Historia de la deuda externa argentina 1. Primera parte
Fuente Wikipedia. La historia de la deuda externa argentina comenzó en 1822 durante el gobierno de Bernardino Rivadavia y desde entonces ha sido una solución momentánea por un lado pero también un problema a largo plazo por el otro, un tema fundamental de todos los gobiernos y también motivo de crisis institucionales. Con la crisis de 2001, el 23 de diciembre el país entró en suspensión de pagos (default) de su deuda externa, la cual ascendía a 144.000 millones de dólares.
Durante 2003, el gobierno de Néstor Kirchner logró negociar una reprogramación de las obligaciones con los organismos financieros multilaterales (Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y otros menores). Para octubre de 2012 ya se habían pagado más de 270.000 millones de dólares, reduciendose el peso de la deuda externa del 153.6% al 34.7% del PBI.
En el primer trimestre de 2013 la deuda cayó 2.159 millones de dólares, bajando hasta U$S 139.137 millones.5 En mayo 2014 se logró cerrar el acuerdo para salir del default con el Club de París por 9500 millones de dólares.
El empréstito Baring Brothers
El ministro Bernardino Rivadavia. Miembro protagónico del gobierno bonaerense entre 1821 y 1824.
La historia de deuda pública argentina comienza cuando la Junta de Representantes de Buenos Aires sanciona el 19 de agosto de 1822 una ley que facultaba al gobierno a "negociar, dentro o fuera del país, un empréstito de tres o cuatro millones de pesos valor real". Los fondos del empréstito debían ser utilizados para la construcción del puerto de Buenos Aires, el establecimiento de pueblos en la nueva frontera, y la fundación de tres ciudades sobre la costa entre Buenos Aires y el pueblo de Carmen de Patagones. Además debía dotarse de agua corriente a la ciudad de Buenos Aires.
La Junta de Representantes había autorizado la colocación a un tipo mínimo del 70%, pero Rivadavia aceptó constituir un consorcio que representara al Gobierno de Buenos Aires para la colocación del empréstito al tipo de 70%. Este consorcio estaba encabezado por los señores Braulio Costa, Félix Castro, Miguel Riglos, Juan Pablo Sáenz Valiente y los hermanos Parish Robertson, quienes en virtud del poder conferido celebraron el acuerdo en Londres con la firma Baring Brothers & Co. Como la colocación en el mercado sería fácil, la Baring propuso al consorcio colocarlos al 85%, pagando 70% a Buenos Aires y repartíéndose el 15% de diferencia con el consorcio.
El 1 de julio de 1824 se contrató con la Banca Baring el empréstito por 1.000.000 de libras esterlinas. El 15% de diferencia de colocación representó 150.000 libras, de ellas el consorcio en su conjunto se llevó 120.000 libras en carácter de comisión, y los 30.000 restantes fueron para Baring.
El Estado de Buenos Aires por su parte "empeñaba todos sus efectos, bienes, rentas y tierras, hipotecándolas al pago exacto y fiel de la dicha suma de 1.000.000 de libras esterlinas y su interés".
Como no se había especificado como llegaba el dinero a Argentina (por ese entonces el territorio se denominaba Provincias Unidas del Río de la Plata), el consorcio informa a la Casa Baring que la mejor manera era enviando letras giradas contra casas comerciales de prestigio que dieran garantías en Buenos Aires. No por casualidad, una de esas casas comerciales era la de Robertson y Costas, dos miembros del consorcio. Al final, del millón de libras que totalizaba el mismo, sólo llegaron a Buenos Aires unas 560.000, en su mayoría en letras de cambio y una parte minoritaria en metálico.
Finalmente, el dinero del préstamo fue entregado al Banco de Descuento para que lo repartiera como créditos a sus clientes, a intereses mucho más bajos que los que pagaba la provincia por ese dinero. El empréstito se terminaría de pagar ochenta años más tarde.
La Crisis de 1873
Tras varios años de prosperidad, el Presidente Nicolás Avellaneda debió enfrentar durante su gobierno la primera gran crisis económica del Estado moderno.
En 1867 el Banco de la Provincia de Buenos Aires creó la Oficina de Cambios a través de la cual la Argentina ingresó en el régimen de convertibilidad de la moneda (que se estableció a razón de 25 pesos papel por 1 de oro). Hasta 1873 esta Oficina incrementó exitosamente sus reservas de oro, debido al fuerte ingreso de metálico provocado por la afluencia de capital externo proveniente de empréstitos contratados por el gobierno nacional y algunos provinciales en el mercado de Londres. Esta acumulación de metálico hizo a su vez posible una enorme expansión del crédito bancario (reforzada en 1872 con la creación de los bancos Nacional e Hipotecario), lo cual impulsó la ya de por sí importante actividad comercial, como consecuencia de la guerra con el Paraguay.
Este febril ingreso de capitales externos junto a un acelerado incremento de la actividad comercial, repercutió en otras esferas de la actividad económica, como por ejemplo en el enorme aumento tanto del gasto público como de las importaciones y en la aparición de una especulación en tierras cuyo precio subía al compás del incremento del intercambio comercial. La incidencia de las importaciones se reflejó en una balanza comercial deficitaria, pues si bien las exportaciones crecieron no lo hicieron al mismo ritmo que las importaciones.
No obstante, mientras la Argentina recibiese capitales del exterior, esta situación deficitaria no se reflejaría en la balanza de pagos. El problema del desequilibrio comercial se tornó visible cuando cesó el ingreso de capitales, en parte por efecto de la depresión europea de 1873 que cortó los flujos de inversión. A partir de ese momento, la situación deficitaria de la balanza comercial y de la de pagos provocó una sensible disminución de la existencia de metálico. El problema no pudo ser solucionado con un incremento de las exportaciones, por lo que el gobierno del recién asumido Presidente Nicolás Avellaneda debió recurrir a una política claramente deflacionista, suspendiendo la contratación de nuevos empréstitos en el exterior, decretando la inconversión de los billetes del banco de la Provincia y del Nacional, e incluso disminuyendo sueldos de empleados y reduciendo personal administrativo. La retracción del crédito bancario durante 1875 y 1876 golpeó duramente la producción rural. Esta serie de medidas, más la ley de Aduanas de 1876, influyeron en el rápido descenso de las importaciones. Si bien las exportaciones mantuvieron su nivel anterior, la caída de las importaciones, particularmente brusca en los años 1875 y 1876, provocó una inversión en la tendencia predominante de la balanza comercial, que pasó de ser deficitaria a ser superavitaria.
