Historia de la deuda externa argentina 2. Segunda entrega
Fuente Wikipedia.- Devaluar el Peso para poder financiar los déficit fiscales con emisión monetaria e impulsar políticas keynesianas que favorecieran una rápida recuperación de la economía. Si bien esta medida parecía a simple vista la más efectiva, era la más traumática de todas, ya que requería derogar total o parcialmente la Ley de Convertibilidad (lo que afectaría la credibilidad del país), declarar en default casi toda la deuda pública y privada, "pesificar" forzosamente la economía y arriesgarse a provocar una fuerte depreciación de la moneda con un resurgimiento de la inflación.
Fernando De la Rúa optó por el segundo camino. El Gobierno Nacional y los gobiernos provinciales decidieron impulsar una fuerte reducción del gasto público primario y aplicaron diversas medidas para favorecer las exportaciones y proteger a la industria nacional. El nuevo ministro de Economía, José Luis Machinea, decidió encarar inmediatamente un programa de ajuste fiscal avalado por el FMI, el cual incluyó reducciones del gasto público y un incremento en las alícuotas del impuesto a las ganancias. Pocos meses después el programa reveló resultados insuficientes, puesto que incluyó la disminución de salarios lo que agudizó aún más el cuadro recesivo. El año 2000 no fue sencillo para el nuevo gobierno, ya que el estallido de la burbuja "punto com" en marzo de ese año repercutió en un incremento de las tasas de financiación (que llegaban al 14% anual en dólares) y agravó aún más la recesión de la economía local, lo que se tradujo en una menor recaudación de impuestos y en un incremento del déficit fiscal. El círculo vicioso hacía que los mercados comenzaran a desconfiar de la capacidad de la Argentina para pagar sus deudas y por eso cada vez que el Gobierno salía a pedir préstamos, le aplicaban una tasa más elevada. Además, a medida que el riesgo de una crisis en la deuda Argentina comenzaba a discutirse en los mercados y algunos políticos argentinos empezaban a proponer una formal cesación de pagos, los ahorristas contestaban retirando sus depósitos del sistema bancario por el temor a que el deterioro de los bancos les hiciera perder sus ahorros.
El Blindaje[]
El Presidente Fernando de la Rúa debió enfrentar un contexto económico sumamente desfavorable para la economía argentina.
En octubre de 2000, se produce la renuncia del Vicepresidente Carlos Álvarez, disconforme con hechos de corrupción que estaba llevando adelante el propio Gobierno. Esta crisis institucional provocó una primera salida de depósitos del sistema bancario que ascendió a 789 millones de pesos en octubre y a 1.038 millones en noviembre.
A comienzos del mes de noviembre, el país negoció con el FMI un multimillonario blindaje financiero, con aportes del BID, del Banco Mundial, del Gobierno de España (el mayor inversor extranjero de la Argentina) y de un grupo de bancos privados que operaba en el país. El "Blindaje" finalmente se aprobó en el mes de diciembre y alcanzó una suma cercana a los 40 mil millones de dólares, sin embargo, para otorgarlo, el FMI impuso una serie de condiciones: el congelamiento del gasto público primario a nivel nacional y provincial por cinco años, la reducción del déficit fiscal y la reforma del sistema previsional, para elevar a 65 años la edad jubilatoria de las mujeres.
El desembolso de los fondos se realizaría en forma escalonada, durante dos años, con el monitoreo del FMI sobre la marcha de las cuentas públicas. El único destino de ese dinero sería el pago de deudas, para aumentar la confianza de los inversores y, en consecuencia, bajar el costo del financiamiento para el Gobierno y el sector privado.
Sin embargo, el “Blindaje” solo permitió revertir el retiro de depósitos hasta marzo de 2001. A principios de ese mes comenzaron a circular evidencias de que Argentina no lograría cumplir con las metas de gasto público y déficit fiscal comprometidas con el FMI, con lo cual peligraban los futuros desembolsos. Los rumores de Default se reiniciaron y con ellos la salida de depósitos: a lo largo del mes de marzo se produjo una fuga de depósitos de 5.543 millones de pesos/dólares, la mayor salida mensual de depósitos de toda la historia Argentina. En ese contexto se produce la renuncia del Ministro de Economía José Luis Machinea y su reemplazo por Ricardo López Murphy. Cuando el nuevo ministro anuncia su programa de ajuste fiscal para el resto del año por 2.000 millones de pesos, incluyendo recortes de fondos para áreas como salud o educación, se produce una fuerte reacción popular y la renuncia de varios miembros del Gabinete Nacional, lo cual acentúa los pronósticos negativos. El propio ministro López Murphy se ve obligado a abandonar el Gobierno tan solo 15 días después de haber asumido en su puesto. En ese contexto, Fernando De la Rúa ofrece el cargo de Ministro de Economía a Domingo Cavallo, considerando que era el único capaz de conducir al país hacia la reactivación económica. Como primera medida Cavallo consiguió firmar, en el mes de mayo, un acuerdo con el FMI, a pesar de no haberse cumplido las metas de gasto público y déficit fiscal planteadas para el primer trimestre de 2001. El organismo por su parte elogió los esfuerzos de las autoridades argentinas para que los acreedores ingresaran en una operación de canje voluntario de deuda orientada a reducir los requerimientos financieros del gobierno durante los próximos tres o cuatro años, lo cual permitiría avanzar hacia una situación de financiamiento sustentable en el mediano plazo. Sin embargo, para el mes de julio ya era evidente que las provincias no conseguirían nuevo financiamiento de los bancos y que el gobierno nacional había perdido el acceso al mercado de bonos.
El Megacanje[]
Torre del Banco de la Provincia de Buenos Aires en la Capital Federal. La situación de las deudas provinciales era más compleja de resolver que la de la deuda nacional.
La deuda más onerosa y la que generaba más problemas era la de las provincias, contraída en su mayoría con bancos argentinos. La deuda pública provincial ascendía a 16 mil millones de dólares y durante el año 2001 había significado pago de intereses por 3.500 millones de dólares.
Por pedido del Poder Ejecutivo, el Congreso Nacional aprobó una delegación de facultades, aunque con una limitación importante: no autorizó a afectar la recaudación impositiva como garantía de la deuda pública, a pesar de que sí aprobó la creación del Fondo de Crédito Público a integrarse con el producido del Impuesto a las Transacciones Financieras. La limitación al uso de impuestos como garantía decidida por el Congreso, impedía ofrecer un canje que incluyera a la deuda pública provincial, porque ésta ya estaba garantizada por los impuestos de la Coparticipación Federal y ningún tenedor de esa deuda la hubiera canjeado por bonos nacionales no garantizados. Tampoco se podía apuntar a reducir la tasa de interés, porque la ausencia de garantías especiales obligaba a ofrecer tasas de mercado como para que los tenedores de bonos nacionales accedieran voluntariamente al canje. Por consiguiente, el denominado "Megacanje" tuvo que diseñarse excluyendo a la deuda pública provincial y como operación a tasas de mercado.
Domingo Cavallo logró convencer a varios gobernadores justicialistas para que avalaran la iniciativa, muchos de los cuales expresaron su apoyo ante el Presidente De La Rúa. Sin embargo, para aquel entonces el Presidente no contaba con el aval de la Alianza en el Congreso ya que este proyecto era visto como una resignación de soberanía.
