Un debate que no puede ocultarse
05/11/2014 Fuente elancasti. Los debates más álgidos y postergados de a poco comienzan a tomar forma en la Argentina. No todos se saldan adecuadamente, en muchos de ellos abundan las posiciones sectarias, fundamentalistas, que aportan argumentos propios pero ignoran los ajenos. Pero siempre debe saludarse que éstos tengan lugar, en particular si se hacen en ámbitos institucionales y con reglas del juego claras.
Desde ayer se discute en el Congreso de la Nación un proyecto para la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Se trata, por cierto, de un tema controvertido, atravesado por opiniones que parten desde el terreno de lo legal, pero que también abrevan en aguas de la religión y las concepciones filosóficas acerca de la vida humana.
La iniciativa fue presentada en el Congreso de la Nación por Organizaciones No Gubernamentales con la firma de 70 legisladores, y se estudia en la comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados. El proyecto plantea la legalización de la interrupción voluntaria de los embarazos hasta las 12 semanas de gestación.
Como es fácil intuir, el proyecto divide aguas. Hay, claramente, dos posturas extremas –una a favor y otra en contra- que sin embargo coinciden en un punto: desdeñan las opiniones contrarias. Pero existen, también, opiniones más sensatas y abiertas a la discusión, que ven la necesidad de legislar sobre un problema social que tiene plena vigencia más allá de las normas, sin que esta voluntad implique una postura necesariamente a favor de la interrupción de los embarazos por cualquier causa, como la sola voluntad de la madre.
Es que hay una posición que considera que el aborto debe ser legal porque la mujer tiene derecho a decidir sobre su propio cuerpo, legitimando de ese modo cualquier razón para interrumpir un embarazo, siempre y cuando sea voluntad de la madre, ignorando otros derechos, como los del padre, por ejemplo.
La Iglesia católica, mientras tanto, esgrime abundantes argumentos, que van desde lo legal hasta, naturalmente, lo religioso, para oponerse a la sanción de cualquier proyecto que autorice los abortos, incluso aquellos que ya tienen convalidación legal. En efecto, un fallo de la Corte Suprema de Justicia establece que las mujeres tienen derecho a interrumpir el embarazo cuando es resultado de una violación o cuando su salud o su vida corren riesgo.
La perspectiva eclesial, sin embargo, omite un dato contundente de la realidad: los abortos existen, con o sin ley.
Según las cifras que se manejan en el ámbito de la salud pública, hay alrededor de 500.000 abortos clandestinos al año en el país. En Argentina, una de cada cuatro mujeres que muere por causas vinculadas al embarazo lo hace debido a complicaciones derivadas de un aborto mal realizado. Y es la principal causa de muerte materna en el país.
Por supuesto, la inmensa mayoría de las víctimas son madres pobres, que se efectúan estas prácticas ilegales en pésimas condiciones de salubridad.
Al margen de la opinión que cada uno tenga respecto de este tema controversial, el problema del aborto no puede invisibilizarse. Existe y debe ser motivo de debate.
El tiempo dirá, sin embargo, si los argentinos estamos preparados hoy para saldar esa discusión y llegar a conclusiones que, aunque difieran en la perspectiva, sean respetuosas de las antagónicas.