. El Tratado fue aprobado por ambas Cámaras del Congreso, y el Poder Ejecutivo
Nacional promulgó la Ley Nº 24.701, que incorpora la referida Convención al
ordenamiento jurídico interno.
La
ratificación significa para los países la aceptación de la Convención como un documento legalmente obligatorio. Para la Argentina el compromiso es aún mayor, ya que en el espíritu y en la letra de la nueva
Constitución Nacional, los acuerdos internacionales asumidos pasan a formar
parte de esta ley superior.
En
octubre de 1997, en la ciudad de Roma, tuvo lugar la Primera Conferencia de las Partes de la Convención, ya que para esa fecha se habían obtenido
102 ratificaciones, superando holgadamente las 50 necesarias para ponerla en
vigencia.
La
ratificación de la Convención Internacional de Lucha contra la Desertificación constituye un aporte de vital importancia en la obtención de una herramienta
legislativa integradora para luchar contra este flagelo, la que deberá ser
ensamblada con el ordenamiento jurídico actualmente vigente en esta materia.
Por
lo demás, las normas reglamentarias que se dicten en su consecuencia permitirán
contar con los mecanismos específicos y particularizados para consolidar la
sustancial tarea de prevenir y combatir la desertificación.
El
Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación
La Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo
Sustentable, como punto focal nacional en desertificación, inicia en 1995 la
elaboración del Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación (PAN), coordinando una discusión amplia con todas las instituciones y
organismos públicos nacionales y provinciales, organizaciones no
gubernamentales y asociaciones de productores relacionadas con el problema, con
la finalidad de contribuir al desarrollo sustentable en las zonas áridas,
semiáridas y subhúmedas secas de la República Argentina.
El
Programa de Acción Nacional contó con el apoyo técnico y financiero del
Programa de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
Así
también, ha sido sustantivo el aporte realizado por la Oficina de Lucha contra la Desertificación del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD/UNSO) y el Secretariado de la Convención, financiando un conjunto de tareas de sensibilización que fueron desarrolladas.
Tres
elementos han sido claves para el desarrollo del PAN:
1.
— El establecimiento
de una regionalización del país considerando las diferentes condiciones
naturales y jurisdiccionales, y respetando la homogeneidad a nivel de grandes
ecosistemas. Se dividió el país en tres áreas operativas a los efectos de
abordar problemáticas comunes de varias provincias participantes de una misma
región y descentralizar la operatoria del PAN. Así también sirvió para asegurar
la participación local y diseñar Programas Regionales.
2.
— La designación de
especialistas locales que, por su conocimiento, vinculación con la realidad
regional, y capacidad operativa, pudieron actuar como facilitadores regionales
del PAN. El equipo de facilitadores regionales ha sido un instrumento clave
para el desarrollo del Programa. El conocimiento de la región, la capacidad de
convocatoria y credibilidad entre los actores regionales, su independencia
política, estabilidad y el respaldo institucional han sido los elementos
básicos para su elección.
Las
funciones de los facilitadores fueron:
—
Asegurar la máxima participación institucional y social en las actividades del
PAN en la región.
—
Elaborar junto al Punto Focal Nacional la estrategia, metodología y mecanismos
de trabajo a nivel regional.
—
Ordenar acciones tendientes a definir regiones, identificar y convocar a
colaboradores y a realizar las actividades de promoción del PAN.
El
aval de sus propias instituciones ha sido fundamental, ya que ningún
facilitador regional o subregional ha percibido honorarios extra por pertenecer
al PAN, sino que su actividad está contenida por las funciones propias del
cargo que detenta.
3.
— La definición de
una estrategia participativa flexible y dinámica, que se establece a diferentes
niveles territoriales (nacional, regional y local), sectoriales
(político-institucional, científico y de los diferentes actores sociales
organizados).
En
el nivel nacional se conforma el Comité Ejecutivo Provisorio del PAN con el
objeto de facilitar la convocatoria al Programa y garantizar el desarrollo del
mismo, este Comité reúne a representantes de instituciones nacionales y
regionales de relevancia en los ámbitos político, científico, educativo,
sanitario, de seguridad, y otros; y representantes de la sociedad civil
organizada como ONGs y asociaciones de productores. La participación de los
diferentes actores sociales de cada región se garantizó a través de la realización
de variados eventos desde comisiones de trabajo, jornadas preparatorias,
talleres móviles, actividades de sensibilización, audiencias públicas y
talleres locales y regionales.
En
forma paralela se apoyó el armado de una red de ONGs que trabajan en desertificación
y promoción social en las zonas áridas, para apoyo al Programa y que tienen
representación en el Comité Nacional.
Además
se prevé la creación de un grupo de trabajo especial constituido por referentes
de reconocida experiencia del ámbito científico-tecnológico, como asesoría al
proceso PAN.
En
otro orden, es factible insertar institucionalmente el Programa de Acción
Nacional de Lucha contra la Desertificación dentro de la Convención pertinente, recurriendo a la reglamentación de la ley 24.701.
De
este modo, esta potenciación institucional del referido Programa incrementaría
su rol de canalizador de diferentes proyectos relativos a la lucha contra la
desertificación.
No
obstante las facultades que en la materia le son conferidas al Poder Ejecutivo
Nacional por el ordenamiento normativo vigente, se estima adecuado propiciar un
mecanismo de fuerte participación, previo al dictado del señalado decreto
reglamentario.
La
positiva experiencia recogida en relación al diseño del Programa de Acción
Nacional, que se sustentó en una metodología de apertura y protagonismo,
alienta a reiterar el camino trazado, que no sólo se compadece con los
principios de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y la propia Constitución Nacional, sino que ha sido el postulado sustantivo
de todos quienes participaron del Programa.
Existe
consenso en afirmar que la legitimidad del Programa descansa en esta política
de participación institucional.
Esta
estrategia, se fue proyectando a nivel de las Provincias como mecanismo de
consolidación del tema de desertificación en la política ambiental local y
sirvió como apoyo necesario para la ratificación de la Convención por parte de los representantes provinciales en el Congreso Nacional.
En
efecto, las provincias argentinas han mostrado un fuerte interés en relación al
Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación. En ese orden, un buen número de legislaturas locales han declarado de
interés provincial el referido programa.
Esta
determinación, adoptada por los gobiernos provinciales, es de singular
importancia en nuestra materia, ya que los estados locales son los titulares
originarios de los recursos naturales.
CAPITULO
2
OBJETIVOS
-
Objetivo General
-
Objetivos Específicos
OBJETIVOS
Objetivo
general
El
objetivo central del Programa de Acción Nacional consiste en luchar contra la
desertificación y mitigar los efectos de la sequía, a fin de contribuir al
logro del desarrollo sostenible de las zonas afectadas, todo ello con miras a
mejorar las condiciones de vida de la población.
Objetivos
específicos
1.
— Contar con
mecanismos institucionales de coordinación, participación y acción, a nivel
nacional, provincial, municipal, del sector público y privado en la lucha
contra la desertificación.
2.
— Disponer de un
diagnóstico acabado de la situación, que pueda ser actualizado
sistemáticamente, y que permita evaluar los avances en la lucha contra la
desertificación y la mitigación de los efectos de la sequía.
3.
— Alcanzar un nivel
de sensibilización, educación y capacitación que posibilite una eficaz
participación de todos los estamentos sociales.
4.
— Disponer de
instrumentos legales, económicos e institucionales, que permitan optimizar los
esfuerzos en la lucha contra la desertificación.
5.
— Lograr la
inserción y armonización del Programa de Acción Nacional con los diversos
emprendimientos realizados en América Latina y en el mundo.
Debe
destacarse que estos objetivos se corresponden con las diferentes Areas del
Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación, en donde se detallan y especifican los mismos.
En
esa inteligencia, se procurará que mediante la aplicación de las políticas,
estrategias y cursos de acción descriptos en las referidas Areas del Programa
se alcancen los objetivos enunciados.
CAPITULO
3
METODOLOGIA
-
De Abajo hacia Arriba
METODOLOGIA
De
abajo hacia arriba
Para
la elaboración del Programa de Acción Nacional se implementó una metodología de
trabajo basada en un enfoque decididamente participativo. Un significativo
número de personas vinculadas que intervienen en la gestión, utilización y
aprovechamiento de los recursos naturales han participado en los Talleres y
Jornadas Regionales. Agricultores, ONG, productores agropecuarios, comunidades
indígenas, han trabajado codo a codo con profesionales, técnicos, científicos,
funcionarios, docentes, dirigentes políticos, representantes de entidades
intermedias, etc.
El
objetivo era cambiar sustancialmente el modelo de planificación tradicional
"de arriba hacia abajo", en donde los expertos definen metas y
actividades, para luego arribar a la elaboración del documento deseado.
La
propuesta de participación fue acompañada por una activa tarea de
sensibilización social, orientada a concientizar a los distintos sectores
acerca de la necesidad de unir y coordinar esfuerzos para prevenir y revertir
el flagelo de la desertificación.
La
estrategia operativa adoptada a nivel regional ha procurado incorporar total o
parcialmente los siguientes elementos:
1.
— Identificación de referentes. Se localizaron técnicos de instituciones con trabajo
efectivo en el medio rural, se coordinaron sus actividades y se definieron un
grupo de facilitación a nivel regional.
En
el grupo de facilitación se adoptaron metodologías de trabajo con productores y
pobladores sobre sus problemas y propuestas de solución (sociales, ambientales
y económicas), detectando y priorizando causas y efectos en relación a la
desertificación.
2.
— Reuniones en terreno.
Se efectuaron encuentros formales e informales, con las instituciones,
técnicos, pobladores y productores (sensibilización).
3.
— Síntesis de la información. La misma fue discutida y analizada con pobladores y
productores, por parte de referentes y equipo de facilitación, para el armado
de guías, metodologías y documentos de referencia para trabajos en talleres
regionales.
4.
— Reunión de referentes regionales. Para la discusión y elaboración de planes regionales. Se
compararon los conceptos a nivel internacional con la realidad regional,
utilizando la guía de FAO como base de análisis.
5.
— Sensibilización Promoción
y difusión permanente de material sobre desertificación (documentos de la Convención de las Naciones Unidas, informes nacionales y regionales). Difusión a través de
periódicos, radio, televisión, en especial locales y regionales.
En
relación con productores y pobladores se definió la siguiente metodología:
Se
partió de los problemas experimentados por la población y su vinculación con el
concepto de desertificación.
Se
priorizaron estos problemas en función de su importancia social, económica y
ambiental, y por su magnitud en superficie y población afectada.
Estos
problemas fueron analizados, buscando precisar causas y efectos y acotando su
magnitud.
Se
evaluaron posibles soluciones a dichos problemas analizando y precisando las
estrategias a seguir.
Acciones
con instituciones provinciales:
Se
realizaron en forma paralela reuniones a nivel provincial (unidad política
independiente), con representantes de distintas instituciones públicas y
privadas, (legisladores, funcionarios y técnicos del gobierno, ONG’s).
El
objeto de estas reuniones fue trabajar con el gobierno provincial y las
diversas instituciones que actúan en la provincia. De la misma manera se
repitió el esquema a nivel comunal y/o municipal.
En
la labor desarrollada se ha tenido especialmente en cuenta los principios
sustanciales establecidos en la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, en donde se señala la necesidad de garantizar que las
decisiones relativas a la elaboración y ejecución de los Programas se adopten
con la participación de la población y de las comunidades locales y que, a
niveles superiores se cree un entorno propicio que facilite ese protagonismo.
Asimismo,
la Convención induce a Las Partes a fomentar, en un espíritu de asociación, la
cooperación a todos los niveles del Gobierno, las Comunidades, las
Organizaciones No Gubernamentales y los usuarios de la Tierra.
Como
fuera señalado precedentemente, la metodología diseñada para la elaboración del
Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación, inspirada en los principios de la Convención, procuró garantizar la mayor y más activa participación de todos los sectores involucrados en esta temática.
Este
protagonismo social no solo está presente la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, sino que también está expresamente recogido en el Principio 10 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ambiente y Desarrollo, que señala que "el mejor
modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los
ciudadanos interesados en el nivel que corresponda. En el plano nacional toda
persona deberá tener la oportunidad de participar en los procesos de adopción
de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la
participación del público poniendo la información a disposición de todos".
En
esa inteligencia, en el marco del Programa fue creado un Comité Nacional,
responsable de la gestión y del seguimiento de las acciones desarrolladas. En
este Comité, están representados los organismos nacionales, gobiernos
provinciales, asociaciones de productores, ONGs, universidades e institutos de
ciencia y técnica.
Asimismo,
se ha previsto la conformación específica de un Grupo Asesor en Ciencia y
Tecnología, con un amplio criterio participacionista, y procurando priorizar el
componente técnico en la etapa de definición del Programa.
Los
objetivos se han cumplido más que satisfactoriamente. En efecto, durante el
curso de 1996 se realizaron más de 30 jornadas preparatorias y talleres
regionales, para definir los Programas Regionales que conformarán la base del
Programa Nacional. Cerca de 2000 participantes, representantes de gobiernos
provinciales, municipales, de ONGs, universidades, colegios de técnicos, productores,
cámaras empresariales, docentes, profesionales independientes, etc., han tenido
una activa participación en dichos Talleres y Jornadas.
El
objetivo central de los Talleres ha sido la búsqueda del consenso entre los
diferentes actores regionales a fin de garantizar la sustentabilidad del
Programa.
En
octubre de 1996, al finalizar la ronda de Jornadas y Talleres Regionales, se
llevó a cabo la Segunda Reunión del Comité Nacional, a fin de analizar la
información y las experiencias acumuladas en los distintos Talleres Regionales.
Además,
se discutieron los lineamientos sustanciales que debía contener el Programa de
Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación.
En
tal sentido y profundizando la metodología de apertura y participación, fue
entregada la voluminosa documentación producida en los referidos Talleres y
Jornadas Regionales para su análisis por los miembros del Comité Nacional y con
el objeto de recibir sugerencias y consideraciones sobre el particular.
Mediante
este mecanismo de participación y consulta se nutrió la documentación que ha
servido de basamento para la redacción del Documento Base del Programa de
Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación.
CAPITULO
4
DIAGNOSTICO
DE LA DESERTIFICACION
-
La Desertificación en el País
-
Que nos dijo la Gente
-
Información de los Talleres Regionales
DIAGNOSTICO
DE LA DESERTIFICACION
La
desertificación en el país
La República Argentina ocupa más del 80% de su territorio
con actividades agrícolas, ganaderas y forestales, generando un impacto
importante en la base de sus recursos naturales, que se expresa en la
actualidad con más de 60.000.000 de hectáreas sujetas a procesos erosivos de
moderados a graves. Cada año se agregan 650.000 has, con distintos grados de
erosión.
Esta
situación es particularmente aguda y crítica en las zonas áridas y semiáridas
que componen el 75 % del territorio nacional, donde la pérdida de productividad
se traduce en el consiguiente deterioro de las condiciones de vida y expulsión
de población.
La
población urbana y rural establecida en esta región árida/semiárida es
aproximadamente el 30% del total nacional (9.000.000 de habitantes).
Muchos
de los estados provinciales de la región presentan ingresos per cápita promedio
inferiores a la media nacional, y los porcentajes de hogares con necesidades
básicas insatisfechas duplican la media nacional.
La
gran variedad de condiciones climáticas, procesos geomorfológicos y de recursos
de suelo y forestales, determinan una gran diversidad ecológica en las regiones
y subregiones sujetas a déficit hídrico.
En
la región Pampeana Semiárida (20.000.000 de has.), con suelos arenosos
de pendientes suaves, se generalizó la agricultura con prácticas incorrectas y
el sobrepastoreo en las áreas más secas. Las sequías periódicas desataron
procesos de erosión eólica (más de 8.000.000 de has.) dando origen a médanos y
exponiendo los suelos a la erosión hídrica (4.000.000 de has.).
En
la Patagonia (80.000.000 de has.), estepa con relieve de
mesetas, la causante principal de la desertificación está dada por el
sobrepastoreo ovino. Los sistemas ganaderos extensivos establecidos hace más de
un siglo no contemplaron el uso sustentable del pastizal natural, acentuando
sus condiciones de aridez por disminución o eliminación de la cubierta vegetal.
Coexisten
en el ambiente patagónico los valles irrigados con severos procesos de
salinización y revenimiento. Actualmente más del 30 % de la superficie de la
región se encuentra afectada por procesos erosivos eólicos e hídricos severos o
graves.
El
Chaco Semiárido (32.000.000 de has.) gran planicie ubicada en el centro
norte del país, presenta un ecosistema con vocación forestal sujeto a desmonte
masivo y sobrepastoreo, que junto a la agricultura expoliativa, expone los
suelos a las precipitaciones y temperaturas extremas, generando pérdidas en la
fertilidad y eficiencia hídrica, y procesos erosivos.
Esta
situación se agrava hacia el oeste donde la región del Chaco Arido presenta
las condiciones más extremas de aridez del Gran Chaco Americano.
La
Puna (8.000.000 de has.), altiplanicie
despoblada, ubicada en el Noroeste a más de 3.000 metros de altura, junto a la desierta región Altoandina (8.000.000 de has.) está sujeta
a procesos de erosión hídrica y eólica, fundamentalmente por sobrepastoreo.
Los
Valles Aridos del Noroeste y las Sierras Secas Centrales (15.000.000
de has.), áreas montañosas con sistemas agrícolas bajo riego y ganadería
extensiva en los faldeos montañosos, presentan problemas de erosión en las
cuencas hidrográficas por sobrepastoreo, deforestación e incendios.
En
el área de Cuyo (20.000.000 de has.) coexisten importantes áreas bajo
riego, con problemas de salinización y revenimiento freático (oasis de
cultivo), con extensas llanuras fluvioeólicas "de las travesías",
sujetas a sobrepastoreo y deforestación.
Se
destacan por su importancia los procesos de desertificación que afectan la
cantidad y calidad de los recursos hídricos superficiales y subterráneos.
Las
regiones áridas disponen sólo del 12 % de los recursos hídricos superficiales
del país (2.600 m3/seg), los que junto a la dotación de aguas subterráneas,
permiten el riego en más de 1.250.000 hectáreas en los llamados oasis de riego.
Pero
deficiencias en la infraestructura de riego, la inadecuada sistematización del
terreno, el mal manejo del agua y déficits en la asistencia técnica al
productor, llevaron a que cerca del 40 % de la superficie presenta problemas de
salinización y/o revenimiento freático.
La
dramática disminución de las formaciones boscosas de la Argentina ha acompañado a la desertificación. En los últimos 75 años la reducción de la
superficie forestal natural, por efecto de la explotación con objeto maderero y
energético, sobrepastoreo y el desmonte para la ganadería y la agricultura,
alcanzó el 66 % (mayoritariamente en las zonas secas) de su superficie
original.
Asociado
con la ocupación del territorio y la modificación de los ecosistemas, la
pérdida de biodiversidad se expresa en el peligro de desaparición del 40 % de
las especies vegetales y animales en todas las regiones marginales y en
especial en las más expuestas a la desertificación.
Las
deficiencias en la tenencia de la tierra es un factor que contribuye a agravar
los procesos de deterioro. Tanto el latifundio como el minifundio, la ocupación
de tierras fiscales, y los problemas de títulos llevan a una creciente
degradación del suelo, el agua y la vegetación, disminuyendo y anulando su
productividad, sumiendo a los pobladores en la pobreza u obligándolos a la
migración.
Problemas
graves como el ausentismo, bajo valor de la producción primaria, dificultades
en la comercialización y escasas alternativas productivas, presionan sobre los
procesos de desertificación.
Una
problemática poco considerada, que afecta a todos los núcleos poblacionales del
país, es la desertificación en las áreas periurbanas, originada en la presión
social de grupos marginados y migrantes de las áreas rurales.
Qué
nos dijo la gente
El
objetivo principal de los talleres regionales ha sido reunir a los pobladores y
productores con los técnicos y políticos locales, para que de forma conjunta y
en función de la percepción local, puedan definirse las condiciones en que se
encuentra la región, y las causas y consecuencias del inadecuado uso de los
recursos naturales que lleva a la desertificación.
El
voluminoso material resultante de los talleres, ordenado por los equipos de
facilitadores regionales y editado por el Punto Focal Nacional, fue sujeto de
análisis por técnicos y especialistas, y finalmente resumido a nivel de cada
región.
Este
documento incorpora los resúmenes del material producido en los talleres, con
el objeto de trasmitir a toda la comunidad la percepción que tiene cada región
de sus propios problemas.
La
región de la Puna
Caracterización
ambiental y relación con la desertificación
La
Puna argentina es una
altiplanicie, peritropical que varía entre 3.400 y 4.500 msnm, con cordones
montañosos que corren aproximadamente en sentido Norte Sur, y llegan a superar
los 5.000 msnm. Está ubicada entre la Cordillera Oriental y las Sierras Subandinas al Este y la Cordillera Principal en el Oeste.
El
clima define tres grandes áreas puneñas, Semiárida, Arida y Desértica,
caracterizadas por las bajas precipitaciones concentradas en el verano.
Disminuyen de Norte a Sur y de Este a Oeste, registrándose un promedio de 350 mm en la zona Semiárida hasta 50 mm en la Zona Arida.
Las
lluvias escasas y las bajas temperaturas predominantes determinan una deficiente
productividad y recuperación vegetal, a lo que se suma el carácter torrencial
de la lluvia que provoca erosión por la poca cobertura vegetal, hecho agravado
notablemente en los últimos 30 años.
La
amplitud térmica diaria varía hasta un máximo de 40ºC, producto de la baja humedad relativa y de la alta intensidad de radiación.
En
cuanto a los vientos, predominan los del Nor-Noroeste. Su mayor
ocurrencia se observa en agosto, mientras que las intensidades máximas
corresponden a octubre y noviembre, con impactos muy visibles en la erosión
eólica.
La
heterogeneidad del relieve permite identificar Fondos de Valles, Pedimentos,
Conos Aluviales y Cerros, que definen diferentes tipos de suelos.
En
los planos aluviales se observan suelos medianamente profundos, tanto de
texturas medias a finas, asociados frecuentemente a suelos salinos (ciénagos),
arenosos, y de materiales finos y ricos en calcáreo donde se han desarrollado
suelos con mayor expresión de horizontes
En
las zonas intermedias y altas existe una gran pedregosidad, tanto en superficie
como en profundidad. En experiencias de siembra de "pasto llorón" se
determinó que la forma de hacerla favoreció al cabo de 10 años la erosión
eólica.
Los
recursos hídricos superficiales son escasos, con un uso poco eficiente. Los
recursos hídricos subsuperficiales son aprovechados muy puntualmente.
La
vegetación en general es escasa y de tamaño reducido. En cuanto a los
arbustales, predominan especies tales como "tolas",
"cangias" "chijuas", etc. En los vallecitos y laderas de
exposición Sur existen "queñoales"; en sitios bajos hay
"churquis" y en los medanales "lampayas".