El lanzamiento del Plan de Competitividad y el Megacanje de deuda, tuvieron éxito en revertir la salida de depósitos bancarios e incluso permitieron una significativa recuperación fiscal durante los meses de abril, mayo y junio. Así, a la fuerte salida de depósitos de marzo, siguieron aumentos de depósitos de 184 millones en abril, 828 millones en mayo y 562 millones en junio. El déficit fiscal del sector público, que había sido de 3.018 millones en el primer trimestre del año, descendió a 2.192 millones en el segundo trimestre.
Durante la primera semana de julio, la provincia de Buenos Aires y otras provincias fuertemente endeudadas, declararon que para el segundo semestre tenían una necesidad financiera conjunta no inferior a los 3.000 millones de dólares y requirieron apoyo del gobierno nacional para conseguir 300 millones durante esa semana. A pesar del apoyo brindado por el Ministerio de Economía y la Jefatura de Gabinete, no fue posible conseguir esa cifra y el Banco de la Nación terminó haciendo un préstamo para el que no tenía recursos genuinos. A la semana siguiente, la licitación de Letras del Tesoro Nacional determinó una tasa de corte del 16% anual para plazos de 180 días.
Ante esta situación, Cavallo lanzó el programa de “déficit cero”, según el cual la recaudación efectiva de cada mes se aplicaría en primer lugar al pago de los intereses de la deuda y el saldo se utilizaría para el resto de los gastos del sector público. Este programa llevó al ministro a aplicar una reducción de salarios y jubilaciones del 13% que trajo aparejada una nueva profundización de la crisis socio-económica que vivía el país. A pesar de estos anuncios, volvieron a aparecer las dudas sobre la capacidad de la Argentina para afrontar las amortizaciones de capital de la deuda provincial, así como de la parte aún no diferida de la deuda nacional. Estas dudas provocaron una nueva salida de depósitos bancarios que ascendió a 5.268 millones de pesos durante julio y a 2.091 millones de pesos durante agosto.
La nueva crisis de confianza desatada en julio requirió una nueva negociación con el FMI para movilizar apoyos externos que permitieran frenar la salida de reservas del Banco Central y del sistema financiero. Esta negociación debía incluir no sólo la Ley de Déficit Cero sino también una reestructuración completa de la deuda nacional y provincial que permitiese bajar la carga de intereses que estaba pagando el país en el 2001: se debía bajar de l4.000 millones de dólares (11.000 la Nación y 3.000 las provincias) a no más de 7.000 millones de dólares (5.500 la Nación y 1.500 las provincias). Estas negociaciones fueron complejas y concluyeron con la aprobación de un nuevo préstamo de 8.000 millones de dólares, de los cuales 5.000 millones fueron desembolsados el 10 de septiembre para reforzar la liquidez del Banco Central y del Sistema Financiero, y 3.000 millones quedaron para ser desembolsados entre noviembre de 2001 y marzo de 2002 como apoyo a la reestructuración de la deuda. Además continuaban en vigencia los desembolsos pendientes del “Blindaje”.
El nuevo acuerdo con el FMI consiguió frenar la salida de depósitos durante septiembre y octubre, pero el lanzamiento de la reestructuración de la deuda debió demorarse hasta el 1º de noviembre debido a las numerosas voces que proponían el Default durante la campaña electoral que culminó el 14 de octubre. Para avanzar con la reestructuración de la deuda era necesario contar con la autorización para utilizar los impuestos, en particular el Fondo de Crédito Público, como garantía de pago. Luego de la elección de octubre, el Presidente Fernando De La Rúa consideró que se daban las condiciones de necesidad y urgencia para legislar sobre el programa de reestructuración de Deuda Pública Nacional y Provincial utilizando los mecanismos que en esa circunstancia la Constitución Nacional otorga al Ejecutivo.
El 1º de noviembre fue firmado el Decreto de Necesidad y Urgencia 1387, que permitió llevar delante de inmediato el canje de la deuda pública nacional y provincial por préstamos garantizados por impuestos federales. Ésta iba a ser la Fase 1 de un canje integral de la Deuda Pública Nacional y Provincial que quedaría completado una vez que, con acuerdo del FMI y demás organismos multilaterales de crédito, se pudiera llevar a cabo la Fase 2, para canjear todos los bonos en manos de tenedores externos.
La Fase 1 de la reestructuración integral de la deuda se llevó a cabo entre el 1º de noviembre y el 15 de diciembre y quedó concluida ese día por un monto de 55.000 millones de dólares, a una tasa de interés no superior al 7% anual y con plazos 3 años más largos que los originalmente pactados. Esta exitosa operación significó para la Nación y las provincias en su conjunto una reducción de más de 4.000 millones de dólares de intereses anuales (2 mil millones la Nación y 2 mil millones las provincias) y un corrimiento de todas las cuotas de amortización para después del año 2005.
Hacia mediados de diciembre, los acreedores de las provincias, fundamentalmente los bancos comerciales locales, habían aceptado canjear voluntariamente sus acreencias por el préstamo consolidado.
La deuda pública nacional, que ascendía a 118 mil millones de dólares, constaba de tres componentes:
a) la deuda con organismos multilaterales y gobiernos del exterior por 30 mil millones de dólares, cuyos términos contractuales no incluían una prima de riesgo elevada, y podía ser refinanciada en forma normal.
b) La deuda con acreedores no oficiales que había sido transformada en un préstamo garantizado, a tasa de interés no superiores al 7 % anual y a plazos 3 años más largos que los originalmente planeados. Se habían presentado voluntariamente a este canje acreedores por 39 mil millones de dólares, entre los cuales estaban los bancos locales, los fondos de pensiones y tenedores de bonos, residentes en Argentina y en el exterior, que decidieron aceptar la ley argentina y la garantía ofrecida por el gobierno Argentino; c) Los bonos en manos de tenedores, preponderantemente del exterior, que no habían participado en el canje por el préstamo garantizado, que ascendían a 40 mil millones de dólares. Estos bonos devengaban una tasa de interés promedio del 10 % anual.
La transformación de 39 mil millones de bonos y préstamos anteriores al préstamo garantizado suponía una economía de intereses, esta vez para el presupuesto nacional, de otros 2 mil millones de dólares, es decir una reducción absoluta, muy parecida a la que obtenían las provincias por su deuda. Por esta maniobra se investigó la selección irregular del consorcio de bancos integrado por el Banco Francés, Banco Galicia, Credit Suisse First Boston, Grupo Santander Central Hispano, HSBC, JP Morgan y Salomon Smith Barney.