El presidente Avellaneda en su mensaje de apertura al Congreso en 1875 describía la situación económica del país en los siguientes términos:
"Grandes cantidades de dinero afluyeron en los últimos años a la plaza de Buenos Aires teniendo principalmente su origen en los empréstitos que la Nación y esta provincia contrajeron en Londres. De ahí, su acumulación en los bancos, el bajo interés y las facilidades tan seductoras como desconocidas del crédito. El país no estaba en actitud de aplicar de improviso tan considerables capitales al trabajo reproductivo y sobrevinieron las especulaciones sobre terrenos estériles, que acrecentaban artificialmente su precio de una transacción a la otra, los gastos excesivos y la acumulación de las mercaderías importadas, exagerada aún más por la competencia que se desarrolla en estos casos. Con la hora inevitable de los reembolsos, ha sobrevenido la crisis, que principia ya a encontrar su principal remedio en la disminución de los gastos privados y públicos."
Para fines de la década de 1870, la crisis económica ya había sido superada, permitiendo el inicio de un nuevo periodo de prosperidad y expansión económica que se inició en 1880, ya con el Presidente Julio A. Roca, a cargo del Poder Ejecutivo Nacional.
La Crisis de 1890
El Gobierno de Juárez Celman se caracterizó por una efervescencia inversora que poco después desembocó en un colapso financiero.
Durante la década de 1880 se produjo un marcado crecimiento de las inversiones extranjeras, estimuladas tanto por la confianza de los inversores en la economía argentina como por la propia política del gobierno para atraerlos.
A partir de 1886, durante el gobierno de Miguel Juárez Celman, se produce una verdadera fiebre inversora británica, sobre todo en ferrocarriles. Se otorgan concesiones a casi todos los trazados propuestos, sin reparar en sus verdaderas posibilidades productivas. Esta fiebre ferroviaria, a su vez, empujó a un aumento del valor de las tierras atravesadas por las redes. Esta modalidad de inversión, que se prestó a numerosas maniobras especulativas, terminaría desembocando en lo que se denominó la crisis de 1890.
Puede decirse que dicha crisis se originó por una actitud de excesiva confianza de los inversores extranjeros en las posibilidades de la economía argentina que los llevó a prestar rápidamente dinero al gobierno y a los particulares. Sin embargo, pronto se evidenció un desfase temporal con respecto al incremento productivo de esas inversiones. Muchos proyectos necesitarían décadas para poder madurar lo suficiente como para saldar la deuda contraída.
A esta fiebre especuladora se sumó además la incompetencia, malversación y especulación de las autoridades y agentes económicos argentinos, que se deslumbraron frente a una situación sumamente favorable en el mercado de capitales.
Si bien a nivel local se culpa de Juárez Celman por la crisis, ésta también tuvo a un actor principal externo, la casa Baring Brothers, que imprudentemente intentó monopolizar las concesiones en la Argentina y lanzó proyectos de inversión demasiado rápido, sin asegurar sus inversiones de capital, sobrexcediendo ámpliamente su capacidad de negocio.
El crecimiento de la deuda, tanto pública como privada, se tradujo en una excesiva expansión monetaria que llevó a una fuerte depreciación del papel moneda, amenazando la rentabilidad de los inversores, y por lo tanto paralizando la entrada de nuevos capitales. Los inversores británicos, perturbados por los informes provenientes de Buenos Aires respecto de los abusos financieros, se mostraron cada vez más prudentes hacia los proyectos argentinos y dirigieron su atención hacia otros mercados.
Así fue que a principios de 1889 comenzaron a manifestarse síntomas de la falta de solvencia del gobierno argentino para pagar la deuda contraída con los bancos europeos. Las perspectivas de una cosecha pobre preocuparon a los especuladores de la Bolsa y el precio del oro comenzó a subir. En febrero el gobierno intentó infructuosamente prohibir la venta de oro en la Bolsa y, en septiembre, los inversores ya habían perdido su confianza en el gobierno argentino. La catástrofe no ocurrió inmediatamente gracias a la intermediación de Baring Brothers entre los inversores individuales y las autoridades argentinas. Los banqueros europeos propusieron al gobierno de Juárez Celman un remedio que no favorecía al gobierno: consolidación de la deuda, suspensión de nuevos empréstitos durante diez años, suspensión de la emisión de papel moneda y una drástica reducción del gasto público. El gobierno de Juárez Celman no podía aceptar la propuesta, ya que ésta política de austeridad hubiera destrozado su apoyo político.
Al compás de la crisis económica creció el descontento popular, animado por la fuerza de oposición al gobierno de Juárez Celman, la Unión Cívica. El 12 de abril de 1890 renunció el gabinete, y el 16 Juárez Celman nombró uno nuevo, en el cual se incorporaron dos hombres de la Unión Cívica en áreas claves: José E. Uriburu en Hacienda y Roque Sáenz Peña en Relaciones Exteriores. El nuevo ministro de Hacienda intentó una fórmula de conciliación que contentase a los banqueros europeos sin herir los intereses rurales y los de los "nuevos ricos" que respaldaban a Juárez Celman. Uriburu adoptó algunas medidas de austeridad económica, como el aumento del 15% en los impuestos aduaneros, además de la exigencia de recaudar el 50% de los impuestos en oro.
Las medidas de austeridad económica y orientación deflacionaria puestas en marcha por Uriburu fueron rechazadas por el círculo de "amigos" de Juárez Celman, principales beneficiarios de la política inflacionaria anterior. Juárez Celman, obligado a optar entre el ministro y sus propios sostenedores, retiró su respaldo a Uriburu, quien debió renunciar. Como consecuencia, en un solo día el oro subió de 118 a 165. Con el alejamiento de Uriburu se reanudó la política inflacionaria y se repudiaron las deudas, cerrándose así la negociación con los bancos europeos.
Finalmente, el gobierno de Juárez Celman cayó tras la Revolución del Parque del 26 de julio de 1890. Su sucesor, el entonces Vicepresidente Carlos Pellegrini, reabrió la negociación con los bancos europeos para solucionar la crisis. El primer triunfo de Pellegrini fue el arreglo entre el emisario argentino, Victorino de la Plaza, y el presidente de la Comisión Internacional de Banqueros, lord Rothschild, en marzo de 1891.
El acuerdo con Rothschild no prohibía nuevos empréstitos externos ni obligaba al gobierno argentino a ninguna otra cosa que no fuese la reducción de la circulación monetaria. El crédito del gobierno había sido salvado, aunque a costa de generar un sentimiento popular antibritánico, que se tradujo en ataques contra el Banco de Londres y Río de la Plata.
Resuelto a sanear la economía argentina, el sucesor de Juárez Celman dirigió su artillería contra los Bancos Nacionales Garantidos, responsables de la inflación por haber prestado dinero sin respaldo. Se adoptaron también importantes medidas, como la liquidación del Banco Nacional, el despido de 1500 empleados de correos, la reducción a la mitad del presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores, la cancelación de ventas fraudulentas de tierras y de una serie de ferrocarriles garantidos y la reducción de costosas obras públicas.