La
rigurosidad térmica obliga a disponer mucho combustible, generando una fuerte
presión sobre las tolas, extracción que trajo dos consecuencias negativas: la
extinción de especies autóctonas y la pérdida de suelo por agua y/o viento.
Son
insuficientes las áreas convenientemente protegidas, para mantener especies
animales y vegetales amenazadas y conservar la biodiversidad.
Las
causas principales de la disminución de la cobertura nativa son: la tala
indiscriminada de las especies leñosas en general, el sobrepastoreo o mal
pastoreo no sólo por alta carga con el ganado introducido, sino también por
animales asilvestrados y camélidos, malas prácticas agroganaderas, deficiente
manejo del agua e ineficiente uso de la energía.
La
Puna es heterogénea,
existe un gradiente pluvial con disminución de Norte a Sur y de Este a Oeste.
Los procesos de desertificación son diferentes, con mayor impacto en los
lugares de mayores posibilidades productivas por actividad humana (Noreste).
En
las zonas más áridas (Sur y Oeste), las posibilidades de desarrollo son
mínimas; aquí las desertificación está localizada en áreas de actividad humana
(minería, ferrocarril, caminos y concentración de ganado).
En
las zonas más húmedas (productivas) es preocupante el avance de la degradación
de los ecosistemas durante los últimos años, con expresiones extremas de
desertificación, como es la desaparición total de especies leñosas y/o de sus
renovales, la proliferación de médanos y la cubierta arenosa móvil en general.
Por
la mayor demanda energética en los últimos años, en especial de los centros
urbanos y/o actividades productivas (minería, panaderías, escuelas), es
preocupante la eliminación de especies como tola, queñoa, churqui, yareta. Se
destaca que la población rural no produce mayores impactos sobre la vegetación
leñosa, siendo la urbana la que mayor impacto produce.
Los
bajos recursos económicos y las grandes distancias, no les permiten a los
puneños acceder a otros combustibles (leña abajeña, gas), pero sí sería
factible el uso de energías alternativas y mejorar la eficiencia de quema de la
biomasa vegetal.
La
falta de registros y ausencia de evaluaciones climáticas serias, trae la imposibilidad
de predicciones a corto y mediano plazo, lo que repercute sobre las actividades
productivas y su vinculación con los procesos de desertificación. Es evidente
su vinculación con la degradación de las tierras.
El
agua es el factor más crítico, tanto para consumo humano, animal y sistemas
productivos en general, por las características ambientales propias de la Puna. De allí la importancia de los aspectos relativos al manejo del agua desde su captación
hasta su utilización.
La
degradación de la cubierta vegetal trae como consecuencia una disminución de la
infiltración, aumento en la evaporación, mayores escurrimientos (más erosión),
sedimentación y salinización.
Es
importante tener en cuenta el concepto de manejo de cuencas (bolsones). Debe
realizarse una evaluación global de la dinámica y usos del agua, tanto
subterránea como superficial.
Existe
una falta de valoración de los recursos nativos y de sus productos, como es el
caso de las especies vegetales comestibles, medicinales, aromáticas, de uso
artesanal, etc., y los distintos usos de especies animales.
Preocupa
la no existencia de una lista roja para especies críticas de la flora puneña.
Asimismo
la pérdida de ciertas especies leñosas, fundamentalmente aquellas usadas como
combustible; no existiendo en este momento peligros de extinción por otros
usos.
Caracterización
socioeconómica
Para
el caso de la Puna, los procesos de desertificación están agravados y/o
estimulados principalmente por factores de pobreza extrema, salud y
supervivencia.
Los
problemas socioeconómicos sumados a la necesidad de alimentos y energía, para
poder sobrevivir en esta zona de condiciones climáticas tan extremas, están
estrechamente ligados a la degradación de estas tierras.
Ciertos
sistemas de tenencia de la tierra, escasa organización, apoyo técnico y
financiero insuficientes, así como problemas de comercialización, contribuyen a
que la vida rural en la Puna sea más difícil; y a su vez también son
responsables del aumento de la desertificación.
Los
cambios demográficos, en especial la concentración urbana y la despoblación de
las áreas rurales (un 70 % de los productores son mujeres), son también
factores que contribuyen a la desertificación.
Una
caracterización en un tema tan complejo, y su vinculación con la desertificación,
obliga a determinar una premisa general: debe haber una fuerte participación
del Estado en la asignación de recursos y en la fijación de políticas
sectoriales, en razón de los graves desequilibrios sociales y el escaso o nulo
interés del sector privado en atender necesidades de la Puna.
Hay
una correlación entre la densidad y concentración, con las rigurosidades
ambientales. Se distinguen dos zonas: la Puna Seca en el Norte y Este de Jujuy, donde están las mayores concentraciones urbanas (La Quiaca y Abra Pampa) y la Puna Desértica en el Sur y Oeste de Jujuy, Salta y Catamarca, con
menor concentración poblacional por la mayor escasez de recursos.
En
cuanto a la organización institucional (hospitales, servicios, escuelas) y
social (cooperativas, asociaciones, etc.), también hay marcadas diferencias
entre las dos zonas.
La
escolaridad es baja, sobre todo en la zona rural. Como consecuencia de la
pobreza, los chicos desde los 7 y 8 años comienzan a trabajar en el campo, o a
cuidar hermanos menores.
Los
maestros en general, no tienen compromisos con el medio social y físico. No hay
perfeccionamiento generalizado para los docentes; cuando lo hay, no incluye
temas de interés local. El tema desertificación no está instalado como cuestión
prioritaria en ninguno de los niveles de enseñanza regional.
La
pobreza se expresa en una altísima tasa de desnutrición y un deficiente
servicio público de atención de la salud, que no tiene posibilidades ni
opciones en la medicina privada.
Existen
deficiencias en la atención a los problemas graves por parte de los organismos
competentes, y aparecen roles nuevos desde las estructuras no gubernamentales,
desde las organizaciones de base o por ejemplo desde la Gendarmería Nacional, que colabora con servicios médicos y odontológicos.
Los
problemas de salud de la mujer son muy graves, y carecen de atención preventiva
y curativa. Al ser el papel de la mujer muy importante en la actividad
productiva y familiar, esta situación incide negativamente, provocando
desestructuración familiar, abandono de otras actividades y priorización de la
sobrevivencia por sobre cualquier otro aspecto.
Hay
un marcado déficit habitacional tanto urbano como rural. Los programas
nacionales no se adecuan en general ni al estilo ni a las costumbres de la Puna; sólo se ejecutan en ámbitos urbanos, con lo que se intensifica allí la concentración de
población y se promueve la desertificación periurbana.
La
vivienda rural toma del medio elementos tales como la paja nueva para techado y
la paja vieja para cortar adobes, que sólo en algunos casos provoca disturbios
ambientales.
Los
servicios básicos son escasos, prácticamente nulos en el medio rural, y excepto
en las ciudades, no se dispone de agua potable, luz y calefacción. En Abra
Pampa, con 10.000 habitantes, sólo el 10 % utiliza gas envasado y el resto
utiliza leña para calefacción y cocina.
Las
migraciones son importantes, sobre todo para la búsqueda de trabajo fuera de la
región. Más de un 50 % de los hombres adultos se emplean en la zafra azucarera,
cosecha de tabaco y horticultura. La minería es a la fecha una actividad casi
nula, habiendo sido muy importante.
En
los últimos 10 años se produjo un aumento en las concentraciones urbanas de los
pueblos de cabecera, por migración de ex mineros y sus grupos familiares.
En
general, la familia puneña es extensa, numerosa, con familiares agregados y
multigeneracionales.
Más
de un 60 % de los hogares (tanto urbanos como rurales) tienen a la mujer como
cabeza de familia y como responsable del grueso de las actividades. Ella junta
leña, atiende la hacienda y las tareas rurales, cuida los hijos (en el caso de
niñas a sus hermanos) y acarrea el agua. Las múltiples actividades, por
migración y/o abandono de los hombres, obligan a priorizar la sobrevivencia;
hay escasa o nula conciencia en cuanto a cómo evitar la desertificación.
El
ingreso está muy diversificado: venta de ganado, trabajos locales y ocasionales
(changas), mano de obra para construcción y venta de recursos naturales
(pieles, leña, postes, paja para techar, paja para adobes).
La
situación del empleo es gravísima con un 28 % de desocupación, un 26 % de
trabajo no remunerado (campesinas minifundistas) y sólo hay trabajo para el 37
% de la población activa, y de ellos el 22 % es empleo público no productivo en
la mayoría de los casos. Los jubilados y pensionados constituyen el 9% de la
población.
Actividades
productivas
Se
acepta que la economía puneña reconoce un sostenimiento básicamente primario
—ligada a un paisaje agreste—. El PB regional está condicionado fuertemente a
los recursos naturales agropastoriles y, con suerte diferente según las épocas,
mineros, quedando el comercio y los servicios en un segundo plano no muy
distante como generadores de riqueza. A su vez, la estructura agraria, si bien
viene dada por las particularidades históricas y ambientales para áreas
diferentes, se manifiesta como básicamente campesina —esto es, de subsistencia—
mal articulada a los mercados, y muy condicionada por el sistema de tenencia de
la tierra.
Si
bien las culturas nativas andinas tienen, desde tiempos precolombinos, un
enorme respeto y devoción por la madre tierra (Pachamama) como generadora de
vida —y relacionado a ello se mantienen ceremonias de la fertilidad y
multiplicación de los ganados— la abrumadora realidad ha producido una
desvalorización en la práctica de esta cosmovisión exaltadora de la naturaleza.
En
el altiplano, el status social se mide por el número de cabezas de ganado, lo
que no siempre se corresponde con la capacidad forrajera de los campos que los
soportan; de allí proviene un efecto negativo de sobrepastoreo y destrucción de
los vegetales, a la par de una pérdida en la calidad de los forrajes.
La
ganadería aparece como la fuente de riqueza tradicional. Sus características
principales son: extensiva, no diferenciada en zonas para cría y engorde, casi
siempre transhumante, de baja productividad; primordialmente dedicada a los
ovinos criollos de doble propósito, no mejorados y —en segundo término— los
camélidos y los vacunos en pequeñas áreas; los que, como se ha dicho, son
explotados mayormente como medios de subsistencia.
En
las cuencas de Pozuelos y Miraflores se diferencia una ganadería algo más
evolucionada, debido a condiciones ambientales menos desfavorables, a la
cercanía de la principal fuente de generación de tecnología agraria de la
región, (el Campo Experimental de Altura del INTA) y a la histórica elección de
esa zona como destinataria de las acciones gubernamentales.
Aunque
predomina el ganado ovino, la composición porcentual con respecto a otras especies
está ligada al rigor ambiental y la lejanía relativa. Así, las pasturas que
pueden aparecer en serranías y ciénagos permiten la cría de vacunos, e
inversamente, los camélidos cobran importancia al pie de las montañas, donde
las condiciones son más desfavorables. También hay caprinos, aunque localizados
en áreas más benignas.
La
suma de condiciones en que se desenvuelve la ganadería de la Puna, unidas a la natural fragilidad del ecosistema y a una historia de políticas erráticas
(desde el Estado), son en conjunto favorecedoras de los procesos progresivos de
desertificación.
La
agricultura puneña es rudimentaria, condicionada por los rigores del clima, de
autoconsumo o trueque casi exclusivamente, con bajo impacto ambiental (salvo
los casos puntuales de problemas de erosión o desborde de ríos), localizada y
no competitiva con la ganadería.
Esta
limitación estructural es tanto espacial (restringida a microespacios
protegidos, con suelo fértil y agua, como los valles), como temporal
(mayormente cultivos anuales estivales y frutales de pepita pero buena parte
del año en barbecho). No obstante, su función es primordial como complemento de
la carne en la dieta humana para el fortalecimiento del autoconsumo y la
variedad nutritiva.
Los
cultivos tradicionales como oca, quinoa, kiwicha, papa criolla y otros, —están
en franco retroceso o ya desaparecidos— por motivos esencialmente de
competencia con cultivos introducidos y también por efecto de la migración y
cambio en los hábitos de consumo y producción.
Los
créditos bancarios existentes son muy caros y de poco alcance para los pequeños
productores ya que una gran parte de ellos no cuentan con la propiedad de la
tierra para poder garantizar los mismos. Existen los créditos del Programa
Social Agropecuario que si bien no son de gran cuantía, ayudan a los pobladores
a emprender pequeños proyectos productivos, además de propiciar el agrupamiento
de los mismos.
La
actividad económica minera, otrora floreciente y altamente intensiva en mano de
obra, se encuentra en rápido retroceso desde hace algunos años. Fuertemente
ligada a capitales extranjeros y a los vaivenes del precio internacional de los
minerales, no generó un reflujo diversificado de inversiones, y aunque se
reconoce su importancia como fuente de empleo productivo, en alguna medida
modificó el paisaje social de la Puna y cambió los hábitos culturales
agropastoriles, además del impacto ambiental siempre bien conocido pero nunca
bien cuantificado.
Marco
institucional
Existe
gran cantidad de instituciones, tanto gubernamentales como no gubernamentales,
que trabajan en la gran región Puna.
Entre
las más importantes se pueden mencionar la cooperativa lanera y artesanal
PUNHA; la Obra Claretiana para el Desarrollo, OCLADE, de capacitación y
organización de los pequeños productores; el INTA con campo experimental en
Miraflores y agencias de extensión; la Gendarmería Nacional a través de la Patrulla Ecológica; la Dirección General de Recursos Naturales Renovables de la Provincia de Jujuy, que posee tres Agencias de Extensión;
las universidades de Jujuy, de Buenos Aires y de Salta, que han venido
desarrollando desde hace dos décadas diversos proyectos de investigación en la Puna, y por último el esfuerzo desarrollado por las escuelas de la región.
Como
conclusión puede decirse que existe gran cantidad de reformas de instituciones
(oficiales y no gubernamentales) trabajando en la zona; pero todas presentan la
misma problemática: la de no contar con financiamiento para el logro de sus
objetivos. Otro factor preponderante es la falta de coordinación y cooperación
entre las instituciones, que haría más fácil la concreción de esos objetivos.
Estrategias
Las
estrategias globales expresadas en el taller de La Quiaca han sido:
Priorizar
el estudio en las regiones con mayor presencia humana y potencialidad
productiva, al presentar mayor riesgo de desertificación, trabajando a nivel de
cuencas y específicamente en áreas piloto para su análisis.
Delimitar
cartográficamente las diferentes situaciones de la región puneña, para disponer
de información que permita implementar acciones de prevención y control
permanente de la desertificación.
Implementar
mecanismos de participación local para detección y solución de problemas
ambientales, incrementando sitios de medición climática, capacitando a los
productores, a las Patrullas Ambientales de Gendarmería Nacional y a docentes
en el reconocimiento de los daños del suelo, mejorando los sistemas de
comunicación, implementando áreas demostrativas en prevención y rehabilitación
de áreas desertificadas y de manejo de cuencas, promoviendo la formación de
Consorcios de Control de Desertificación.
Realizar
las acciones necesarias a los efectos que contribuyan al mejoramiento del nivel
de vida de los pobladores de la Puna, mediante la ejecución de proyectos que
apoyen las actividades productivas, sociales y económicas, como así también
reorientar las políticas del Estado a la realidad regional.
Considerar
a la Puna como macroregión, —que abarcaría además de la Argentina a Bolivia y Chile— donde existen grandes similitudes físicas en lo referente a los
problemas de la desertificación; y también algunas atinentes a aspectos
sociales y culturales. Por lo tanto, las acciones a emprender deberían
contemplar la participación de los países involucrados. Hasta el momento, no
existen acciones articuladas conjuntas en lo referente a planes de desarrollo
económico y social, ni acciones tendientes a combatir la desertificación.
Sensibilizar
a la población local a través de talleres, encuentros, charlas, organizados por
instituciones del medio, para lograr un compromiso real del poblador en la
lucha contra la desertificación, propiciando la participación de los jóvenes,
promoviendo la formación de los productores, comprometiendo a instituciones
oficiales abocadas a la investigación, para que brinden asesoramiento y apoyo a
las organizaciones intermedias en la realización de estudios sobre problemas
existentes en la zona.
Optimizar
el marco jurídico institucional a través de la adecuación de la legislación
existente y creación de nuevos institutos jurídicos, que permitan concretar las
disposiciones para combatir la desertificación en la Puna; institucionalización de las organizaciones intermedias a los efectos de llevar a cabo
proyectos destinados a combatir la desertificación, y de la promoción de la
interrelación de instituciones, a través de convenios, acuerdos, etc., con el
propósito de compartir el asesoramiento técnico.
Proposiciones
de acciones y proyectos
Creación
de un sistema de información ambiental regional que permita respaldar el
total de las acciones necesarias para el programa de lucha contra la
desertificación, incluyendo el fortalecimiento de las instituciones integrantes
del proyecto, la aplicación de teledetección y Sistemas de Información
Geográfica a problemas de desertificación, la mejora en los sistemas de
información meteorológica, el seguimiento de los procesos de desertificación
mediante monitoreo para la predicción y prevención de cambios en el ambiente
natural. Complementación y multiplicación de tomas de datos específicos a cargo
de productores y pobladores de la región.
Implementación
de un Sistema de Areas Prioritarias para que en cada zona afectada por
procesos de degradación actual o potencial se establezcan fincas demostrativas
de medidas contra la degradación, prevención y recuperación de los ecosistemas,
con acciones de:
-
Recuperación y manejo de pasturas nativas, introducción y mejoramiento de
pastos.
-
Manejo ganadero, clausuras, aguadas, carga animal.
-
Uso de coberturas vegetales de protección para recuperación de áreas críticas
de arenas móviles y médanos.
-
Manejo del agua superficial y subterránea para riego. Cosecha de agua y control
de torrentes.
Creación
de Areas Protegidas para la recuperación de especies nativas (flora y
fauna) y recuperación de las comunidades leñosas (churcales, queñoales,
cardonales). Solicitar a la Administración de Parques Nacionales, se incluyan acciones de control y prevención de desertificación dentro del Proyecto de
Laguna de Pozuelos. Elaboración de un listado sobre especies de la flora
expuestas a desaparición.
Fortalecimiento
y adecuación de la normativa vigente respecto a la explotación de los recursos naturales.
Vigilancia y control racional del recurso, subsidios para la utilización de
insumos especiales (fertilizantes, alambrado y otros) que garanticen la
prevención y control de la degradación.
Búsqueda
y adaptación de fuentes alternativas de energía que eviten o disminuyan
el uso tradicional de combustible leñoso. Evaluación de todo el sistema energético.
Valorización
de sistemas productivos de especies y productos nativos, a través de la
exploración de plantas comestibles, aromáticas, medicinales y también de
artesanías, el desarrollo de cabañas de camélidos y domesticación de la vicuña.
Destacar
la importancia de la diversificación productiva en el tiempo y espacio,
por medio de la búsqueda de tecnología conocida y de aplicación en otros
ambientes similares a la Puna, la disponibilidad de servicios de labranza
conservacionista, producción de especies forestales, la regularización de la
tenencia de la tierra para asegurar que las actividades productivas que no
ocasionen degradación, el desarrollo de tambos caprinos y ovinos, y su
mejoramiento genético.
Sistema
de alerta de sequías: en base datos a satelitales e información de
pobladores se implementará un sistema de monitoreo de sequías para desarrollar
tecnologías de prevención de sus efectos.
El
éxito de las estrategias enunciadas para cada proyecto depende de la
transferencia al usuario, de la adopción de las mismas, de la capacitación,
educación y concientización de la comunidad toda y en todos los niveles.
Se
fomentará la participación social, a través de las siguientes acciones
iniciales:
-
Concientización de la población en general.
-
Capacitación de pobladores y productores, de docentes y agentes sanitarios, del
personal de la Patrulla Ecológica de Gendarmería Nacional, de los técnicos y
profesionales de la región, en los distintos aspectos que hacen al proceso de
prevención y control de la desertificación, según sus capacidades de acción.
-
Organización de productores en Consorcios de Control de Desertificación por
cuencas.
La
región del Chaco
Diagnóstico
regional
Desde
el punto de vista fitogeográfico el Chaco es una unidad caracterizada por la
presencia de un estrato leñoso, arbóreo o arbustivo, particularmente abundante
en leguminosas, y un estrato herbáceo dominado por gramíneas perennes de tipo
C4.
Entre
las primeras valen destacarse por su constancia los géneros Prosopis, Acacia,
Aspidosperma y Schinopsis.
Climáticamente
se caracteriza por presentar déficit hídrico en toda la región, el clima es
megatérmico con heladas (subtropical), y precipitaciones concentradas en el
semestre cálido. El gradiente de aridez se incrementa de Este a Oeste, viéndose
este patrón alterado por la presencia de cordones montañosos de orientación
norte-sur, ubicados al noroeste de la región.
La
precipitación presenta un fuerte gradiente, del orden de los 1200 mm. anuales en el oriente hasta los 300 mm. hacia el sudoeste aunque en el noroeste, por efecto
orográfico, las precipitaciones ascienden hasta 1200 mm. Esto permite distinguir grandes subregiones en el Chaco, el subhúmedo seco ubicado en la
franja Este y Noroeste, el Semiárido en la zona central y el Árido que ocupa la
porción Sudoeste del Gran Chaco.
La
variabilidad de las precipitaciones es un hecho destacable en toda la región
chaqueña, tanto la estacional como la anual; la precipitación máxima anual
puede ser hasta cuatro veces la mínima anual.
La
unidad geomorfológica dominante es la llanura. Los cordones montañosos,
pampeanos y subandinos interrumpen este paisaje, generando relieves montañosos
hacia el Noroeste y amplios bolsones hacia el Sudoeste.
En
la llanura central y oriental del Chaco, abarcativa del semiárido y subhúmedo,
dominan los suelos de material fino (limosos y arcillosos), jóvenes o
desarrollados.
Hacia
el Oeste árido los suelos son esqueléticos y están constituidos por materiales
más gruesos (arenas y gravas).
Químicamente
los suelos del gran Chaco no poseen carencias importantes de fósforo,
manganeso, potasio, etc. El contenido de materia orgánica y nitrógeno son
variables, y muy deficientes, en cuando a la cobertura vegetal es pobre, sea
por razones de aridez o mal manejo.
En
la llanura se encuentran cuatro grandes Ríos Pilcomayo, Bermejo, Dulce y
Salado, que como ríos propios de llanura, tienen la característica de desbordar
periódicamente generando extensas áreas de bañados.
El
agua subterránea presenta reservas pobres en volumen y en general de mala
calidad. Las napas de buena calidad se encuentran a una mayor profundidad lo
que encarece su aprovechamiento.
En
la zona árida del Oeste no existen ríos propiamente dichos, sino que se trata
de cauces de avenamiento temporarios; los oasis de riego son creados a expensas
de la captación de agua superficial donde el caudal es permanente, o del agua
subterránea, cuya profundidad y calidad es variable.