Según testimonio del entonces Ministro de Economía, Domingo Cavallo, el 15 de enero de 2002 se iba a lanzar una propuesta de canje para los bonos aún no transformados en préstamo garantizado, que en la práctica significaría una reducción a la mitad de su factura de intereses. Es decir que se esperaba conseguir otra reducción adicional de 2 mil millones de dólares en el costo anual de intereses para el presupuesto nacional. Para esta oferta ya se había designado un comité de asesores financieros que habían aceptado integrar: Jacob Frenkel de Merryl Linch, Bill Rhodes de Citigroup y Joe Ackerman del Deutsch Bank. Por el megacanje fueron procesados representantes del Estado Nacional, con antigüedad en el desempeño de puestos laborales en dependencias de la Administración Pública en carácter de empleados y, también, en el ejercicio de la función pública al momento en que ocurrió el sustrato fáctico en cuestión. el juez Ramos procesó al actual diputado por el PRO y expresidente del Banco Ciudad Federico Sturzenegger; al ex ministro de Economía Domingo Cavallo; y al estadounidense David Mulford, pero ex funcionario permanece prófugo.66
Ese mismo año el Congreso aprobó la Ley de "Déficit Cero", que preveía reducciones de gastos primarios por parte de las provincias y la Nación, equivalente a 6 mil millones de dólares anuales. Sin embargo existían dudas sobre el éxito del plan, derivadas de la caída de la recaudación impositiva que se había producido durante el cuarto trimestre de 2001. Como financiamiento puente para un eventual déficit transitorio de las provincias durante los primeros meses de 2002, se había previsto la emisión de letras de consolidación de deudas provinciales (LECOPs), las que por algún tiempo servirían como monedas no convertibles, que serían rescatadas con superávits fiscales, una vez superada la crisis financiera y normalizada la recaudación impositiva.
El Corralito[]
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Manifestación contra el "corralito" en Buenos Aires, 2002.
Cuando se lanzó la fase 1 de la reestructuración de la deuda, los bancos locales comenzaron a señalar que la falta de liquidez de los préstamos garantizados podría crearles problemas de caja. La prensa comenzó a señalar a los bancos que más habían prestado a las provincias como los que podrían encontrar dificultades y esto provocó una nueva salida de depósitos del Sistema Bancario. Mientras que en septiembre y octubre el nivel de depósitos se había mantenido estable, durante el mes de noviembre se produjo una salida de 2.917 millones de dólares, concentrada básicamente en la última semana del mes, que es cuando arreciaron los rumores y los bancos debían resolver si se presentaban o no a la fase 1 del canje.
Para frenar esta nueva salida de depósitos no existía otra alternativa que concluir exitosamente la reestructuración integral de la deuda pública nacional y provincial, en el más breve plazo posible. En este contexto, Domingo Cavallo inició una nueva negociación con el FMI para lograr los desembolsos pendientes del “Blindaje” y los 3.000 millones de dólares que habían sido aprobados en agosto, precisamente para apoyar la reestructuración de la deuda. La única exigencia del FMI era la presentación ante el Senado de la Nación de un proyecto de ley de Coparticipación Federal de Impuestos a discutir durante el año 2002, y la aprobación de la Ley de Presupuesto Nacional para el año siguiente. En una reunión de gobernadores convocada por el Senador Ramón Puerta, se había logrado un acuerdo sobre el proyecto de ley de Coparticipación Federal de Impuestos al que se daría estado parlamentario antes de fin de año.
La situación cada vez empeoraba más y en los últimos días del mes de noviembre se produce un agotamiento de la liquidez del sistema financiero, por lo que el 1º de diciembre de 2001 se decide establecer controles de cambios y restricciones al retiro de dinero en efectivo de los bancos. La medida fue oficialmente denominada como la "Bancarización" de la economía (ya que pronto generó un boom en las transferencias bancarias y en la utilización de tarjetas de débito), aunque popularmente se la conoció como el "Corralito" ante la imposibilidad de poder retirar dinero en efectivo de manera normal. Según el compromiso del ministro Cavallo, las restricciones se iban a levantar el 1º de marzo de 2002, fecha para la que se esperaba tener cerrada la segunda etapa de la reestructuración de la deuda y conseguida la reducción anual de intereses de 6 mil millones de dólares. Mientras tanto los depositantes conservarían sus depósitos en la moneda que ellos quisieran y podían realizar sus pagos en Argentina utilizando cheques, tarjetas de débito o transferencias bancarias, pero tendrían limitaciones para transformarlos en pesos o dólares billetes y para hacer pagos al exterior, los cuales debían ser autorizados por el Banco Central.
Los bancos que luego de levantarse las restricciones tuvieran dificultades para atender el retiro de depósitos por falta de liquidez, deberían reestructurar sus obligaciones según el procedimiento contemplado en el artículo 35 bis de la Ley de entidades financieras.
Simultáneamente con el levantamiento de estos controles, se pensaba dejar flotar el Peso Argentino dentro de una banda definida por el valor del Dólar y el valor del Euro, con lo que mientras el Euro fuera más débil que el Dólar, el Peso podría devaluarse hasta alcanzar el valor del Euro. Si el Euro pasara a valer más que el Dólar, como efectivamente ocurrió en mayo de 2002, el Peso volvería a quedar pegado al Dólar, pero a un dólar más débil, y, por tanto, más favorable a las exportaciones argentinas. La inflación por su parte se habría mantenido al nivel del 2 o 3 % anual, como había ocurrido durante los años normales de la convertibilidad y la recuperación de la normalidad financiera habría revertido la caída de la recaudación de IVA y Ganancias.
Además, para comienzos del 2002 se contemplaba que el Banco Central dispondría de reservas adicionales por más de 4 mil millones de dólares, como margen de maniobra, ya que todo el proceso sería acompañado por el FMI, organismo que se había comprometido a desembolsar 3 mil millones de dólares cuando se aprobó el aumento de la asistencia en agosto de 2001 y estaba pendiente el desembolso de la cuota del blindaje correspondiente al cuarto trimestre de 2001, por 1.260 millones de dólares.
En el proyecto de Ley de Presupuesto del Poder Ejecutivo para el año 2002, se había incluido una partida de 5.500 millones de dólares para intereses (exactamente la mitad de lo presupuestado para el 2001) en total acuerdo con los resultados que se esperaban obtener del programa integral de reestructuración de deuda. Con la implementación de la Fase 2 y el canje de los 40.000 millones de dólares en bonos que no habían entrado en la Fase 1, esa sería la cifra de intereses.
El 19 de diciembre debía constituirse la nueva Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados de la Nación para iniciar la discusión en presencia del Secretario de Hacienda, Dr. Jorge Baldrich el día 20. Si se lograba aprobar el presupuesto durante la segunda semana de enero, el FMI y los otros organismos internacionales de crédito darían su apoyo para la Fase 2 de la reestructuración que tenia fecha de lanzamiento para el 15 de enero de 2002 e iba a ser completada antes del 15 de febrero del mismo año.
Según el propio Ministro Domingo Cavallo, el país estaba a dos meses de reasegurar el establecimiento completo del equilibrio fiscal y la restauración de la confianza financiera mediante una operación que iba a reducir a la mitad la carga de la Deuda Pública Nacional y Provincial y limpiaría de vencimientos de capital los próximos 3 años.
La crisis institucional[]
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20 de diciembre de 2001. Desmanes y Saqueos en todo el país, principalmente en Capital Federal y el Gran Buenos Aires.