Los problemas financieros externos fueron resueltos con el empréstito Rothschild, pero no sucedió lo mismo con los problemas internos. El gobierno de Pellegrini debió imponer nuevos impuestos para hacer frente a las obligaciones externas contraídas por gobiernos provinciales y municipalidades en los años de la administración de Juárez Celman, pero como los nuevos recursos -el pago del 50% de los derechos de Aduana en oro, el retorno de los gravámenes a las exportaciones suprimidos en 1887 y el establecimiento de un impuesto a los depósitos bancarios-, no rindieron los frutos esperados, el gobierno se vio obligado a recurrir a la emisión monetaria. Esta no afectó tanto a los sectores exportadores, cuyos ingresos fueron en oro y no en papel. Tampoco a los industriales, para quienes la misma crisis y emisión monetaria fueron una especie de malla protectora contra la competencia extranjera. Los sectores que más sufrieron los efectos de la crisis fueron el propio Gobierno, cuyos problemas financieros lo colocaron en una incómoda situación, y el sector urbano no exportador (comerciantes, importadores, trabajadores y aquellos que especulaban con tierras y valores mobiliarios).
1892 al 1900
Carlos Pellegrini fue quién piloteó la salida de la crisis de 1890 y años después fue el impulsor de un proyecto para unificar la deuda pública argentina, iniciativa que finalmente no prosperó.
El Presidente Luis Sáenz Peña, que asumió en 1892, continuó la negociación con los bancos acreedores iniciada por Pellegrini. En ella tuvo especial gravitación el nuevo Ministro de Hacienda, Juan José Romero, quien propuso a los bancos acreedores que la Argentina pagara su deuda de acuerdo con la capacidad real de pago, sin tomar nuevos préstamos. El 3 de julio de 1893 Romero logró un arreglo con Rothschild en Londres. Los intereses de varios títulos argentinos se reducían (el promedio de reducción fue algo inferior al 30%) por cinco años. Durante el período de reducción de los intereses, el gobierno argentino se comprometió a pagar cada año una suma de 1.565.000 libras al Banco de Inglaterra, para que éste la distribuyera entre los tenedores de bonos. A fines del sexto año, la Argentina trataría directamente con las casas emisoras. Romero negoció con los acreedores en forma directa, y si bien los términos del acuerdo fueron criticados tanto en Buenos Aires como en Londres, éste funcionó porque fue un compromiso entre intereses que, más allá de sus diferencias, tuvieron en común la voluntad de mantener el proceso de comercio e inversión entre la Argentina y Gran Bretaña.
Los méritos principales del arreglo logrado por Romero fueron que resolvió el problema de las deudas provinciales -asumidas por el gobierno nacional- y puso fin a las garantías ferroviarias otorgadas por el gobierno argentino. En enero de 1896 el Congreso Nacional autorizó una emisión de bonos de 50 millones de pesos oro al interés del 4%, con amortización del ½%, con el objetivo de pagar todas las cuentas pendientes derivadas de las garantías y rescindir todos los contratos de garantías ferroviarias posibles mediante la negociación. Como resultado de estos esfuerzos del gobierno argentino, cinco compañías aceptaron abultadas sumas en reemplazo de las garantías estatales y dos fueron compradas, logrando reducirse las posibles demandas por garantías ferroviarias en un 50%. Después de 1905 no se acordó garantía o subsidio de ninguna clase a ninguna compañía ferroviaria.
Si bien, para los primeros años de la década de 1890 la crisis ya había sido resuelta, las inversiones extranjeras no recuperaron el mismo ritmo que habían tenido en la década anterior. La crisis había afectado tanto a Baring Brothers, que las inversiones británicas en la Argentina no se recuperaron hasta 1904. Los préstamos al gobierno registraron una declinación pronunciada, por lo tanto las inversiones en ferrocarriles, frigoríficos, compañías de tierras y bancos crecieron a un ritmo lento. Sin embargo, esto no afecto al sector agro-ganadero, que experimento en aquellos años un aumento en los valores y volúmenes de sus exportaciones.
En 1898, el General Julio A. Roca asume su segundo mandato como Presidente de la Nación, mientras que su gran colega político Carlos Pellegrini, asume como Senador Nacional. Roca le pidió a Pellegrini la elaboración de una iniciativa legislativa para la consolidación de la deuda pública de 392 millones de pesos oro, en un solo empréstito por 453 millones de peso oro. Pellegrini redactó un proyecto de unificación de la deuda pública externa, por medio de un empréstito único al 4% de interés anual y 0,5% de amortización, a largo plazo, y con obligaciones garantidas por las rentas aduaneras. La propuesta obtuvo la media sanción del Senado. Pero después de muchos artículos periodísticos y manifestaciones públicas criticando la medida, Roca decide no apoyarla en la Cámara de Diputados, acción que irritó a Pellegrini, a tal punto que este hecho provoca un distanciamiento entre ambos, aquel año de 1901. Roca por su parte argumenta que el ambiente creado en las calles y en la prensa no es el apropiado para infundir confianza entre los inversores.
Perón y la Deuda Externa
Para un gobierno de rasgos nacionalistas y populares como el que Juan D. Perón inaugura en 1946, la recuperación de la deuda externa argentina representa una singular y simbólica demostración de poder e independencia en la toma de decisiones. Este logro serviría para dar consistencia a su discurso, constituyéndose en un acontecimiento de alta significación doctrinaria para los sectores populares.
El tema acompaña cada alocución presidencial desde 1946 y es uno de los puntos centrales del "Acta de Independencia Económica" consagrada en Tucumán el 9 de julio de 1947. El rescate total de la deuda externa argentina se logra en 1952. El Estado peronista destaca entonces que el país deudor de m$n 12.500 millones se convertía en acreedor por más de m$n 5.000 millones.
El período 1947-51 indica una tendencia a la baja en las tasas de interés en consonancia con la estabilidad económica, y una marcada disminución de la deuda externa que se salda completamente en 1952, con el pago de m$n 12.649.471 perteneciente a las 2 últimas cuotas semestrales del empréstito argentino-británico contenido en el Convenio Roca-Runciman (1933). Se gesta entonces una situación inédita en la historia argentina desde el préstamo Baring Brothers de 1824.
La gran existencia de divisas en el país al finalizar la Segunda Guerra Mundial en 1945 y el supéravit de la balanza comercial entre 1946-48 se aplican a la repatriación de la deuda externa. Así mismo la deuda interna disminuirá un 17.8% entre los años 1945-1952.
En 1949, con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y el crecimiento cada vez más acelerado del mercado interno nacional, aparece el efecto inflacionario, que había sido casi inexistente durante la primera mitad del siglo XX.
