Cárceles sin drogas
19/08/2014 Fuente lavoz. Si Córdoba quiere seguir considerándose relativamente libre del flagelo del narcotráfico y de su secuela de violencia y adicciones, necesita que en sus cárceles no circule ningún estupefaciente ilegal.
asi 100 gramos de dos drogas ilegales –21 gramos de cocaína y 68 de marihuana–, perfectamente fraccionados en pequeñas dosis, fueron encontrados por el Servicio Penitenciario de Córdoba. Estaban escondidos detrás de un freezer en un salón de usos múltiples de la cárcel de Bouwer, un lugar adonde sólo acceden los presos, personal penitenciario y, eventualmente, algunos proveedores.
El hecho de que el hallazgo se haya hecho en un sitio de alta circulación y no en una celda torna difícil establecer quién los colocó allí. De todos modos, no es un descubrimiento que sorprenda. Los guardiacárceles, las autoridades políticas, el sistema judicial, los medios, la población en general, ya todos nos hemos acostumbrado.
Los controles se reforzaron y las requisas ya incluyen a los propios guardiacárceles, a los proveedores y a los civiles que trabajan en las cantinas de los penales.
El Servicio Penitenciario, lo ha dicho su titular una vez más, realiza periódicos secuestros de drogas. Hace unos días, se detuvo a una mujer embarazada que, al visitar a un detenido, intentó ingresar estupefacientes. Hace unos meses, este diario difundió el video de un grupo de presos en el momento en que consumían cocaína.
Por supuesto, cada vez que se detecta alguna droga en la cárcel, interviene el Poder Judicial. De modo que la pregunta recae sobre la investigación que este poder del Estado lleva adelante en cada caso: ¿es posible establecer de manera fehaciente la vía de ingreso, la red de distribución, los canales de la previsible comercialización y los sujetos que la consumen? Y, por cierto, ¿qué tiempos y recursos demanda tal investigación?
En paralelo, el poder político debe presentar un plan acorde al problema. Porque aquí no estamos sólo frente a un caso muy especial de “narcotráfico” o “narcomenudeo”, sino también frente a un problema sanitario.
El delito debe ser reprimido como tal, con el agravante de que puede ser cometido tanto por reclusos como por agentes de seguridad; pero también hay que detectar a los adictos, que deben ser tratados como tales y de inmediato, sin que su condena sea un obstáculo para ello.
Si el sentido último de una cárcel es la rehabilitación del detenido, entonces el Estado no sólo debe garantizar ciertas condiciones de habitabilidad, sino también de encuadramiento legal y de prevención sanitaria.
Si el poder político no actúa con la celeridad que el problema exige, además abonará todas las sospechas que circulan en la sociedad sobre su conexión con el comercio ilegal de las drogas.
Esto, se dirá, es parte de una “fantasía popular”. Pero fue harto documentado en los países que han caído bajo el dominio del narcotráfico.
Si Córdoba quiere seguir considerándose relativamente libre de este flagelo, necesita que en sus cárceles no circule ninguna droga ilegal.