La Corte le trasladó al Gobierno el reclamo de los jueces del NOA
28/05/2014 Fuente eltribuno. ENTRE LOS QUE EXIGIERON SOLUCIONES ESTÁ EL JUEZ FEDERAL DE SALTA, RAÚL REYNOSO
Pidieron la radarización, extremar acciones para la habilitación de nuevos juzgados federales y también personal para las secretarías judiciales.
La Corte Suprema de Justicia trasladó hoy al Poder Ejecutivo una batería de reclamos de un grupo de jueces del norte argentino para optimizar el combate al narcotráfico, la trata de personas, el contrabando y el lavado de dinero, entre ellos el acceso a recursos tecnológicos y que se cubran las vacantes en los juzgados.
El pedido lo hizo la Corte luego que una docena de jueces de Tucumán, Chaco, Salta, Jujuy, Formosa, Catamarca y Santiago del Estero se reunieran a principios de mayo y a través de una resolución solicitaran ‘extremar la provisión de recursos adecuados‘, humanos, tecnológicos y logísticos.
La Corte pidió al Consejo de la Magistratura, al Ministerio de Justicia y al de Seguridad de la Nación, que ‘en razón a la extrema gravedad de las circunstancias denunciadas y en el ámbito de sus respectivas competencias, arbitren de modo urgente las medidas sugeridas‘ por los jueces federales.
‘Esta Corte ya ha manifestado su preocupación por esta grave problemática y, en este sentido, ha requerido a otras dependencias y Poderes del Estado que arbitren las medidas que fueran necesarias para combatirla‘, sostuvo el máximo tribunal y, en ese sentido, recordó el reclamo que hizo al respecto en 2013.
En aquella reunión de principios de mayo, los jueces del NOA pidieron acceder a recursos tecnológicos, tal vez uno de los más importantes la radarización; que se extremen las acciones para la habilitación de nuevos juzgados federales y también cubrir ‘la dotación del personal necesario, suficiente y capacitado para las secretarías judiciales‘.
También pidieron a los ministerios de Justicia y de Seguridad poder contar con establecimientos carcelarios federales, debido al hacinamiento que hay en penales de la órbita provincial, y sugirieron la posibilidad de instalar buzones en puntos estratégicos para recepcionar denuncias anónimas contra delitos de narcotráfico, lavado de dinero y trata de personas.
Y a los Poderes Ejecutivos Provinciales, además, se les requirió ‘la adecuación de políticas de prevención, asistencia y tratamiento de las personas en riesgo, victimas de tales delitos; como así también, la construcción de los establecimientos respectivos‘.