En este contexto, el gobierno peronista ensaya un tibio acercamiento con Estados Unidos, a través del Eximbank, que en 1950 acuerda con la Argentina un préstamo por 125 millones de dólares destinados a saldar las deudas con los comerciantes norteamericanos. La ley de inversiones extranjeras de 1953 como los acuerdos firmados con la California Standard Oil dan cuenta de un viraje del gobierno respecto a la utilidad de los capitales internacionales.
Argentina y el Club de París
Tras el derrocamiento de Perón en 1955, el nuevo gobierno dirigido por el General Pedro Eugenio Aramburu, intenta reactivar el flujo de comercio, para lo cual adquiere un nuevo préstamo externo destinado a financiar importaciones desde Europa. Así se contrata con varios bancos europeos un crédito de 700 millones de dólares, que se suponía podría ser amortizado en el transcurso de un año.
Pronto resultó evidente que era imposible para el gobierno cancelar en un plazo tan corto el préstamo. Ante esa situación, el ministro de Finanzas francés invitó a los 11 países acreedores de la Argentina a reunirse en París para analizar la refinanciación de la deuda externa. Dicha reunión se realizó entre el 14 y el 16 de mayo de 1956.
De esta reunión surgió lo que sería conocido como el Club de París, un foro informal de acreedores oficiales y países deudores. Su función primordial sería la de coordinar formas de pago y renegociación de deudas externas de los países e instituciones de préstamo. Desde su creación en 1956, hasta 2009, el Club de París efectuó 408 acuerdos con 86 países deudores.
Argentina y el FMI
El presidente Arturo Frondizi prueba un automotor DKW Auto Unión 1000, fabricado por Industrias Santa Fe (foto de 1960).
La idea de crear un Fondo Monetario Internacional (FMI) fue planteada el 22 de julio de 1944 durante la convención en Bretton Woods (Estados Unidos), poco antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial. La creación de este organismo recién se produce en 1945, con el objetivo primordial de promocionar políticas cambiarias sostenibles a nivel internacional, facilitar el comercio entre los países y reducir la pobreza a nivel mundial.
La Argentina recién se incorpora al FMI y al Banco Mundial en 1956, tras la llamada "Revolución Libertadora". En 1958 se convoca a elecciones que son ganadas por el radical intransigente, Arturo Frondizi, con el fuerte apoyo del peronismo. Según el diagnóstico presidencial, la condición económica era dramática, siendo el principal problema el exceso de gastos sobre la producción nacional, lo que había conducido tanto a déficits comerciales como a un bajo nivel de inversión. Así, mientras que a fines de la Segunda Guerra Mundial, las reservas de oro y divisas acumuladas en el Banco Central superaban en 1.300 millones de dólares a la deuda externa, a fines de abril de 1958 era la deuda externa la que superaba en 1.100 millones de dólares a las reservas de oro y divisas.
Al poco tiempo de asumir, Frondizi pide al Fondo que envíe una misión para elaborar un diagnóstico de la situación económica y preparar, junto a funcionarios argentinos, un programa de emergencia que el FMI contribuiría a financiar. Esta labor conjunta fue tan difícil como implementar las medidas de apertura económica en materia petrolera y de inversiones extranjeras, ya que cualquier programa ortodoxo de reordenamiento económico acarrearía un elevado costo político y social. En el partido, dentro del gobierno y en la opinión pública, había resistencia a aplicar medidas que se contrapusieran a los ideales "desarrollistas" y a las promesas de la campaña electoral. Ciertas medidas inesperadas, como el lanzamiento de "La Batalla del Petróleo", habían desatado una airada protesta obrera y social en la cual se entrelazaban cuestionamientos ideológicos y de procedimiento que debilitaban la posición del gobierno frente a los inversores y las Fuerzas Armadas.
Dos misiones del FMI estuvieron en la Argentina en agosto y noviembre de 1958. Entre medio, el país debió acelerar la resolución de los litigios que tenía pendientes con las empresas extranjeras de electricidad que venían de la época peronista. Las primeras evaluaciones del Fondo sobre la situación económica y las perspectivas de que el país aplicara un genuino programa de estabilización fueron muy pesimistas debido a dos razones: por un lado, el gobierno de Frondizi era políticamente débil y su Partido (la UCRI) era ideológicamente opuesto a adoptar las decisiones que el Fondo consideraba necesarias para la estabilización económica. Por otra parte, para los observadores del FMI, en la sociedad argentina no había un consenso favorable a las profundas reformas que debían realizarse tanto en materia de ajuste del gasto como de apertura económica. Aún así, a mediados de diciembre los lineamientos del plan y la habitual "Carta de Intención" solicitando oficialmente ayuda al FMI, ya estaban listos.
Para acceder a la asistencia solicitada, la Argentina debió modificar su política económica y obtener la convertibilidad a dólares de sus saldos comerciales favorables con los países acreedores europeos nucleados en el "Club de París".
A mediados de diciembre, una misión enviada para explicar a los acreedores europeos el inminente plan de estabilización y su incidencia sobre las relaciones económico-financieras de la Argentina con Europa Occidental obtuvo la conformidad de un cónclave extraordinario de representantes del "Club de París" para que la convertibilidad de los saldos comerciales ya mencionados se aplicara a remesas destinadas a pagos comerciales y de la deuda en el área del dólar. También se logró que los europeos siguieran dando al país el mismo tratamiento cambiario que hasta entonces. Para ello, esta misión reafirmó la intención argentina de seguir cumpliendo con los pagos de su deuda externa en los mismos términos que se habían pactado en 1957 y asegurando que el nuevo régimen cambiario y comercial argentino (adoptado a instancias del FMI y del gobierno de Estados Unidos) no discriminaría a los países europeos.
Con este acuerdo y tras la aprobación del programa económico por parte del FMI, los organismos financieros internacionales, un consorcio de bancos privados norteamericanos y el gobierno de Estados Unidos otorgaron ayuda por 329 millones de dólares para apuntalar el "Plan de Estabilización Económica" con el cual se inició una nueva etapa en la política económica del gobierno de Frondizi. Dicho crédito permitió la unificación y liberalización total del mercado cambiario argentino, cuya demanda venía siendo reprimida ante la falta de divisas.
El nuevo programa económico comprometía al gobierno argentino a sanear la economía nacional y a sentar las bases de su genuino desarrollo mediante severas e inéditas medidas en materia cambiaria, arancelaria, comercial, tributaria, de déficit fiscal y de financiamiento del gasto público. En líneas generales, todas ellas tendían a restaurar una economía de mercado en un país donde ya se había afianzado una fuerte tradición de intervención estatal en la economía, que se remontaba a los años ´30.
