El patrimonio cultural
14/12/2014 Fuente larepublica. Perú.
Lecciones de un suceso desagradable
El atentado contra las Líneas de Nasca por la organización ambientalista Greenpeace debe ser considerado como una lección invaluable sobre las frecuentes agresiones al patrimonio cultural de la Nación y las dificultades que se producen en la reacción del Estado. En este episodio se ha vuelto a apreciar una brecha entre la indignación de la sociedad, la reacción oportuna de las autoridades y la falta de diligencia del Poder Judicial.
Como se recuerda, el 8 de diciembre 12 activistas de Greenpeace ingresaron sin autorización a la zona colindante al Colibrí en las Líneas de Nasca para dejar un mensaje a propósito de la COP20, afectando un área de 1,600 metros cuadrados de manera irreparable en una zona donde está estrictamente prohibido cualquier tipo de intervención dada la fragilidad que rodea a las figuras.
La gestión de Greenpeace en este hecho fue inicialmente desastrosa. Sus voceros en Lima respondieron con soberbia a los reclamos y exhibieron una explicación en la que sobresalía su negativa a reconocer el grave error. Solo con la intervención de los directivos mundiales de esta institución, incluido el viaje al Perú de su director Kumi Naidoo, han podido arribar a una comprensión de la naturaleza del hecho sobre la base de la aceptación del daño causado. En esa misma línea, hizo bien el gobierno en notificar a la Unesco de los daños ocasionados por esta intervención ilegal porque más allá de las probables sanciones, el efecto reputacional de países e instituciones son barreras disuasivas para futuros excesos.
El Ministerio de Cultura denunció oportunamente el hecho a la fiscalía, dando al caso un curso legal, aunque el Poder Judicial desestimó el pedido de prisión preventiva e impedimento de salida del país de los responsables, aduciendo problemas de forma. De ese modo se ha repetido el círculo de impunidad que rodean a otros atentados contra el patrimonio.
En este punto, el suceso debe ser puesto en contexto para evitar la sensación de que indignan más los daños a nuestro patrimonio cometidos por extranjeros que por nacionales. Para el efecto es necesario anotar que estos daños son muy frecuentes; el entorno mismo de las Líneas de Nasca es objeto de invasiones, minería ilegal y de actividades autorizadas por el Estado. La organización Asociación María Reiche ha señalado que las autoridades tienen en sus manos 10 denuncias penales por ocupación ilegal del entorno de este complejo, sin resultados. En el caso de Arequipa, otro ejemplo, las autoridades regionales denuncian que la demanda inmobiliaria mal gestionada es el primer agente del deterioro del patrimonio cultural debido a que cada año se otorgan en promedio 100 autorizaciones de las cuales el 75% son para ampliaciones o modificaciones.
El reciente suceso debería alertarnos sobre el efecto nocivo de la falta de coordinación interinstitucional, el déficit de educación para la conservación del patrimonio, la falta de recursos públicos para la vigilancia y la ausencia de un marco legal que se reduce a las sanciones penales para los que destruyen, alteran, extraen del país o comercializan bienes del patrimonio cultural. Sobre la mesa ha sido expuesta la iniciativa para la creación de un órgano similar al actual Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), que cumpla funciones eficaces con relación al patrimonio cultural.