Dilma dio marcha atrás con el impuesto sobre las transacciones financieras

31/08/2015 Fuente cronista. La presidenta brasileña cedió ante la presión de los empresarios y descartó el impuesto al cheque con el que esperaba recortar el déficit de u$s 36.300 millones el próximo año

La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, tuvo que retroceder sobre sus pasos y desechar la reimplantación de un impuesto sobre las transacciones financieras con el que preveía cerrar las cuentas presupuestarias de 2016, en un gesto al sector empresarial y parte del mundo político que rechazaron con énfasis la propuesta.

Dilma le bajó el pulgar al "impuesto al cheque" ideado por su ministro de Economía, Joaquim Levy, pocas horas antes de enviar al Congreso el proyecto de Ley de Presupuesto 2016, a pesar de tener que lidiar con un creciente déficit fiscal.

Con el tributo que se había extinto en 2007 el gobierno estimaba recaudar hasta R$ 80.000 millones (u$s 22.340 millones), para recortar un déficit que técnicos calculan en R$ 130.000 millones el próximo año (u$s 36.300 millones).

El gobierno está preocupado con los números de 2016 tras conocerse el viernes que la economía del país cayó 1,9% en el segundo trimestre, tras contraerse 0,7% entre enero y abril, lo que confirmó una recesión técnica, y que el déficit primario totalizó u$s 2.780 millones en julio, elevando el rojo en doce meses a 0,89% del Producto Bruto Interno (PBI).

Los economistas privados estiman que la recesión continuará hasta finales de 2016, y sin crecimiento y como consecuencia, con menos recaudación, se hará difícil afrontar los gastos fijos presupuestarios sin apelar a un nuevo tijeretazo, un camino que la presidenta considera cumplido con el plan de ajuste ya aprobado en el Congreso.

"Si no hay ninguna medida que pueda sanear, vamos a tener un Presupuesto con déficit. No será fácil y tendrá un impacto muy fuerte en el rating de Brasil", dijo ayer el vice líder del gobierno en Diputados, Ricardo Barros, indicado como relator general del proyecto presupuestario.

El planteo de Levy era fijar una alícuota de 0,38%, de los cuales 0,35% iría al gobierno federal, 0,02% a los estados (provincias) y 0,01% a los municipios.

La crisis fiscal en medio de una severa recesión ha socavado la confianza de los inversores y puesto a Brasil en riesgo de perder su nota de grado de inversión el próximo año.