En
todo el Chaco se practica la captación de agua de escorrentía por medio de
reservorios llamados "represas" (embalses de ¼ a 1 ha. de superficie y 2 metros de profundidad) estratégicamente ubicadas, siendo esta la principal
fuente de agua para consumo animal y frecuentemente humano.
Los
bosques en la zona semiárida y subhúmeda son bien desarrollados con canopia
completa o cuasi completa, con una diversidad de especies considerable y
especialmente de maderas duras.
Históricamente,
el bosque chaqueño es utilizado para combustible (carbón o leña) y para la
obtención de madera para durmientes, construcciones rurales, muebles, etc.
En
el oeste árido el estrato arbóreo es de tipo discontinuo mientras que el
arbustivo es continuo, prevaleciendo el uso como combustible.
El
Chaco se ha caracterizado por presentar una composición faunística diversa en
particular de especies aptas para la caza tanto para alimentación como para la
obtención de cueros, plumas, etc., que sostuvieron a las culturas aborígenes y
actualmente constituyen un rubro importante de la economía regional. Esta misma
circunstancia constituye una amenaza para la fauna que ha colocado a numerosas
especies en situación de riesgo.
Aspectos
socioeconómicos
La
población del Chaco es pluriétnica y pluricultural, lo que implica concepciones
diferentes en cuanto al uso y manejo de los recursos naturales.
La
densidad poblacional es baja, no llegando a 4 habitantes por km²,
aproximadamente un cuarto de la densidad poblacional promedio del país. De la
misma el 70% viven en ciudades o pueblos y el resto corresponde a la población
rural, representando una densidad poblacional de 1 habitante por km².
Las
grandes concentraciones humanas se encuentran sobre las márgenes de los grandes
ríos y en los pedemontes con disponibilidad de agua. Otro factor de
concentración de población fue históricamente la red ferroviaria.
El
área rural se comporta como expulsora de población produciendo migraciones
hacia los centros poblados; observándose que si bien la densidad poblacional
total del Chaco se ha incrementado, las áreas rurales muestran una población
similar a la de 50 años atrás.
Existe
en el Chaco una migración transitoria; gran parte de la población con capacidad
de trabajo se transforma en mano de obra para las cosechas de distintos
productos, dentro o fuera de la región Chaqueña. Por esta causa, la población
rural estable del Chaco está conformada en su mayoría por ancianos y niños.
La
mayor superficie de la tierra es de carácter privado, existiendo también, en
menor cuantía, tierras fiscales y tierras comunitarias.
En
cuanto al tamaño de los predios existen grandes latifundios y gran cantidad de
minifundios. Hacia el Este donde los campos presentan el mayor potencial
productivo hay mayor cantidad de campos en manos de medianos productores.
La
mayoría de los minifundistas no poseen títulos o los mismos son defectuosos.
Existe
un alto porcentaje de analfabetismo y deserción escolar, encontrándose dentro
de los mayores índices del país.
Existen
enfermedades endémicas como el mal de Chagas que afectan a un alto porcentaje
de la población rural. Las relacionadas con la desnutrición y pobreza
(tuberculosis, cólera, meningitis, lepra, etc.) se hallan en aumento. La
desnutrición se encuentra muy extendida en la población infantil y se relaciona
tanto con la pobreza como con los malos hábitos alimenticios.
La
cobertura de salud pública es precaria. Los planes de salud son pobres en
cuanto a objetivos de prevención evidenciando mala distribución en el
presupuesto oficial.
Existe
una medicina alternativa con fuerza en las comunidades aborígenes y entre la
población de escasos recursos. Se observa una revalorización de la misma en la
población rural.
La
vivienda típica del área rural Chaqueña, el rancho, está bien adaptada para las
condiciones climáticas imperantes pero es deficiente desde el punto de vista
sanitario y epidemiológico.
Históricamente
el empleo estuvo asociado a la explotación forestal y ganadera, caracterizado
por una mano de obra no calificada, temporaria y de actividades extractivas,
sin cumplimiento de las leyes laborales, con remuneraciones a nivel de
supervivencia. Los procesos extractivos produjeron la degradación del ambiente,
éxodo poblacional y concentración en pueblos y ciudades.
Actividades
productivas. Relación con la desertificación
La
actividad más difundida en todo el Chaco es la ganadería, seguida por la
extracción forestal especialmente destinada a leña y carbón. En la actualidad
probablemente la actividad económicamente más importante es la agricultura en
las zonas más húmedas.
La
actividad ganadera en el Chaco se inicia en base a los pastizales naturales
realizándose en forma extensiva y migrante. Posteriormente y en especial en las
zonas con mejor aptitud climática se introducen pasturas exóticas que aumentan
la productividad.
Con
el aumento de la carga animal por la radicación de establecimientos ganaderos
sin un manejo adecuado, se reduce la oferta forrajera y la regeneración natural
del monte.
La
explotación extractiva realizada sobre los bosques vírgenes en esta región,
produjo el inicio del proceso de degradación ambiental. En el Chaco oriental, la
actividad inicial se basó en la extracción de madera para durmientes, postes,
combustible y taninos, coincidiendo con la extensión de las redes ferroviarias.
Al
retraerse la actividad luego de extraer los elementos del bosque de mayor
calidad, se marca una fuga de empresas, capitales y algunos grupos sociales que
participaban en ella, generándose los primeros ciclos de migración
rural-urbano.
La
población que permaneció en la región, sin capacidad empresarial, realiza una
segunda extracción del bosque ya explotado y sobrepastoreado, profundizándose
la degradación y consecuentemente el proceso de desertificación.
Este
proceso, con frecuencia avanza hasta la expulsión total de la población con
capacidad de trabajo.
Paralelamente
a la pérdida del recurso forestal se manifiesta la praderización y en especial
la agricultura, para instalar cultivos extractivos de alto rendimiento (soja,
algodón, etc.) generalizándose el monocultivo.
La
tendencia actual está dirigida a la sustitución de los remanentes del bosque por
agricultura con altas inversiones en capitales y tecnologías, con el riesgo de
iniciar un nuevo ciclo de desertificación.
Se
consideran causas del proceso de desertificación: la degradación del monte por
sobreutilización del recurso, el desmonte para la incorporación de tierras para
la agricultura y la ganadería, los incendios forestales y el mal manejo
agrícola y ganadero.
Las
manifestaciones primarias de estos procesos son la erosión eólica e hídrica,
pérdida de la capacidad de retención de agua, estructura y fertilidad de los
suelos, que repercuten en los rendimientos de los cultivos y en la disminución
de productividad del sistema en su conjunto, con el consecuente abandono de las
áreas antes productivas.
Las
condiciones desfavorables para la regeneración espontánea de las especies
forestales valiosas, trae aparejado la proliferación de especies leñosas y
herbáceas de escaso valor.
La
recuperación de la capacidad productiva, demanda un manejo adecuado, y un
tiempo considerable, dependiendo del estado de degradación en que se encuentren
los recursos. Bajo condiciones de degradación extrema el proceso puede ser
irreversible
Las
prácticas realizadas en la región Chaqueña por distintas instituciones,
tendientes a una mejor utilización y manejo de los recursos, están relacionadas
con el desarrollo de sistemas agroforestales, silvopastoriles y de uso
múltiple.
Los
programas de promoción, subsidios y créditos no han tenido, en general, los
resultado esperados. Esta falta de éxito se debe entre otras a una deficitaria
implementación (actividades extractivas, diseño inadecuado), falta de apoyo
técnico y seguimiento, y de capacitación de los beneficiarios (pequeños
productores, ausencia de organización).
Estrategias
El
objetivo general planteado en el Taller Regional en Quimilí, Santiago del
Estero, se resume en la necesidad de implementar acciones tendientes a revertir
el proceso de desertificación en sus diferentes etapas a fin de mejorar las
condiciones sociales, económicas y culturales de la población involucrada, en
el marco del desarrollo sostenible.
Las
mejoras esperadas deben verificarse sobre el ambiente y en el campo social y
económico. En lo ambiental la expresión debe alcanzar a los recursos naturales,
la biodiversidad y la productividad de los ecosistemas.
Dentro
del campo social los resultados se constatarán en la satisfacción de las
necesidades básicas de la población, en las organizaciones y en la
participación directa de los actores sociales en el modelo de desarrollo a
implementar.
Se
presenta un resumen de las propuestas de acciones y proyectos que la comunidad
regional reunida en el taller considera esenciales en el marco del Programa:
-
Profundizar los estudios básicos de los recursos naturales y ecosistemas para
conocer sus características, localización y dinámica, implementado a través de
un sistema de información geográfico.
-
Informar y capacitar a los productores, aborígenes y agentes municipales sobre
el uso sustentable del ecosistema, integrándolos a las medidas de prevención y
control de la desertificación junto a los organismos técnicos y de control.
-
Contemplar la ampliación de los mecanismos de control y vigilancia de los
recursos naturales, proveyendo los medios económicos y humanos adecuados, y
promoviendo la creación de sistemas de áreas protegidas relacionadas a los
proyectos de desarrollo sustentable.
-
Desarrollar instrumentos económicos que bonifiquen proyectos sustentables y
castiguen a los que degraden como créditos en base a reservas de humedad en el
suelo, reducciones impositivas para sistemas agroforestales, fondos de
compensación para financiar a los productores que trabajan de forma
sustentable.
-
Establecer planes para el uso sustentable de los recursos forestales para el
mejoramiento de la producción, que contemplen el manejo agro-silvo-pastoril del
monte nativo, la revalorización de productos forestales, la reforestación con
especies nativas y la implementación de clausuras para regeneración del monte.
-
Mejorar y diversificar la producción agrícola a través de actividades que
respeten la capacidad de uso del suelo, las rotaciones y la adopción de
cultivos consociados, la utilización de labranza conservacionista y la
sistematización de suelos en zonas con pendiente.
-
Contribuir al fortalecimiento de las comunidades campesinas, aborígenes y a la
revalorización de sus culturas, alentando los procesos organizativos y
fomentando la participación de los productores en la lucha contra la
desertificación.
-
Generar y reforzar los programas de extensión dirigidos al medio rural, complementándolos
con la capacitación de técnicos y productores sobre usos sustentables de los
recursos.
Se
propone la formación de una Comisión a nivel regional, integrada por
instituciones gubernamentales y no gubernamentales que desarrollen sus
actividades en el Chaco con las siguientes atribuciones:
1.
— Brindar el marco
orgánico para la presentación, aprobación, monitoreo y evaluación de proyectos.
2.
— Coordinar la
planificación, ejecución y evaluación de los proyectos con las instituciones de
la región.
3.
— Articular sus
actividades con otras estructuras regionales, nacionales e internacionales, que
ejerzan funciones semejantes en la lucha contra la desertificación.
La
región de los Valles Aridos
Caracterización
de la región
La
región de los Valles Aridos del Noroeste argentino, considerando sus cuencas,
tiene un superficie aproximada de 14.000.000 de hectáreas en las provincias de
Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan y Tucumán.
Se
caracteriza por sus valles y bolsones incluidos entre altas cadenas montañosas.
Los sistemas agrícolas son exclusivamente bajo riego y la ganadería se practica
generalmente en forma extensiva incluso en los faldeos montañosos.
El
relieve da su carácter a la región, conformada por valles y montañas entre la
alta cordillera andina y Puna (límite Oeste) y el eje orográfico de las sierras
pampeanas de Cumbres Chalchaquíes, Aconquija, Velazco y Ambato (límite Oeste).
Las
cuencas hidrográficas con sus fuertes pendientes, son alimentadas por aguas de
lluvias torrenciales, deshielos y vertientes caracterizadas por los fenómenos
aluvionales. Entre las principales cabe citar la de los Valles Chalchaquíes,
del Salar de Pipanaco, del Río Abaucán, del Vinchina-Bermejo, Chilecito y del
Río Jáchal.
Su
clima se caracteriza por su extrema aridez, con grandes amplitudes térmicas,
lluvias concentradas en época estival. Fuerte insolación anual, frecuentes
vientos desecantes y baja humedad atmosférica que ocasiona elevada
evapotranspiración.
Los
suelos son sueltos, mayormente arenosos, permeables, azonales, desprovistos de
materia orgánica, fácilmente erosionables, de reacción alcalina y a veces
salinos, con altos contenidos salinos en bajos. En los suelos de origen aluvial
los materiales gruesos se asientan en las cercanías de los relieves más altos,
depositándose los finos en los bajos con afloramientos salinos. La erosión
eólica produce frecuentes acumulaciones de arena en forma de médanos.
La
altitud varia desde aproximadamente los 3.000 m. a 1.000 m. en la que se encuentra el piso de los valles. Ello hace que unido a las diferentes exposición de las
laderas se conformen diversos microclimas.
La
flora es la típica de la formación del monte occidental xerofítico, arbustivo,
leñoso y de escaso follaje (jarilla, brea, chañar y alpataco), acompañada de
abundantes especies medicinales y aromáticas. En los bajos y hondonadas de los
valles prosperan las formaciones boscosas, asociadas a una mayor disponibilidad
de agua.
La
fauna es variada y rica en roedores, reptiles y entre las de mayor porte son
dignos de destacar los camélidos (guanacos, vicuñas u llamas). Por su
influencia sobre los problemas de desertificación es de destacar los ejemplares
exóticos asilvestrados como los burros. Zorros, pumas, y cóndores pueden causar
mortandad en el ganado doméstico.
Los
recursos hídricos son escasos y provienen tanto de superficie como de
profundidad. Los superficiales se caracterizan por la gran variabilidad
estacional en sus caudales. Es sobresaliente la inexistencia o baja
infraestructura en obras de captación, distribución y tratamiento del agua,
junto a la baja aplicación de tecnologías apropiadas que permitan una mayor
eficiencia en el uso del recurso.
La
ausencia de planificación hídrica ha llevado a que en zonas urbanas el consumo
del agua potable sea excesivo, que se observen asentamientos urbanos en total
discrepancia con la disponibilidad hídrica, el tratamiento de efluentes y
residuos domiciliarios e industriales es precario y/o inexistente, y que se
hasta manifieste contaminación hídrica tanto por actividades agropecuarias y
mineras en el área rural.
Caracterización
socioeconómica
En
1991 se censaron 250.000 personas en la región, distribuidas en un 70 % en
zonas urbanas y otro 30 % en áreas rurales.
Desde
la década del 70 la región sufre un proceso de emigración permanente, tanto por
la búsqueda de alternativas mas remunerativas (industria petrolera) afectando
seriamente localidades como Tinogasta, Pituil y Campanas, como por la pérdida
de oportunidades por sustitución de la mano de obra en las industrias
regionales (caña de azúcar) impactando a localidades como Belén, Santa María,
Cachi y otras.
En
La Rioja y Catamarca el proceso de Colonización, la posterior implementación
de la Ley Nº 22.021 de desarrollo de tierras marginales y finalmente la
normativa de diferimiento impositivo, aceleró la concentración de la propiedad
de la tierra, lo que junto a los problemas de costos y precios de los productos
tradicionales del sector llevan a la expulsión del pequeño productor local,
agudizando aún más el problema de la emigración.
La
tendencia emigratoria se está revirtiendo en los últimos años, lo que ha
permitido un mayor crecimiento demográfico en las cabeceras departamentales de
las provincias, aunque se puede apreciar una fuerte concentración de habitantes
en las Capitales Provinciales produciendo un profundo desequilibrio en la
distribución de los mismos.
En
tanto que en las zonas urbanas y periurbanas existe una oferta educativa
completa desde el nivel primario hasta universitario, aunque las mayores
concentraciones de estos centros se encuentran en las principales ciudades de
la región, en las zonas rurales sólo existen centros de nivel primario, con
manifiestos problemas de presupuesto, dotación, distancia, incompatibilidad de
contenidos con el medio y bajo rendimiento de aprendizaje de la población
escolar debido fundamentalmente a la alimentación deficiente y a la falta de
motivación.
En
las áreas urbanas y periurbanas la salud es atendida en centros hospitalarios
públicos y privados, disponiendo los primeros de equipamiento adecuado, sin
embargo los servicios que brindan son cada vez más deficientes. En las zonas
marginales existen salas de primeros auxilios sin médicos permanentes, algunas
localidades cuentan con hospitales zonales y centros primarios de salud y en
las zonas rurales los agentes sanitarios son los únicos que prestan servicio.
La
mala planificación y distribución de las viviendas entre el área urbana y la
rural, es causa de expulsión y éxodo de la población de los valles áridos a las
ciudades principales, lo que acarrea por una parte el abandono de sus
estrategias y actividades productivas y por otro a un desarraigo de sus
parámetros culturales.
En
el sector rural no se produjo un mejoramiento significativo en la situación
habitacional, presentando, en general, problemas de hacinamiento, materiales de
construcción rústicos (adobe, cañas, algarrobo, ramas de pus-pús, barro y cal)
y falta de vivienda propia. Los controles de desinfección con alguna
sistematicidad son realizados por los Municipios, Defensa Civil, etc.
Los
servicios básicos son deficientes en las áreas rurales y periurbanas marginales
de los valles áridos. El agua para consumo humano es compartida con las
actividades agropecuarias, lo que trae aparejado un sinnúmero de enfermedades
infecto contagiosas (cólera, hepatitis, parasitosis, etc.); los caminos muchas
veces son tipo huella, tornándose intransitables en la época de
precipitaciones, impactando la economía y movilización de los pequeños
productores; tampoco se cuenta con energía eléctrica en estos ámbitos dado que
muchas de las cabeceras departamentales generan la misma a través de usinas a
combustión de reducidas potencias y altos costos de funcionamiento. En cuanto a
comunicaciones está más o menos cubierta a través de FM locales, quienes
prestan servicios de mensajerías según su alcance de transmisión.
Actividades
Productivas
En
la región de los valles áridos la actividad ganadera se caracteriza por
ser extensiva y de subsistencia, fundamentalmente dedicada a la cría de caprinos
y bovinos.
Esta
producción ganadera ha jugado un papel importante en la región, con actividades
de engorde en alfalfares y exportación a Chile.
El
nivel productivo actual tiene severas restricciones, con infraestructura de
manejo deficiente o inexistente, poca tecnología y sobrepastoreo del recurso
natural. Se están desarrollando algunos programas de apoyo a los productores
pero en forma incipiente y aislada por la escasez de recursos.
La
actividad agrícola de la región se concentra en los oasis bajo riego.
Los cultivos predominantes son la vid, nogal, olivo, pimiento, cultivo de
especias y alfalfa. La principal limitante a la expansión de los cultivos
radica en la escasa disponibilidad del agua de riego y en la ineficiencia de su
utilización.
La
expansión de la superficie agrícola a través del gran cultivo de nogales y
olivos, incentivado por el diferimiento impositivo, ha generado serios procesos
de degradación de los recursos naturales, como consecuencia de los desmontes no
planificados.
El
abandono de campos por parte de los pequeños productores es creciente, debido
entre otras razones al agotamiento y degradación del suelo (monocultivo de
pimiento), el deterioro del pastizal natural y la deforestación.
Los
escasos bosques nativos, principalmente de algarrobo, son explotados
irracionalmente, con altas tasas de extracción (madera y leña) e impacto por la
ganadería.
El
incremento reciente de la exploración y en algunos casos de la explotación
minera (con mayor efecto en algunas zonas en particular) plantea una nueva
alternativa de desarrollo, pero lleva implícito una nueva amenaza a los
recursos naturales (agua, suelo, flora, fauna, etc.) la que se deberá
minimizar. Entre los principales problemas a solucionar se plantea la
competencia por el recurso agua con el sector agrícola, la destrucción de
hábitat por la construcción de obras de infraestructura y el efecto de la
contaminación a largo plazo.
Las
bellezas paisajísticas del área, la diversidad biológica, el patrimonio
arqueológico y cultural representan un gran potencial para el desarrollo de las
actividades turísticas y culturales. Entre los principales
inconvenientes que tiene la actividad se destacan la falta de conciencia
turística en la población, carencia de infraestructura apropiada y escaso o nulo
aprovechamiento de la existente.
La
desertificación en la región de los valles
Se
ha evaluado que las principales causas de la desertificación son la
sobreexplotación del monte nativo, los incendios y el sobrepastoreo en la cría
extensiva de hacienda.
Estos
factores de deterioro son generados por el interés en la extracción y venta de
productos leñosos (agudizado por la necesidad de subsistencia local), la baja
aptitud productiva del recurso natural, el deficitario nivel tecnológico de los
productores, y la falta de personal capacitado en una estructura institucional
que no asegura un adecuado contralor y administración del recurso.
Un
elemento socioeconómico que incide adicionalmente a los factores naturales y de
uso de los recursos es el problema de la distribución de la propiedad de la
tierra. Los problemas de tamaño de las explotaciones (alto porcentaje de
minifundistas y pequeños productores) y de tenencia de la tierra (campos
comuneros, sucesiones indivisas, tenencia precaria), profundizan el problema
económico regional y agudizan el deterioro de los recursos.
En
las áreas bajo riego, la baja eficiencia en el manejo del agua, los riegos
inadecuados a favor de pendientes y el uso de aguas de baja calidad que
modifican el estado químico y físico del suelo, llevan al deterioro,
salinización y alcalinización de los suelos de regadío.
El
efecto final del proceso de desertificación es identificable a través de la
erosión hídrica y eólica, el aumento del polvo atmosférico, la generación de
médanos, la invasión de especies halófitas y terófitas, la desaparición de
especies nativas y pérdidas de la biodiversidad y los desequilibrios en cadenas
tróficas.
Las
deficiencias en la infraestructura para la producción, inexistencia de planes
de desarrollo para el pequeño productor, la falta de información acerca de los
mercados, y la deficiencia en la organización de los productores, agudiza la
crisis sectorial y regional.
El
alto costo de los insumos energéticos, como la electricidad para bombeo, ha
obligado al abandono de la producción, ante la deficiencia de recursos hídricos
superficiales (problemas de dotación y mala distribución del agua).
La
oferta de financiación (créditos) no se ajusta a las necesidades locales, es
inaccesible al pequeño productor y condiciona fuertemente a la empresa rural
que accede al mismo.
En
este contexto la inexistencia de asociaciones de productores, la reducida
asistencia técnica, la inaccesibilidad de los mercados y la baja rentabilidad
de la producción, conlleva al empobrecimiento rural y al éxodo poblacional como
efecto final indeseable.
El
mecanismo de promoción económica regional a través de los diferimientos
impositivos, ha demostrado un impacto ambiental significativo que se traduce en
la aceleración del proceso de desertificación (desmonte agresivo, erosión
eólica), la sobreexplotación de los recursos hídricos subterráneos
(desconocimiento de la tasa de extracción en relación a la capacidad de recarga
de los acuíferos), la no sustentabilidad de la empresa (abandono del predio y
erosión eólica) y la pérdida de diversidad ambiental (impacto de la
monocultura).