Las turbulencias macroeconómicas fueron cediendo paulatinamente, así, el dólar, que había tenido un pico de casi 100 pesos moneda nacional en mayo de 1959, retrocedió hasta 83 en agosto. Para evitar una mayor apreciación de la divisa, el Banco Central estableció una paridad fija en ese nuevo nivel. La inflación también descendió al compás del tipo de cambio.
La entrada de capitales extranjeros, tanto en la forma de inversión directa como de préstamos públicos y privados, permitió alejar por un tiempo el fantasma de una crisis de balanza de pagos. La economía de mercado, propugnada por el entonces Ministro de Economía Álvaro Alsogaray, se basaba en la aplicación rigurosa de los mecanismos de mercado como principio ordenador de la sociedad libre. El Estado sólo debía asegurar la competencia, resolver los casos críticos, y compensar determinados objetivos sociales. Alsogaray insistió en la necesidad de llevar el proceso de liberación hasta las últimas consecuencias, para preservar la estabilidad y restaurar la capacidad productiva de la economía.
Sin embargo, la conflictividad social se volvió insostenible desatándose numerosas y prolongadas huelgas organizadas por los sindicatos obreros. En este contexto Alsogaray debió renunciar en 1961 y Frondizi decidió patear el tablero anunciando el levantamiento de la "ilegalización" que regía sobre el Partido Peronista desde 1955. Así, en las elecciones de 1962 el peronismo ganó la gobernación de diez de las catorce provincias, incluida Buenos Aires. Los militares le exigieron al Presidente la anulación de las elecciones, aunque el Golpe militar ya era inevitable. Finalmente el 29 de marzo de 1962 Frondizi fue detenido por miembros de las Fuerzas Armadas y recluído de su mando.
Ese mismo año, diversos vencimientos de deuda y una fuga de capitales ocasionaron una reducción de las reservas que tuvo un importante impacto sobre el crédito del país. Para paliar la situación, el gobierno tuvo que recurrir a un préstamo del Banco Central excediendo el límite convenido con el FMI para poder financiar sus gastos corrientes. Por esto, el Fondo declaró a la Argentina en violación de los acuerdos firmados.
Desde 1966 en Adelante
Deuda argentina 1994-2004. Expresada en millardos (mil millones) de dólares y azul para la deuda externa.
En el período militar entre Juan Carlos Onganía y Alejandro Agustín Lanusse (1966-1972) la deuda externa argentina se incrementó desde los 3.276 millones de dólares a 4.800 millones, un 46%. Entre los gobiernos de Héctor José Cámpora, Juan Domingo Perón y María Estela Martínez de Perón (1973-1976) la deuda ascendió de 4.870 millones de dólares a 7.800 millones, un 62%, dando el equivalente de 320 dólares de deuda por cada argentino (per capita).
Durante la última dictadura militar, autodenominada Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983) la deuda trepó hasta los 45.000 millones de dólares, un 364%, con lo cual se pasó a tener una deuda per capita de 1.500 dólares. Los años ´70 (sobre todo la segunda mitad de la década) se caracterizaron por sus elevados índices de liquidez y sus bajas tasas de interés para préstamos internacionales, lo que propició la llegada de importantes corrientes de capitales a toda América Latina.
A partir de 1976, la nueva dirección económica del país se caracteriza por reducir los niveles de proteccionismo industrial, mientras que, de manera paralela, se encara un proceso de apertura para la llegada de los capitales extranjeros. Entre estas medidas se destacan dos en particular: una de ellas fue la "reforma financiera", concretada en 1977, que liberalizó la actividad del sector bancario. La otra medida trascendente fue "la tablita", un instrumento donde se fijaba la variación de la pauta cambiaria, es decir, cuál sería la relación entre el peso y el dólar para cada día en los siguientes ocho meses. En síntesis el Gobierno ofrecía una información anticipada que permitiría saber, en ese lapso, cual sería el porcentaje de devaluación de la moneda Argentina. Se suponía que con esta medida se eliminaba el "factor psicológico" que durante años había provocado un aumento constante en los precios, sin embargo, la inflación aumentó mucho más que la devaluación programada, de modo que el peso se mantuvo sobrevaluado hasta el final de la década.
Este cóctel de medidas permitió el surgimiento de la popularmente conocida "bicicleta financiera", que consistía esencialmente, en aprovechar el diferencial que existía entre las tasas de interés locales e internacionales, factor generado por el retraso de la paridad cambiaria. De este modo, el negocio se basaba en solicitar créditos al exterior, cambiar las divisas ingresadas al tipo de cambio vigente (sobrevaluado), colocar ese dinero en el mercado financiero local (plazos fijos a altas tasas de interés) y finalmente recorvertir esos pesos nuevamente en divisas, lo cual arrojaba cuantiosas ganancias. A diferencia de otros países de la región, que destinaron parte del endeudamiento externo a profundizar sus procesos de industrialización, en la Argentina el crédito internacional se utilizó principalmente con fines especulativos.
Para 1980 el fracaso de la política económica de Martínez de Hoz ya era evidente, a lo cual se sumó un alza en las tasas de interés internacionales. La crisis bancaria estalló en el mes de marzo cuando el Gobierno decidió cerrar el Banco de Intercambio Regional, que por aquel entonces era el mayor de los bancos privados locales. A los pocos días, se dispuso el cierre de otros grandes bancos y la política de liquidación continuó durante todo el año. Esto provocó un pánico generalizado entre los inversores, que se tradujo en un retiro de depósitos bancarios y en una demanda especulativa de divisas. En 1981 finalmente la moneda tuvo que ser devaluada en forma significativa, lo que ponía al borde de la quiebra a los grupos económicos locales y a las empresas trasnacionales que estaban fuertemente endeudadas en dólares.
Ante esta situación, el entonces Presidente del Banco Central, Domingo Cavallo, resolvió la implementación de un seguro de cambio para permitir a los deudores privados locales el repago de sus deudas con el exterior. Si bien dicho seguro incluía una tasa de interés, la realidad fue que la inflación y las posteriores devaluaciones terminaron licuando esas deudas, lo que en los hechos, se traducía en una estatización de la deuda externa privada.
Este hecho le sumó al Estado compromisos por más de 5.000 millones de dólares. Algunas de las empresas beneficiadas fueron -en orden empezando por la que adicionó más deudas-: Celulosa, COGASCO, Autopistas Urbanas, Pérez Companc, Acindar, Banco de Italia y Alpargatas entre otras.
Durante el gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989) se llegó a los 58.700 millones de dólares, subiendo un 44%. En la década del gobierno de Carlos Saúl Menem (1989-1999) se elevó un 123%, con 146.219 millones de dólares. Y en el período de breve mandato de Fernando de la Rúa (1999-2001) llegó a unos 147.667 millones de dólares, subiendo un 9%.
