La caja de Pandora
07/02/2015 Fuente elpais. Las malas leyes, las hipócritas y cómplices, se pueden cambiar, eso sí, si se cambia al legislador que las promulgó
Avui toca Grecia. Según la mitología griega, en el principio de los tiempos la bellísima Pandora era anhelada por todos, pero era portadora de todos los males, que escondía en un recipiente cerrado. La historia de la humanidad comienza cuando lo destapó y se vació el recipiente desparramándose por el mundo todas las desdichas guardadas. El mito griego es pesimista, la maldad no volvió nunca más al recipiente.
Cuando murió Franco se abrió nuestra democrática caja de Pandora. Era la nueva democracia que anhelábamos, con los viejos males hirviendo en su interior, que se desparramaron por todo el país. Desde entonces convivimos democráticamente con ellos, y especialmente con la corrupción. Los más insignes protagonistas de la corrupción triunfaban en los negocios, en la política y en los negocios de la política. Sus andanzas se aceptaban con un cierto beneplácito social, condescendiente hasta que desbordaban los límites del sonrojo y la marginalidad. Por eso ascendieron y luego cayeron Gil y Gil, que era obsceno pero zafiamente castizo, y Roldán, que era una réplica en verde del Dioni, o Mario Conde y De la Rosa, embaucadores del pelotazo, pero arribistas ostentosos y marginales, y después el petimetre Blesa, finalmente, un simple tahúr. Otros ascendieron durante lustros, y como no eran ni advenedizos ni marginales, todavía no han caído cuanto merecen. Pujol, muy honorable en su casa y muy necesario fuera de ella, con la aparente discreción del buen disimulador y con paciente premeditación, fue acumulando su sospechosa fortuna.
Como en el pesimista mito de Pandora, la corrupción desparramada se ha quedado entre nosotros. Nuestros indeseables protagonistas, castizos, arribistas u honorables, no eran unos entrañables artesanos del fraude. La técnica macroeconómica de su modus operandi es macrofraudulenta y macrosustractiva. Se sirvieron, y se sirven, de entidades españolas y extranjeras, multinacionales y de paraísos fiscales, privadas y oficiales. Según los expertos más del 80% de los delitos económicos importantes, y por lo tanto los de la macrocorrupción, se cometen a través de entidades, es decir, por personas jurídicas. Estas, históricamente, no podían ser penadas, porque todas las penas estaban previstas únicamente para las personas físicas, como la prisión. Así se producían intolerables espacios de impunidad para la corrupción. Por eso en distintos países europeos se crearon nuevas penas para las personas jurídicas delictivas, además de las penas que pudieran corresponder a sus dueños o administradores.
Desde 2010 nuestro Código Penal, siguiendo el modelo europeo, también castiga a las personas jurídicas que cometan delitos de estafa, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, de tráfico de influencias, contra el medioambiente, y otros similares. Las nuevas penas previstas para ellas van desde elevadas multas, la inhabilitación para obtener subvenciones y la intervención judicial hasta la clausura de sus locales o la disolución de la entidad. Inicialmente el castigo solo alcanzaba a las entidades privadas. Estaban exentos de castigo los partidos políticos, los sindicatos y las entidades del Estado y de las Administraciones Públicas, o sea, las oficiales. Esta exención se suprimió en 2012, para reforzar la transparencia, pero únicamente la de los partidos políticos y los sindicatos, no de las entidades oficiales, manjar óptimo de la macrocorrupción.
El Gobierno del PP promueve una nueva reforma penal que es hipócrita y cómplice con los protagonistas de la ‘macrorrupción’
La severidad penal promovida por el Gobierno del PP solo estaba prevista para otros, no para ellos. No pensaron en la Gürtel, ni en sus cajas B, ni en las poderosas corporaciones con prácticas de dudosa legalidad. Dicen que los lobbies se movilizaron. Entonces el Gobierno vio la urgencia de anticiparse a posibles futuros riesgos y decidió echar agua al vino de la severidad servido en 2012 solo para otros.
Consecuentemente, el Gobierno, en solitario, vuelve a promover una reforma del Código Penal, esta vez hipócrita y cómplice. Prevé para las personas jurídicas un amplísimo catálogo de circunstancias eximentes que consisten en simples trámites burocráticos al alcance de una buena asesoría jurídica. El catálogo es tan extenso que hasta el Consejo de Estado ha tenido que advertir que estamos ante “un margen excesivamente amplio de exención”. Este margen desmesurado significará la casi imposibilidad de condenar a una persona jurídica poderosa, una entidad, un banco, un partido político importante. Se brinda a la macrocorrupción una puerta trasera para eludir la novedosa severidad punitiva.
Pero recordemos que avui toca Grecia. El filósofo Emilio Lledó nos enseña que Heráclito decía que los pueblos deben luchar por sus leyes como luchan por sus murallas. Veinticinco siglos después, los griegos han oído a su maestro. Y, aunque Grecia no es España, no deberíamos olvidar el viejo consejo. Las malas leyes, las hipócritas y cómplices, se pueden cambiar, eso sí, si se cambia al legislador que las promulgó.