La
inexistencia de un ente o ámbito de participación de organismos gubernamentales
y no gubernamentales, universidades, ONGs, etc. donde se gestionen, controlen
y/o evalúen los impactos ambientales de las actividades agropecuarias por
diferimientos impositivos, como de las grandes inversiones mineras y las obras
de infraestructura gubernamentales, coadyuva a este proceso de deterioro.
En
este contexto regional, también se han desarrollado experiencias exitosas que a
través de la diversificación y mejoramiento productivo contribuyen al control
de la desertificación:
-
Rotación de cultivos con forrajeras para recuperación de los suelos en Cachi.
-
Reforestación con especies exóticas (pinos, cedros, cipreses de distintas
variedades), donde se observa regeneración natural en La Cienaguita Santa Florentina Departamento Chilecito.
-
Elaboración de dulces caseros en Cachi y Cafayate.
-
Implementación del sistema de denominación de origen controlado de vinos
regionales en Chilecito.
-
Vivero de especies forestales autóctonas (viscote) en Belén.
-
Manejo de rodeo caprino en Cafayate.
-
Construcción de represas en Belén.
-Construcción
de embalse en Chañarmuyo (Famatina).
Estrategias
de intervención
En
el taller regional realizado en Belén, Catamarca, se definió la necesidad de
desarrollar un marco de acción para revertir los procesos de desertificación en
la región, en el contexto del Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación.
Este
objetivo regional se cumplirá con la creación de un Organismo Participativo
como ámbito de discusión y generación de ideas y acciones para la conservación
del medio ambiente y el uso sustentable de los recursos naturales.
Deberán
definirse las funciones del sector privado, de las organizaciones no
gubernamentales, universidades, asociaciones de productores y de base. Se
establecerán mecanismos de convocatoria y de concertación para la acción
intersectorial, asegurándose la participación de todos los sectores
involucrados.
Los
elementos específicos de esta estrategia global son:
-
Promover la participación de los productores y habitantes de la región en la
resolución de los problemas causados por la desertificación y la
concientización de las comunidades regionales afectadas, a través de campañas
de sensibilización.
-
Definir las condiciones limitantes para optimizar el uso de los recursos
naturales disponibles, mejorando y creando los sistemas adecuados de
información y de comunicación, e integrando a la ciencia y tecnología para
desarrollar conocimientos actualizados sobre la desertificación.
-
Generar capacidades técnicas e institucionales para enfrentar el flagelo,
capacitando recursos humanos para asumir acciones, incorporando la preocupación
de los procesos de desertificación en la legislación y promocionando el
fortalecimiento institucional.
-
Generar tecnologías apropiadas, definir alternativas de diversificación y
revalorizar los productos regionales para alcanzar mayor valor agregado.
-
Integrar el Programa de Acción de Lucha contra la Desertificación con las Políticas Nacionales de Desarrollo Sostenible.
Los
participantes del taller consideran que los niveles de operatividad deben
establecerse a nivel nacional, provincial y municipal, a partir de estructuras
existentes e integrando las instituciones intermedias a cada nivel.
Las
distintas Instituciones (centros vecinales, asociaciones de productores, ONGs,
cooperativas, etc.) deben participar de los núcleos o unidades de trabajo en
cada uno de los niveles operativos, según su ámbito geográfico de actividades,
asegurando un mecanismo abierto y participativo.
Cada
nivel tendrá atribuciones y responsabilidades diferentes. El nivel Nacional
será el encargado de definir políticas nacionales de desarrollo, priorizar y
avalar proyectos, y gestionar financiación para el programa.
El
nivel Provincial deberá establecer políticas de desarrollo, detectar, formular,
avalar y/o ejecutar proyectos, gestionar y/o acompañar en la búsqueda de
financiación, y efectuar el seguimiento en forma conjunta con la Nación.
El
nivel Departamental tendrá que definir las políticas de desarrollo municipal;
recepcionar, priorizar y avalar las necesidades, propuestas y proyectos de la
comunidad; organizar reuniones o comisiones con los técnicos de las distintas
Instituciones de la zona y ejecutar y acompañar el desarrollo de las
actividades.
Deberán
actualizarse y dictarse leyes para otorgar las herramientas jurídicas que
permitan llevar a cabo exitosamente las disposiciones para el control de la
desertificación. Asimismo se deberá accionar para la reglamentación de aquellas
leyes ya existentes en materia de conservación del medio ambiente y uso de los
recursos naturales.
Proposiciones
de acciones y proyectos
Crear
un sistema permanente de información y monitoreo a través de una red
regional de información ambiental basada en el uso de las nuevas tecnologías de
detección satelital. Para esto es necesario contar con una base de datos
georeferenciales comunes a las provincias involucradas en la región, reforzar
los equipos de relevamiento de datos locales, capacitar los recursos humanos e
integrar equipos interdisciplinarios con técnicos sectoriales a nivel local y
regional, involucrando a las instituciones intermedias.
Definir
normas para los monitoreos, establecer los indicadores de referencias
para las distintas zonas de la región, recopilar información y experiencias
concretas, relevar emprendimientos potencialmente agresivos para el ambiente a
fin de detectar los de mayor riesgo y aplicar los indicadores a través de
fiscalización y vigilancia. Incorporar como prerequisito para la aprobación de
emprendimientos la inclusión de una evaluación económica del impacto ambiental.
Se deberá proporcionar la información para la elaboración a nivel provincial de
mapas de desertificación.
Definir
medidas de acción contra la degradación de los ecosistemas en el marco
de la desertificación, las que deben establecerse fundamentalmente en los
ámbitos normativo, de capacitación, de investigación y de extensión.
Establecer
y promover sistemas de producción mejorados que permitan incrementar la
productividad agrícola y ganadera, diversificar la producción, manejar
racionalmente los recursos naturales.
Implementar
un sistema de apoyo a la producción sustentable a través de la
optimización de obras de infraestructura, saneamiento de títulos, mejora en los
servicios fitosanitarios, y la instrumentación de mecanismos de financiación.
Garantizar
la evaluación de impacto ambiental, social y económica, en los
emprendimientos de diferimiento impositivo.
Establecer
mecanismos de monitoreo y control de las sequías estacionales,
implementar obras y acciones de mitigación, para captación de agua y control de
situaciones de catástrofe, teniendo como unidad de análisis y de gestión a las
cuencas y subcuencas de la región.
Potenciar
las capacidades locales a través de la educación, la extensión y la
participación social en un proceso dirigido a mejorar la calidad de vida de
los habitantes y el desarrollo sustentable de la región.
Poner
en funcionamiento la Red Nacional de Lucha contra la Desertificación a través de las Unidades Integradas Provinciales, continuando con los
talleres regionales para analizar los avances de las estrategias y políticas
prefijadas, con la participación de los actores involucrados.
La
región Centro Oeste
La Región Centro-Oeste se extiende sobre siete
jurisdicciones provinciales, desde el sur de la provincia de Buenos Aires, La Pampa, San Luis, Mendoza, San Juan y parte de La Rioja y Catamarca. Esta área totaliza una
superficie aproximada de 614.000 kilómetros cuadrados con una población de aproximadamente 3.400.000 habitantes.
Las
actividades realizadas para la elaboración del Plan Nacional de Lucha contra la Desertificación se diseñaron en función de los objetivos formulados. Los mismos contemplan la
participación, la construcción del consenso y descentralización, todos ellos
enmarcados en el planteo de estrategias regionales de desarrollo sustentable.
En
total se realizaron 15 talleres, entre jornadas de sensibilización, jornadas
preparatorias y talleres subregionales. Participaron 1.446 personas,
representantes de prácticamente todos los actores sociales relacionados con el
problema de la desertificación.
Cabe
destacar que la región involucra una amplia variedad de ecosistemas afectados
por distinto grado de desertificación, entre los que se distinguen, por su
singularidad en relación con las demás regiones, los relacionados con el
crecimiento urbano acelerado y anárquico sobre ambientes frágiles. El modelo de
ciudad mediana, inscripta en un oasis productivo es el que domina en la franja
occidental. Esto determina un análisis no convencional de los procesos de
desertificación.
Caracterizaron
de la región
Dentro
de esta área es posible distinguir cinco grandes unidades ambientales, muy
contrastadas, que en todos los casos exceden las jurisdicciones provinciales.
-
Altoandino y Payunia (patagonia árida)
-
Piedemontes
-
Llanuras (bolsones y travesías, chaco sudoeste, árida y semiárida)
-
Serranías secas
-
Oasis de riego
A
continuación se realiza una sucinta descripción de las mismas, como marco
general.
1.
— Altoandina (Andes centrales) y Payunia (Patagonia árida)
Se
desarrolla a lo largo de la Cordillera de los Andes, diferenciándose claramente
tres unidades de relieve: Cordillera Principal, Cordillera Frontal y
Precordillera de La Rioja, San Juan y Mendoza. Estas formaciones alcanzan
alturas superiores a los 6.000 m s.m. (Co. Aconcagua 6.959 m s.m.) con un desarrollo paralelo en sentido norte sur, separadas por valles tectónicos y
cortadas por valles transversales correspondientes a la salida de las
diferentes cuencas hidrográficas que los seccionan. Se alternan diferentes
pisos altitudinales que van desde condiciones áridas a desiertos fríos, con
temperaturas por debajo de cero todo el año, y con una gradación pluviométrica
que se incrementa de norte a sur y de este a oeste. Por encima de los 3700 m s.m. se localizan los suelos permanentemente helados o permafrost. Dominan los afloramientos
rocosos y litosoles con extensas laderas de detritus. Las fuertes pendientes y
los procesos geocriogénicos facilitan la erosión provocada por el pastoreo,
apreciándose en los valles profundas cárcavas, producto también de frecuentes
incendios.
La
vegetación arbustiva es baja, rala y existen pastizales importantes por su
calidad. Por otra parte en los valles se destacan las vegas de plantas
herbáceas. Desde el punto de vista fitogeográfico, en el área se
encuentran algunos elementos prepuneños, del monte y andinos.
El
uso del suelo en la región es fundamentalmente ganadero, con incipientes
actividades mineras, de recreación y turismo. Sus cuencas ímbriferas son
importantes fuentes para la generación de energía hidroeléctrica.
Al
suroeste de la región altoandina, en la provincia de Mendoza se extiende la
región volcánica de la Payunia, unidad extensa y compleja donde confluyen
elementos de las planicies y de las montañas. Los rasgos generales que la
caracterizan son la falta de drenaje, la existencia de cuencas cerradas o
depresiones salinas, médanos y aparatos y planicies volcánicas, con escasa
vegetación.
2.
— Piedemontes
Son
unidades de transición entre la región Altoandina y las llanuras del este. Se
trata de extensos glacis o rampas de erosión, conformados por diferentes
niveles, resultado de la combinación de fenómenos tectónicos y erosivos.
Presentan un ancho variable, entre 10 y 50 Km, en relación directa con el tamaño de la masa de origen, diferenciándose los grandes piedemontes andinos de los
precordilleranos y serranos, estos últimos de reducidas extensiones locales.
El
piedemonte se encuentra disectado por numerosos ríos secos o jadies, producto
del escurrimiento lineal de las precipitaciones. Presentan suelos pobres donde
se combina vegetación arbustiva y pastizales de lento crecimiento, escasa
biomasa y poca capacidad de recuperación. Se destacan formaciones de jarillas
(Larrea), comunidades riparias y bosques de garabato (Acacia furcatispina),
propias de la provincia fitogeográfica del Monte. Las precipitaciones oscilan
entre 250 y 300 milímetros, en sentido este-oeste, definiendo diferentes pisos
altitudinales.
3.
— Llanuras (de los Bolsones y Travesías, chaco sudoeste, pampeana árida
y semiárida)
Esta
región presenta tres áreas diferenciadas: en el oeste, los bolsones y
travesías, y por el este, las llanuras pampeanas árida y semiárida.
Bolsones
y Travesías
El
área oeste constituye una profunda cuenca sedimentaria entre dos bloques
montañosos paralelos a la Cordillera de los Andes al oeste y las Sierras
Pampeanas Occidentales al este. Se extiende al este de Catamarca, La Rioja, San Juan y Mendoza. Se eleva entre los 400 y 800 m s.m., suavemente inclinada hacia el oriente, rellenada por sedimentos fluvio-éolicos, con carencia en la
actualidad, de drenaje superficial. Domina un modelo desértico eólico, con
formación de médanos que rompen la monotonía de la superficie, algunos de gran
magnitud como el desierto de los Médanos Grandes, al sudeste de San Juan y
noreste de Mendoza.
Los
suelos son predominantemente arenosos, limosos y arcillosos de origen
continental, y en algunos casos salinos. Dominan las estepas arbustivas y de
pastos duros, que ofrecen poca protección al suelo. Aparecen bosques muy
abiertos de algarrobo (Prosopis spp). Las precipitaciones varían entre 100 y 250 mm, con característica torrencial en la época estival. Hay importantes aportes y agradación de
materiales en las playas y llanuras, originándose inundaciones y desviaciones
de los cursos. La población se concentra en las zonas irrigadas (oasis). La
actividad extractiva minera de esta zona se ve representada fundamentalmente a
través de la actividad petrolera y explotación de salinas.
Chaco
sudoeste
Extensas
llanuras que se desarrollan al pie de los cordones serranos de Velazco, Ambato,
Valle Fértil, Ulapes y San Luis, extendiéndose desde el este de Catamarca y La Rioja, norte de San Luis y noroeste de Córdoba (esta última fuera del área de estudio).
Resultado del rellenamiento de grandes cuencas sin ríos alóctonos, pero con
numerosos sistemas endorreicos, que originan salares. Se observan fuertes
procesos de erosión hídrica y en menor medida eólica.
Los
suelos son pobres en materia orgánica y esqueléticos, generalmente arenosos.
Las lluvias son escasas y torrenciales en verano, oscilando entre los 250 y los
400 mm. al año. La vegetación se encuentra representada por bosques xerófilos
en diversas etapas de degradación, producto de una importante tala, sobre todo
de quebracho blanco. La actividad principal es la ganadera, disminuida en su
capacidad productora. En algunas cuencas se extienden pequeños oasis irrigados,
que posibilitan el desarrollo de actividades agrícolas, con minifundios de muy
bajo rendimiento.
Llanura
pampeana árida
Planicie
organizada a lo largo de la depresión Desaguadero-Salado, en las provincias de
Mendoza, San Luis, La Pampa, hasta el Río Colorado. Coexisten llanuras eólicas
y fluviales, que alternan con zonas de médanos. Hacia el sur con coladas
basálticas. Extensas partes cubiertas de suelos salinos y en general poco
diferenciados, con buen drenaje y pobres en materia orgánica. Región árida con
precipitaciones que oscilan entre 300 y 400 mm., generalmente torrenciales. La vegetación se caracteriza por estepas arbustivas, pastos duros y bosques riparios
muy abiertos.
La
región se caracteriza por una disponibilidad de recursos limitada, estacional y
aleatoria, donde el estado más frecuente entre los componentes es el stress.
Por
otro lado la producción secundaria está limitada por la cantidad y calidad del
recurso forrajero.
La
población es dispersa (0,1 hab/km2) y el uso de la tierra más generalizado es
el ganadero extensivo. El territorio se estructura en grandes propiedades
privadas (latifundios), pero la explotación ganadera está a cargo de puesteros
que mantienen una relación laboral, con los dueños del campo, difusa o
inexistente. Esto determina un esquema socioeconómico que propicia los procesos
de desertificación en el área.
Llanura
pampeana semiárida
Llanuras
onduladas con lomas arenosas, depresiones o cubetas de deflación, bajos
salinos, sistema de médanos ubicados en el sudoeste de la Provincia de Buenos Aires, centro y norte de La Pampa, centro y sur de San Luis y sur de
Córdoba.
Los
suelos son de escaso desarrollo y textura liviana, de buen drenaje y medianamente
ricos en materia orgánica y nutrientes. Las precipitaciones oscilan entre los
400 y 700 mm. Estepa graminosa de pastos duros, vegetación psammófila, extensos
caldenales y comunidades arbustivas secundarias. Las mayores precipitaciones en
esta región permiten realizar actividades agrícolas (maíz, trigo, girasol) y
ganaderas (cría, recría, invernada) de bovinos, con mayores densidades de
población.
4.
— Serranias Secas (Chaco Serrano)
Conjunto
de sierras antiguas como las de Velazco, Ambato, Ancasti, De los Llanos,
Malanzán, Valle Fértil, de La Huerta, Ulapes, Grande, Comechingones y San Luis.
Constituidas por cordones de profundas quebradas, pampas de altura y sus
piedemontes.
Estas
sierras poseen dos vertientes diferenciadas: la occidental, con menores
precipitaciones y una mayor pendiente, y la oriental con pendiente más suave y
mayores precipitaciones, consecuencia de la influencia atlántica. Suele nevar
en las partes altas. A su vez se puede distinguir, desde el punto de vista de
la vegetación, bosques en las quebradas y pastizales en las pampas de altura.
El
uso predominante en las quebradas y pampas es ganadero extensivo. En las
márgenes de las Sierras aparecen oasis de escaso desarrollo que utilizan las
aguas de los arroyos que descienden de ellas.
5.
— Oasis de Riego
Los
aparatos fluviales que descienden de Los Andes, han construido extensos conos
aluviales, con fértiles suelos que, unidos a las obras de aprovechamiento
hídrico y sistematización del riego han generado importantes unidades productivas.
Se trata de la conquista, a través de la irrigación, de fragmentos de desierto
para crear un espacio agrícola. El enorme esfuerzo requerido para la conquista
de estas tierras queda justificado por su alta calidad, que las hace figurar a
la cabeza de las mejores tierras agrícolas.
En
todo el país, los oasis de riego suman 1.500.000 Has., aprovechando la dotación
de aguas superficiales y subterráneas. Los oasis se caracterizan por el
aprovechamiento intensivo de las tierras para la producción frutihortícola. En
todos los casos los asentamientos urbanos se localizan sobre estos mismos
espacios, produciendo una competencia por el uso del suelo, que actúa,
generalmente, en detrimento de los usos agrícolas y por añadidura afecta
negativamente las economías locales. Los ejemplos más significativos son los
oasis de las provincias de Mendoza, San Juan y los de los valles patagónicos.
Diagnostico.
Características del proceso de desertificación
1.
— Región Altoandina
En
esta región, esencialmente ganadera, son fundamentalmente dos los factores que
desencadenan los procesos de desertificación: los incendios y el sobrepastoreo.
Estos, conjugados con condicionantes naturales: fuertes pendientes, pobre
estructura de los suelos, torrencialidad de las lluvias y escasa cobertura del
suelo, determinan que numerosas áreas se ven afectadas por fuertes procesos de
erosión hídrica.
Las
especies de gramíneas aptas para el consumo del ganado, se caracterizan por su
pobre recuperación. Estas pasturas cumplen un rol determinante, como
sustentadores del delicado equilibrio del sistema (fijación de suelos). La
retracción del estrato herbáceo y en especial de las especies forrajeras, ha
determinado una marcada disminución de la productividad ganadera, y la
pauperización de los sectores sociales involucrados.
Actualmente,
los gobiernos provinciales, que por derecho constitucional son la autoridad de
aplicación en la explotación de las riquezas del subsuelo, han puesto en marcha
ambiciosos proyectos de explotación minera que previsiblemente ocasionarán
procesos de deterioro ambiental, sobre todo en relación con las fuentes de
agua.
En
la payunia o patagonia extraandina, los procesos de desertificación más
significativos son los desencadenados por la actividad petrolera y el
sobrepastoreo, en un ambiente de alta fragilidad por sus condiciones de riesgo
volcánico.
2.
— Piedemontes
Las
áreas pedemontanas presentan problemáticas similares a la región altoandina.
Sin embargo, a las situaciones enunciadas en el punto anterior, se suman los procesos
de urbanización no controlada, la tala indiscriminada del estrato arbustivo y
bosques (los que prácticamente han desaparecido), la práctica de deportes de
alto impacto (endurismo), turismo aventura y caza furtiva. Se desencadenan así
fuertes procesos de erosión, que se manifiestan en importantes aluviones que
afectan las áreas urbanas, localizadas generalmente al pie de las cuencas
pedemontanas.
Las
actividades minero-extractivas, principalmente petroleras y ripieras, que
generan impacto sobre los suelos e importante consecuencia sobre la vegetación
y la fauna. Los sectores pedemontanos en contacto con áreas urbanizadas, toman
el rol de "verdaderos patios traseros" de éstas, convirtiéndose en
sitios vulnerables para la localización de basurales y consecuentemente, para
asentamientos urbanos marginales.
3.
— Llanuras (de los Bolsones y Travesías, Chaco sudoeste, Pampeana árida
y semiárida)
En
la zona de llanos secos podemos diferenciar dos sectores socioeconómicos, el de
los pequeños productores, muy pobres, residentes en la zona y sin ninguna
posibilidad de diversificación de la economía frente al de los grandes
productores que son quienes poseen los títulos de propiedad con importantes
superficies y no residen en la zona. Este esquema de distribución de la tierra,
conjugado con un modelo económico neoliberal, que pugna por insertarse en el
mercado global, son los elementos desencadenantes de profundos cambios
socioeconómicos que enfrenta la región. Como consecuencia de ello, la pobreza,
el abandono de tierras y el éxodo de población rural a las ciudades, se está
incrementado notoriamente.
Bolsones
y travesías
Estas
áreas, hasta las primeras décadas de este siglo, contaban con importante
bosques de especies leñosas. Producto de la tala indiscriminada, para uso
agrícola y combustible, hoy en día esos bosques están seriamente reducidos y
dañados. El pastoreo no controlado, sumado a la desforestación, han llevado a
muchos campos a etapas de degradación, con procesos erosivos eólicos y la
reactivación de sistemas de médanos.
Las
actividades petroleras, de importante desarrollo en la zona, ocasionan
significativos impactos ambientales negativos, con degradación de suelos por
derrames de petróleo, desencadenamiento de procesos de erosión hídrica y eólica
con la apertura de "picadas", disminución de la fauna por caza
furtiva y contaminación de recursos hídricos subterráneos y superficiales.
Chaco
sudoeste
Las
extensas llanuras que se desarrollan al pie de las sierras secas, se presentan
como ecosistemas muy frágiles sometidos a fuertes procesos de degradación de
origen antrópico. El sobrepastoreo, los incendios naturales o provocados, y la
tala indiscriminada, han desencadenado graves procesos de erosión hídrica y
eólica. Por otra parte, se advierte un creciente empobrecimiento de la
población rural, éxodo y abandono de tierras.
En
las áreas agrícolas bajo riego se evidencia el mal manejo del escaso recurso
hídrico, con marcadas deficiencias en la infraestructura y en la administración
del agua. Ello provoca procesos de salinización de suelos, en diferentes
grados, y la retracción y disminución de la rentabilidad de las actividades
agrícolas.