A medida que se agravaba la crisis, surgieron muchas voces promoviendo la cesación del pago de la deuda y el abandono de la convertibilidad. Para las empresas y los gobiernos provinciales fuertemente endeudados en dólares el problema del país sólo se resolvería con una "licuación" de los pasivos a través de una pesificación de la economía y una devaluación de la moneda. La ausencia de apoyo público del FMI al programa de reestructuración ordenada de la deuda pública anunciada por el Gobierno el 1º de noviembre, sumado a comentarios informales sobre que el programa de reestructuración de la deuda no conseguía una quita suficiente, hacían suponer que el organismo ya especulaba con que el país terminaría declarando, tarde o temprano, un default generalizado.
Para marzo de 2001, ya era evidente que el presidente De la Rúa no consentiría la cesación de los pagos del país y la destrucción del régimen de convertibilidad monetaria. El Presidente consideraba que se debía avanzar en la dirección del ajuste fiscal de la Nación y las provincias como lo había propuesto Ricardo López Murphy y lo había intentado previamente José Luis Machinea, aunque adoptando medidas arancelarias, tributarias y de ampliación de la convertibilidad que permitieran recomponer la competitividad de la economía. Evitar la cesación de los pagos y mantener el régimen de convertibilidad, eran las políticas que De la Rúa había defendido en su campaña electoral, en contraposición con la postura más confusa que sobre esos temas había tenido el Dr. Eduardo Duhalde.
En el mes de mayo de 2001, antes de lanzarse el megacanje, Cavallo había logrado convencer a los gobernadores justicialistas sobre la conveniencia de aprobar una Ley de Crédito Público que permitiera la afectación de impuestos como garantía de la deuda, con lo que el megacanje podría haber incluido a todas las deudas provinciales. Sin embargo, cuando en presencia de todos los gobernadores justicialistas, el Gobernador De La Sota (Provincia de Córdoba) llamó por teléfono al Presidente De La Rúa para anunciarle que estaban dispuestos a apoyar la Ley de Crédito Público, éste le dijo que el Poder Ejecutivo no respaldaría ese proyecto porque no contaba con el apoyo del Partido Radical.
Poco después el Congreso Nacional aprobó la Ley de Déficit Cero, sin embargo, el número y contenido de los discursos opositores creo tal imagen que el Director Gerente del FMI decidió declarar que en oportunidad de un eventual desembolso de los 3.000 millones de dólares pactados para la reestructuración de la deuda, el país debería dar muestras de suficiente “unidad política”.
Las restricciones al retiro de depósitos bancarios impuestas el 1º de diciembre y que fueron popularmente denominadas como el "corralito", afectaron a mucha gente, especialmente a los sectores bajos y a aquéllos que operaban en la economía informal que siempre habían utilizado dinero en efectivo. El gobierno del presidente De La Rúa había perdido el apoyo tanto del Partido Radical como del pueblo.
El día 14 de diciembre Cavallo logró cancelar el vencimiento de Letras del Tesoro (Letes) por casi US$ 770 millones. Para cancelar esta obligación el país realizó un aporte en efectivo por 409,7 millones, mientras que los restantes US$ 360 millones se financiaron a través de la emisión de nuevos títulos, que fue absorbido, en forma compulsiva, por las propias AFJP.70 Para evitar, a toda costa, el tan temido default, Cavallo seguía gestionando ante el FMI una postergación de pago de otros US$ 900 millones adicionales que debía realizar el país en los próximos días. Sin embargo, esta cancelación del 14 de diciembre fue el último pago de deuda que realizó la Argentina. Los responsables del Megacanje fueron procesados por la justicia argentina por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, ya que, según el juez, los ex funcionarios entre ellos Domingo Cavallo y Federico Sturzenegger, Secretario de Finanzas en ese momento, actual diputado del PRO, se interesaron en un negocio que favoreció a terceros, en este caso, los bancos. También se investigó el hecho de que se habría pactado con los bancos el precio de corte que iban a tener los bonos.
El día 19 de diciembre debía conformarse la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados para el tratamiento del Presupuesto Nacional para el año 2002. Sin embargo, esa fecha amaneció con saqueos y disturbios en todo el país, principalmente en el conurbano bonaerense, donde la inacción policial fue evidente. A dicha comisión se presentaron los legisladores justicialistas, pero los radicales se ausentaron todos, boicoteando el tratamiento del Presupuesto.
Esa mañana un grupo de dirigentes de la Unión Industrial Argentina, entidad liderada por Ignacio de Mendiguren, habría convencido al presidente de la UCR y gobernador del Chaco, Ángel Rozas, sobre la conveniencia de abandonar la convertibilidad y pesificar la economía.
Por la tarde, dirigentes de la UCR, entre ellos el Senador y ex Presidente Raúl Alfonsín, se reunieron con Fernando De La Rúa, para plantearle la inmediata necesidad de que renunciara todo el Gabinete. Domingo Cavallo y todos los ministros del Gobierno debieron abandonar sus cargos ese mismo día.
El 20 de diciembre, a los saqueos y desmanes se sumó un cacerolazo generalizado y marchas de miles de personas autoconvocadas que reclamaban la renuncia del presidente radical, Fernando De la Rúa. En el centro porteño la policía federal era desbordada, aunque lograba mantener la violencia fuera de la Plaza de Mayo. Las centrales obreras, por su parte, iniciaron una huelga por tiempo indeterminado.
Aferrado al escaso sector radical que aún le respondía De la Rúa intentó convocar al justicialismo, para crear un gobierno de unidad nacional. El rechazo del PJ decidió al presidente a presentar su renuncia al parlamento a las 19.45 horas de aquel 20 de diciembre de 2001. Apenas en la mitad de su mandato constitucional, Fernando De la Rúa debió abandonar la Casa Rosada en helicóptero.
Con la crisis de diciembre de 2001, Argentina, el 23 de diciembre del mismo año entró en suspensión de pagos (default) de su deuda externa que ascendía a 144.000 millones de dólares.1 Este default. Durante 2003, el gobierno de Néstor Kirchner logró negociar una reprogramación de las obligaciones con los organismos financieros multilaterales (Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y otros menores) en lo que se llamó el canje de la deuda argentina. A fines de 2004, la deuda externa total alcanzaba los 178.000 millones de dólares. Sin embargo, quedaban aún en default 81.800 millones de dólares en títulos en manos de acreedores privados.
Para octubre de 2012 ya se habían pagado más de 270.000 millones de dólares, la deuda había descendido a 141.803 millones. En 2013 aún tiene entre 8.000 y 10.000 millones de dólares de bonos en default.74 Reduciendose el peso de la deuda externa del 153.6% al 34.7% del PBI.75 76 En el primer trimestre de 2013 la deuda cayó 2159 millones de dólares, bajando hasta U$S 139.137 millones.
Default y devaluación[]
Eduardo Duhalde como Presidente de la Nación.
La Asamblea legislativa convocada por el Senador Ramón Puerta (en ejercicio de la presidencia nacional) eligió como Presidente de la Nación al entonces Gobernador de San Luis, Adolfo Rodríguez Saá, para un período transitorio de 90 días, tras el cual se convocaría a elecciones presidenciales.
Rodríguez Saá asumió la Presidencia el domingo 23 de diciembre. Al día siguiente la Argentina debía afrontar dos vencimientos de deuda: uno de US$ 13 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otro por US$ 4,3 millones en Eurobonos.