En lo que va desde la caída de de la Rúa hasta fines del 2013, la deuda bajó a 137.613 millones de dólares22 a raíz de las gestiones realizadas por los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.
El rol del Fondo Monetario Internacional en la deuda externa[]
Durante la dictadura militar de 1976 a 1983 se dio desde el Fondo Monetario Internacional (FMI) un claro apoyo a la dictadura en su inicio al desembolsar un crédito con facilidades extendidas para países con problemas de pago debido a la suba del petróleo, el monto era de 110 millones de dólares y había sido acordado por el gobierno previo pero sólo se efectivizó durante la dictadura. Un nuevo crédito aparecería en agosto de 1976, esta vez por 300 millones de dólares que se apliaría en septiembre de 1977 con otro de 185 millones de dólares.
Ello agudizado por el ministro de economía designado con el aval del banquero David Rockefeller en el gobierno de Jorge Rafael Videla, José Alfredo Martínez de Hoz, quien enfatizó las privatizaciones de las empresas del estado más productivas. La deuda externa se multiplicó por seis en tan solo seis años, de 7.000 millones de dólares en 1976 a 42.000 millones de dólares en 1982. Vale aclarar que nunca se esclareció a dónde se destinó esa deuda, varios analistas aseguran que unos 30.000 millones de dólares tuvieron un carácter fraudulento, que se fugó del país y apareció en cuentas en el exterior a nombre de argentinos.
Durante una causa federal caratulada bajo el nombre de Olmos Alejandro que recayó en el juez Jorge Ballesteros se determinó la existencia de al menos 467 ilícitos vinculados al endeudamiento externo en la época militar:
"(La deuda externa) ha resultado groseramente incrementada a partir del año 1976 mediante la instrumentación de una política económica vulgar y agraviante que puso de rodillas al país a través de los diversos métodos utilizados, que ya fueran explicados a lo largo de esta resolución, y que tendían, entre otras cosas, a beneficiar y sostener empresas y negocios privados -nacionales y extranjeros- en desmedro de sociedades y empresas del estado que, a través de una política dirigida, se fueron empobreciendo día a día, todo lo cual, inclusive, se vio reflejado en los valores obtenidos al momento de iniciarse las privatizaciones de las mismas
Fallo judicial del juez Ballesteros.
El FMi había solicitado entre 1976 y 1977 una serie de medidas entre las que figuraban que la nación sólo se podría endeudar con el aval del presidente del Banco Central, Adolfo Diz ex director del FMI, y del ministro de economía Martínez de Hoz. Se solicitó además la eliminación de aranceles de importación, reorganización del sistema financiero, unificación de la moneda y liberación del control de movimiento de capitales. Con la excusa de acumular divisas, Diz y Martínez de Hoz produjeron un descontrolado endeudamiento y en 1978 se declaró la inflación. El dólar barato junto con la baja de aranceles produjo una estampida de importaciones que destruyó la industria nacional y el crack bancario de la década de 1980 fue resultado del mismo dólar barato, con el libre sistema financiero y una garantía estatal de los depósitos, que desataron especulaciones y diversos fraudes financieros.
Artículo principal: Plan Brady
Entre 1989 y principios de los años de 1990, el llamado Plan Brady, que llevaba el nombre del entonces secretario del tesoro de los Estados Unidos Nicholas Brady se implementó en varios países latinoamericanos como México, Brasil, Ecuador, Venezuela y Argentina que se encontraban fuertemente endeudados con el tesoro norteamericano.
"El plan Brady supuestamente significaría un alivio para la deuda soberana entre 1992 y 1993. Pero no fue así. Cuando Argentina entró al plan su deuda era de US$63.000 millones, y se refinanció US$33.000 milones. Pero para el año 2000 la deuda, después de costosísimos pagos, era de US$150.000 millones"
Fue una exigencia para adquirir créditos internacionales y para limpiar los balances que los bancos no pudieran cobrar. Tenía el plan claúsulas como que los Estados renunciaban a la soberanía de los activos en el exterior de manera irrevocable y perpetuamente, con excepción de las reservas internacionales y los bienes públicos.
En diciembre de 1992, se concluyó con las negociaciones del Acuerdo Brady, se canjearon los viejos préstamos por nuevos "bonos Brady" a 30 años, otorgándose quitas en el capital y bajas tasas de interés. Se canjeó deudas por un total de 21.000 millones de dólares y se adicionó un poco más de 8.300 millones de intereses adeudados a través de la emisión de tres bonos:
Discount Bond (Bono con descuento): con una quita del 35% y tasa flotante LIBOR de 0,8125%. Unos 4.300 millones de dólares fueron canjeados por esta opción, con la quita sería un equivalente a 2.300 millones de dólares.
Par Bond (Bono a la par): no tenía descuento pero pagaba una tasa de interés fija y más baja que crecía en el tiempo a unos 4% a 6% anual. Fue la predilecta de los acreedores, 12.700 millones de dólares se canjearon por este tipo de bono.
Float Rate Bond (Bono a tasa flotante): a doce años con tres más de gracia y con una tasa LIBOR de 0,8125%. Su emisión canjeó unos 8.652 millones de dólares.
El Camino del Default
La estabilización económica
El Ministro Domingo Cavallo fue el responsable del Plan de Convertibilidad por el que se rigió la economía argentina durante casi toda la década del ´90.
En 1989 se desató la hiperinflación. Desde comienzos del siglo XX hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, la Argentina había logrado mantener una economía estable, tanto en aumento de precios como en el tipo de cambio. A partir de 1945 y hasta 1971 la tasa de inflación promedió el 25% anual, con un pico menor de 3,8% en 1954, durante el peronismo, y uno mayor, excepcional, del 113% en 1959, durante el gobierno de Frondizi.26 Sin embargo, a partir de 1971 y hasta 1973 la inflación se acelera, pasando al 60% anual.27 Para los años ´70 el país contaba con pleno empleo y con la distribución de la riqueza más equitativa de toda la región, sin embargo, la elevada inflación afectaba fuertemente la competitividad de la economía, que era cada vez más desorganizada e improductiva.
Durante 1989 el gasto público representó el 35,6% del PBI y el déficit fiscal ascendió al 7,6% del PBI. De diciembre a diciembre la inflación alcanzó el 3.079%.
Para lograr la estabilidad el gobierno menemista llevó adelante, desde 1990, un replanteo integral de la organización económica. Ella incluyó la apertura generalizada al comercio exterior y al movimiento de capitales, la desregulación económica y la privatización de empresas públicas, la reducción del aparato burocrático del Estado, la reorganización del sistema tributario y la creación de un nuevo régimen monetario. Sin embargó la inflación alcanzó el 2.314% en 1990.