El
esquema de tenencia de la tierra se estructura sobre la base de latifundios,
donde se localizan pequeños puestos ganaderos. El puestero (cuidador de campo y
pastor), vinculado al dueño del campo por una relación contractual informal o
de "hecho" (en la mayoría de los casos), es el componente más
postergado de un esquema socioeconómico anacrónico y sustentador de profundas
desigualdades. La falta de una adecuada infraestructura vial y de
comunicaciones, la deficiencia de la red sanitaria y equipamientos educativos y
el escaso asesoramiento técnico por parte del Estado, determinan una de las
situaciones sociales más críticas de la región y el país, y por añadidura se
constituyen en el principal factor desencadenante de los procesos de
desertificación.
Pampa
árida
Esta
región, básicamente ganadera, encuentra en esta actividad, las causas de los
procesos de desertificación detectados. Si bien se reconocen focos, donde la
degradación del suelo y la vegetación alcanzan niveles críticos (especialmente
alrededor de aguadas y puestos), en general el grado de conocimiento y estudio
de estos procesos, es muy escaso.
Como
fenómenos más destacados se pueden citar: degradación severa del suelo,
degradación en mayor o en menor grado de toda el área de pastizales, pérdida de
biodiversidad.
Por
otra parte se detecta éxodo de población rural, en distintos grados según la
zona, producto de la falta de políticas concretas para atender la problemática
rural. En líneas generales, la infraestructura y el equipamiento de éstas áreas
es de mala calidad e insuficiente.
Desde
el punto de vista legal, se destaca le inexistencia de un marco jurídico que
contemple en forma integrada el manejo y explotación de los recursos. El
régimen de tenencia de la tierra (grandes latifundios), y los sistemas de
explotación, obstaculizan la introducción de mejoras tecnológicas y la adopción
de prácticas conservacionistas. Se detecta en forma generalizada la falta de
conciencia y el desconocimiento sobre el tema desertificación.
Pampa
semiárida
La
combinación de prácticas agrícolas incorrectas en la producción de cereales, el
sobrepastoreo y las sequías, desataron procesos de erosión hídrica y eólica
dando origen a médanos o reactivando los fijados. A esto debe sumarse la tala
irracional, los incendios (un millón de hectáreas en 1973), la elevada
mecanización agrícola, que hacen de esta región un área crítica que exige prácticas
especiales de cultivo.
Se
detecta una progresiva subdivisión de las propiedades por debajo de la unidad
económica. Por otra parte, existe falta de preparación y desconocimiento de los
productores, sobre técnicas de manejo adecuadas.
Se
aprecia, en algunas jurisdicciones provinciales de esta región, la carencia de
un marco legal y político que contemple el manejo racional de los recursos.
4.
— Sierras Secas
Las
sierras secas presentan fuertes procesos erosivos, fundamentalmente hídricos.
El sobrepastoreo en laderas y pampas de altura, la tala indiscriminada de
bosques naturales y los incendios forestales (en muchos de caso provocados por
el hombre), son los principales factores desencadenantes de los mencionados
procesos erosivos.
Se
advierte, como actitud social, el desprecio por la vocación forestal. Por otra
parte, es evidente la carencia de apoyo financiero y asesoramiento técnico,
fundamentalmente dirigido a los sectores más vulnerables: los pequeños y
medianos productores. Ello ha determinado que en los últimos años, se observen
un marcado procesos de transformación de la estructura socioeconómica de esta
región, que genera pobreza, abandono de tierras y éxodo poblacional.
5.
— Oasis
Las
deficiencias de la infraestructura de riego, la inadecuada sistematización, las
costumbres y prácticas obsoletas y la falta de asistencia técnica al productor,
provocan que cerca del 40 % de las superficies irrigadas presenten problemas de
salinización y/o revenimiento freático.
Los
procesos de desertificación en los oasis se manifiestan a través de la
salinización y sodificación de suelos. De 1.539.188 ha cultivadas bajo riego, en la zona árida y semiárida de la República Argentina, 584.049 has. se encuentran afectadas por procesos de salinización
(37,9%) (INTA 1986).
El
uso inadecuado del agua y las deficiencias de los sistemas de riego y drenaje
constituyen básicamente los factores desencadenantes de los procesos de
salinización.
El
36% de la superficie cultivada bajo riego presenta problemas de drenaje,
abarcando una superficie de 554.716 has.
En
algunas áreas se advierte contaminación de las aguas de riego y de suelos, a
través de derrames de efluentes cloacales, desechos industriales y productos
químicos. Ello conlleva la disminución de los índices de productividad, la
perdida de la competitividad de los productos y sobre todo pone en peligro la
salud de la población.
La
producción agrícola de los oasis se enfrenta en nuestros días, a cambios sin
precedentes. La globalización de los mercados impone una fuerte competitividad
de los productos, exigiendo niveles de calidad de acuerdo a estándares
internacionales. El sector de los pequeños y medianos productores, es el más
vulnerable a estos cambios, y requiere asistencia integral, como medida
tendiente a controlar los efectos no deseados del nuevo modelo: postergación
social, éxodo poblacional, aculturación y marginalidad urbana, entre otros.
Propuestas
de acción
Se
expone a continuación un resumen de las conclusiones obtenidas en los talleres
subregionales de Mendoza, Valle Fértil (San Juan, la Rioja y Catamarca), San Luis y La Pampa (La Pampa y Sur de Buenos Aires).
Educación,
capacitación y concientización
Se
impone implementar en forma urgente acciones tendientes a la educación y
concientización de la sociedad en su conjunto, de tal manera de instalar la
problemática en todos los espectros de la sociedad. Por ello, los distintos
talleres recomendaron trabajar no sólo en el marco formal educativo (todos los
niveles), sino también en el informal.
Por
otra parte, se propone generar herramientas comunicacionales y de divulgación
diferenciadas, dirigida a sectores específicos, como políticos, técnicos,
docentes y productores. Se persigue asimismo, la jerarquización e integración
de los sectores rurales más postergados: puesteros y crianceros.
Los
esfuerzos, que desde diversos sectores (científicos, corporativos, gremiales,
estatales, etc.) se implementan tendientes a la capacitación en los diferentes
aspectos derivados de la desertificación, carecen de continuidad y articulación
general. Por ello se propone convocar a todos los sectores interesados con el
objeto de diseñar un marco integrador, desde el cual se planteen nuevas
estrategias para la implementación de las iniciativas, contemplando
fundamentalmente la racionalización de los recursos y la articulación
estratégica de las acciones.
Entre
las acciones identificadas, se propone un Programa Permanente de Capacitación
en la lucha contra la desertificación en la República Argentina, con una primera etapa planificada a tres años. Existe una propuesta en
este sentido formulada en forma conjunta entre IADIZA, GTZ e INTA.
Las
actividades a desarrollar responden a la identificación de cuatro tipos de
usuarios:
1.
— Funcionarios que
tienen a su cargo la administración y la fijación de políticas de uso y
conservación de recursos naturales.
2.
— Sector
científico-tecnológico relacionado con la generación y aplicación de
conocimientos.
3.
— Sector de
transferencia de tecnología (extensionistas, promotores, asesores, sector
educativo, periodismo científico, etc.)
4.
— Sector productivo.
Las
acciones de capacitación de los grupos 1 y 2 se llevarán a cabo a nivel
nacional, las de los grupos 3 y 4 a nivel regional y local.
Generación
de Conocimiento
El
nivel de conocimiento sobre las realidades de las diferentes áreas de la región
es heterogéneo. Se hace imprescindible el relevamiento y estudio de los
distintos ecosistemas, apuntando al conocimiento de la génesis y dinámica de
los procesos, para obtener datos sobre la velocidad de avance de la
desertificación. Es importante el intercambio de conocimientos y la
transferencia y/o desarrollo de tecnologías adecuadas.
Para
el logro de estos objetivos, se impone que todos los sectores involucrados, y
fundamentalmente el Estado, gestione los recursos financieros necesarios y se
realice un relevamiento exhaustivo de los recursos humanos e institucionales
existentes. Asimismo se propone la conformación de una red que integre todos
los sectores involucrados.
Se
considera de gran importancia el fortalecimiento institucional de los
organismos reconocidos en el estudio de esta temática, orientando las
investigaciones no sólo a la generación de investigación básica sino también a
la transferencia de conocimientos a los distintos usuarios y especialmente la
capacitación de recursos humanos la divulgación y concientización sobre los
procesos de desertificación.
Metodología
Se
propone la generación de una herramienta metodológica para la detección y
evaluación de los procesos de desertificación, orientados a la elaboración de
Planes Regionales y provinciales. Para ello es necesario definir indicadores de
desertificación particulares, afines a los parámetros usados
internacionalmente.
Los
planes regionales y provinciales deberán contar con mecanismos políticos-administrativos
que permitan su viabilidad local y regional.
Por
otra parte, se insiste en la necesidad de contar con nuevas áreas piloto, donde
se estudien y ensayen diferentes métodos y tecnologías alternativas en la lucha
contra la desertificación, implementándose áreas demostrativas de desarrollo
sustentable
Control
Los
participantes a los distintos talleres regionales coincidieron en la necesidad
de contar con eficientes sistemas de fiscalización y control, que garanticen el
cumplimiento de la legislación vigente en materia medioambiental: controles
sobre las actividades petroleras, mineras, industriales, caza y pesca,
urbanización desordenada.
Se
propone asimismo, que cada jurisdicción provincial cree o refuerce sistemas de
control fitosanitario, evitando la propagación de plagas y la introducción de
especies exóticas perjudiciales. Por lo tanto se hace imprescindible reforzar
las partidas presupuestarias de los organismos gubernamentales específicos, con
el objeto de capacitar, equipar, ampliar y/o crear cuerpos de brigadas
ecológicas, guardaparques o guardambientes.
Por
otra parte se insiste en la necesidad de contar con efectivos sistemas de
prevención y lucha contra los incendios forestales. Para ello deberán
implementarse sistemas efectivos de monitoreo y alerta temprana, y capacitar y
equipar convenientemente, tanto a brigadas específicas, como a productores
ganaderos.
Recursos
hídricos
Los
problemas que se plantean a partir de la escasez y mala calidad del agua
potable en las áreas rurales, requieren de acciones inmediatas tendientes a
implementar sistemas alternativos de provisión, rehabilitación y saneamiento de
las fuentes existentes, e incorporación de nuevas tecnologías de
potabilización. Además se requiere el estudio, diseño e implementación de
sistemas de distribución de agua potable para casos específicos, en los en que
la escasez del recurso o las características del área, así lo requieran. Este
es un problema generalizado en las áreas urbanas de las tierras secas.
Por
otra parte, los organismos pertinentes, deberán gestionar líneas de créditos
específicas tendientes a financiar este tipo de proyectos, en tanto que los
organismos provinciales encargados de la administración de los recursos
hídricos, deberán estudiar el marco legal e institucional para viabilizar las
soluciones emergentes.
Se
plantea el reciclaje de los efluentes como una alternativa importante y poco
explotada para la optimización del recurso hídrico.
Ordenamiento
territorial
En
materia de ordenamiento del territorio se hace imprescindible la formulación de
un marco político-legal (Ley de usos del suelo), que contenga y conduzca los
profundos procesos de transformación que experimenta el territorio en los
distintos ámbitos jurisdiccionales de la región.
Los
objetivos fundamentales, en materia de desertificación, que deberá contemplar
esta legislación son:
.—Definición
de los límites de las áreas urbanas, complementarias y rurales.
.—Planificación
de los usos del suelo.
.—Ordenar
y legislar el fraccionamiento de la tierra, enfatizando el tratamiento de las
áreas periurbanas.
.—Fortalecimiento
y desarrollo de centros urbanos medios.
.—Actualización
y/o formulación de códigos urbanos.
.—Protección
de las áreas agrícolas ante los avances de la urbanización.
.—Planificación
y ordenamiento de cuencas hidrográficas.
.—Creación
de áreas protegidas.
Por
otra parte, los Municipios y gobiernos que resultan afectados por el incremento
del tránsito, en relación con la vigencia del Mercosur, manifiestan su
preocupación y solicitan la planificación de los corredores. Se sugiere la
formación de una comisión especial que coordine los intereses sectoriales en el
proceso de integración brasilera-argentino-chilena. Esto deberá abarcar los
problemas ambientales que generen impactos y la planificación de áreas
protegidas limítrofes y cuencas compartidas con países vecinos.
Se
recomienda la implementación de una planificación ambiental sistémica, como
base del desarrollo sustentable de la región.
Sistemas
de información ambiental
El
éxito de todo proceso de ordenamiento ambiental, y específicamente en este caso
de un Plan Nacional de lucha contra la Desertificación, radica en gran medida en la disponibilidad y fácil acceso a información
actualizada y de buena calidad. Por ello se propone la inmediata conformación
de un Sistema de Información Ambiental específico, subsidiario del Sistema
Nacional (en fase de implementación) y los sistemas de provinciales. De esta
forma, se posibilitaría la utilización de las estructuras ya creadas, que
garantizan confiabilidad de la información y racionalización de los recursos.
Contaminación
Se
destacan, como factores agravantes de procesos de desertificación en la región,
la contaminación de los recursos hídricos, del aire y del suelo.
Son
dos las actividades que generan los impactos más significativos en la materia:
las explotaciones petrolíferas y las actividades industriales. Las primeras, no
sólo provocan graves daños a los acuíferos, sino que además los derrames de
petróleo afectan definitivamente cientos de hectáreas. Los hechos más graves se
producen cuando los derrames, derivados de la explotación petrolífera como
también de actividades industriales, ingresan a las redes de riego o drenaje,
provocando un efecto multiplicador.
De
esta manera se ponen en evidencia gruesas fallas en los sistemas de prevención
y control, denotando carencias operativas y marcos jurídicos inexistentes (o
por lo menos endebles), en algunas jurisdicciones provinciales. Por ello se
hace imprescindible la implementación de sistemas de monitoreo y evaluación
permanente de los riesgos de actividades petroleras y extractivas en general.
Por
otra parte, se propone sugerir a los Gobiernos, arbitren urgentes medidas con
relación a la prevención de la contaminación, aplicando las disposiciones
emanadas de la Ley Nacional de Residuos Peligrosos y la Ley de Conservación de Suelos.
Si
bien, los gobiernos provinciales, en general, condicional los nuevos
emprendimientos industriales, exigiendo el montaje de sistemas de tratamientos
de efluentes y gases, las industrias antiguas no terminan por avenirse a la
actual legislación ambiental. Este hecho pone en evidencia los fuertes
condicionamientos que posee el poder gubernamental frente a los intereses de
los sectores industriales.
Se
propone además, implementar sistemas para el aprovechamiento integral de
líquidos cloacales, que posibiliten entre otras alternativas, la explotación
forestal y frutihortícola.
No
debe dejarse de lado los problemas de contaminación de suelo y agua que
producen las actividades relacionadas con la extracción y explotación de
materiales radioactivos, con graves incidencias, además en la salud de la
población.
Urbanizacion
y desertificación
Resulta
imprescindible prevenir, controlar y revertir los procesos de desertificación generados
por el crecimiento urbano no planificado en la región, sobre todo en las áreas
más frágiles, como los piedemontes o en los sectores con tradición y/o alto
potencial agrícola. Esto significa generar procesos de planificación y gestión
de las áreas urbanas y periurbanas para ordenar las actividades posibles en el
marco de la lucha contra la desertificación.
El
objetivo final debería tender al desarrollo de modelos de asentamiento urbano
ambientalmente adaptados a las condiciones locales conducentes a minimizar el
riesgo de desertificación y contribuir al crecimiento ordenado de la ciudad
sobre áreas de alta fragilidad.
Actividades
mineras
Actualmente
los gobiernos provinciales, que por derecho constitucional son la autoridad de
aplicación en la explotación de las riquezas del subsuelo, han puesto en marcha
ambiciosos proyectos de explotación minera. En este marco de nuevas políticas
para el desarrollo de la actividad, se hace imprescindible la reglamentación de
la Ley Nº 24.585.
Si
bien la legislación en materia minera y ambiental es sumamente precisa, al
fijar las pautas y condiciones en que se tiene que realizar tal actividad (aun
faltando la reglamentación antes mencionada), existen reservas,
fundamentalmente de sectores científicos, sobre la efectividad de los
mecanismos de control previstos. Asimismo, se insiste en apuntar que estas
políticas de desarrollo integral de la minería, deben contemplar que la fase de
procesamiento de los minerales se realice "in situ", posibilitando
nuevas fuentes de ingresos genuinos a la región.
Por
otra parte, son casi inexistentes las acciones concretas, por parte del Estado,
para rehabilitar sitios que ya no están en producción. Conviene destacar además
la frecuente falta de adecuación entre la legislación nacional y la provincial.
Se debe uniformizar los estándares de medición de acuerdo a la legislación más
desarrollada.
En
relación con la actividad de exploración y explotación de hidrocarburos, se
recomienda que las empresas petroleras recompongan el daño ocasionado y no
implementen como resarcimiento la expropiación de los terrenos afectados (ya
que el valor fiscal de la tierra es mucho menor que el deterioro realizado).
Distribución
de la tierra
El
sistema de tenencia de la tierra constituye un componente fundamental,
determinante en gran medida de los procesos de desertificación. La experiencia
demuestra que el ocupante de tierras fiscales, sin título de propiedad, no
efectúa un manejo adecuado de los recursos debido a su inestabilidad.
Los
estados provinciales se deben plantear como estrategias prioritarias, la
implementación de programas específicos, tendientes a revertir estas
situaciones, realizando el saneamiento de títulos de propiedad y la
transferencia de las titularidades a los puesteros, en áreas de secano.
La
Provincias de Mendoza,
por ejemplo, ha puesto en marcha programas orientados a colonización y arraigo
de población en áreas de secano. No obstante, se desconocen los resultados
obtenidos hasta el momento.
Desarrollo
social
Programas
como el mencionado en el punto anterior, junto con erradicación de
"escuelas ranchos", mejoramiento de la red vial, instalación de
sistemas de comunicación y programas de asistencia sanitaria, constituyen
valiosas herramientas implementadas por el estado y otros sectores, que
posibilitan el desarrollo social de las áreas rurales. Sin embargo, seria
necesaria su articulación en torno a un plan rector, con el objeto de
garantizar la optimización de los recursos y la continuidad de los mismos.
Participación
Según
se desprende de los diagnósticos de las distintas subregiones, un elemento
significativo y desencadenante de procesos de desertificación, son las
condiciones pobreza y marginación social que reviste la población rural. Uno de
los mecanismos probados y más efectivos para revertir estas situaciones es la
integración de las comunidades locales en torno a entidades intermedias. El
principal objeto de las mismas es multiplicar el potencial individual de los
productores y competir en condiciones más ventajosas por la colocación de sus
productos. Si bien el éxito de estas medidas depende, básicamente, de la
predisposición de la comunidad, es necesario la participación del Estado en un
rol de promotor, capacitador y asesor de estos procesos de cambio.
Es
evidente que los esfuerzos que realizan los distintos sectores del Estado no
son suficientes, debido fundamentalmente a la escasez de recursos financieros.
Se impone por lo tanto sugerir, tanto a los gobiernos provinciales como al
Gobierno Nacional incluir, dentro de los respectivos presupuestos anuales,
refuerzos en las partidas correspondientes. Por otra parte se sugiere al Estado
redoblar los esfuerzos tendientes a gestionar subsidios o líneas de créditos
destinados a la promoción de la población rural.
Marco
Legal
Las
jurisdicciones provinciales de la Región Centro Oeste, cuentan con marcos normativos ambientales en diferentes grados de desarrollo. Mientras que la Provincia de Mendoza es la jurisdicción que posee la legislación ambiental más completa de la
región, otras provincias necesitan consolidar sus respectivos marcos legales
para abordar la problemática medioambiental.
Por
otra parte, el Estado Nacional, cuenta con un amplio y profundo marco legal
ambiental, que referencia y en muchos casos subsidia las situaciones provinciales.
Sin embargo, el problema común para toda la región, no es la profusa
legislación o la ausencia de ella, sino la difícil aplicabilidad de las normas.
La desidia o la falta de recursos por parte del Estado, son los principales
motivos de la deficiente aplicación de las leyes ambientales. Pero también se
denotan fallas o ausencias de estrategias claras en los procesos de la
formación de opinión y toma de conciencia, que en definitiva resulta un factor
determinante en el momento de aplicar las normativas.
Se
transcriben a continuación los aspectos más destacados de las propuestas
elaboradas por los talleres regionales:
1.
— Se hace necesario
formular un Código Ambiental Nacional a elaborar con una metodología adecuada
al objeto de su tratamiento, propiciando la convergencia de intereses.
2.
— Formulación de un
Marco Legal Regional para el tratamiento de los Recursos Naturales, como
intermediación entre los marcos normativos nacional y provinciales, teniendo
presente los principios constitucionales incorporados recientemente a la Carta Magna. Este Marco Regional deberá contener, también, los siguientes principios:
La
responsabilidad de los particulares respecto al uso racional de los recursos
naturales, que implica la preservación de los mismos y la obligación de
recomponer el daño ambiental, que surge del actual art. 41 de la CN.
.—La Acción de Amparo Ambiental, emergente del art. 43 de la CN.
.—La
previsión de una política demográfica que preserve el equilibrio poblacional,
como factor de desarrollo humano, que el pto. 19 del art. 75 enuncia como
atribución del Congreso.
3.
— Se deben realizar,
en cumplimiento de la ley vigente, las evaluaciones de impacto ambiental de
toda actividad que pueda deteriorar el ambiente; sobre todo hidrocarburos y
actividades mineras, hidroenergéticas, agropecuarias y procesos de
urbanización.
4.
— El Estado debe
garantizar la calidad de las evaluaciones de Impacto Ambiental, rechazando
aquéllas que sólo constituyan meros diagnósticos.
5.
— Impulsar, un
régimen imperativo de aplicación, para la adhesión de las Provincias a la Ley de Suelos, puesto que afecta un interés vital de la Nación, como es el de su misma subsistencia física, como sustento del desarrollo poblacional.
6.
— Impulsar, en las
provincias más relegadas en materia de legislación medioambiental, la
conformación de marco legislativo básico, como punto fundamental para la
articulación de políticas conjuntas en el ámbito regional que aborden la
problemática de la desertificación.
Estructuras
operativas
En
el punto anterior quedo explícito, que los estados provinciales de la región
cuentan con un desigual desarrollo de sus respectivos marcos legales
ambientales. Por añadidura, las estructuras estatales encargadas de ejecutar
las políticas en los respectivos territorios, presentan las mismas falencias.
Algunas provincias han instituido el rango ministerial para ejecución de sus
políticas ambientales, mientras que otras, tratan la temática en el ámbito de
direcciones.
Estos
hechos ponen en evidencia los diferentes grados de percepción que tienen las
comunidades locales, o por lo menos sus niveles dirigenciales, sobre los
problemas medioambientales.
Se
impone por lo tanto, instalar, en el seno de las comunidades de las provincias
más relegadas en materia medioambiental, un profundo debate sobre el tema, del
cual surgirán actitudes transformadoras que trasuntarán en la adecuación y
actualización de las estructuras del Estado.
