Ingenio argentino hasta con los buitres: ¿cómo evitaría el país un default y demandas de otros bonistas?
20-06-2014 Fuente iprofesional. La cuestión ya no pasa por saber si el Gobierno pagará o no sino por la forma en que tiene para hacerlo sin que esto gatille el reclamo de otros poseedores de títulos, por u$s15.000 millones. En ese difícil laberinto, aparece una posible salida
Este lunes y martes las noticias pesimistas provenientes de Estados Unidos caían como verdaderos baldazos de agua fría sobre la city porteña.
Como era de prever, los inversores buscaron rápidamente protección en "refugios verdes", en cuevas pintadas de blue y desarmaron posiciones en bonos y acciones de sus carteras temiendo que se venía lo peor.
Es que todo indicaba que la Argentina se encaminaba nuevamente a un default (en este caso técnico y no por falta de plata) lo que hizo recordar viejas épocas con la amenaza de borrar de un plumazo la buena letra que venía haciendo el Gobierno K para acercarse a los mercados de crédito, más allá del récord registrado en la bolsa porteña.
Otra vez el temido juez Thomas Griesa volvía a colarse entre las principales noticias de los medios de comunicación y los inversores cerraban los ojos a la espera de lo peor.
Pero, esta vez, puede que las cosas no pinten tan feas como inicialmente se preveía, tras la irrupción en escena del magistrado.
Griesa llamó a negociar a los abogados de los buitres, que reclaman u$s1.330 millones con los representantes legales de la Argentina, los abogados del estudio Cleary Gotlieb Steen & Hamilton (CGS&H).
Estos últimos hablaron con el juez de Nueva York, quien expresó su intención de que las partes negocien de manera directa.
Para avanzar en ello, funcionarios del Gobierno viajarán a esa ciudad. Por el momento, "no hay una oferta de intercambio", señaló el abogado Carmine Boccuzzi, uno de los representantes de CGS&H.
"Si quieren hablar sobre un acuerdo, ya saben dónde encontrarnos", señaló casi de manera desafiante Robert Cohen, abogado de los fondos Elliot y NML.
Lo cierto es que el veterano juez norteamericano por ahora está haciendo las veces de mediador. Y se muestra más permeable a que el litigio se resuelva, si bien no tiene "pelos en la lengua" a la hora de referirse al país.
"La Argentina en los últimos doce años se ha reído de las sentencias judiciales, no quiero que se vuelva a reír. Por eso, hay que encontrar un mecanismo legal para que todo esto funcione", expresó.
Con esta frase, el magistrado dejó entrever que ve con muy malos ojos que la nación avance en un canje de bonos con el fin de modificar el lugar de pago (Buenos Aires en vez de Nueva York).
Las partes involucradas son conscientes de todo lo que hay en juego y de que es necesario negociar, porque al país no le conviene entrar en un nuevo default.
Una cesación de pagos que, sin embargo, vuelve a estar sobre el tapete a partir de un comunicado oficial que se conoció en la noche del miércoles, en el que se menciona que "por disposiciones judiciales no se podrá pagar el cupón que vence a fin de mes".
Analistas consultados por iProfesional sostuvieron, sin embargo, que esta declaración tiene dos lecturas: por un lado, la letra fría del mismo, pero también le pone una enorme presión a la mesa de las negociaciones que comenzará a funcionar la próxima semana.
"La cuestión es muy simple: si no se llega a un acuerdo rápido y llega ese vencimiento, la Argentina entra nuevamente en cesación de pagos y eso es fatal para todos, para el país y para los fondos, que no van a cobrar", afirmó un experto que sigue de cerca las negociaciones.
En tanto, Pablo Giancaterino -único abogado argentino que figura en el expediente en Nueva York por juicios colectivos- sostuvo a iProfesional que una de las alternativas es que el conflicto encuentre vías de solución recorriendo un camino similar al transitado en el caso Repsol o Club de París.
"La creatividad financiera argentina no tiene límites. Se puede dar una solución tan rápida como pasó con el Club de París, pero en este caso con la intervención de la Justicia y el Congreso", señaló el abogado, que representa a la primera mayoría de los tenedores minoristas en Class Action (tienen en su haber 8 series de bonos completas sobre un total de 22).
