El control de la ruta de la droga

Fuente laopinionaustral. El 24 de marzo de 2013, en este mismo espacio, se publicaba una editorial con el título “La ruta de la droga: una mirada necesaria”.

Es que en aquel momento se repetían las noticias de que se detectaba en los pasos fronterizos, pero del lado chileno, la introducción de droga que era llevada de Argentina.

Esta es una preocupación que sigue vigente en el país trasandino, por la facilidad con la que se llega a la frontera sin que los controles intermedios en las rutas argentinas lo frustren. Eso hizo pensar a más de un investigador si el punto de partida de la droga no era la propia provincia de Santa Cruz. Aunque luego se concluyó que para la compra “al menudeo” era muy factible, no así cuando la cantidad era superior.

Esta semana se conoció que dos argentinos fueron detenidos en el paso fronterizo de Monte Aymond por la policía y la aduana chilena. En su camión llevaban 31 ladrillos de droga (unos 25 kilos), entre marihuana y cocaína.

Pero lo que llamó la atención fue que el camión salió de la provincia de Buenos Aires, con destino a Ushuaia. Pasó varios controles permanentes de Gendarmería, como el de Arroyo Verde en Chubut y Ramón Santos en Santa Cruz, entre otros, y no fue detectado.

Santa Cruz se ha constituido en un lugar no sólo de paso, sino también de destino. Hace años se denuncia (a través de distintas ONGs, como por ejemplo ALUCA) cuál es la ruta de la droga en nuestra provincia. Siempre se destacó a Caleta Olivia como punto de ingreso a Santa Cruz.

El viernes, un procedimiento simultáneo en tres viviendas logró que se sacara de circulación una importante cantidad de marihuana. Esos operativos fueron el punto cúlmine de una investigación de más de tres meses, que se había iniciado a partir de la detención de algunos dealer que vendían la marihuana en las escuelas. Un dato no menor y por demás preocupante.

No es menor que las causas que investiga el Juzgado Federal hayan crecido en estos últimos años, pero en general los detenidos terminan recobrando su libertad en poco tiempo o a veces, ni siquiera alcanzan ese rango y sólo son demorados “fijando domicilio”. También la cantidad de droga incautada promedio, en los últimos tiempos, es menor si se la compara con años anteriores.

Esto no significa que no se esté actuando. Sino que así como la Policía y la Justicia buscan actualizarse, los narcos también lo hacen, y ellos cuentan con “recursos” de manera más inmediata. No sólo se requiere de nuevas metodologías y capacitación, sino de equipamiento tecnológico que permita mejorar la tarea investigativa y de control.

Algo que el caso de los camioneros detenidos en Monte Aymond demuestra que falla, no sólo en Santa Cruz sino también en numerosas provincias del país que pueden ser transitadas a través de las rutas casi sin ningún temor por los “distribuidores”.

Escribíamos en este espacio en marzo: “Mayor tecnología, más y mejor movilidad, son cuestiones que tienen su costo pero que, a la hora de los logros, es nuestra sociedad la más beneficiada”.

“Por lo que la inversión es importante y debe ser continua, puesto que es sumamente necesaria y urgente con la mirada puesta en la lucha por erradicar la mayor parte de la droga de nuestras calles”.

También se requiere un accionar judicial y legislativo que vaya de la mano con la investigación. Son muchos los casos en que los demorados sólo fijan domicilio y continúan en libertad, aún habiéndolos encontrado con la droga. Los procedimientos judiciales así lo permiten, por lo que hay que avanzar desde lo legislativo para evitar que esto siga ocurriendo.

Reseñando la editorial de marzo, que sigue vigente aún: Deben ser los integrantes de la Justicia y los propios legisladores quienes tomen cartas en el asunto y analicen qué cambios se pueden realizar en esas estructuras para imponer penas más duras.

Sacar la droga de las calles, alejar a los narcos de nuestros jóvenes, es una responsabilidad “de todos”. El accionar judicial y policial es, indiscutiblemente, esencial, pero también la sociedad toda debe estar alerta y no mirar al costado.

No es la primera vez que referentes sociales aseguran que “todos saben dónde los chicos adquieren la droga”, y agregan “nadie hace nada”, criticando una supuesta inacción policial. Pero la realidad es que esa frase esconde una verdad inconsciente y aún más preocupante: la falta de compromiso social para “denunciar”. No se trata de aseverar que “todos saben” sino decir lo que “uno” sabe y llevar esa información al lugar que corresponde: la Policía o la Justicia, para que sean éstas las que investiguen y frustren el accionar delictual. De eso se trata cuando hablamos que combatir la drogadicción es, sin dudas, “responsabilidad de todos”.