Colombia no tiene política sobre narcotráfico
16/12/2013 Fuente elmundo. Puede sonar extraño preguntarse si Colombia tiene una política oficial sobre el control a la producción, el tráfico y el consumo de drogas ilícitas. Pero la pregunta es válida.
Es válida porque el narcotráfico se encuentra desde hace más de tres décadas a la cabeza de los problemas nacionales con consecuencias perversas sobre la seguridad, la economía, la salud y las relaciones internacionales de Colombia.
Es válida porque constituye fuente de financiación de la guerrilla, con la cual se pretende alcanzar un acuerdo de paz. El punto número cuatro de la agenda de negociación, que se discute en la actualidad, es la solución al problema de las drogas ilícitas. ¿Con qué bases conceptuales se puede negociar si los principios no están formulados con claridad?
Colombia carece de una política pública formal y coherente de manejo del problema del narcotráfico. Lo que tiene son estrategias de acción y reacción contra el problema, que comprenden actividades como el control policivo, la erradicación de cultivos, el control de los capitales que ingresan al país y la extinción de dominio de bienes adquiridos con esos dineros. Pero incluso como estrategias carecen de articulación entre ellas y eficacia en su aplicación.
La falta de claridad acerca de si debe o no legalizarse el consumo de las drogas constituye la prueba más fehaciente de la ausencia de esa política integral. Esta propuesta aparece como tema de campaña electoral (en su momento lo propuso Samper, y ahora lo propone el presidente Santos) o formulada por alguien que eventualmente la coge como bandera, pero nunca se ha hecho una formulación formal, completa y coherente sobre la cual pueda fundamentarse o descartarse.
El caso de Uruguay, cuyo Congreso decretó el 10 de diciembre de 2013 la legalidad de la producción y venta de la marihuana, nos sirve de espejo para contrastar esta realidad. Según las encuestas, la mayoría de la población uruguaya se ha opuesto, desde 2009 cuando se inició la discusión hasta la actualidad, a que se tome esa decisión. De hecho, esta medida ha sido calificada por el senador uruguayo Alfredo Solari como un “experimento de ingeniería social que no cumple con ninguna de las salvaguardas éticas de la experimentación con seres humanos. Ni este gobierno, ni el resto del mundo debería experimentar con los uruguayos, con los niños y adolescentes sin garantías apropiadas”.
Una política de Estado es producto de la ciencia y el arte de gobernar. Es una declaración propositiva, intencional, planeada, no simplemente reactiva o casual.
Los tres componentes principales de cualquier política son: los principios que la orientan, su contenido conceptual y los instrumentos mediante los cuales se ejecuta.
Las políticas en Colombia las formula el Gobierno Nacional. Cuando un asunto está claramente delimitado, es función del ministerio del ramo. Pero éste no es el caso del narcotráfico, pues el problema toca con los dieciséis ministerios.
Por tanto, esa política debe expedirla el Consejo Nacional de Política Económica y Social, Conpes, organismo encabezado por el presidente de la República, conformado por todos los ministros y otros funcionarios y coordinado por el director del Departamento Nacional de Planeación. Pues bien, ninguno de los 3.787 documentos de políticas que hasta hoy ha expedido el Conpes se dedica al control de la producción, el transporte o la comercialización de las drogas ilícitas.
Por mis convicciones civiles y democráticas soy partidario del proceso de paz que se adelanta en La Habana. Sin embargo, me preocupa la ausencia de una política pública nacional que oriente las negociaciones en el punto correspondiente al narcotráfico.