El gasto público bajó de 35,6% del PBI en 1989 a 29,8% en 1990, para continuar reduciéndose en forma gradual hasta el 27% del PBI en 1995. El déficit fiscal también bajó del 7,6% del PBI en 1989 al 2,3% en 1990, y desde 1991 hasta 1995 se mantuvo cercano al 0%.
Los precios de los bienes y servicios comenzaron a determinarse libremente en mercados abiertos y competitivos, y a partir de abril de 1991 los argentinos pudieron elegir libremente la moneda para sus transacciones comerciales y financieras, contando entre las alternativas, con el peso convertible. Este último fue creado a partir de la transformación del Banco Central en una virtual Caja de Conversión con la obligación de respaldar a cada peso en circulación con un monto equivalente de oro o divisas, de manera de poder canjear en cualquier momento cada peso por un dólar estadounidense.
El proceso de desinflación fue continuo y sostenido, pasando de 2.314% en 1990 a 84% en 1991, 17,5% en 1992, 7,4% en 1993, 3,9% en 1994, 1,6% en 1995 y 0% en 1996. A su vez, el nuevo sistema monetario dio lugar a un fuerte aumento de las reservas externas que respaldaron los pasivos monetarios del Banco Central. Las reservas pasaron de 3.808 millones de dólares a fines de 1989 a 17.930 millones a fines de 1994. Entre 1991 y 1994 el producto bruto interno creció al 7,7% anual.
Sin embargo, pese al fuerte aumento del PBI, el nivel de empleo había crecido relativamente poco. Según los funcionarios del Gobierno, esto se debía a una recuperación significativa de la productividad media del trabajo, ya que hasta la década del ´80 existían numerosos empleos de baja productividad o llanamente improductivos que se habían creado artificialmente durante el período del Estado de Bienestar. Las modificaciones estructurales de comienzos de los ´90 habían permitido un rápido crecimiento de la economía, aunque éste no era suficiente como para ocupar plenamente a toda la fuerza laboral. Por eso, la tasa de desocupación aumentó a partir de 1992, para alcanzar el pico de 18,4% de la población activa desocupada, en mayo de 1995. Aunque se esperaba que en el mediano y largo plazo, el aumento del ahorro interno, reflejado en un fuerte crecimiento de los depósitos bancarios, así como en la acumulación de aportes a los fondos de pensiones, se transformara en oferta de crédito hipotecario para viviendas, a tasas moderadas de interés, que por décadas habían sido inexistentes en Argentina, lo cual permitiría impulsar al sector de la construcción, lo que podría dar lugar a un fuerte aumento del empleo.30
Con respecto a la deuda pública, la profunda recesión que atravesó el país durante los años ´80 prácticamente inhibió cualquier posibilidad de hacer frente a los pagos. Así fue que en 1988 se resolvió suspender todo tipo de reintegro, lo que provocó que se acumularan atrasos por unos 6.000 millones de dólares.
En abril de 1990 se restablecieron los pagos de la deuda, aunque de manera parcial, a razón de 40 millones de dólares mensuales, cifra que se incrementó levemente a partir de 1991. Cuando Domingo Cavallo asumió como ministro de Economía en enero de ese año, la deuda era ya de 61.400 millones de dólares. El restablecimiento pleno de los pagos se concretó recién en 1993, tras la puesta en marcha del ya mencionado Plan Brady, como solución definitiva al problema de la deuda.
Con respecto a este hecho vale recordar las palabras de Nicholas Brady y Domingo Cavallo, sobre el desarrollo de la economía nacional y las perspectivas sobre la evolución de la deuda:
“[...] En ninguna otra parte el progreso ha sido tan drástico como en la Argentina, donde el resultado de las reformas económicas ha excedido las previsiones más optimistas. En efecto, los déficit fiscales se convirtieron en excedentes, la inflación cayó de cuatro dígitos a uno, la inversión aumentó y miles de millones de dólares de capital privado llegaron al país [...]. El panorama económico de este país ha sido transformado y un futuro próspero ilumina el horizonte”32 Nicholas Brady, agosto de 1993.
“Dado que se prevé que la deuda pública bruta externa se estabilice en torno a los 46 mil millones de dólares, para comenzar a reducirse hacia 1997, hacia el año 2000 es posible proyectar una relación deuda bruta/PBI del orden del 15,4 por ciento. Hacia fin de siglo, la deuda pública será insignificante” Domingo Cavallo, 1993.
Sin embargo, al 31 de diciembre de 1995 la deuda del Estado nacional era de 87.091 millones y para cuando Domingo Cavallo fue reemplazado por Roque Fernández, en julio de 1996, la misma ya se había elevado a 90.471,80 millones.
Ni los 23.948 millones de dólares (11.440,8 millones en efectivo y 12.507,8 millones en rescate de títulos públicos) recaudados por el Gobierno durante aquellos años a través de las privatizaciones habían logrado revertir el crecimiento de la deuda.
En 1996 se realizó un estudio especial para desentrañar que era lo que había ocurrido con la deuda pública durante el período 1989-1995. Dicho trabajo fue realizado por la consultora M&S y dirigido por Carlos Melconián y Rodolfo Santángelo. Allí se determinó que el incremento contable de la deuda ocurrido entre aquellos años, no era tal y ésto se debía a diversos factores. Por un lado, se explica que el registro contable de poco más de U$S 60.000 millones de deuda pública a fines de 1989 era ficticio, ya que al sumar todas deudas no registradas que el Estado había tenido que reconocer a jubilados, agentes públicos, contratistas, proveedores, etc se arribaba a un monto real de deuda de U$S 96.472 millones en 1989. Según dicho estudio, entre 1989 y 1995 hubo una caída de U$S 3.765 millones, considerando que para el estudio la deuda real de 1995 era de U$S 92.707 millones. El trabajo también aclaraba que, si se tomaba en cuenta la propia depreciación que sufría el dólar (o sea su poder de compra equivalente), la deuda de U$S 96.472 millones de 1989, equivaldría a U$S 104.461 millones de dólares de 1995, es decir, que la rebaja del endeudamiento real del país habría sido de U$S 11.754 millones.
El desgaste del modelo[]
Torre BankBoston, Buenos Aires.
Para 1994 la Ley de Convertibilidad y la Ley de Reforma del Estado, parecían exitosas: habían logrado erradicar la inflación que había azotado a la economía durante más de cuatro décadas, habían logrado recuperar niveles de inversión y de crecimiento que sólo se habían visto a comienzos del siglo XX. La primera gran prueba de la Convertibilidad se produce con el Efecto Tequila (crisis de la economía mexicana), que generó una fuerte salida de capitales y un aumento en el desempleo. La desconfianza creada por la devaluación del peso mejicano, dio lugar a una fuerte caída en el nivel de reservas que habían pasado de 17.930 millones a fines de 1994 a 12.496 millones de dólares para marzo de 1995. A su vez, el déficit fiscal reapareció en el segundo semestre de 1994.
