Precio y valor de la tierra
18/12/2013 Fuente revistaenie. Sociología rural. Un estudio revela la inequidad y los conflictos en torno de la propiedad de los territorios rurales. La socióloga Karina Bidaseca explica e interpreta los datos del relevamiento que dirigió.
"La tierra para quien la trabaja” se ha convertido en una consigna que comparte la gran mayoría de campesinos y movimientos sociales que habitan el extenso territorio de casi toda América Latina. Más allá del amplio consenso que aglutina la consigna, en la Argentina son muchas las preguntas respecto de ese sujeto de derecho: ¿Cuántos son esos trabajadores de la tierra? ¿Cómo está compuesta su familia y que papel juega ella en el proceso productivo? ¿Cuáles son sus problemas y conflictos? Sin una respuesta a estas preguntas, cualquier diseño de las políticas que se pueda realizar para apuntalar al sector en beneficio de una soberanía alimentaria, son intentos vanos, sin sentido.
Un reciente estudio encabezado por Karina Bidaseca –doctora en Ciencias Sociales e investigadora de la Universidad Nacional de San Martín– y financiado por el Ministerio de Agricultura de la Nación busca, precisamente, conformar un registro a nivel nacional sobre esos conflictos que enfrenta el sector de la agricultura familiar. De este sector heterogéneo, conformado por campesinos e indígenas (32%) que intervienen directamente en los procesos productivos y trabajan en pequeñas extensiones de tierra, depende nuestra soberanía alimentaria: son ellos quienes producen los alimentos que consume la población de nuestro país (y también de otros). Los agronegocios generan comóditis y divisas más que comida, por eso se vuelve vital un conocimiento pormenorizado de los conflictos que enfrentan los pequeños productores.
El mapa y el territorio
El relevamiento y sistematización de problemas de la tierra de los agricultores familiares en Argentina, que se realizó entre abril y junio de 2011, incluyó poco menos de 10 millones de hectáreas que involucran a 63.843 familias de agricultores. Algunos de los 857 casos de disputas territoriales vienen de larga data, pero la mayoría de ellos (más del 60 por ciento) coinciden con el avance de la frontera agropecuaria y la expansión del monocultivo de soja destinado a las exportaciones. Vale decir, se originaron en los últimos veinte años. Pero no sólo donde se siembra soja brotan los conflictos, ya que los criadores de ganado también tuvieron que empezar a producir en zonas antes marginales, tierras consideradas improductivas para el mercado pero donde las comunidades nativas utilizaban los recursos naturales –el monte, la selva, las pasturas– para subsistir y criar sus animales. Es por eso que la mayor cantidad de conflictos se registra en el NOA; específicamente, las provincias que presentan mayores casos de conflictos son las de Córdoba, Misiones, Santiago del Estero, Neuquén, Corrientes y Jujuy. Es decir, allí donde además de sembrarse soja transgénica, la genética comenzó a permitir la crianza de razas muy superiores al cebú que alguna vez conocieron.
Los agricultores que más han sufrido son los “poseedores”: campesinos que trabajan la tierra pero que no cuentan con el título de propiedad. Y no disponen de dicho título a pesar de que un 77,6 por ciento de ellos puede acreditar una posesión de más de veinte años y están por ello en condiciones jurídicas de exigir al Estado argentino, a través de un juicio de usucapión –el reconocimiento legítimo como dueños de esas tierras.
La pertenencia
¿Qué sucede cuando los campesinos, comunidades originarias y el resto de los trabajadores que conforman aquello que, genéricamente, se denomina agricultura familiar, carece de reconocimiento legal respecto de aquellas tierras que trabaja? Puede ocurrir, por ejemplo, que un inversor compre una cantidad de hectáreas sin saber si hay personas viviendo allí. También se presenta el caso conocido que tuvo como protagonista al empresario textil italiano Luciano Benetton, quien compró una cantidad de tierras en la Patagonia similar al área ocupada por toda la provincia de Santiago del Estero. Cuando el empresario fue a exigirles a los habitantes de origen mapuche que vivían allí que se retiraran –argumentando que no les pertenecía porque no tenían el título de propiedad y él sí–, los mapuches le contestaron: “Tiene razón señor, esta tierra no nos pertenece, nosotros pertenecemos a ella. Usted no”.
No son ejemplos tomados al azar. Esto ocurre a menudo, con sus variantes. De hecho, entre las dos principales razones que originan los conflictos por las tierras, el flamante estudio cuenta la “Invasión/usurpación de tierras campesinas e indígenas” y “Títulos incompletos/inexistencia de títulos”. Ocurre frecuentemente que los mismos títulos de aquellas tierras que los campesinos trabajan son utilizados por sociedades comerciales, bancos o empresas como garantía de operaciones financieras, hipotecas o son objeto de otras especulaciones.
La ley contempla los derechos de posesión, incluso por encima de los derechos de propiedad. La discusión, sin embargo, continúa en los tribunales. Su traducción, en el campo, va de las “trompadas a los fierros pasando por los palos”. Los muertos son muchos, aunque sus nombres suelen quedar en el olvido como los de Maximiliano Pelayo, de Miguel Galván o de Cristian Ferreyra.
Pero es necesario recordar que el reconocimiento pleno de estos derechos posesorios –que hasta ahora le ha tocado a los trabajadores la parte más dura tanto en los tribunales como en el campo–, no es sólo un problema de campesinos ignotos que producen y trabajan en condiciones que no siempre son las más propicias.
La crisis poblacional que derivó en el conflicto del Parque Indoamericano (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), y otros casos menos visibles, no está desvinculado, claro, de este acorralamiento al que se ven sometidos los productores en el campo. El correlato en las ciudades es la proliferación de movimientos diversos que luchan por un hábitat digno, donde poder vivir, trabajar y conformar una familia.
En el caso del conurbano bonaerense, que tal vez sea el territorio más crítico, es FOTIVBA (Foro de Organizaciones de Tierra, Infraestructura y vivienda de la provincia de Buenos Aires) quien nuclea a las organizaciones y da a conocer sus actividades a través de la publicación Haciendo Barrio. En sus páginas es persistente el reclamo por una ley que regule la propiedad privada y contemple su función social.
Llama la atención que se haya excluido del Proyecto de Reforma y Unificación del Código civil y Comercial –que ya obtuvo media sanción en el Senado de la Nación– un párrafo que contemplaba el predictamen del oficialismo: “La propiedad tiene una función social y, en consecuencia, está sometida a las obligaciones que establece la ley con fines de bien común”. De esta manera el código no regula la forma de vivir (en las villas urbanas) y de producir (en el campo) pero sí la propiedad privada en el caso de los countries y cementerios privados. La pregunta es, nuevamente, ¿a quién le conviene?
Quien quiera tomar contacto con este estudio (Ver entrevista), que no es representativo en sentido estadístico, ya que se trabajó con la misma cantidad de casos (cincuenta) por provincia, puede consultar la página http://www.proinder.gov.ar Queda todavía la tarea de hacer un conteo más abarcador de la totalidad de los conflictos territoriales en la Argentina.