CONTROVERSIA POR LEY PROVINCIAL DE DROGAS
10/07/2013 Fuente lavoz. Fiscales federales convocaron a autoridades policiales para manifestarles preocupación por la falta de información de procedimientos que serían de su competencia.
“Personal policial de Drogas Peligrosas secuestró 100 kilos de marihuana en Villa Allende. El procedimiento...”. El fiscal federal Gustavo Vidal Lascano no podía creer lo que veía y escuchaba en el noticiero. No era la primera vez que se enteraba de un operativo antidroga importante por un informativo de la televisión.
Habló con sus colegas y de inmediato citó al jefe de Policía, Ramón Frías, y al responsable de Drogas Peligrosas, Rafael Sosa. La intención era hablar sobre la implementación del fuero Antidroga creado por la ley provincial 10.067, que desfederalizó el combate contra los “quioscos” de cocaína, marihuana y pastillas.
Antes de que comenzara a funcionar el nuevo fuero, hubo ciertos reparos desde la Justicia Federal. La defensora oficial de la Justicia Federal, Mercedes Crespi, advirtió que “iba a ser más fácil que la Policía plante drogas”.
En tanto, el fiscal federal N° 1, Enrique Senestrari, opinó: “El problema es que los quioscos de droga suelen ser la fuente de investigación para llegar a organizaciones más complejas, porque a través del ‘chiquitaje’ se puede llegar a los narcos más grandes. Ahora habrá que ser más creativos”.
¿Un quiosco o más? Algo similar sostuvo la fiscal federal Nº 3, Graciela López de Filoñuk, quien pronosticó un comienzo conflictivo hasta que se coordinara de manera eficiente la competencia de cada ámbito: “Cuando comienza la venta de un estupefaciente, nunca sabemos si paramos en un quiosco o si llegamos a mucho más. Habrá que ponerse de acuerdo con los fiscales provinciales”.
Esas opiniones tienen hoy más vigencia que nunca porque hasta la fecha no se sabe, no hubo acuerdo sobre cuál es la cantidad de droga que divide las aguas entre uno y otro fuero.
El viernes de la semana pasada, fiscales federales y la Policía de Córdoba mantuvieron una reunión que pretendió ser “secreta”, en la casa próxima al edificio de Tribunales Federales, donde la fiscal Graciela López de Filoñuk instruye exclusivamente las causas de lesa humanidad. La elección del sitio fue porque era un “lugar tranquilo” y alejado de miradas “indiscretas”, lo que aseguraba cierta confidencialidad.
Del cónclave participaron el convocante Vidal Lascano, la anfitriona López de Filoñuk, Senestrari y el fiscal del Tribunal Oral 1 (a cargo también del Oral 2), Maximiliano Hairabedian, y el de la Cámara Federal de Apelaciones, Alberto Lozada. Por la Policía, asistieron el jefe Frías y Sosa, a quienes acompañó Raúl Ramírez, subsecretario de la cartera de Seguridad que actúa como coordinador entre la Policía y el fuero Antidrogas de la Justicia provincial.
Ausencias. El comisario mayor Sosa, al ingresar al lugar de la reunión, preguntó por qué no estaban los fiscales Marcelo Daniel Sicardi y Alejandro Marcelo Fenoll, los elegidos por el Tribunal Superior de Justicia para ocuparse de las causas de “narcomenudeo”. “Con ellos mantendremos una reunión más adelante”, explicó Vidal Lascano, quien llevó la voz cantante a lo largo del debate.
Lo que en realidad había intentado explicar Sosa era que los secuestros de droga realizados en procura de “quioscos”, más allá de las cantidades, eran ordenados por Sicardi o por Fenoll, es decir que a ellos habría que preguntarles sobre la marcha de los procedimientos o de las causas.
Es necesario recordar que el principal impulsor de la ley, más allá del interés del gobernador José Manuel de la Sota, fue el ministro de Seguridad, Alejo Paredes, quien como jefe de Policía se quejó de las “demoras” o “vueltas” que se daba en la Justicia Federal para darles órdenes de allanamiento.
Desprolijidades. Desde la vereda opuesta se subrayaron las “desprolijidades” del personal policial que cuando llegaban los juicios los “narcos” zafaban porque los procedimientos eran nulos, ya sea por dudas acerca del secuestro de droga (si existió o la plantaron los investigadores) o por la irregularidad en la convocatoria de testigos presenciales de los operativos.
Estos temas también se abordaron en la reunión del viernes pasado, la que, según Ramírez, “se realizó en un clima de cordialidad, en buenos términos” y su objetivo era “pulir algunos detalles”.
“Dijimos que nosotros podemos hacer un mayor aporte en cuanto a los delitos más complejos, porque los recursos de la Policía Federal y Gendarmería son más limitados”, indicó Ramírez ante una consulta de este diario.
Las principales quejas de los fiscales federales fueron la falta de infomarción de los procedimientos y de las investigaciones en marcha, ya que podían superponerse investigaciones de la Justicia provincial con la federal. Los jefes policiales se comprometieron a “avisar al fiscal federal de turno” cuando secuestraran droga. Lo que no se pudo resolver, y que será motivo de un encuentro entre los fiscales de ambos fueros, es cuál es la cantidad de droga que corresponde para que un operativo de “narcomenudeo” se convierta en una causa federal.
Cuando le preguntamos a Vidal Lascano sobre el saldo de la reunión, se mostró un tanto “sorprendido” porque no se había informado a la prensa. “Fue una reunión informal. La ley provincial ha permitido avanzar mucho en el interior provincial porque todos los fiscales deben actuar, ellos están cerca del lugar de los hechos y nosotros estamos lejos. En cuanto a Capital, hay que coordinar más. Lo que pasa es que desde que entró en vigencia la nueva ley, no nos reunimos nunca, por eso el saldo de lo conversado es más que positivo. Próximamente haremos un encuentro con los fiscales del fuero Antidrogas”, confirmó Vidal Lascano.
358 efectivos
Policías antidrogas. Raúl Ramírez, subsecretario de la cartera de Seguridad que actúa como coordinador entre la Policía y el fuero Antidrogas de la Justicia provincial, contó en la reunión del viernes pasado que el fuero Antidrogas cuenta con 358 hombres y tiende a aumentarse más aún.
Comparación. “En la provincia de Córdoba tenemos un 1,75 por ciento de la Policía afectado al tema drogas y en la provincia de Santa Fe no llegan ni al uno por ciento; lo mismo pasa en la provincia de Buenos Aires”, especificó el funcionario.
El texto original de este artículo fue publicado el miércoles 10 de julio de 2013 en nuestra edición impresa. Ingrese a la edición digital para leerlo igual que en el papel.