Luego de jurar, Rodríguez Saá dio un discurso entusiasta: "Vamos a tomar el toro por las astas (...) en primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa", tras lo cual estalló una ovación entre los que se encontraban dentro del Congreso. Sin embargo, esa misma noche el ya Presidente Rodríguez Saá aclaró: "Esto no significa el repudio de la deuda externa ni una actitud fundamentalista. Muy por el contrario, se trata del primer acto de gobierno, que tiene carácter racional para darle al tema de la deuda externa el tratamiento correcto", dando a entender que se buscaría renegociar el pago de esas acreencias.
La polémica decisión despertó opiniones encontradas. Manuel Solanet, economista de la Fundación de Investigaciones Latinoamericanas (FIEL), comentó al respecto:
"He quedado mal impresionado por el discurso del nuevo presidente. Me parece lamentable que la declaración de default se muestre como un acto positivo. Lamentablemente, tengo una opinión general de desaliento."
Mientras tanto, Martín Redrado, por entonces economista de la Fundación Capital y que poco después llegaría a ser Presidente del Banco Central (2004-2010), se mostró de acuerdo con la suspensión de pagos de la deuda. Su opinión en aquel momento era la siguiente:
"es una moratoria y no un default (cesación de pagos). Hay que asumir la realidad. La Argentina no podía pagar la deuda" .
Más allá de los vencimientos del 24 de diciembre, el país debía afrontar el día 28 otro pago por US$ 504,2 millones, en concepto de Letes. Además de compromisos que vencían en enero de 2002, por un total de US$ 553 millones, de los cuales US$ 136 correspondían a pagos de capital y US$ 417 a intereses de la deuda.
La deuda pública ascendía entonces a US$ 132.143 millones y los títulos públicos representaban el 72,2 por ciento del total. Al momento de declararse el default, los principales acreedores del país eran argentinos tenedores de bonos, que los habían adquirido principalmente a través de los fondos de jubilación y pensión que administraban las AFJP.
Estos papeles estaban repartidos por gran parte del mundo, en posesión de pequeños, medianos y grandes ahorristas privados. La mayor parte de los títulos estaban emitidos en dólares (72%) y euros (18%), aunque también había papeles en pesos argentinos, libras esterlinas, francos suizos, yenes japoneses y en monedas más exóticas como las coronas danesas y suecas, el dólar canadiense y el dinar kuwaití.
La segunda medida relevante en términos económicos realizada por Rodríguez Saá, y la que determinó su pronta caída, fue la de anunciar que no se devaluaría el Peso, sino que entraría en circulación una nueva moneda no convertible, llamada "Argentino", con la cual se financiaría planes de vivienda, se otorgarían más de 100.000 subsidios y se utilizaría para otorgar un aumento a jubilados y estatales. Con su discurso en favor del empleo y la expansión económica, logró el respaldo de los jefes sindicales, lo cual permitió re-unificar a la CGT. Sin embargo no logró convencer a la UIA (Unión Industrial Argentina), al Grupo Clarín, ni a un importante sector político (encabezado por Eduardo Duhalde, Raúl Alfonsín, Néstor Kirchner, Carlos Ruckauf y José Manuel De la Sota), disconformes con la decisión del mandatario de no devaluar la moneda en forma inmediata, sino de manera gradual. Según el propio Rodríguez Saá, la falta de apoyo se evidenció a partir de que anunció a la UIA que no tenía pensado devaluar. "Ahí, todos los gobernadores dejan de apoyarme", recordaría tiempo después. El ya ex Ministro de Economía Domingo Cavallo declaró:
" ...toda la crónica periodística y las opiniones emitidas durante esos días por el periodista Marcelo Bonelli, que desde mucho tiempo atrás reflejaba el pensamiento de los principales dirigentes de la Unión Industrial Argentina, me terminaron de convencer de que lo que estaba ocurriendo era un quiebre institucional destinado a subvertir toda la organización económica del País, que no se limitaba a la cesación de pagos anunciada por el Dr. Rodríguez Saa."
Ante esta situación, Rodríguez Saá convocó a una reunión de gobernadores en la residencia presidencial de Chapadmalal, donde buscó iniciar un intercambio de opiniones para encontrar una salida a la difícil situación que atravesaba el país y conformar, además, un gabinete consensuado con los mandatarios provinciales.
Sin embargo, faltaron a la cita el cordobés José Manuel de la Sota, el santafesino Carlos Reuntemann, el santacruceño Néstor Kirchner, el fueguino Carlos Manfredotti y el pampeano Rubén Marín, entre otros. Según Rodríguez Saá, Eduardo Duhalde, había sido el conspirador para que la reunión en Chapadmalal fracasara.
Sin el apoyo partidario y asediado por protestas, que incluyeron actos de violencia en el Congreso, a sólo una semana de asumir el cargo, presentó su renuncia el 30 de diciembre de 2001. La situación era tal que el propio Ramón Puerta (Presidente del Senado), renunció a su cargo antes de que Rodríguez Saá hubiera hecho pública su renuncia. Por lo tanto, la sucesión recayó sobre el Presidente de la Cámara de Diputados, el "duhaldista" Eduardo Camaño. Éste convocó a la Asamblea legislativa, y gestionó los acuerdos necesarios que llevaron a la presidencia a Eduardo Duhalde, quién asumió el 2 de enero de 2002, con mandato hasta el 10 de diciembre de 2003 (hasta completar el mandato para el que había sido elegido De la Rúa).
La medida central del gobierno de Eduardo Duhalde sería la salida del plan de convertibilidad, que regía desde 1991 y que había mantenido la paridad uno a uno entre el peso y el dólar.90 Según palabras del propio Duhalde:
"Argentina está fundida. La propia esencia de este modelo terminó con la convertibilidad. Arrojó a la indigencia a dos millones de argentinos, destruyó a la clase media, quebró nuestras industrias y pulverizó el trabajo de los argentinos."
Así, el 6 de enero de 2002, se derogó los aspectos esenciales de la Ley de Convertibilidad N° 23.928 eliminando las operaciones de conversión monetaria 1 a 1 y la exigencia de contar con reservas por el 100% de la base monetaria. También se suspendió la Ley N° 25.466 de intangibilidad de los depósitos y se delegó en el Poder Ejecutivo el establecimiento de la paridad del peso y la reglamentación de regímenes cambiarios.
En su discurso inaugural Duhalde había prometido: "van a ser respetadas las monedas en que fueron pactados originalmente los depósitos (...) quien depositó pesos, recibirá pesos, y quien depositó dólares, recibirá dólares". Sin embargo, por Decreto 214/2002 de necesidad y urgencia del 3 de febrero de 2002 se “pesificaron” forzosamente créditos y deudas ($1 a U$S 1), los depósitos bancarios ($1,40 a U$S 1) y se dispuso la estatización de parte de la deuda privada de los bancos con los particulares, al compensarles las diferencia entre $1 y $1,40 con una deuda a cargo del Estado.