Planes
de contingencia
Se
propone optimizar la capacidad operativa de las Direcciones Provinciales de
Defensa Civil, en la prevención y mitigación de desastres, apoyando los planes
de contingencia específicos, fundamentalmente para incendios, sequías graves,
riesgo volcánico, inundaciones, aluviones, sismos, y accidentes con residuos
peligrosos.
Organización
Como
propuesta operativa para contar con una buena evaluación de la situación actual
en el ámbito regional, y para optimizar la toma de decisiones a niveles
gubernamentales, de ONGs y técnico, se debe conformar una Red de Lucha contra la Desertificación a nivel Regional. Desde el punto de vista organizativo se propone un
representante gubernamental por Provincia, uno técnico (apoyado por un equipo
interdisciplinario) y un representante de ONGs.
Debería
fortalecerse la Red Nacional con nodos regionales, provinciales y locales,
garantizando la articulacón de los diferentes niveles y sectores.
Financiamiento
Se
propone estructurar mecanismos que posibiliten el acceso al crédito y
desgravación impositiva destinado a regiones afectadas por desertificación.
Asimismo se recomienda propiciar la existencia de líneas de créditos para
vivienda rural similares a los créditos hipotecarios actualmente vigentes para
la vivienda urbana, evitando de este modo la migración rural.
Se
sugiere la conformación de fondos nacionales, regionales y/o provinciales
específicos para atender los diferentes aspectos de la problemática, con el
aporte de los sectores productivo y subsidios del Estado.
Se
sugiere estudiar las formas de crear "fondos compensatorios" en el
ámbito provincial, para resarcir a las regiones y poblaciones afectadas por
desertificación causados por la extracción y destrucción de sus recursos
durante el proceso de desarrollo de las economías.
La Planificación y Gestión ambiental deberán generar
los criterios necesarios para que las consideraciones ambientales condicionen
las decisiones económicas, dentro del marco del desarrollo sustentable y de la
equidad social y territorial.
Región
Patagónica
Caracterización
de la Región
La
Patagonia es una región
comprendida entre los paralelos 36 y 55 grados de latitud sur, cubre un área de
780.000 Km2 y representa aproximadamente un tercio de la superficie continental
del país. La integran seis provincias La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, habitan 1.500.000 personas, siendo su densidad
poblacional de 1,9 hab/km2.
Esta
extensa región presenta diferentes áreas ecológicas desde el punto de vista
fitogeográfico, (Cabrera 1971) en la Región Patagónica se encuentran representadas tres grandes provincias: Monte, Patagonia y
Subantártida.
La
provincia del Monte excede el ámbito patagónico. Se extiende por el Centro
Oeste del país desde la provincia de Salta hasta Chubut. Ocupa todo el Noreste
Patagónico y florísticamente está relacionada con la vegetación chaqueña.
Fisonómicamente
se caracteriza por el predominio de estepas arbustivas medias a altas. En su
composición florística se destaca el género Larrea (jarillas).
El
clima es árido a semiárido, con una temperatura media anual de 13 grados. Las
precipitaciomes oscilan por debajo de los 200 mm y superan los 250 en el noreste de Río Negro.
La
provincia Patagonia está relacionada florísticamente con la vegetación
altoandina (Cabrera, 1971) y en su fisonomía predominan las estepas bajas de
pequeños arbustos y coirones.
El
clima es árido y semiárido, con una isoterma media anual por debajo de los 10
grados centígrados. Las lluvias son escasas en las zonas oriental y central,
del orden de los 130 mm, aumentan hacia el oeste hasta llegar a cerca de los 500 mm.
La
provincia Subantártida abarca la región cordillerana, se caracteriza por el
predominio de bosques y matorrales, en su composición florística sobresalen las
especies del género Nothofagus.
El
clima es templado y húmedo en los distritos septentrionales; y; frío y húmedo
en los australes.
Con
abundante nieve en el invierno con un período muy corto sin heladas. Con
precipitaciones que presentan grandes oscilaciones entre "distritos"
que varían entre 550 mm en el sur de la Tierra del Fuego hasta los 4340 mm en Laguna Frías.
Características
del proceso de desertificación
El
deterioro de los ecosistemas frágiles de la Patagonia se inician con la introducción del ganado ovino que alteró el lábil equilibrio del
sistema.
Desde
los comienzos del poblamiento pasturil en la región y hasta el inicio de los
estudios científicos sistemáticos, ocurrieron más de 60 años en las que se
decidió la distribución y puesta en producción de las tierras, sin un criterio
de sustentabilidad y sin el conocimiento de la estructura y funcionamiento del
ecosistema árido patagónico.
Las
principales causas del deterioro ambiental en la Región son atribuibles en gran medida al desconocimiento del verdadero potencial de los
recursos naturales y la sobrevaloración de la receptividad de los campos de
pastoreo, que indujo a la sobrecarga animal provocando sobrepastoreo. La
disminución de la disponibilidad forrajera es producto del reemplazo de
especies valiosas por otras no forrajeables, en ciertos ambientes, o bien por
pérdida neta de vegetación que conduce a la formación de "peladales",
áreas con cobertura de vegetación por debajo del 20 %.
La
alteración del equilibrio suelo-pastizal natural en el ecosistema, inicialmente
imperceptible, permitió el aumento del stock de ganado ovino hasta superar en
1952, los 20 millones de cabezas (Gráfico Nº 2). A partir de ese momento el
impacto y las implicancias de la desertificación en la región comenzaron a
expresarse, en la disminución del número de cabezas, flujo poblacional
migratorio de las áreas rurales hacia las ciudades y de pérdidas de puestos de
trabajo, entre otros. Asociado a este panorama nacional, a nivel internacional
se observa un tendencia a disminuir el precio de la lana y a un aumento en el
precio de los insumos del sector, esto provoca una fuerte disminución en la
rentabilidad en los Establecimientos, en primera instancia, hasta alcanzar un
impacto negativo de las Empresas, que se traduce en el cierre y abandono de los
campos.
La
disminución de la cobertura vegetal deja expuesto el suelo a temperaturas
extremas, a la acción del viento y del calor, que en primavera y verano dan
origen a las tormentas de "tierra" que disminuyen la visibilidad y
dificultan las actividades en el campo y las ciudades. La exposición a estos factores
generaron cambios irreversibles en la estructura y composición de los
pastizales.
A
fines del siglo pasado y hasta mediados de éste, la extracción de arbustos para
leña realizada en forma indiscriminada para consumo de la población rural y
urbana como recurso energético, potenció aún más la desertificación en grandes
áreas de la Patagonia.
La
acentuada pérdida de la cobertura vegetal (pastizal y arbustos) coadyuvó en
ambientes con un régimen hídrico estacional asociado con relieves de pendientes
moderados a fuertes, a la formación de cárcavas provocando en áreas de la
precordillera y cordillera grandes zonas afectadas por la erosión hídrica.
Existe
asimismo grados de deterioro difíciles de cuantificar que se vinculan a la
pérdida de biodiversidad (animal y vegetal) en Patagonia. En este aspecto el
PAN entre sus objetivos deberá incluir su análisis y evaluación, para
determinar con precisión qué especies requieren de áreas protegidas, para que
las generaciones futuras cuenten con un potencial de biodiversidad similar a la
nuestra.
En
la década de los años ‘60 el aumento de la actividad petrolera en la región
contribuyó a aumentar el grado de deterioro del ambiente natural, la tareas de
exploración, explotación, construcción de "piletas", para el
almacenamiento del petróleo, provocaron la contaminación del agua en los
acuíferos, en especial del freático y daños a la producción ganadera por
destrucción de alambrados, pérdidas de animales y depreciación de la lana por
contacto directo con petróleo.
La
pérdida de receptividad ganadera en la estepa patagónica determinó que los
ambientes de "mallines", localizados principalmente en las zonas de
precordillera y cordillera, sufrieran un alto grado de deterioro por una
exagerada presión de pastoreo. Los mallines son unidades geomorfológicas con un
alto valor potencial para uso pastoril por la calidad de las especies
forrajeras, la abundancia y disponibilidad de agua.
Diagnóstico
La
desertificación es el principal problema ambiental, social, económico y
ecológico de la atagonia. El deterioro del ecosistema es el producto del uso
inadecuado de sus recursos naturales, en especial del pastizal natural y sus
bosques.
El
sector agropecuario involucra a 12.000 productores dedicados a la ganadería
extensiva ovina, bovina y caprina, como actividad principal, produciendo lana,
carne pelo y pieles. Los valles de regadío no son objeto directo de
intervención y por lo tanto las empresas agrícolas que los componen no se
incluyen en las cifras que se indican precedentemente.
El
poblamiento de la Patagonia presenta notorias diferencias, en gran parte,
asociada a una gran heterogeneidad de ambientes y razones culturales, con gran
incidencia en el tamaño de los predios y tenencia de la tierra. En el sector
austral existe predominancia de establecimientos o estancias de grandes
dimensiones. En el Norte, las unidades extensivas se caracterizan por ser
chicas, minifundistas, con un poblador rural de raíces indígenas.
Número.
de explotaciones ganaderas por provincia, estratificadas según número de animales.
|
NUMERO
DE CABEZAS
|
NEUQUEN
*
|
RIO
NEGRO
*
|
CHUBUT
**
|
SANTA
... CRUZ
**
|
T.
DEL FUEGO
|
TOTAL
|
|
menos
de 1.000
|
3.086
|
3.004
|
1.453
|
205
|
—
|
7.748
|
|
1.001
a 2.000
|
292
|
661
|
528
|
184
|
7
|
1.672
|
|
2.001
a 4.000
|
80
|
482
|
511
|
239
|
4
|
1.316
|
|
4.001
a 6.000
|
30
|
168
|
175
|
124
|
10
|
507
|
|
6.001
a 8.000
|
17
|
82
|
57
|
46
|
11
|
297
|
|
8.001
a 10.000
|
6
|
33
|
38
|
17
|
8
|
64
|
|
10.001a15.000
|
9
|
46
|
30
|
29
|
5
|
89
|
|
15.001a20.000
|
12
|
13
|
3
|
13
|
4
|
42
|
|
más
de 20.000
|
9
|
16
|
12
|
12
|
8
|
45
|
|
TOTAL
|
3.541
|
4.505
|
2.808
|
869
|
57
|
11.780
|
*
Comprende combinación de ovinos, caprinos y bovinos expresados en E.O.S.
(Equivalente Oveja Seca).
**
Comprende sólo cabezas ovinas.
El
sistema productivo (ovinicultura) colapsó a partir de la década de los años
cincuenta después de alcanzar el máximo stock de cabezas de ganado, su
disminución en primera instancia estuvo asociada con la alternacia de ciclos
secos y húmedos, pero no fue óbice para que estudiosos y pobladores alertaran
sobre la manifestación del deterioro de los recursos naturales por sobreuso
(Bailey Willis, 1914, Fichs, 1930, Soriano, 1956, entre otros) y advertían
sobre los riesgos de la explotación incontrolada en ambientes con las
características de fragilidad de la Patagonia. En la actualidad la sociedad patagónica en su conjunto (rural y urbana) es consciente del deterioro de sus
recursos naturales y la internalización de la problemática se visualiza en los
numerosos encuentros y talleres para tratar el problema de la desertificación
en distintos foros gubernamentales y no gubernamentales.
La Patagónica argentina, es quizá, la región a
nivel de país que cuenta con el mayor nivel en generación de tecnología y un
caudal de información disponible para la prevención y control de la
desertificación.
En
la última década los esfuerzos de gobiernos nacional y provinciales, junto a
los actores directos, los productores, ayudados por las agencias tecnológicas,
como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Centro
Nacional Patagónico (CENPAT), las Universidades de la Región, con la cooperación de organismos internacionales, como la GTZ, han articulado proyectos tendientes a interpretar el problema de la desertificación y en
lo posible visualizar un escenario de soluciones a nivel regional.
Esta
acción mancomunada ha permitido determinar la gravedad del problema y
visualizar posibles soluciones a través de nuevos enfoques productivos que van
desde la intensificación de la producción actual (lana y carne), hasta la
reconversión de las empresas agropecuarias. Los nuevos escenarios productivos
abarcan una extensa gama de posibilidades que van desde el aprovechamiento de
la riqueza paisajista, la fauna, el agroturismo, la agriculturización de las
áreas con disponibilidades hídricas y condiciones agroecológicas específicas
para ciertos cultivos, entre otras.
El
sector agropecuario ha sido por su importancia el priorizado en las áreas de
investigación, extensión y transferencia y se considera que por el nivel de
actividad en el futuro continuará siendo el receptor de importantes aportes
tecnológicos.
Al
analizar y evaluar los aportes de los actores directos e indirectos en los
Talleres Regionales realizados en el marco del Programa de Acción Nacional de
Lucha Contra la Desertificación, se observa que existen aspectos esenciales
pendientes de solución, por su importancia, lo relativo a la educación a
distancia, la capacitación de los productores, el asociativismo, para
solucionar los problemas de escala a nivel productivo y bajar los costos, el
fortalecimiento institucional, el marco legal, la tenencia de la tierra y la
generación de mecanismos financieros destinados a prevenir y controlar la
desertificación mediante la adopción tecnológica, surgen como principales
acciones futuras que el Programa de Acción Nacional deberá contemplar a nivel
regional.
Una
síntesis sobre el grado de conocimiento del problema de la desertificación en la Patagonia se describe a continuación:
1.
— Existe un grado
importante de concientización sobre la temática de la desertificación en la
sociedad patagónica, en el ámbito rural y urbano.
2.
— Se cuenta con
información sobre el estado actual de la desertificación de la Región Patagónica escala 1:1.500.000 (800.000 Km2). Un 85 % presenta daños de desertificación
medianos a graves. El Mapeo fue realizado sobre imágenes NOAA-AVRR (Mapa Nro.
2, Fuente INTA-GTZ).
3.
— En base a esa
información se desarrolló un Sistema de Soporte de Decisiones -SSD para cada
provincia patagónica. Estos sistemas se basan en los potenciales y problemas
relevantes identificados, con un enfoque a la sostenibilidad de los recursos
naturales, se proponen estrategias de desarrollo para la ganadería tradicional
y para la incorporación de alternativas productivas. Los SSD son herramientas
de información de uso fácil y en consecuencia de alta utilidad para la toma de
decisiones políticas, basadas en información actualizada. (Fuente INTA-GTZ).
4.
— Se dispone de
protocolos de tecnología probada para los productores. Algunos de los usuarios
pagan los relevamientos y diagnósticos que integran la planificación predial de
las unidades productivas para lograr el uso sustentable de los recursos
naturales y la rentabilidad económica de la Empresa. (Fuente INTA-GTZ).
5.
— Se cuenta con un
menú de alternativas productivas factibles de ser incorporadas en las
provincias patagónicas: intensificación de la producción de carne ovina y
bovina, en áreas de alto potencial forrajero. Agroturismo: en Santa Cruz 35
estancias han sido incorporados a esta actividad. En algunos casos como
actividad complementaria y en otros como sustituto de la ganadería extensiva.
La agricultura es posible en establecimientos con disponibilidad hídrica
superficial en cantidad y calidad. Se validan distintos cultivares (ajo, fruta
fina, entre otros).
6.
— Se cuenta con
equipos interdisciplinarios para la asistencia de grupos de productores en el
proceso de intensificación y reconversión de sus empresas para alcanzar
propuestas sostenibles (incluye asistencia agronómica, análisis
económico-financiero) y animación de procesos grupales y asociativos.
7.
— Un importante
avance se ha logrado en la compilación, análisis y evaluación de normativas
legales existentes a nivel regional y nacional, en comparación a las normas
internacionales con respecto a la sustentabilidad en el uso de los recursos
naturales.
|
Consecuencias
económicas de la desertificación
La
información disponible de los censos ganaderos para las provincias de Chubut
y Santa Cruz correspondientes a los años 1937, 1947, 1952, 1960, 1963, 1975,
1978, 1988 y 1993, indican un aumento de las existencias ovinas hasta 1952 y
una disminución, con altibajos, que en los últimos años se ha acentuado.
El
sector agropecuario, excluyendo los valles contribuye al Producto Bruto
Regional (PBR) con $ 271.500.000, que corresponden a la producción de lana,
carne, pelo y pieles. El 40 % de esta producción es destinada a exportación.
La
reducción de las existencias ganaderas, generalizadas a partir de 1984 para
la provincia del Chubut superan el 50 % de la carga máxima histórica en
algunos de los Departamentos de acuerdo a los datos de las encuesta ganadera
de 1995. Situación similar se plantea en la provincia de Santa Cruz.
La
disminución en la producción como consecuencia de la caída del stock en ambas
provincias considerando el período 1960-1995 y tomando como base el nivel de
producción de 4 kg/ animal y al precio histórico de lana de $ 2, el Ingreso
Bruto no Percibido (Pbnp) acumulado supera los $ 300.000.000. Si consideramos
la carne y las pieles las cifras se aproximan a los $ 500.000.000.
A
estas pérdidas económicas significativas deben agregarse la pérdida de 2500
puestos de trabajo permanentes y de 250.000 jornales temporarios por año.
Por
otra parte, teniendo en cuenta que el valor inmobiliario de los campos de la
región se establecen en función de la capacidad de carga o receptividad, el
proceso de desertificación ha producido una fuerte descapitalización del
sector.
Otras
consecuencias, difíciles de cuantificar son la merma de las fuentes de agua,
por disminución de la tasa de infiltración y aumento de los sedimentos en la
escorrentia superficial, que trae aparejada la colmatación de las represas de
las grandes obras hidroeléctricas.
|
|
Existen
otros impactos difíciles de cuantificar que se relacionan con la pérdida de
biodiversidad (vegetal y animal) y el deterioro de los recursos naturales por
sobreuso (potencial perdido). En la Patagonia el 85 % de la superficie presenta daños de desertificación de medianos a graves. Los bosques andinos
patagónicos presentan un alto grado de deterioro no cuantificado, el PAN
deberá contemplar acciones tendientes a revertir esta situación.
|
Estrategia
de intervención
El
concepto de desarrollo sustentable es el eje central de la estrategia de
intervención del PAN. Durante la realización de los Talleres Regionales los
principales actores involucraron a diferentes componentes para lograr un visión
integradora de la desertificación y diferenciaron distintos niveles de
intervención.
Los
componentes abordados por los asistentes en los Talleres Regionales abarcan el
campo educativo, con especial hincapié en la difusión para concientizar a la
comunidad en general a través de una política comunicacional consensuada, cuyo
retorno por parte de los actores sociales serán las propuestas para el logro
del desarrollo sustentable.
Con
respecto a los diferentes niveles de intervención se acordó instrumentar
políticas que cubran un amplio espectro del sector productivo, esto es, grandes
productores, pequeños y medianos -Py- MES, y minifundistas.
La
existencia de un marco legal con autoridades de aplicación constituidas y una
sociedad con opinión pública formada sobre el uso sustentable de los recursos
naturales, que permita un control legal-social sobre las prácticas y el manejo
de los sistemas de producción, se considera imprescindible.
Lo
expuesto en el punto anterior implica contar con normativas legales elaboradas
con criterios sostenibles para los recursos naturales y su manejo a nivel
predial y regional.
La
capacitación de los productores, el mayor conocimiento de los factores sociales
que limitan la adopción tecnológica, la difusión de los resultados y la
formación de opinión a través de los medios masivos de comunicación, apuntan a
cambiar las motivaciones que configuran la demanda regional.
Entablar
con los decisores políticos mecanismos para abordar las posibles soluciones a
la problemática de la desertificación mediante políticas consensuadas en lo
tecnológico, la capacitación de recursos humanos y de recursos financieros
orientados a incrementar la utilización de tecnologías sustentables se
consideran vitales en la prevención y lucha contra la desertificación.
Para
alcanzar el desarrollo sustentable y en consecuencia una mejor calidad de vida
de la población rural y urbana patagónica, y a modo de síntesis surge de los
Documentos de los Talleres realizados en Río Gallegos y Chos Malal, las
propuestas de acciones que a nivel regional se consideran esenciales:
1.
— Profundizar en la
comunidad patagónica la problemática de la desertificación a través de la
concientización y toma de opinión a nivel de comunidad en general, educadores,
dirigentes (públicos y privados), decisores políticos, entre otros, manteniendo
la identidad cultural de la región.
2.
— Diseñar y poner en
funcionamiento un Sistema de Monitoreo Ecológico-SME que produzca mapas sobre
el estado y tendencias de la desertificación a nivel de la región.
3.
— Desarrollar e
instalar una Base de Datos, con un contenido selectivo de variables en lo social,
económico y ambiental, que permitan la interpretación de la realidad productiva
regional actual e imaginar un escenario futuro en base a las potencialidades de
los diferentes ambientes.
4.
— Potenciar el
fortalecimiento institucional regional y promover las organizaciones sociales
(Red).
5.
— Instrumentar
mecanismos financieros (créditos, degravaciones, entre otros) de estímulos
destinados a generalizar la utilización de tecnologías disponibles para el uso
sostenibles de los recursos naturales.
6.
— Potenciar el uso
de los medios de comunicación social entre la familia rural que vive en el
campo con el resto de la comunidad, (telefonía rural, teleeducación a
distancia, entre otros) para fortalecer el arraigo familiar al medio rural.
7.
— Realizar estudios
de impacto generado por la actividad petrolera.
8.
— Implementar
acciones tendientes a la regularización de la tenencia de la tierra, en
especial en áreas con población de raíces indígenas.
9.
— Elaborar un marco
legal fundado en criterios sustentables que integre los recursos suelo, bosque,
pastizal y agua, e incorpore las prácticas de manejo sustentables y contemple
los desvíos significativos del deterioro que generan las actividades como la
minería y el petróleo.
10.
— Presentar la
información obtenida por la instrumentación del PAN, en formato simple, tipo
Sistemas de Soporte de Decisiones, que permita a los decisores políticos,
utilizarla como herramienta para el planeamiento cuando se trate de generar
políticas a nivel regional, provincial o nacional.
11.
— Desarrollo de
tecnologías adecuadas para sistemas ganaderos en la Patagonia:
Intensificación
Incluye
la evaluación del pastizal natural, ajuste de carga animal y suplementación
estratégica para engorde de refugos, obtención de corderos primicia y
supervivencia de majadas ante emergencias climáticas, cruzamientos con razas de
aptitud carnicera, control de predadores.
Diversificación
Incluye
la definición de nuevos escenarios productivos posibles, acompañando los
sistemas de producción actuales en consonancia con la dimensión de los
establecimientos, perfil del productor y nivel de capacitación.
Implica
un alto grado de agriculturización en los valles patagónicos, al sur del Río
Negro. En Establecimientos con disponibilidad hídrica en cantidad y calidad,
que reúnan condiciones agroecológicas para cultivos específicos (agricultura
orgánica).