"Una solución negociada la veo como el único desenlace. Negociar no es convencer al juez -que no es parte- de lo que quiere imponer quien perdió", expresó.
Según varios analistas, lo intrincado de este largo litigio hace que tomar el camino de la resolución vía los estrados judiciales de Nueva York sea no sólo engorroso sino casi imposible.
Es por ello que "el atajo" es que se dirima a través de una negociación directa entre las partes.
El camino a un eventual acuerdo
Pese a que los abogados que representan a la Argentina negaron haber hecho una propuesta, lo cierto es que, según versiones extraoficiales, se ofreció un pago en efectivo, del orden de unos u$s300 millones como gesto de buena voluntad, y "patear" el resto de la deuda para el arranque del año próximo, cancelable en bonos.
¿Por qué no todo ahora? Para así no cerrar todo el trato este año, ya que el Gobierno tiene "prohibido" hacerlo antes del 31 de diciembre, si es que quiere evitar reclamos de otros bonistas por u$s15.000 millones.
Es decir, el objetivo sería terminar de pactar cuando la llamada cláusula RUFO (Rights Upon Future Offers) deje de estar vigente.
El hecho de no pagar todo este año (quegatilla dicha la clausula RUFO) -pero a la vez mostrar intenciones de querer zanjar la disputa- es visto como un camino de solución.
A cambio de la "dulce espera" hasta 2015, la Argentina debería ofrecerles a los fondos buitre un acuerdo mejor a la propuesta efectuada con motivo del canje de deuda de 2010, aunque de manera "solapada"
De esta manera, el fondo MNL estaría recuperando de manera inmediata la inversión que hizo en bonos y el costo que le insumió el pleito contra el país.
El Gobierno -en caso de que se acepte la propuesta- también tendría la gran ventaja de liberarse del riesgo de caer en default técnico.
Parte de la solución para salir de este laberinto se puede observar en el escrito de los abogados de la Argentina, del estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (CGS&H).
Según su informe, "las ordenes de Pari Passu (igual tratamiento a todos los acreedores) serían satisfechas si se pagase la totalidad de lo reclamado técnicamente por NML, Aurelius y los otros demandantes".
Es decir, no es descabellado que el Gobierno cancele ahora y en efectivo sólo una parte de lo reclamado por los holdouts -con la aprobación de ellos- para evitar que se gatillen los reclamos del resto de los bonistas.
Otro fragmento del documento de los abogados argentinos sustenta estos indicios de que se podría cancelar con títulos públicos la deuda.
"La República podría llevar adelante un arreglo judicial en base a bonos, pero en ese caso deberíamos considerar si los intermediarios piensan que podrían traer a los bonistas al acuerdo, o si tendrían que de cualquier forma a ‘salir a vender' un acuerdo", expresa dicho documento.
De esta manera, al arribar a un pacto con los holdouts, se podría afrontar dicho vencimiento del Discount por u$s600 millones -el próximo 30 de junio- destinado a cancelarle el compromiso a los que ya venían cobrando por haber aceptado la restructuración de títulos de años anteriores.
El objetivo del Gobierno es el de evitar una cesación de pagos, ya que esto derrumbaría los esfuerzos y toda la buena letra para acercarse a los mercados de crédito externo (Repsol, Club de París, acuerdos en el Ciadi, nuevo índice de inflación).
El economista Tomás Bulat sostuvo que lo más importante de lo ocurrido en las últimas horas, es la postura del Gobierno respecto a mostrarse dispuesto a negociar, pese a la amenaza de no pagar a fin de mes, lo que es interpretado por varios analistas como parte de la estrategia oficial.
"Es interesante la ratificación de que la Argentina va a pagar. Ahora la discusión pasa por el cómo y no por si lo hará o no", resumió Bulat.
Por lo pronto, la llave para solucionar el conflicto se encuentra en Nueva York y en poder manejar el timing necesario tanto con el juez Griesa como con los "buitres", para así alejar al país del default pero, a la vez, no gatillar demandas que representan más de la mitad de las reservas del Banco Central.