Con respecto a la deuda pública, Eduardo Duhalde mantuvo la decisión de su predecesor Adolfo Rodríguez Saá de suspender transitoriamente los pagos de intereses y capital. Solo se pagarían 3.500 millones de intereses de la deuda en manos de acreedores locales, en línea con lo que se había acordado en el último canje de bonos, que incluía un período de gracia de 2 años. En cambio, a los acreedores externos se les ofrecería una renegociación en condiciones más favorables para la Argentina, con el compromiso de empezar a pagar más adelante, una vez que la economía empezara a crecer. Poco después, por Decreto 471/2002 de necesidad y urgencia del 13 de marzo de 2002 también se “pesificó” la deuda pública nacional, provincial y municipal regida por ley argentina a $1,40 por cada U$S 1.94
Mientras tanto, el nuevo Gobierno buscó infructuosamente llegar a un nuevo acuerdo con el FMI para conseguir ayuda económica y respaldo político para renegociar la deuda externa. El crecimiento de la deuda externa fue debido a la "pesificación asimétrica". Eduardo Duhalde anunció la pesificación de los depósitos bancarios en dólares a un valor de 1,40 por cada dólar, en cambio, los préstamos y créditos otorgados tuvieron una tasa de cambio de 1 a 1. Ello fue lo que aumentó la deuda externa en unos 47.000 millones de dólares.
Restructuración de la deuda y canjes[]
Primer canje[]
Néstor Kirchner y Roberto Lavagna
El 22 de septiembre de 2003, el gobierno argentino, dirigido ya por el Dr. Néstor Kirchner, propuso una quita promedio del 75% del valor de la deuda con los tenedores de bonos argentinos, que ascendía a 94.302 millones de dólares. Según la propuesta presentada por el ministro de Economía, Roberto Lavagna, y el secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, los acreedores privados podrían escoger entre tres bonos: un Discount -con una reducción del valor nominal-, bonos Par -con mayores plazos de vencimiento y sin reducción o con una pequeña reducción de su valor de capital-, y bonos C -que requerirían un aporte de fondos-. Los nuevos títulos se podrían consolidar en dólares, euros, yenes o pesos indexados.
El plan de reestructuración no incluía a la deuda emitida después del default, entre ella los distintos tipos de BODEN. Estos bonos habían sido entregados a jubilados, trabajadores estatales y a ahorristas que habían aceptado esos bonos a cambio de los depósitos que retenidos por el "corralito" bancario.95 Sin embargo, esta propuesta inicial fue rechazada por los bonistas locales.96
El 1 de junio de 2004 el gobierno anuncia la "propuesta de Buenos Aires" para reestructurar los pagos de la deuda. El 14 de enero de 2005 se lanzó oficialmente la operación de canje de la deuda en default. A cambio de los títulos en mora, el gobierno argentino ofrecía tres nuevos bonos:
El bono Par, que no implicaba quita del capital original adeudado, pagaría un interés inicial del 1,33% que subiría progresivamente hasta alcanzar el 5,25% a los 25 años de su emisión, y tendría un plazo de 33 años (vencimiento año 2038).
El bono Cuasi Par —que incluía una reducción del 30,1% del capital— pagaría un interés del 3,31% más un coeficiente ligado al índice de precios al consumidor y tendría un plazo de 30 años.
El bono Descuento —que implicaría una quita del 66,3%— pagaría el mayor interés, 8,28%, y tendría un plazo de 28 años (vencimiento año 2033).
Los bonos ofrecían además una compensación adicional, ligada al crecimiento del producto interno bruto. El plazo para la recepción de las expresiones de interés finalizó el 25 de febrero de 2005; el nivel de aceptación alcanzado permitió renegociar aproximadamente el 76,15% del monto adeudado. Se reestructuraron deudas por un valor equivalente a 62.500 millones de dólares de valor nominal, canjeadas por nuevos títulos por un valor nominal equivalente a 35.300 mil millones de dólares (15 mil millones en títulos Par, 11,9 mil millones en títulos Discount, y 24,3 mil millones de pesos argentinos en títulos Cuasi Par); además, como consecuencia de la reestructuración, el componente en pesos de la deuda pasó del 3 al 37%.
Los principales acreedores de los títulos en mora eran argentinos, con 38,4% del total. Después se ubicaban los italianos con el 15,6%, los suizos con el 10,3% y los estadounidenses, con el 9,1%. Por el monto y la cantidad de títulos involucrados (152 bonos distintos emitidos originalmente en dólares, euros, yenes, francos suizos, libras esterlinas y pesos argentinos), se consideraba que esta era la operación más importante de la historia financiera mundial.
El 9 de febrero de 2005, el Congreso sancionó la ley 26.017 o "Ley cerrojo" prohibiendo al Poder Ejecutivo reabrir el proceso de canje, lo que implicaba que la oferta no podía ser modificada o mejorada y de efectuar cualquier transacción judicial, extrajudicial o privada respecto de los bonos sujetos al canje.
Cancelación de deuda con el FMI y con España[]
El 3 de enero de 2006, la Argentina dejó de tener deudas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) concretando un pago anticipado de 9.530 millones de dólares, un pasivo contraído entre enero y septiembre de 2001, con vencimientos programados hasta el 2009. Después del traumático año 2002, todos los índices eran favorables al Gobierno: estabilidad cambiaria ($3 a U$S 1), crecimiento continuo en las reservas internacionales, baja en los indicadores de desempleo y pobreza, etc. Las reservas del BCRA finalizaron ese año con un aumento de 4.000 millones de dólares. Es decir, de u$s 28.078 millones las reservas del Banco Central descendieron a u$s 18.580 millones y finalizaron el año con u$s 32.037 millones.
El 31 de enero de 2007 los gobiernos de Argentina y España firmaron un acuerdo de reestructuración de la deuda, asociada al préstamo que España realizó en marzo de 2001, durante la XVI Cumbre Iberoamericana. La deuda ascendía a 982,5 millones de dólares y serían pagados en un plazo de 6 años y una tasa LIBOR de + 140 puntos básicos.
Reapertura del Canje en 2010[]
Cristina Fernández de Kirchner recibe a banqueros que no ingresaron al canje de la deuda.
En septiembre de 2008 la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció un encuentro en Nueva York con el Council of Foreign Relations, tras lo cual informó que en conjunto con tres bancos se estudiaba la posibilidad de resolver la deuda con los acreedores que no habían ingresado en el canje de 2005.
El 3 de agosto de 2009 el gobierno pagó el Boden 2012 por 2.251 millones de dólares El entonces ministro de economía, Amado Boudou expresó "Con nuevas medidas que se irán tomando en los próximos meses, la Argentina estaría en condiciones de volver a los mercados internacionales de crédito hacia fin de año".
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner junto a Amado Boudou, el entonces titular de ANSES, luego Ministro de Economía y actualmente vicepresidente de la Nación.
En octubre de 2009, el ministro Amado Boudou, anunció la reapertura del canje de 20.000 millones de dólares de deuda para los holdouts, que son aquellos que no aceptaron la propuesta de reestructuración en 2005. El 15 de abril de 2010 el ministro de economía Amado Boudou lanzó el nuevo canje de la deuda. Con una quita del 66,3% a los inversores institucionales y para los restantes la quita rondaba el 50%. La oferta final indicaba que Argentina terminaría pagando 10.500 millones de dólares en lugar de los 20.000 millones de dólares que se adeudaban. La oferta se distribuyó del siguiente modo: Para ambos tipos de inversores habría un cupón PBI, atado al crecimiento de la economía.106 El nivel de adhesión al canje se ubicó por encima del 97 por ciento de los acreedores.
