Guerra contra el narcotráfico
16/12/2013 Fuente heraldodelbaio. El presidente constitucional de la República mexicana, Felipe Calderón Hinojosa (2006 – 2012), desde el inicio de su administración, le declaró la guerra el narcotráfico.
Y le nombró “guerra” para justificar constitucionalmente sacar al Ejército de sus cuarteles y militarizar la vida pública del país.
Desde luego, es justificable combatir toda forma de crimen organizado, no sólo el correspondiente al tráfico de narcoticos sino de armas, de personas, de contrabando… combatir las formas de competencia desleal de los monopolios, de la piratería, el abuso de sobregiros bancarios por costos de comisiones, seguros bajo cautiverio, accesorios, intereses excedidos, hipotecas sobrevaluadas, transacciones de lavado de dinero, negocios “fantasma”, virtualización de las transacciones económicas sin garante alguno, entre otras más.
El frenesí de cambios tecnológicos que caracteriza a los tiempos de la posmodernidad es causa principal de que las instituciones presenten problemas tales como la ausencia de leyes, el tráfico de influencias, la obsolescencia institucional y la inconsistencia entre las normas.
Todo ello abre espacios para que prosperen negocios fuera de la legalidad y, más aún, distantes de la justicia.
La corrupción no es una particularidad de la economía mexicana, sino de toda la economía global. De hecho, la actual crisis “subprime” que viven en los Estados Unidos de América deriva de la laxitud institucional y el abuso de corrupción no sólo en lo que es el negocio inmobiliario, sino de todo el sistema financiero de dicho país.
El frenesí del cambio tecnológico termina por volver obsoleto todo el orden institucional, cuya reforma se basa en el proceso democrático de elecciones en cuanto representación popular en la Cámara de los Diputados y en el Senado.
Todas las economías de mercado, y necesariamente bajo el orden político que se sustenta por la libertad y la democracia, están en crisis, y, por decirlo desde el punto de vista neoinstitucional, prosperan en corrupción.
La ironía de esta crisis de corrupción que es propia de un régimen de producción flexible es que la democracia resulta el origen de la corrupción, puesto que las reformas institucionales no se suceden a la misma velocidad del violento cambio que implica la reestructuración económica, precisamente efecto de la continua innovación tecnológica y organizacional.
Para ello se requiere que exista un régimen con capacidad de reformar las leyes de forma efectiva y rápida, misma que sólo una autocracia de tipo dictadura tiene esa cualidad.
Pero las dictaduras, por naturaleza, en el capitalismo son nefastas, pues, siendo altamente efectivas para reformar de forma ágil y oportuna las leyes, tienden a ser altamente injustas y propiamente nefastas en materia de derechos civiles y humanos.
Recuérdense los casos de Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles en México en los años 20 de la vigésima centuria. O el caso de Augusto Pinochet en Chile en los años 70 y 80 de la misma centuria, y el caso de la familia Castro en Cuba, en la actualidad.
El crimen organizado, en especial el del narcotráfico, es una guerra de antemano perdida desde el punto de vista de que, mientras en la Unión Americana exista el mercado más grande del mundo para los estupefacientes, en México el tráfico de narcóticos prosperará.
Su prohibición y, más aún, su persecución lo hacen precisamente más lucrativo y atractivo.
En México, al año, 25 mil millones de dólares se mueven en este negocio. Su lavado beneficia enormemente al fisco. Quizá por ello no se persigue a los agentes “de cuello blanco” de este negocio.
Por otra parte, para ejercer las ventajas de una dictadura eficaz para reformar, y eficiente y justa para gobernar, el tipo de régimen que lo otorga es el socialista.
La posmodernidad -en su corrupción- lentamente indica no sólo la necesaria reimplementación de las tesis keynesianas, sino incluso invita a la revisión de las tesis neomarxistas de autores estadounidenses como Paul Sweezy (1910 – 2004) y Leo Huberman (1903 – 1968); o incluso de la teoría francesa de la regulación de Michel Aglietta (1938).
El actual régimen de ultraderecha, siendo de carácter fascista, no puede combatir el crimen organizado sin lesionar la justicia y la estabilidad social del país.
Sólo naciones socialistas pueden como dictaduras conciliar el uso de la fuerza impositiva con fines de orden y justicia.
Quizá sea la actual crisis el alumbramiento de un nuevo régimen de orden social, económico y político, precisamente al que Carlos Marx (1818–1883) hizo referencia en 1848: el socialismo, pero no de corte soviético al estilo leninista o estalinista, ni chino del tipo de Mao Tse-tung (Mao Zedong, 1893–1976), menos el yugoslavo de Josip Broz “Tito” (1892–1980), o el de Cuba con Fidel Castro (1926), sino uno nuevo, relativo al que Marx indica que surgiría cuando el capitalismo haya agotado todas sus posibles formas de reproducción.
Pero lamentablemente aquí también se reanima la tesis de la revolución violenta del mismo autor.