El
agroturismo es un perfil productivo de excelencia en la región patagónica por
la diversidad de ambientes y riqueza paisajística, que se conjuga con la infraestructura
de los cascos de estancias del siglo pasado.
Aprovechamiento
de la fauna y flora, su transformación en productos con marca de origen (carne
de choique, guanaco, otros).
Mercados
y Comercialización
Diseño
de una Unidad de Estudios y Mercados-UEM.
La
UEM tendrá como
objetivo principal el monitoreo de la tendencia de la producción ovina en
general (lana, carne, queso, cuero), su precio, costos de insumos, entre otros,
nacional, regional e internacional.
Búsqueda
de nichos de demanda a nivel nacional e internacional para productos
patagónicos.
Capacitación
de los productores en manejo y gestión empresarial.
Integración
vertical (artesanías, lana y pelo, carne ovina queso).
La
búsqueda de nuevos modelos productivos que garanticen la rentabilidad de las
PyMES y la sustentablidad de los recursos naturales, está orientada a recuperar
la producción carnicera de la empresa y un mayor agregado a través de la
integración con la industria de un producto diferenciado por su calidad y
origen (cordero patagónico, escabeches, paté, jamones, otros) de carne ovina
patagónica.
En
economías de subsistencia un esfuerzo similar debe realizarse apoyado en las
raíces culturales de los pobladores, impulsando, a través de la organización,
el asociativismo de las artesanías de tejidos de lana y pelo.
Un
área todavía no abordada suficientemente es el procesado y confección de
prendas de vestir a partir de cueros y pieles a nivel de productores
minifundistas a través emprendimientos asociativos.
CAPITULO
5
ASPECTOS
INSTITUCIONALES, JURIDICOS Y ECONOMICOS
-
Aspectos Institucionales
-
Aspectos Jurídicos
La Constitución Nacional
La
ley de Fomento a la Conservación de Suelos
La
ley de Defensa de la Riqueza Forestal
Otras
Normas Nacionales
La Legislación Provincial
-
Aspectos Económicos
Aspectos
Institucionales, Jurídicos y Económicos
Aspectos
institucionales
El
heterogéneo esquema legal que regula, en mayor o menor medida, directa o
indirectamente, diversos aspectos del proceso de la desertificación ha gestado
una pluralidad de organismos que intervienen en esta materia.
La Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo
Sustentable es la principal autoridad de aplicación en materia ambiental y,
consecuentemente, en el tema de la desertificación.
Las
misiones y funciones asignadas a esta Secretaría en esta temática se ve
complementada, con el hecho de ser autoridad de aplicación, de un conjunto de
leyes vinculadas a la problemática de la desertificación, entre las que se
encuentra la ley Nº 22.428 de fomento a la conservación de los suelos y la ley
de defensa de la riqueza forestal, entre otras.
Además,
de manera específica, se le encomienda la tarea de recuperación y control de
los recursos vegetales silvestres y de la calidad del agua y el suelo.
Dentro
del ámbito de esta Secretaría se encuentra el Instituto Nacional del Agua y el
Ambiente, que reemplazó al Instituto Nacional de Ciencia y Técnicas Hídricas
INCYTH. Dentro de sus acciones, pueden encontrarse ciertas áreas temáticas que
se vinculan con la problemática de la desertificación.
La Secretaría de Agricultura, Pesca y Alimentación
también ejerce importantes actividades relacionadas con esta materia.
Dentro
del ámbito de esta Secretaría se encuentra el Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA), creado por el decreto Ley Nº 21.680/56 "…para
impulsar, vigorizar y coordinar el desarrollo de la investigación y extensión
agropecuaria y acelerar con los beneficios de estas funciones fundamentales la
tecnificación y el mejoramiento de la empresa agraria y de la vida rural".
En cumplimiento de ello, el INTA está desarrollando una tarea de singular
importancia en el tema de la desertificación.
En
otro orden, la Subsecretaría de Minería es el organismo encargado de intervenir
a fin de evitar el impacto que genera en los suelos la industria minera.
Por
su parte, la Subsecretaría de Energía Eléctrica es responsable, en coordinación
con la Subsecretaría de Combustibles, de promover programas conducentes al uso
racional de la energía.
Precisamente,
la Subsecretaría de Combustible es el organismo responsable de promover y
supervisar la explotación racional de los recursos hidrocarburíferos y la
preservación del medio ambiente en todas las etapas de la industria petrolera.
Cabe destacar que esta actividad tiene un alto impacto ambiental en diversas
zonas áridas y semiáridas del país.
La Secretaría de Ciencia y Tecnología, por su
parte, también trabaja en materia de desertificación. Existe en su ámbito una
Comisión de Zonas Aridas y también destacados institutos dedicados a la
problemática de la desertificación, como el Instituto Argentino de
Investigación de Zonas Aridas, IADIZA y el Centro de Estudios Naturales
Renovables de las Zonas Semiáridas, CERZOS.
Por
su parte, a la Subsecretaría de Población de la Secretaría de Interior se le encomienda proponer y ejecutar las políticas, planes y proyectos
en materia poblacional. Sobre el particular, vale recordar la importancia de este
tipo de políticas en el fenómeno de la desertificación.
A
la Subsecretaría de Recursos Hídricos se le confiere la facultad de coordinar
la planificación y ejecución de la política hídrica nacional y la elaboración
del marco regulatorio, vinculando la acción de las distintas jurisdicciones y
organismos intervinientes en la problemática hídrica.
Específicamente,
le corresponde planificar la política sobre cuencas. No obstante ello, debe
señalarse que mediante el decreto 1381/96 se consolidan importantes atribuciones
en materia hídrica, y en cuencas, a la Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable, y en especial a la Subsecretaría de Política Hídrica y Ordenamiento Ambiental.
Desde
luego, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
ha tenido una destacada labor en el Comité Intergubernamental de Negociaciones
encargado de sancionar la Convención Internacional de Lucha contra la Desertificación y su tarea continúa colaborando en el seguimiento de dicha Convención y en las
acciones regionales sobre la materia.
Así
también, debe recordarse que la legislación en la materia ha determinado que la Gendarmería Nacional es Policía de los Recursos Naturales en las zonas de frontera, contando
con una unidad específica.
La
Jefatura de Gabinete de
Ministros, que cuenta con una Dirección de Desarrollo Sustentable y el Servicio
Meteorológico Nacional, son, entre otros, organismos cuyas actividades se
relacionan con los recursos naturales, y, por ende, con la desertificación.
Existen
otras entidades que también se vinculan con esta materia. Por caso, el Consejo
Federal del Medio Ambiente (COFEMA) y el Consejo Federal Agropecuario (CFA).
Esta
referencia a los diferentes organismos nacionales, que, en mayor o menor medida
intervienen en la problemática de la desertificación permite inferir la
necesidad de coordinar el accionar interinstitucional a fin de hacer más
eficiente la lucha contra ese flagelo.
Desde
luego, y dado el reparto de competencias determinado por la Constitución Nacional, las instituciones provinciales tienen un rol fundamental en esta
materia.
En
este contexto, las constituciones provinciales que han sido reformadas luego de
la recuperación de la democracia en 1983, casi en su totalidad han incorporado
la problemática del ambiente y los recursos naturales.
Al
respecto, entre las provincias que han privilegiado la cuestión ambiental
pueden citarse a Córdoba, Catamarca, Jujuy, Corrientes, Formosa, La Rioja, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.
Estas
breves referencias al rol provincial en materia de recursos naturales y,
particularmente en lo relativo a la desertificación, son por lo demás
elocuentes para demostrar la necesidad de un fecundo trabajo interinstitucional
entre la Nación y los diferentes gobiernos provinciales.
En
ese orden, la propia metodología instrumentada en el Programa de Acción
Nacional de Lucha contra la Desertificación, que se basa en la más amplia participación de todos los sectores, públicos y privados, involucrados en esta
problemática, genera, por lo pronto, dos resultados positivos en esa dirección.
Uno
de tipo coyuntural y otro estructural.
En
primer lugar, ofrece en forma inmediata un cauce institucional a los diferentes
organismos nacionales, provinciales y municipales que trabajan en el tema de la
desertificación, posibilitando una coordinación de esfuerzos y una consecuente
optimización de resultados.
En
segundo lugar, el Programa constituye un importante ámbito institucional, que
facilita un amplio debate en el cual se analice la necesidad de sugerir la
elaboración de pautas normativas armónicas y unificadoras en esta materia.
Aspectos
jurídicos
En
1996 la Convención Internacional de Lucha contra la Desertificación ha sido ratificada por el Congreso de la Nación.
Sin
perjuicio de ello, hay un heterogéneo y complejo conjunto de normas nacionales
y provinciales que se refieren, en mayor o menor medida, al problema de la
desertificación.
En
tal sentido sería apropiado desarrollar una tarea de análisis jurídico a fin de
armonizar y ensamblar las diferentes normas imperantes en nuestra materia con
la propia Convención Internacional de Lucha contra la Desertificación.
Tal
como fuera señalado precedentemente, la integralidad del proceso de la
desertificación, que involucra no sólo a los distintos recursos naturales, sino
que se vincula también con aspectos económicos, sociales, políticos,
industriales, urbanos e impositivos, entre tantos otros, conduce a que este
fenómeno sea alcanzado por un numeroso y disímil espectro de normas.
La Constitución Nacional
La Constitución Nacional, reformada en 1994, ha incorporado un conjunto de disposiciones vinculadas al derecho ambiental.
Básicamente,
se ha garantizado el derecho a un ambiente sano y el correlativo deber de
preservarlo. Se ha dado cabida también a la noción de desarrollo sustentable y
biodiversidad, a la vez que se alude a la necesidad de velar por la educación y
la información ambiental.
En
otro orden, se plantea el papel sustancial de las provincias, como titulares
originarios de los recursos naturales, delineándose las facultades en la
materia del Estado nacional y de los gobiernos locales.
|
Derecho
a un ambiente sano. Desarrollo Sustentable
Art.
Nº 41: "Todos
los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para
el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las
necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y
tienen el deber de preservarlo".
Deberes
del Estado y los particulares. Biodiversidad Información y Educación
Ambiental
Art.
Nº 41: "El
daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según
lo establezca la ley. Las autoridades proveerán a la protección de ese
derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la
preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica,
y a la información y educación ambientales".
Presupuestos
Mínimos
Art.
Nº 41: "Corresponde
a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de
protección y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que
aquéllas alteren las jurisdicciones locales".
Facultades
Provinciales
Art.
Nº 124: "Corresponde
a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes
en su territorio".
Facultades
Nacionales
Art.
Nº 75 incs. 18 y 19: "Facultades
del Congreso Nacional "Proveer lo conducente a la prosperidad del país,
al adelanto y bienestar de todas las provincias...", "Proveer lo
conducente al desarrollo humano..."
|
Esta
normativa, vinculada específicamente a la temática de la desertificación,
permite inferir que se ha establecido el deber de los particulares de preservar
el suelo y de recomponerlo si ha sido degradado. A la vez, se fija la
obligación estatal de garantizar la efectiva protección del suelo.
Asimismo,
se determina la misión del Gobierno Nacional de fijar presupuestos mínimos de
degradación, reservándose a las autoridades provinciales la facultad de
complementar tales requisitos.
La
Ley de Fomento a
la Conservación de Suelos
En
el terreno normativo específico, debe considerarse primariamente la Ley de Fomento a la Conservación de Suelos Nº 22.428, dado que la desertificación afecta
primordialmente a este recurso.
Esta
Ley, sancionada en marzo de 1981, tuvo por objeto promover y coordinar acciones
privadas y públicas con el fin de alentar la conservación y recuperación de la
capacidad productiva de los suelos.
Estuvo
destinada a prevenir y controlar la degradación de las tierras, provocada por
la acción del hombre y manifestada por la aparición de la erosión, la
salinización y alcalinización en áreas de riego y la desertización en regiones
áridas y semiáridas.
La
tierra en la Argentina está caracterizada por una casi exclusiva pertenencia al
dominio privado, mientras que en materia de jurisdicción sobre el recurso, por
la estructura federal de la organización política de la Argentina, la misma corresponde exclusivamente a la Provincia.
Por
esta razón esta Ley Nacional es una ley de adhesión, que no obliga a las provincias
hasta que las mismas consienten a su cumplimiento.
A
fines de noviembre de 1983 se habían adherido al régimen de la ley todas las
provincias que componen la Nación.
Los
beneficios de la Ley (subsidios, créditos, etc.) están dirigidos fundamentalmente
a los productores agropecuarios, tanto en su condición de propietarios, como de
arrendatarios y aparceros con la autorización del propietario.
Sin
perjuicio de ello, la aplicación de la Ley Nº 22.428 de Fomento a la Conservación de los Suelos, desarrollada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca en acuerdo con las provincias adherentes, sólo consideró para financiar las
prácticas conservacionistas al mecanismo de entrega de subsidios a los
productores.
La
utilización de este instrumento económico durante 7 años, (1982-1989) permitió
incorporar 2.800.000 ha. bajo manejo conservacionista y otras 2.500.000 ha. como áreas protegidas.
El
monto aportado por la Nación de casi 14.000.000 de dólares (actualizados a
1992), correspondió al 40-50 % del total invertido en conservación, siendo el
resto aportado por el sector privado, compuesto por más de 1000 productores
agropecuarios beneficiados con la ley.
Participaron
19 provincias sobre un total de 22, en las que se establecieron 82 Distritos de
Conservación con un total de 202 consorcios, conformados por 1022 productores
agropecuarios.
Este
subsidio sobre el costo privado de la conservación del suelo ha actuado como
incentivo económico de las inversiones de los productores que decidieron
incorporarse al sistema. Pero sólo el 0.2 % de los productores fueron
alcanzados por estos beneficios, para un área total correspondiente al 3 % de
la superficie agropecuaria nacional.
No
se ha efectuado una estricta evaluación técnico-económica, tanto a nivel
nacional como provincial, del impacto de estas acciones en la adopción de
tecnología conservacionista más allá de las prácticas subsidiadas, aunque se
descuenta una mayor conciencia de los productores en el problema de la erosión.
En
contraposición, la suspensión de los aportes nacionales en 1989 por las
dificultades financieras del Estado Nacional sumado al de los estados
provinciales, llevó a un marcado deterioro de los equipos técnicos provinciales
de conservación de suelos, excepto en aquellas pocas provincias que contaban
con una normativa propia para tal objetivo.
La
Ley de Defensa
de la Riqueza Forestal
En
otro orden, una particular importancia reviste la Ley de Defensa de la Riqueza Forestal Nº 13.273, T. O. Decreto Nº 710/95, especialmente a lo
referente a la protección del suelo, dado que contiene una serie de
disposiciones vinculadas con la problemática de la desertificación.
Declara
bosque protector a aquellos que sirvan para proteger el suelo, así como también
a los utilizados como defensa contra la acción de elementos como el viento.
Más
adelante, se establece que queda prohibida la devastación de bosques y tierras
forestales y la utilización irracional de productos forestales.
También,
se señala que los trabajos de forestación y reforestación de los bosques
protectores serán ejecutados por el Estado con conocimiento de los propietarios
o por éstos directamente.
Otras
normas nacionales
También
existen disposiciones aplicables al problema de la desertificación en el Código
Civil y en otras normas nacionales.
El
Código Civil establece el ejercicio regular del derecho de propiedad,
prohibiendo el ejercicio abusivo del mismo. En rigor, el Código no se limita a
fijar restricciones y límites al dominio, sino que también dispone medidas
protectoras del ambiente y los recursos naturales.
En
ese orden, la reforma al artículo Nº 2513, introducida por la Ley Nº 17.711, se inserta en la línea doctrinaria orientada a limitar el derecho absoluto del
propietario del fundo. El viejo texto permitía la desnaturalización, la
degradación y aun la destrucción de la propiedad. El nuevo artículo determina
que el uso y goce de la propiedad debe ser realizado mediante un temperamento
que suponga un ejercicio general de tal derecho.
Una
especial consideración merecen las leyes Nº 13.246 y 22.298 de arrendamientos y
aparcerías rurales, que consideran la erosión del suelo como causal de
extinción de estos contratos, además de obligar a los aparceros y arrendatarios
a prevenir y evitar este tipo de degradación del recurso.
Por
otra parte, debe hacerse mención a la legislación que regula la cuestión
hídrica. En efecto, el manejo y la utilización del agua incide de manera
significativa en el proceso de desertificación. Por caso, puede citarse la Ley Nº 23.879 de Prevención del Impacto Ambiental de la utilización de recursos hídricos.
También
es importante la normativa referida a las cuencas. Por caso, la Ley 22.697, Comisión Regional del Río Bermejo, Ley 22.721 Comité Interjurisdiccional del Río
Colorado, Ley 23.896, Autoridad Interjurisdiccional de los Ríos Limay, Negro y
Neuquén.
Además,
debe tenerse presente la normativa específica del Código Civil en materia de
aguas. Sobre el particular, debe tenerse presente que en dicho cuerpo legal se
establece el principio publicísticio del agua; es decir, colocar a este
recurso, fundamentalmente, en el ámbito del domino público.
En
otro orden, la legislación de minería tiene una particular relación con la
preservación del suelo. Especialmente, el Artículo 282 de la Ley Nº 24.585 se refiere al impacto sobre los suelos generado por la actividad minera.
Asimismo, la Ley Nº 24.196 de inversiones mineras, exige la adopción de
determinadas conductas ambientales.
La
normativa vigente en materia de hidrocarburos (Ley Nº 17.319 y ccdtes.) también
se vincula con la problemática de la desertificación. En este contexto, la
afectación de los suelos producida por la actividad petrolera ha gestado una
regulación específica tendiente a armonizar, con mayor o menor éxito, el
desarrollo de esta actividad con la preservación de los recursos naturales
afectados.
Las
Leyes de ordenamiento territorial también tienen incidencia en materia de
desertificación, toda vez que regulan la utilización de los diversos recursos
naturales.
La
Ley Nº 15.336 de
energía eléctrica cuenta con normas de prevención ambiental.
Naturalmente,
la política impositiva tiene una singular relación con los procesos de
desertificación, en la medida que pueden inducir a determinados usos de la
tierra.
Esta
primera lista de normas que, en mayor o menor medida, directa o indirectamente,
regulan aspectos vinculados con la problemática de la desertificación permite
apreciar la necesidad de realizar una armonización legislativa.
Desde
luego este complejo esquema legal contiene no pocas contradicciones, estando
formado por normas de épocas muy diferentes y que responden a criterios
técnicos y políticos, también disímiles.
Un
elemento que se presenta con nitidez es la segmentación normativa. Esto
significa que cada recurso natural (agua, suelo, bosque, etc.) es tratado en
forma separada. Lo mismo pasa con la minería y los hidrocarburos.
Por
cierto, este temperamento normativo agudiza las contradicciones y se condice
con la convergencia de organismos que, en mayor o menor medida, actúan en
materia de desertificación.
No
obstante, esta tendencia comenzó a revertirse por un variado conjunto de
factores.
La
razón determinante que llevó a merituar la necesidad de una regulación integral
de los recursos naturales ha sido la conciencia de la integralidad e
interdependencia de los problemas ambientales y de recursos naturales,
considerándose que sería deseable el dictado de un marco legal unificado que
aborde integralmente la problemática de los recursos naturales y, por ende, la
referida a la desertificación.
En
esta misma inteligencia, por caso, la gestión integrada de cuencas es
considerada como una metodología institucional armónica de los recursos
naturales. Al respecto, se ha señalado que las cuencas hidrográficas como
unidades sistémicas de planificación de las actividades del hombre, constituyen
un marco práctico y objetivo para el desarrollo sostenible.
La Convención Internacional de Lucha contra la Desertificación propone el manejo integrado de cuencas, dentro de su articulado.
Asimismo,
la referida Convención establece dentro de las obligaciones generales de las
partes firmantes la de adoptar "…un enfoque integrado en el que se tengan
en cuenta los aspectos físicos, biológicos y socioeconómicos de los procesos de
desertificación y sequía" y la de arbitrar "…mecanismos
institucionales, según corresponda, teniendo en cuenta la necesidad de evitar
duplicaciones".
Luego,
la referida Convención prescribe como obligación específica de los países
afectados, entre los que se encuentra la República Argentina, la de "…crear un entorno propicio, según corresponda, mediante el
fortalecimiento de la legislación pertinente en vigor y, en caso de que ésta no
exista, la promulgación de nuevas leyes y el establecimiento de políticas y
programas de acción a largo plazo".
Concomitantemente
con ello, y a nuestro juicio, la nueva Constitución Nacional supone también un
basamento filosófico para el diseño de un marco jurídico que regule a los
recursos naturales en forma armónica y abarcativa.
La Legislación Provincial
En
nuestro país, la casi totalidad de las provincias que modificaron sus
constituciones luego de la recuperación democrática han dado cabida al derecho
ambiental y de los recursos naturales.
Dentro
de este marco, la legislación provincial, al igual que en el orden nacional, se
ocupa de la desertificación desde un diverso conjunto de normas.
Las
provincias han regulado el uso y la conservación de suelos a través de diversos
instrumentos jurídicos. Al respecto, se han ocupado del tema las
constituciones, códigos rurales, leyes específicas de suelos, o genéricas de
recursos naturales, decretos, resoluciones, etc.
A
la vez, también han recurrido a la creación de Servicios de Conservación,
Programas de Recuperación, entre otros mecanismos institucionales de protección
del suelo.
Asimismo,
la totalidad de las provincias argentinas han adherido a la Ley Nacional de Fomento a la Conservación de Suelos Nº 22.428.
Del
mismo modo, los Estados Provinciales han dictado leyes sobre bosques, aguas,
ordenamiento territorial, códigos rurales, entre otras normas, que tienen una
particular importancia en materia de desertificación.
Provincias
como Córdoba, Neuquén, Tierra del Fuego y Mendoza, entre otras, han dictado
leyes ambientales siguiendo un criterio integral y abarcativo de los distintos
recursos naturales.
Aspectos
económicos
Uno
de los temas centrales en la problemática de la desertificación es la
institucionalización de mecanismos económicos tendientes a prevenir, revertir y
combatir ese flagelo.
Sobre
el particular, primariamente deben tenerse presente las medidas de fomento
instrumentadas en cada recurso natural, como el suelo, los bosques, etc.
Al
respecto, la Convención Internacional de Lucha contra la Desertificación advierte la necesidad de inventariar los mecanismos de apoyo financiero
existentes en las diversas áreas.
En
este contexto, la Ley Nº 22.428 contempla diversas medidas de fomento, como los
subsidios o los créditos especiales.
A
su vez, las leyes provinciales de suelos también instrumentaron diversos
mecanismos tendientes a evitar la degradación de ese recurso.
El
otorgamiento de créditos, la creación de Fondos Especiales de Conservación de
Suelos, el asesoramiento a los productores, la concesión de subsidios y la
cesión de maquinarias, son algunos de los mecanismos de fomento instrumentados
por las provincias.