Inversores institucionales: recibieron un bono discount con una rebaja del 66,3% en la deuda original y además, un bono Global, por los intereses a la fecha con una tasa de interés del 8,75%. La totalidad de la suma sería pagada en 2017.
Inversores individuales: recibieron un bono par sin ninguna quita.
A mediados de junio del 2010 , la presidenta anunciaba un plan de desendeudamiento para las provincias de Tucumán, Buenos Aires y Chaco. El año finalizó con una reducción del peso de la deuda externa del 153.6% al 34.7% del PBI
Pagos Boden 2012[]
El 3 de agosto de 2012, el Gobierno Nacional pagó de los 2.197 millones de dólares correspondientes la última cuota de intereses del BODEN 2012 que había sido emitido en el año 2002 para compensar a los ahorristas por los depósitos confiscados durante el corralito financiero. Con este pago, la deuda en moneda extranjera, quedaba reducida al 8,4% de las obligaciones. Durante un acto realizado el día anterior en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Presidenta Cristina Fernández celebró el hecho como el punto final del "corralito" Con este pago, el peso de la deuda pública sobre la economía se reducía al 41,8 por ciento del PBI, cuando en 2002 había llegado al 166 por ciento.
Acuerdo con Club de París en 2014[]
En enero del año 2011 el monto adeudado con el Club de París rondaba los 9.000 millones de dólares. Hernán Lorenzino, el secretario de Finanzas, junto con Amado Boudou encabezaban la comitiva, pero no se logró cerrar las negociaciones.
El 29 de mayo de 2014, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner por intermedio de la comitiva enviada a París encabezada por el ministro de economía Axel Kicillof consiguen un histórico acuerdo para saldar la deuda con el Club de París en un plazo de 5 años.
Argentina y el Club de París alcanzaron un acuerdo para regularizar la deuda en default arrastrada con esos países.En una prolongada reunión en la capital de Francia que se extendió durante más de diecisiete horas, los miembros del foro de acreedores y el equipo económico se pusieron de acuerdo en el mecanismo de pago. La deuda se cancelará a lo largo de los próximos cinco años y contempla un desembolso inicial en efectivo por 1150 millones de dólares: un pago inicial en concepto de capital de 650 millones de dólares se realizará en julio de 2014 y los restantes 500 millones de dólares se entregarán en mayo de 2015. Como solicitó Argentina, el FMI no participará de la operatoria. El acuerdo estableció un pago mínimo de 3% que deberá afrontar Argentina por año y fijó un criterio de pagos adicionales en caso de incremento de las inversiones provenientes de los países miembros del Club. Si durante el plazo de cinco años, las inversiones adicionales fueran insuficientes para cubrir la deuda total, el país puede posponer los vencimientos hasta dos años.
Fondo del Bicentenario[]
Martín Redrado fue el Presidente del BCRA (2004-2010) durante casi toda la gestión de Nestór Kirchner y la primera presidencia de Cristina Fernández.
Para fines de diciembre de 2009, mediante el decreto de necesidad y urgencia 2010/09 la Presidenta creó el "Fondo del Bicentenario para el Desendeudamiento" disponiendo del uso de 6.569 millones de dólares del Banco Central de la República Argentina para el pago de la deuda en el año 2010, para garantizar el pago de los intereses de la deuda externa y reducir los intereses del financiamiento externo. Martín Redrado, Presidente del Banco Central, se mostró reacio a liberar los fondos, e intento demorar su aplicación. El 7 de enero de 2010 fue destituido por "incumplimiento de los deberes de funcionarios público" y de "no tener reparo en omitir, rehusar o retardar" la apertura de la cuenta para el Fondo del Bicentenario. En marzo de 2010 se firmó el decreto 298, que establecía que el Banco Central debería transferir 4.382 millones de dólares al Tesoro de sus reservas de libre disponibilidad, administrado por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
El Gobierno nombró a Mario Blejer, una figura muy respetada tanto en el ámbito político como en el círculo financiero internacional, en reemplazo de Martín Redrado El 8 de enero, Redrado fue sucedido por Miguel Ángel Pesce, vicepresidente del BCRA.120 121 Finalmente Redrado presentó la renuncia el 29 de enero.122 Miguel Ángel Pesce pasó a ocupar nuevamente la presidencia del Banco Central, hasta el 3 de febrero de 2010, cuando fue sucedido por la presidenta del Banco Nación, Mercedes Marcó del Pont.
Una década después del default[]
Clasificación de la deuda soberana de los distintos países del mundo según la calificadora de riesgo Standard & Poor's (agosto de 2011).
A principios de agosto de 2007 la República Bolivariana de Venezuela, compró 4.572 millones de dólares en bonos argentinos a una tasa del 10.6% de los cuales se había desprendido de la mitad para la fecha. El movimiento se realizó en justificación de la creación de una planta regasificadora, que permitiría el envío de gas licuado desde Venezuela. Finalmente, la operación se concretó por 400 millones de dólares.
Véase también: Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones
2011 a 2014[]
Según datos del FMI, la Argentina experimentó en la última década una reducción del 73% de su deuda externa respecto al Producto Bruto Interno y resultó ser el país con mayor nivel desendeudamiento del mundo. Se destaca, también, que de acuerdo al ritmo del crecimiento del producto bruto de la Argentina, en cinco años, la relación deuda/PBI será aún menor y bajará al 40%. La Argentina contaba a fin de 2011 con u$s 251 mil millones en activos externos, de los cuales u$s 46 mil millones eran reservas internacionales Tiene una posición acreedora neta de u$s 52 mil millones (+11%/PBI).128
El 23 de diciembre de 2011 la deuda era de 132.502 millones de dólares según los datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), siendo la más baja en 15 años, y 4,3 puntos porcentuales menos que la deuda del 2012.129 Como datos positivos se encuentran la reducción del porcentaje que ésta representaba en el Producto Bruto Interno (PBI) del 54% al 32.2%130 y la multiplicación de las reservas argentinas.1 En 2011 el 52,2% de la deuda se encontraba en manos de entidades nacionales como el BCRA, la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) y el Banco de la Nación Argentina; mientras el 10,4% pertenecía a organismos internacionales como el Banco Mundial, el 3,4% al Club de París y el 33,4% restante al sector privado.
En 2012 la deuda estatal con acreedores del sector privado se ubicó en un 13,1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Ese valor representa una baja de 0,7 punto porcentual con respecto a su peso en 2011, lo que equivale a 1369 millones de dólares. Una porción más pequeña, el 9,6 por ciento del PIB, representaron los pasivos que retiene el sector privado nominados en dólares131 La deuda pública que está en manos de acreedores del sector privado y de organismos multilaterales de crédito equivale al 18,8 por ciento del PIB. El resto es deuda intra sector público
El 26 de agosto de 2013 la presidenta Cristina Férnandez de Kirchner anunció el envío al congreso de un proyecto de ley para concretar una nueva reapertura del canje de bonos de la deuda.