La recesión en la Argentina duró un año y en el segundo trimestre de 1996 la economía ya mostraba signos de reactivación a un ritmo del 3% anual. Las medidas adoptadas por el Gobierno para enfrentar la crisis lograron restablecer la confianza y hacia fines de junio de 1996, las reservas ya superaban los 20.000 millones de dólares.
Sin embargo, esta crisis generó un punto de inflexión en el desarrollo de la economía y dejó al descubierto cual era el talón de Aquiles del régimen. La cuestión de la cuenta corriente era de vital importancia para sostener a la Convertibilidad, ya que mientras hubiese superávit o al menos un equilibrio en las cuentas, el sistema se autosustentaría. La fuerte demanda de divisas para importaciones provocada por el atraso cambiario y la apertura de la economía se había compensado inicialmente gracias a una fuerte repatriación de capitales y al proceso de privatizaciones. Sin embargo, a mediados de la década se inició una nueva fuga de depósitos locales hacia el exterior y tras varios años de fuertes inversiones los conglomerados internacionales comenzaron a girar utilidades y dividendos hacia sus casas matrices. Además, muchas empresas habían aprovechado el contexto internacional favorable para endeudarse, ya fuera emitiendo de obligaciones negociables (ON) con el exterior o a través de préstamos bancarios directos, todos estos factores provocaron una mayor presión sobre la balanza de pagos, que se volvió deficitaria. Para cubrir esta brecha la única opción del sector público era endeudarse en moneda extranjera, por lo tanto, el desequilibrio externo del sector privado debió ser compensado por el propio Estado, lo que a su vez condujo a un crecimiento en la carga de intereses dentro del gasto público.
Domingo Cavallo justificó entonces que el resurgimiento del déficit fiscal se había generado por aumentos automáticos del gasto en materia de seguridad social (por la crisis internacional), así como también había influido la eliminación o reducción de impuestos "distorsivos", particularmente aquellos que se aplicaban sobre la nómina salarial, con el objetivo de alentar la productividad y el empleo.36 Sin embargo, al observar las estadísticas, se deduce que el gasto destinado al funcionamiento del Estado siempre se mantuvo relativamente estable (entre 1993 y 2001 pasó del 6,2% al 6,4% del PBI), mientras que el gasto público social creció muy levemente, del 20,3% en 1993 al 21,8% en el 2001. En contrapartida, los intereses que el Estado debía abonar por sus deudas, habían crecido significativamente del 1,8% al 5,3% del PBI entre 1993 y 2001. Por lo tanto, el origen del déficit estaba en la carga de intereses de la deuda que se había elevado considerablemente, aunque el ministro Cavallo prefirió realizar ajustes por el lado de los gastos de funcionamiento del Estado y los servicios sociales.
Desde principios de 1995, y frente a los riesgos de desfinanciamiento, el gobierno le puso un límite a los gastos de seguridad social y en julio de 1996, acentuó estas medidas restrictivas, limitando las asignaciones familiares y los gastos del sistema de salud de los jubilados. En materia impositiva se aumentó la tasa del impuesto al valor agregado (IVA) del 18 al 21 por ciento (dispuesta en abril de 1995), mientras se analizaba eliminar exenciones en varios impuestos, para así aumentar la recaudación. Más allá de todas estas medidas, a partir de julio de 1996, el déficit fiscal se mantuvo constante, en el orden del 2% de PBI.
Parte de este importante y constante déficit se explica por la reforma previsional de 1994, que produjo la privatización de dicho sistema. Hasta ese momento, el régimen previsional había sido una fuente gratuita de ingresos para el Estado, que se perdió repentinamente tras la aparición de las nuevas AFJPs. Ante esta merma en los ingresos públicos, el Estado debió endeudarse recurriendo, entre otros, a las propias AFJPs, aunque a cambio de estos créditos debía pagar tasas de interés.
La fuga de depósitos también afectó seriamente a los bancos provinciales desde principios de 1995. A contramano de las limitaciones impuestas por la Ley de Convertibilidad al Banco Central y al Tesoro Nacional, las instituciones provinciales habían seguido proveyendo financiamiento a sus respectivos gobiernos durante la primera mitad de la década del ´90. Obligadas por el desfinanciamiento, las provincias debieron aceptar el ofrecimiento hecho por el gobierno federal, que las obligaba a privatizar sus bancos y empresas públicas, y a reformar el régimen de seguridad social de sus empleados.
La situación se mantuvo estable hasta mediados de 1997 cuando se desata una nueva crisis en el sudeste asiático, que por efecto de la globalización pronto se extiende a otras regiones del mundo: en agosto de 1998 la crisis estalla en Rusia, con una fuerte devaluación del Rublo, lo que provoca el colapso de la deuda rusa. Poco después la crisis se extiende a Brasil, que en enero de 1999 se ve obligado a devaluar su moneda.
Estos factores repercutieron de manera muy negativa en la economía argentina a partir de 1998. La retracción en los flujos de capitales internacionales generó una restricción crediticia a nivel local, que afectó tanto al sector público como al privado. Por un lado, las provincias debieron soportar un aumento en la tasa de sus préstamos, mientras que la falta de crédito para pequeñas y medianas empresas provocó una reducción en los niveles de inversión y de empleo. De ahí en más la recesión económica se profundizó y la desocupación no paro de crecer.
Por otra parte la depreciación del Real brasileño y de otras monedas a partir de 1995, determinó una clara sobrevaluación del Peso por estar fijado al Dólar.51 52 La imposibilidad de competir con las importaciones procedentes de Brasil (libres de aranceles tras la creación del MERCOSUR), golpeó mucho a las empresas agropecuarias y manufactureras.
Para fines de 1999, cuando asumió el gobierno Fernando De la Rúa, estaba claro que la situación no podía mantenerse sin tomar alguna medida de fondo.53 El problema más grave del país era la pesada carga de la deuda pública que se había acumulado como consecuencia de los elevados déficit fiscales que se arrastraban desde 1995. Los tres caminos posibles eran los siguientes:
- Provocar una "dolarización" forzosa de la economía, para eliminar la incertidumbre sobre el sistema de cambio fijo entre el Peso y el Dólar. Esta opción fue lanzada por el gobierno de Menem en enero de 1999, aunque el proyecto finalmente no prosperó.
- Defender la Convertibilidad a rajatabla,60 reduciendo el gasto público,61 reestructurando la deuda y aplicando medidas que favorecieran la competitividad de las empresas argentinas, ya fuera restringiendo las importaciones o eliminando impuestos y cargas sociales. También se podría mejorar la competitividad referenciando el valor del Peso a otras monedas además del dólar (como el Euro o el Real) lo que brindaría un mayor margen de maniobra.