Otras
medidas implementadas estuvieron orientadas a inducir a los productores a la
adopción de prácticas conservacionistas mediante políticas de desgravaciones
impositivas.
También
dentro del terreno de las medidas tributarias se ha procurado desgravar
impuestos nacionales mediante el establecimiento de prácticas a ser adoptadas
por los productores, orientadas a la conservación de los suelos.
La
ley de defensa de la riqueza forestal Nº 13.273, T. O decreto Nº 710/95, dispone
el fomento y conservación de las masas forestales mediante distintos
instrumentos, como créditos especiales, exenciones tributarias, premios y otros
estímulos.
En
ese orden, el Poder Ejecutivo Nacional ha establecido diversas medidas de
fomento forestal.
Debe
señalarse que, tanto las leyes provinciales de suelos, como la normativa
forestal nacional, no sólo inducen al fomento de suelos y bosques, sino que
también determinan un conjunto de penalidades para aquellos que adopten
prácticas lesivas para los recursos naturales.
Por
su parte, la legislación minera y de hidrocarburos prevén mecanismos de
compensación económica respecto de los suelos afectados por el desarrollo de
esas actividades.
La Convención Internacional de Lucha contra la Desertificación reconoce el rol sustancial del financiamiento para el logro de sus objetivos.
Así,
en los Artículos Nº 20 y 21 se hace referencia a la orientación hacia el
cofinanciamiento de fuentes múltiples, el reforzamiento de la eficiencia y la
efectividad de las fuentes y mecanismos actuales de financiamiento, la
elaboración de estrategias innovadoras para la movilización y canalización de
recursos para las actividades de lucha contra la desertificación y la sequía.
En
relación al financiamiento nacional, la Convención alude a la necesidad de facilitar el establecimiento de fondos nacionales de lucha contra la desertificación,
incluidos los que entrañan la participación de las ONGs, a fin de canalizar
rápida y eficientemente recursos financieros para acciones locales.
CAPITULO
6
AREAS
DEL PROGRAMA DE ACCION
-
Programas de Acción Provinciales, Interprovinciales y Regionales
-
Red Nacional de información Lucha contra la Desertificación Sistema de Monitoreo y Evaluación Nacional de la Desertificación
-
Educación, Capacitación y Concientización Pública
-
Fortalecimiento del Marco Institucional y Jurídico
-
Fortalecimiento del Marco Económico Financiero
-
Inserción del Programa Nacional en el orden Regional e Internacional
Areas
del Programa de Acción
Las
diferentes Areas del Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación se corresponden con los Objetivos Específicos perseguidos por el mismo.
En
efecto, cada una de estas Areas intenta contener a dichos objetivos;
describiendo a tales efectos las diferentes políticas, estrategias y cursos de
acción que deberán ser implementados para plasmar los señalados objetivos del
Programa.
Las
Areas del Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación son las siguientes:
1.
— Programas de
Acción Provinciales, Interprovinciales y Regionales
2.
— Red Nacional de
Información de Lucha contra la Desertificación
3.
— Educación,
Capacitación y Concientización Pública
4.
— Fortalecimiento
del Marco Institucional y Jurídico
5.
— Fortalecimiento
del Marco Económico Financiero
6.
— Inserción del
Programa Nacional en el orden Regional e Internacional
1.
— Programas de Acción Provinciales, Interprovinciales y Regionales
Uno
de los aspectos sustanciales del Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación es alentar la elaboración de programas provinciales, interprovinciales y
regionales.
La
propia metodología utilizada para el diseño del Programa Nacional se fundamentó
en la más amplia participación de los diversos actores locales. Una vez
finalizado el proceso de construcción del referido Programa Nacional, el
protagonismo local, lejos de disminuir, deberá incrementarse de manera significativa.
En
este contexto, el accionar provincial podrá canalizarse de distintos modos:
En
primer lugar, el componente local constituirá la esencia misma del Programa de
Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación, dado que en el mismo se prevé expresamente la canalización de los diversos proyectos generados en los pueblos y
ciudades del país, a través de sus instituciones, públicas o privadas.
Pero,
además de ello, se estima adecuado que cada Provincia, se plantee la
conveniencia de elaborar su propio Programa de Acción Provincial de Lucha
contra la Desertificación.
De
este modo, y sobre la base de la consideración de las particularidades
específicas de cada zona del país, podrían canalizarse institucionalmente de
manera más eficaz los diversos emprendimientos locales en materia de lucha
contra la desertificación.
En
la misma orientación, se observa con interés la conformación de Programas de
Acción Interprovinciales y Regionales, que vinculen los aspectos comunes en
esta problemática, que están presentes más allá de los límites específicos de
cada Estado Provincial.
No
obstante, es preciso advertir que, en modo alguno, se procura crear nuevos
organismos estatales, ni, menos aún, burocratizar el accionar institucional en
materia de lucha contra la desertificación.
Por
el contrario, se intenta alentar el protagonismo de los actores locales, a la
vez que se procura encontrar mecanismos ágiles, dinámicos y flexibles que
permitan coordinar los esfuerzos de los diferentes sectores que trabajan en
esta problemática.
Al
respecto, los países que más éxito han obtenido en la preservación de los
recursos naturales han encontrado en la descentralización una invalorable
herramienta institucional.
En
este marco, es deseable diseñar metodologías de distribución de facultades
entre los distintos niveles de gobierno, que posibiliten un incremento en la
eficiencia del accionar de los organismos públicos y privados, del orden
nacional, provincial y municipal.
De
este modo, se arriba a un federalismo de concertación que resuelve
adecuadamente la problemática de los recursos naturales dentro del esquema de
reparto de competencias entre la Nación y las Provincias establecido por la Constitución Nacional.
Mitigación
de los efectos de la sequía
El
Programa de Acción Nacional también incluye la consideración de las medidas
para mitigar el efecto de las sequías a nivel de todo el país.
El
establecimiento y/o fortalecimiento de sistemas de alarma, de prevención, de
preparación y gestión en caso de sequía, como la introducción de proyectos de
fomento del manejo del suelo y del agua, son elementos que deben considerarse
en la elaboración de programas a nivel provincial y/o regional para el Litoral
y Mesopotamia.
En
esta estrategia las provincias de Misiones, Corrientes, Entre Ríos, que no
habían participado del Programa, junto a las provincias de Formosa, Chaco,
Santa Fe y Buenos Aires, encuentran un mecanismo de inserción y de elaboración
planificada de respuestas a los problemas actuales y/o potenciales de la
sequía.
2.
— Red Nacional de Información Lucha contra la Desertificación
Existe
consenso en destacar la importancia que la sociedad en su conjunto tenga acceso
a la más amplia información en materia ambiental. Esto supone que los
habitantes pueden acceder y recibir información sobre diferentes cuestiones
vinculadas al medio ambiente.
Existe,
en consecuencia, una clara obligación estatal de hacer efectivo este derecho.
Esto ha sido expresamente consagrado en la Constitución Nacional, reformada en 1994, que, además, garantiza la acción de amparo para la
defensa del derecho de información ambiental, pudiéndola ejercer el afectado,
el defensor del pueblo y las ONGs.
En
esta misma orientación, la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación destaca la importancia que los países firmantes acuerden integrar y coordinar
la reunión, el análisis y el intercambio de información vinculada a la
problemática de la desertificación.
En
tal sentido, recomienda la implementación de mecanismos que permitan la
referida circulación de la información a fin de hacer más eficiente la lucha
contra ese flagelo.
En
concordancia con ello, más adelante, la Convención dispone que las partes deberán promover la cooperación técnica y científica en la lucha contra la desertificación y
mitigación de los efectos de la sequía, detallando un conjunto de acciones
orientadas a plasmar ese propósito.
Asimismo,
la Convención fomenta la transferencia, adquisición y desarrollo de
tecnología. Concretamente establece la necesidad de utilizar los sistemas de
información y centros de intercambio de datos nacionales, subregionales
regionales e internacionales existentes para difundir información sobre las
tecnologías disponibles.
En
la misma inteligencia, se señala que el Comité de Ciencia y Tecnología adoptará,
disposiciones para emprender un estudio y una evaluación de las redes, las
instituciones, los organismos y los órganos pertinentes ya existentes que
deseen constituirse en unidades de una red. Se indica que tal red apoyará la
aplicación de la Convención.
Particularmente,
en el anexo regional correspondiente a América Latina y el Caribe se pone
especial énfasis en la necesidad de fortalecer las redes de cooperación técnica
y de sistemas de cooperación, aconsejando la realización de un inventario de
tecnologías disponibles y conocimientos, promoviendo su difusión y aplicación.
Para
hacer efectivos estos preceptos y dada la carencia de un mecanismo que vincule
en una red común a las fuentes y a los usuarios de la información ambiental,
surge la necesidad de implementar un sistema abarcador que permita organizar y
agrupar la información existente en los diferentes organismos públicos y
privados.
El
desarrollo y administración de tal sistema no deberá afectar las actividades
primarias de los organismos participantes, sino interrelacionar las fuentes
existentes, los servicios y los sistemas de modo tal que compatibilicen las
necesidades del demandante con el oferente de información.
Sistema
de Monitoreo y Evaluación de la Desertificación
El
desarrollo de inventarios dinámicos de recursos naturales, la correcta
evaluación de los procesos que conducen a la desertificación y a exacerbar los
efectos de las sequías, y la construcción de cuentas del patrimonio ambiental,
exigen el establecimiento de un sistema nacional de información ambiental, que
debe constituirse en elemento central de cualquier estrategia de lucha contra
la desertificación.
En
tal sentido, se hace imperiosa la necesidad de incluir un Sistema Permanente
de Monitoreo y de Evaluación de los procesos que dan lugar a la
desertificación y de los efectos de la sequía, cuyo beneficio, traducido en
decisiones oportunas, puede ser de incalculable valor, especialmente ante la
posibilidad de que el territorio se vea afectado por cambios climáticos de
impredecibles consecuencias.
A
tal efecto, en el marco del Programa de Acción Nacional se proponen las
siguientes acciones:
1.
— Diseñar un Sistema
de Información Nacional Permanente para la evaluación y Monitoreo de la Desertificación, que articule la funcionalidad de las Instituciones y Organizaciones
Ambientales vinculados a la Lucha Contra la Desertificación en las diferentes regiones: áridas, semiáridas y subhúmedas secas del país.
2.
— Establecer un
Sistema de Información de alcance nacional a través de la Evaluación y Monitoreo, capaz de recopilar y organizar la información relacionada con
Desertificación.
3.
— Proporcionar la
información básica necesaria para reformular políticas nacionales de
aprovechamiento de la tierra, rehabilitación de tierras degradadas y los
recursos de las zonas áridas y semiáridas.
4.
— Coordinar la Red de Monitoreo, compatibilizándola con el Sistema de Información Ambiental del PRODIA
(Proyecto BID-SRNyDS).
5.
— Apoyar proyectos
de Evaluación y Monitoreo que surjan en las regiones comprendidas por el PAN.
6.
— Establecer las
prioridades en el proceso de incorporación de información (qué tipo de
información se requiere y el uso final que se le dará), a fin de que tenga un
propósito claramente definido.
7.
— Inventariar los
recursos naturales y otras investigaciones a fin de elaborar estrategias de
desarrollo y apuntalar alternativas de producción.
8.
— Elaborar
propuestas de definición y clasificación de indicadores y las relaciones entre
los mismos.
9.
— Determinar los
límites de los componentes temáticos, en función de la gestión y toma de
decisiones.
10.
— Apoyar la
capacitación en temáticas de Evaluación y Monitoreo, a nivel nacional y
provincial.
3.
— Educación, Capacitación y Concientización Pública
Existe
una plena coincidencia en destacar la importancia de la concientización social
en relación a los problemas derivados de la desertificación y la sequía.
Ciertamente,
un prerrequisito para la implementación de las diversas políticas orientadas a
combatir estos flagelos es que la sociedad tenga en claro los graves
consecuencias que traen aparejados estos procesos.
Del
mismo modo, es necesario instrumentar mecanismos de educación formal y no
formal, en materia ambiental, y particularmente, en materia de desertificación.
La Constitución Nacional reformada en 1994, haciéndose eco de
esta necesidad, dispone que las autoridades proveerán a la educación ambiental.
Del
mismo modo, buena parte de la legislación específica sobre los diferentes
recursos naturales destaca la necesidad de concientizar a la sociedad sobre el
imperativo de conservar tales recursos.
La Convención de las Naciones Unidas de Lucha
contra la Desertificación pone especial énfasis en la educación y
sensibilización de la sociedad respecto de este problema.
En
tal sentido enumera un conjunto de acciones orientadas a plasmar tales
objetivos.
Por
caso, ratificando el postulado de la participación ciudadana promueve el
permanente acceso del público a la información, así como a un amplio
protagonismo del mismo en las actividades de educación y sensibilización.
Apoyados
en estos principios, dentro de los lineamientos del Programa de Acción Nacional
de Lucha contra la Desertificación se propenderá a fortalecer la capacidad de
formación e investigación a nivel nacional y provincial en esta materia.
Asimismo,
se alentará la difusión de las tecnologías más eficaces, y que, a la vez,
posibiliten el uso sostenible de los recursos naturales.
Se
capacitará a los agentes de extensión agrícola y miembros de organizaciones
rurales para que puedan aplicar enfoques conservacionistas en sus prácticas
agropecuarias.
También,
está previsto el lanzamiento de campañas de sensibilización dirigidas al
público en general.
En
la misma orientación, se introducirá el problema de la desertificación en programas
de estudios interdisciplinarios que integren las diferentes materias vinculadas
a esta problemática.
Se
pondrá especial énfasis en el diseño de planes especiales e intensivos en las
zonas más afectadas.
Es
necesario realizar campañas de sensibilización, en las que cuente con
estrategias de comunicación integradas, donde se tenga en cuenta todas las
etapas del proceso de la comunicación y cada uno de los actores. Además se debe
realizar el seguimiento en cada parte del proceso, para comprobar si se cumple
los objetivos.
4.-Fortalecimiento
del Marco Institucional y Jurídico
En
el Anexo correspondiente a América Latina y el Caribe se consigna la necesidad
de fortalecer los puntos focales nacionales encargados de la coordinación de
las acciones relativas a la lucha contra la desertificación y la mitigación de
los efectos de la sequía.
En
esa inteligencia, la Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable,
como punto focal nacional en la materia, desde el mismo inicio del Programa de
Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación ha impulsado el más fuerte protagonismo de todos los sectores y organismos públicos y privados que, en mayor o
menor medida, directa o indirectamente, trabajan en el tema de la prevención y
el combate de la desertificación.
Existe
convicción en afirmar que la legitimidad del Programa descansa en este amplio
protagonismo social. Desde luego, esta metodología no sólo se mantendrá, sino
que se procurará incrementarla aún más.
Para
el logro de este objetivo resulta de vital importancia el desarrollo de una
tarea de coordinación institucional que permita a los distintos actores
encausar sus acciones en un proyecto integrador.
A
tales efectos, se profundizará la interacción con los diferentes organismos
públicos nacionales y provinciales con incumbencia en esta materia. Del mismo
modo, se alentará la mancomunión de los sectores privados. Asociaciones de
productores, ONGs, técnicos, docentes, y todo aquella persona u organización
que trabaja en la preservación de los recursos naturales podrá encontrar en el
Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación un cauce institucional donde sus esfuerzos se integren y multipliquen.
En
este contexto, la sanción de Ley Nº 24.701, que aprueba la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, significa la incorporación al ordenamiento jurídico nacional de una
invalorable herramienta para combatir este flagelo.
En
este marco, la reglamentación de esa Ley constituye un campo propicio para
avanzar en el proceso de integración normativa.
Sin
perjuicio de ello, y teniendo presente el abanico legal referido a los
diferentes recursos naturales, como los suelos, el agua, los bosques, etc., se
torna necesaria, además, una tarea de recopilación y sistematización normativa
como paso previo a un trabajo de compatibilización legislativa, orientada a
dotar de un marco legal apropiado para el combate de la desertificación, desde
una perspectiva integral y abarcativa.
Habida
cuenta del carácter interdisciplinario del fenómeno de la desertificación,
vinculado a cuestiones sociales, económicas, culturales, urbanísticas, etc. se
requerirá un esfuerzo aún mayor en este sentido, que incluya a una amplia gama
de regímenes normativos, más allá de la legislación propia de los recursos
naturales.
Puntualmente,
la elaboración de leyes nacionales de presupuestos mínimos constituye una
oportunidad de insertar esta problemática dentro del cuerpo legislativo
previsto por la Constitución Nacional.
De
acuerdo al carácter federal del sistema de gobierno argentino, que confiere
amplias atribuciones a los estados provinciales en materia de administración de
los recursos naturales, se torna imperativo el diseño de un sistema de trabajo
integrado entre la Nación y las Provincias.
A
tales efectos, y siguiendo la metodología de participación instrumentada en la
elaboración del Programa Nacional, para la implementación de esta tarea de
fortalecimiento institucional y jurídico se prevé la convocatoria a los
diversos sectores vinculados a esta materia.
A
modo ilustrativo, se alentará la participación de legisladores nacionales,
provinciales, concejales locales, técnicos, colegios profesionales, docentes,
etc., para trabajar en el diseño de esta trama institucional y jurídica.
Asimismo,
y teniendo presente lo señalado expresamente por la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, se alentará la coordinación de actividades con arreglo a las desarrolladas
en el marco de otras Convenciones de las Naciones Unidas, como por ejemplo, las
de Cambio Climático y Diversidad Biológica, con el fin de obtener las mayores
ventajas posibles de las acciones que se lleven a cabo en virtud de cada
acuerdo.
Se
procurará evitar la duplicación de esfuerzos con el propósito de incrementar la
eficiencia de las políticas orientadas a combatir la desertificación y mitigar
los efectos de la sequía.
5.-Fortalecimiento
del Marco Económico Financiero
Teniendo
presente todas estas circunstancias y tomando debida nota de las actuales
restricciones económicas y financieras, una de las primeras estrategias a
implementar en el seno del Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación será la de identificar, inventariar y mejorar cualitativamente los mecanismos
y recursos financieros disponibles, así como también difundir su conocimiento
entre las instituciones del país.
Del
mismo modo, se deberá identificar y establecer nuevos y adicionales mecanismos
financieros para movilizar y canalizar fondos externos e internos para el
desarrollo de las diferentes acciones previstas para ser desarrolladas en el
marco del referido Programa de Acción Nacional".
Se
pondrá especial énfasis en promover la participación de las distintas
instituciones de cooperación financiera bilateral o multilateral, con el fin de
asegurar la aplicación de la Convención.
En
el marco de la Convención se ha creado un Mecanismo Global destinado a promover
medidas para movilizar y canalizar hacia los países afectados recursos
financieros sustanciales, sobre la base de donaciones y/o préstamos en
condiciones favorables.
Este
sistema de organización internacional de la cooperación económico-financiera en
el tema de la lucha contra la desertificación, requiere de los países un
singular esfuerzo en la optimización de sus fuentes y mecanismos de
financiación nacional, bilateral y multilateral.
Nuestro
país como parte de la Convención se compromete a establecer y/o reforzar los
mecanismos nacionales de coordinación que aseguren el uso eficiente de todos
los recursos financieros disponibles, la participación de los grupos locales,
las ONGs y el sector privado a fin de obtener fondos, elaborar y ejecutar
programas y asegurar que todos los grupos tengan acceso a la financiación.
Se
promoverá el estudio, la discusión y aplicación de los instrumentos económicos
financieros en la política ambiental, así como su impacto en el manejo de los
recursos naturales y la desertificación, sea como incentivos al uso racional o
como mecanismo de recaudación de fondos para las actividades de lucha contra la
desertificación.
6.
— Inserción del Programa Nacional en el Orden Regional e Internacional
La Convención de las Naciones Unidas de Lucha
contra la Desertificación y Mitigación de los Efectos de la Sequía prevé expresamente que los países se consulten y cooperen para preparar, con arreglo a
los anexos regionales, programas de acción subregionales y regionales con el
fin de armonizar y complementar los programas nacionales, así como de
incrementar su eficacia.
Se
contempla que dicha cooperación incluya programas conjuntos convenidos para la
gestión sostenible de recursos naturales transfronterizos, la cooperación
científica y técnica y el fortalecimiento de las instituciones pertinentes. La Convención cuenta con un Anexo de Aplicación Regional para América Latina y el Caribe, en
donde se detallan el objeto del mismo, teniendo presente las particulares
circunstancias de la región.
Asimismo,
se contemplan los contenidos de los respectivos Programas de Acción Nacionales,
así como también los mecanismos institucionales de coordinación y cooperación
de los diferentes países de América Latina y el Caribe para hacer más efectiva
la lucha contra la desertificación y la sequía.
En
este contexto, cabe señalar que la República Argentina, junto a Bolivia y Paraguay, está llevando adelante el Programa
Subregional de Desarrollo Sustentable del Gran Chaco Americano.
En
el mismo sentido, se está avanzando en la concreción del Programa de la Puna Americana, juntamente a los países de Chile, Bolivia, Perú y Ecuador. Asimismo, debe
puntualizarse que se ha puesto en marcha el Programa Regional de Lucha contra la Desertificación, del cual la República Argentina fue uno de los principales impulsores, lo
que le permitió ocupar un cargo en el Comité Ejecutivo del mismo.
Estas
circunstancias permiten apreciar que, en el marco del Programa de Acción
Nacional, se ha avanzado de manera significativa en la armonización de las
políticas regionales y subregionales en materia de desertificación, junto a los
países hermanos de Latinoamérica.
Del
mismo modo, debe señalarse que la Argentina ocupa una Vicepresidencia en la Primera Conferencia de las Partes de la Convención, lo que le permite ampliar su protagonismo
en el escenario internacional.
En
este contexto, y con el propósito de continuar, ampliar y profundizar los
diferentes cursos de acción llevados a cabo por la Argentina, en el seno del Programa de Acción Nacional se alentará la adopción de las
siguientes iniciativas:
Intensificar
las relaciones con los países de América del Sur a fin de avanzar en los
Programas Subregionales iniciados.
Armonizar,
con los países miembros del Mercosur, las políticas y la normativa imperante en
materia de recursos naturales y, fundamentalmente, la referida a la
desertificación y la sequía.
Continuar
trabajando junto a las restantes naciones de América Latina y el Caribe a fin
de consolidar el Programa de Acción Regional.
Intentar
llevar a cabo un papel preponderante en el seno de la Conferencia de las Partes de la Convención, en razón de la oportunidad que ofrece la ocupación
del cargo de Vicepresidente de la misma.
Procurar
obtener de la comunidad internacional y de los organismos intergubernamentales
competentes la cooperación necesaria para asegurar un entorno propicio para la
aplicación y extensión del Programa de Acción Nacional en el país. Esta
cooperación abarcará, entre otros, a sectores de transferencia de tecnología,
así como también investigación científica y desarrollo, reunión de información
y distribución de recursos financieros.