El 28 de julio de 2014 Argentina pagó 642 millones de dólares al Club de París en un primer desembolso en concepto de capital adeudado tras el acuerdo firmado en mayo de ese año.
En octubre el BCRA negó a la Provincia del Chaco 263.000 dólares para el pago de los "Bonos de Saneamiento Garantizado". Jorge Capitanich entregó a la Caja de Valores S.A. la suma equivalente en pesos, ya que se trataba de títulos para tenedores locales bajo jurisdicción local.
Juicio de los holdouts[]
En 2007 comenzó el juicio de los fondos NML Capital Ltd. y el EM Ltd contra el país. El 11 de enero de ese año, el juez federal de Nueva York Thomas Griesa decidió incautar US$ 1.834.000 de una cuenta que el Banco Central de Argentina opera en la Reserva Federal de esa ciudad. El 15 de enero ambas partes llegaron a un acuerdo, por lo que el Juez Griesa levantó el embargo.
El 23 de febrero de 2012, Thomas Griesa dictaminó que Argentina violaba la cláusula "pari passu" ("tratamiento igualitario") y ordenaba abonar 1.330 millones de dólares. Los títulos de deuda argentinos fueron emitidos en 1994, conforme al Fiscal Agency Agreement, acuerdo que prohíbe al emisor de deuda otorgar a futuros acreedores garantías o condiciones más favorables que al resto de los adquirentes de dicho empréstito, lo que se conoce como cláusula pari passu. Tras el default del 2001, el país ofreció en 2005 y 2010 un canje de la deuda argentina a sus acreedores, lo que fue aceptado por el 93% de los tenedores de bonos. La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito confirmó, el 26 de octubre de 2012, las órdenes emitidas por el juez Griesa. Argentina apeló la decisión ante la Corte Suprema de Estados Unidos con el acompañamiento de los gobiernos de Dilma Rousseff y Enrique Peña Nieto, de la American Chamber of Commerce of Argentine y del Premio Nobel en Economía, Joseph Stiglitz.
En junio de 2013, en un escrito denominado "Amicus Curiae" (ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York), el gobierno de EEUU dijo que la interpretación de Griesa "podría permitir a un solo acreedor frustrar la aplicación de un plan de reestructuración con apoyo internacional, y con ello socavar las décadas de esfuerzos que Estados Unidos ha gastado, para promover un sistema de cooperación y resolución de las crisis de deuda soberana". El país contó con el apoyo de la Clearing House Association (la entidad de pagos más antigua de Estados Unidos) y la Depositary Trust Company (el mayor custodio de bonos de ese país). A estos dos agentes, se sumaron las presentaciones del Bank of New York y de una decena de fondos de inversión que ingresaron en ambos canjes y que trataban de no quedar como "rehenes" de los holdouts. También la Reserva Federal El 26 de octubre, la Corte de Apelaciones de Nueva York ratificó la decisión de Griesa y rechazó la apelación. El 29 de marzo el país presentó ante dicha Cámara dos alternativas para pagarle a los demandantes. La oferta implicaba términos equiparables a los de los tenedores de bonos que se adhirieron al canje de 2010. Además ofreció pagos por intereses atrasados y un cupón del PBI. El 23 de agosto, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York rechazó la fórmula de pago propuesta por Argentina el 29 de marzo de 2013.
El fallo provocó que las calificadoras de riesgo Fitch y Standard & Poor's (S&P) bajaran la calificación de la deuda de Argentina151 152 153 154 155 En 2013 la perspectiva de la deuda fue modificada, pasando de negativa (underweight) a neutral (marketweight). Finalmente el 28 de noviembre la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, decidió suspender la resolución de Griesa hasta el año siguiente.
Ese mismo mes Argentina ganó en Francia un juicio contra el fondo buitre NML, la Corte Suprema de Francia rechazó las tres apelaciones de NML contra las decisiones de las Cortes de Apelación de París y Versalles que habían ordenado el levantamiento de los embargos sobre impuestos adeudados.
En julio, Exchange Bondholder Group (EGB), Fintech y Euro Bondholders, que representan los intereses del 93% de los bonistas que entraron a los canjes de deuda de 2005 y 2010 y la Caja de Valores presentaron sendos amicus curiae ante la Corte Suprema de los Estados Unidos para que el máximo tribunal revierta la orden de las cortes inferiores.164 Francia también presentó un documento `amigo´ del tribunal en apoyo a la petición argentina.
En junio de 2014, Corte Suprema de Estados Unidos no hizo lugar a la petición de la Argentina contra una liquidación de 1.3 mil millones de dólares, reclamada por dos “Fondos Buitre” estadounidenses por deudas en bonos que se remontan a la crisis económica de 2001. La ONG digital Avaaz lanzó una campaña a favor de Argentina, indicando que este precedente "pondrá en peligro los esfuerzos que muchos países del mundo están realizando por reestructurar sus deudas soberanas. Incluso el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional –organismos responsables de estas deudas injustas– han expresado su grave preocupación por las implicaciones del fallo para las futuras crisis de deudas soberanas".
En agosto de 2013 la presidenta Cristina Kirchner anunció por cadena nacional la reapertura del canje de deuda y la posibilidad de cambiar la jurisdicción de los bonos de ley extranjera por títulos idénticos de ley nacional. Sin embargo, en principio, no se avanzó demasiado sobre el cambio de jurisdicción.168 Se envió al congreso un proyecto para la reapertura del canje de deuda, suspendiendo la vigencia de la denominada Ley Cerrojo.
La iniciativa apuntó a “llevar adelante todas las acciones necesarias para la conclusión del proceso de reestructuración de los títulos públicos” que no ingresaron a los canjes instrumentados en 2005 y 2010. El artículo segundo del proyecto establece que los “términos y condiciones financieros que se ofrezcan no podrán ser mejores que los ofrecidos a los acreedores en el decreto 563/10”, en referencia a las condiciones de los bonos del canje 2010. El cierre del canje lo deja supeditado a la decisión del Congreso Nacional.
El 6 de septiembre de 2013 el Gobierno argentino apeló ante la Corte de Nueva York. El escrito firmado por los abogados Carmine Bocuzzi y Jonathan Blackman sostiene que, de no revisarse esa decisión, se dejarán "sin efecto" los dos canjes de deuda ya acordados por el Gobierno, lo que constituiría un "grave error" que "excede" las atribuciones de la Cámara y que producirá un profundo impacto en el mercado mundial de reestructuración de deuda.
Pidió que la Cámara revea su postura o que la causa sea analizada por el tribunal completo, integrado por 13 camaristas, y no por un tribunal compuesto por 3 (procedimiento conocido como en banc).
La deuda externa bruta total a fines de marzo pasado se estimó en u$s 137.810 millones, lo que implica una reducción de u$s 562 millones respecto del trimestre anterior. Si sólo se considera la deuda externa garantizada del sector público no financiero, ha pasado del 21% en el primer trimestre de 2005, al 43% en el primer trimestre de 2014. El radicalismo apoyó el proyecto de ley para reabrir el canje de deuda y prometió apoyar si se cambia el lugar de pago.