A favor del patrimonio urbano. De interés general
18/09/2013 Fuente lanacion. Por sus valores históricos y arquitectónicos, hay numerosos edificios porteños que deben ser preservados. Es el caso del conjunto colonial, ubicado en el microcentro porteño, que forman la iglesia y el monasterio de Santa Catalina de Siena, declarados monumento histórico nacional en 1942 y en 1975, respectivamente. Por el momento, ha sido rescatado del peligro de un posible colapso gracias a un fallo judicial.
Como se recordará, el gobierno de la ciudad, por una disposición de marzo de 2011, había otorgado un permiso para que, en un terreno adyacente al conjunto arquitectónico (que data de 1745), se levantara una obra de "oficinas comerciales, hotel, viviendas, locales comerciales y estacionamientos".
Ante la magnitud del proyecto, pronto los vecinos reaccionaron alarmados e impulsaron una acción de amparo, junto con la asociación civil Basta de Demoler, la Fundación Ciudad, la revista Todo es Historia, que contó con la adhesión del rector del monasterio de Santa Catalina de Siena. Por esa razón es que, ahora, el juez en lo contencioso administrativo del Juzgado N° 10 de la ciudad, Osvaldo Otheguy, declaró la nulidad del permiso para construir el complejo junto a Catalina de Siena, sobre la base de que la manzana delimitada por las calles San Martín, Paraguay, Reconquista y Viamonte corresponde a la zonificación tipo AE16, en que la altura máxima de construcción es de 16 metros. Según lo había expuesto en su recurso la asociación Basta de Demoler, la torre que se planeaba erigir era de 60 metros y 18 pisos de altura.
Entre las presentaciones, hubo una nota dirigida al jefe de gobierno porteño por la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos, de mayo de 2012, en la que ésta expresaba su más seria preocupación ante las obras de construcción de un edificio que, en cuanto a la valoración del impacto de la obra, "es de una escala tan desmedida que produciría un daño irreversible que implica la destrucción de la imagen del monumento con la consiguiente pérdida irreparable de los valores patrimoniales" de un importante testimonio de la historia de la ciudad y del país.
Los voceros de la empresa Inversora Santa Catalina de Siena SA, a cargo del emprendimiento, informaron que apelarán el fallo; desde el gobierno de la ciudad se consideró que el conflicto es entre privados y que la disposición adoptada por la Dirección General de Interpretación Urbanística (Dgiur) había sido hecha interpretando el Código de Planeamiento, "que es la normativa vigente".
No es la primera vez que ocurren este tipo de entredichos entre empresarios, gobierno de la ciudad, ONG y vecinos. El crecimiento urbano es un fenómeno en aumento, que debe ser contemplado, pero como Buenos Aires es dueña de un patrimonio arquitectónico y cultural riquísimo, pero en serio riesgo, los porteños deben exigir que se les garantice que será respetado, preservado y restaurado y, sólo en los casos en que sea posible, adaptado su uso a las necesidades contemporáneas..