Más tropiezos para aplicar la ley de glaciares
16/08/2013 Fuente lanacion. A casi tres años de la sanción de la ley de glaciares, decenas de proyectos mineros se encuentran en alguna instancia de desarrollo sin un verdadero control ambiental. La norma, cuyo objetivo es preservar los glaciares como reserva de agua y prohíbe toda actividad que impacte negativamente sobre ellos, ordenó la realización de un Inventario Nacional a fin de individualizar todas las masas de hielo y geoformas periglaciares existentes en el territorio nacional. Ese inventario tenía un plazo de 180 días para realizarse y el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), dependiente del Conicet, se encuentra a cargo de su realización.
Resulta sorprendente que no se haya avanzado en la confección del inventario en las provincias donde actualmente se desarrolla la actividad minera de modo más intensivo: San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta o Jujuy. El Ianigla presentó los primeros avances del inventario nacional en el Senado de la Nación, pero el documento no incluye las principales provincias mineras. El titular del Instituto expresó que las provincias del Norte no manifestaron interés en adherir a los estudios glaciológicos, ya que estaban pendientes de lo que pasara con el amparo de San Juan, por lo tanto, las investigaciones arrancaron en Mendoza, Chubut, Río Negro y Santa Cruz.
En junio pasado, el fiscal de Estado de la provincia de San Juan presentó ante la Secretaría de Juicios Originarios de la Corte Suprema de Justicia de la Nación los dos primeros informes del inventario de los glaciares existentes en la provincia, junto con el plan de manejo de la reserva de San Guillermo. Esta documentación fue incorporada a las cuatro demandas de inconstitucionalidad de la ley nacional de presupuestos mínimos para la protección de los glaciares que están tramitándose ante el máximo tribunal. Cabe preguntarse si el inventario preparado por la propia provincia cuyana, que ha intentado evitar la aplicación de la ley en su territorio, responde a los criterios que ha tenido la ley de glaciares para proteger el frágil recurso.
No resulta indiferente el hecho de que, recientemente, la Superintendencia de Medio Ambiente de Chile (SMA) haya aplicado una multa de unos 16 millones de dólares a la minera canadiense Barrick Gold y haya ordenado paralizar el proyecto Pascua Lama por incumplimientos ambientales. Se trata de un proyecto para explotar oro y plata que involucra también el territorio argentino y en particular a la provincia de San Juan.
La ley de glaciares siempre ha sufrido contratiempos: primero recibió el veto presidencial; luego se dilató su sanción; después de sancionada no se reglamentó; más tarde fue judicializada, y ahora no se aplica o se aplica de una manera muy parcial. Nadie duda de los beneficios de la actividad minera; sin embargo, lo que se pide es el cabal cumplimiento de nuestra legislación en vigor..